Chuzadas: las tenues líneas entre la seguridad y la inseguridad.

¿Cuál es el problema de fondo?

César Niño*

El escándalo

A principios de este mes, la revista Semana denunció un nuevo escándalo de interceptaciones ilegales en el Ejército.

Según la investigación de esta revista, algunas unidades del Ejército habrían usado los servicios de inteligencia del Estado para chuzar e intimidar a políticos, magistrados y periodistas.

Al parecer, las chuzadas ilegales se habrían llevado a cabo desde dos guarniciones militares, con el propósito de entregar parte de la información recogida a “un político del Centro Democrático”.

Además, ese escándalo sería el motivo del retiro del comandante general del Ejército Nicacio Martínez, a finales del año pasado.

¿Qué implican esas denuncias para la legitimidad y reputación del Ejército? ¿Serán acaso un síntoma de problemas institucionales más profundos?

La inteligencia colombiana

El sistema de inteligencia colombiano agrupa al menos seis entidades o agencias:

• El Ejército;
• La Armada;
• La Fuerza Aérea;
• La Policía Nacional;
• La Dirección Nacional de Inteligencia, y
• La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda.

Estas seis instituciones deben trabajar de forma coordinada para salvaguardar el orden doméstico. En teoría, todo ese andamiaje institucional debería garantizar la seguridad nacional y la soberanía.

Los tomadores de decisiones usan sus cargos en su propio beneficio

Pero la realidad es muy distinta: entre las propias agencias existen rivalidades y celos institucionales, que impiden alcanzar los objetivos propuestos.

Además, episodios como el que denunció Semana muestran que los tomadores de decisiones usan sus cargos en su propio beneficio, como si eso implicara garantizar la seguridad de todos. Así, en nombre de la seguridad se chuza, se intimida y se persigue a los opositores, es decir, que, en nombre de ella, hay inseguridad.

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Aciertos y manchas

El servicio de inteligencia colombiano ha mostrado resultados importantes en los últimos años. Gracias a él se han dado duros golpes a organizaciones criminales, se han rescatado civiles y se han prevenido amenazas en contra de la Nación.

Además, nuestras instituciones de seguridad se han profesionalizado cada vez más. Hoy, estas instituciones cuentan con mejores procedimientos, observan los fundamentos legales y las cadenas de mando con más cuidado. Algunas operaciones emblemáticas de nuestro servicio de inteligencia pasarán a la historia como logros de talla mundial.

Sin embargo, estos aciertos se han visto manchados por los escándalos incesantes. Las denuncias de Semana muestran que en Colombia no están bien definidas las funciones y los papeles de las instituciones estatales.

Las instituciones encargadas de la seguridad han estado determinadas por el conflicto armado. Después del Acuerdo de paz, parece que la misión de estas instituciones quedó huérfana. Las FARC ya no son la medida de la seguridad en el país, ya no son quienes determinan los umbrales de libertad, riesgo, seguridad y amenaza.

Por eso, cada vez es más difícil para el Estado colombiano determinar qué es una amenaza y qué no. Parecería que todo cabe dentro de un mismo “saco”, tanto criminales como quienes piensan distinto. Además de ser preocupante para los derechos de los ciudadanos, eso provoca desaciertos estratégicos y dificultades para la política doméstica y exterior.

Lamentablemente, hoy el principal enemigo del servicio de inteligencia colombiano es él mismo. Con este tipo de actuaciones, las instituciones estatales destruyen los logros que han alcanzado y pierden legitimidad.

Parecería que todo cabe dentro de un mismo “saco”, tanto criminales como quienes piensan distinto.

Además, las amenazas contemporáneas cambian constantemente y a menudo desbordan las capacidades de los Estados. Con una inteligencia desviada y presuntamente corrupta como la colombiana, hacer frente a los problemas de seguridad modernos será aún más difícil.

El servicio de inteligencia de un Estado es indispensable para salvaguardar la seguridad, la libertad y las instituciones, pero se vuelve una amenaza cuando desvirtúa la razón de su existencia y desconoce el Estado de Derecho.

Así, instituciones supuestamente diseñadas para garantizar la seguridad de todos los colombianos dejan la legalidad y se convierten ellas mismas en una fuente de inseguridad.

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¿Qué hacer?

En Colombia existe un Ministerio de Defensa, pero no hay una ley de seguridad y defensa. Es decir, hay un caparazón, pero no un fondo: un error garrafal.

Verdad que existe la Ley 1621 de 2013, sobre Inteligencia y Contrainteligencia. Pero esa ley tiene errores graves de interpretación: por ejemplo, confunde la inteligencia y sus tipos con métodos e instrumentos de recolección de información. Ese tipo de errores crean brechas jurídicas y operativas que nos impiden tener un sistema ideal de inteligencia.

Necesitamos por lo tanto un rediseño institucional y una “purga” del sistema de inteligencia. Para esto es menester una ley de seguridad y defensa que redefina la doctrina de seguridad del Estado, desde luego, teniendo en cuenta los nuevos contextos que trajo la firma del Acuerdo de paz. Allí deberán definirse claramente los conceptos de seguridad y amenaza, entre otros.

Por otra parte, aunque parezca un cliché académico y una verdad de Perogrullo, también hace falta definir cuáles son los intereses nacionales. Con un interés definido y claro, la inteligencia y sus agentes pueden usar los instrumentos de recolección de información para beneficio de todos y reconducir la seguridad y respetar la libertad, sin que ninguna contradiga a la otra.

En últimas es necesario que la seguridad en Colombia deje de fomentar la inseguridad.

* Doctor en Derecho Internacional, máster en Seguridad y Defensa, politólogo, profesor asociado de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. @cesarnino4