Encuestas en Colombia: historia, metodología y una ley que cambió el juego político

La reciente discusión sobre las encuestas en Colombia —su historia, su rigor metodológico, su papel político y el impacto de la nueva ley que regula su publicación— reúne múltiples dimensiones técnicas, históricas y políticas. En una conversación exhaustiva, los analistas César Caballero, experto en opinión pública, y Andrés Dávila, politólogo, examinan cómo evolucionó la medición de la opinión desde sus orígenes europeos hasta convertirse en una herramienta crucial del debate democrático contemporáneo. También describen cómo la nueva ley ha transformado —y limitado— la producción de información electoral en un momento político especialmente incierto.

Una herramienta con siglos de historia

Las encuestas no son un invento reciente. Como recuerdan Caballero y Dávila, sus raíces se remontan a 400 o 500 años de desarrollo estadístico en Europa. Sin embargo, es apenas a finales del siglo XVIII cuando empiezan a utilizarse para medir la opinión pública. El salto técnico decisivo llegaría en el siglo XX con George Gallup, quien modernizó los métodos de muestreo y dio forma a los estándares globales.

A nivel político, la transformación fue aún más profunda. El gobierno de John F. Kennedy consolidó la idea de que las encuestas no son solo instrumentos para campañas electorales, sino  también herramientas de gobierno, útiles para comprender el entorno social y orientar decisiones públicas.

En Colombia, las encuestas irrumpieron formalmente en 1982, cuando los medios comenzaron a publicarlas con regularidad. Aunque hubo ejercicios privados en los años setenta, la divulgación masiva en las cuatro décadas siguientes permitió que la opinión pública contara con información técnica sobre el comportamiento electoral y las tendencias sociales.

Cómo se hacen las encuestas en Colombia

La metodología actual combina el rigor tradicional con innovaciones tecnológicas. En cada medición se seleccionan, mediante muestreo aleatorio, 54 municipios, según un diseño basado en criterios similares a los del DANE. La recolección se realiza principalmente cara a cara en los hogares, lo que sigue siendo fundamental en un país con brechas digitales y socioeconómicas profundas.

• El desafío de los estratos altos

Los estratos socioeconómicos 5 y 6 son, según los expertos, los más difíciles de encuestar. La falta de acceso a edificios, los controles estrictos y la mayor resistencia a participar dificultan su inclusión. Para superar estos obstáculos, las firmas recurren a:

• Encuestas en porterías,
• Paneles digitales certificados,
• Plataformas como Preguntadora, que permiten captar a población de mayores ingresos mediante verificación técnica.
• El concepto clave: los “votantes activos”

La alta abstención electoral ha llevado a las firmas a concentrarse en quienes votaron en la elección anterior, reduciendo así el sesgo que se produce al incluir a personas que probablemente no participarán. Esta práctica, inicialmente polémica, hoy es ampliamente aceptada y utilizada por la mayoría de las encuestadoras serias.

La nueva ley de encuestas: entre la transparencia y la mordaza

El análisis de Caballero y Dávila es contundente: la nueva ley de encuestas introdujo mejoras técnicas, pero sus efectos prácticos han sido adversos y profundos, hasta el punto de alterar la disponibilidad de información electoral para la ciudadanía.

• Lo que la ley hizo bien

El espíritu de la norma buscaba mayor transparencia. Entre sus elementos positivos se destacan:

• La trazabilidad completa del proceso de recolección,
• La obligación de revelar el nombre del estadístico responsable,
• La exigencia de un sistema de gestión de calidad,
• Mayor detalle técnico al momento de la publicación.

Desde el punto de vista normativo, esto constituye un avance en estándares de calidad.

• Lo que la ley hizo mal

Pero los efectos negativos han sido mucho más contundentes:

1. Costos excesivos: Al exigir regiones agrupadas sin coherencia social o política —por ejemplo, Bogotá mezclada con los Santanderes—, la ley encarece la operación y la vuelve estadísticamente ineficiente.
2. Desaparición práctica de las encuestas públicas: Antes existía un ecosistema vibrante de mediciones mensuales. Hoy, la producción pública se redujo casi a cero. Los ciudadanos dejaron de tener acceso a mediciones periódicas y diversas.
3. Privatización de la información: La ley no prohíbe las encuestas privadas. El resultado: las campañas siguen accediendo a datos, pero la opinión pública permanece en la oscuridad. Es, en palabras de los comentaristas, una mordaza estadística.
4. Ausencia de responsabilidad política: Los congresistas que aprobaron la ley no han reconocido ni defendido sus efectos. Según Caballero y Dávila, el país enfrenta las consecuencias de una regulación creada sin comprensión técnica ni evaluación de impacto.

La conclusión es clara: una norma diseñada para mejorar la calidad produjo, en la práctica, más silencio y menos información.

Encuestas como herramienta política y dispositivo de poder

Las encuestas no solo miden la opinión: inciden en ella. Por eso, restringir su publicación distorsiona el debate democrático. Los comentaristas defienden que los partidos usen encuestas para seleccionar candidatos, siempre como parte de procesos más amplios que incluyan debates y consultas.

El mito de las encuestas «amañadas»

En Colombia persiste una resistencia cultural: muchos creen que “todas las encuestas están manipuladas” o repiten la frase de que, como las morcillas, “es mejor no saber cómo se hacen”.
Caballero y Dávila consideran estas críticas superficiales: desconocen la complejidad técnica del muestreo, el control de calidad y la rigurosidad profesional de las firmas serias.

Para interpretar correctamente una encuesta —insisten— es necesario complementar los datos cuantitativos con estudios cualitativos.

Un proceso electoral lleno de incertidumbre

Colombia entra en un ciclo preelectoral con un número inusualmente alto de precandidatos. Sin embargo, la “decantación” ocurrirá en tres momentos clave:

• 8 de diciembre: inscripción de listas al Congreso,
• 17 de diciembre: entrega de firmas de grupos significativos ciudadanos,
• Revisión de firmas por la Registraduría: un filtro duro y técnico.

Según los comentaristas, para enero podría haber menos de 40 aspirantes. Expresan confianza en la Registraduría, que cuenta con herramientas tecnológicas y experiencia para validar firmas con rigor.

La incertidumbre jurídica que trajo la ley

La nueva ley de encuestas ha generado confusión y riesgo para las firmas. Sus posibles salidas son tres:

1. Un fallo judicial, que no llegaría antes de marzo,
2. Una nueva ley que derogue la actual,
3. Un decreto del CNE con lineamientos más claros.

Mientras ninguna de estas opciones se concrete, el país seguirá con escasez de información pública sobre la opinión y las preferencias electorales.

Un clima de polarización preocupante

Uno de los comentaristas revela haber recibido amenazas, lo que refleja el nivel de hostilidad y polarización del debate. El país se encuentra en una atmósfera en la que incluso la discusión técnica sobre encuestas se convierte en motivo de agresión.

Conclusión: una democracia necesita datos, no silencio

El mensaje final de Caballero y Dávila es categórico: sin encuestas, una democracia camina a ciegas.

Las encuestas:

• informan al electorado,
• orientan decisiones públicas,
• permiten anticipar crisis políticas,
• reducen la incertidumbre electoral.

La nueva ley, aunque con buenas intenciones, terminó restringiendo un instrumento esencial del debate democrático y creando una peligrosa asimetría informativa: quienes tienen recursos acceden a datos; la ciudadanía no.

Los expertos insisten en la necesidad de un marco regulatorio que combine rigor técnico, libertad informativa y transparencia, sin ahogar la producción de datos ni imposibilitar su difusión.

Colombia enfrenta un momento decisivo. Recuperar un ecosistema plural, técnico y accesible de encuestas será fundamental para reconstruir la confianza en el debate público y fortalecer la calidad democrática.

Le recomendamos: Cuando lo nuevo se parece a lo viejo: crisis de representación en las elecciones juveniles