Penalizar el aborto: ¿es avance o retroceso? - Razón Pública
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Penalizar el aborto: ¿es avance o retroceso?

Escrito por RazonPublica

Erick PinzonEstas serán las consecuencias económicas y sociales de negar el acceso a la IVE. Qué puede pasar ahora que fuerzas conservadoras -incluido el Fiscal Francisco Barbosa- reabren la discusión acerca del aborto.

Erich Pinzón-Fuchs*

Se reabre el debate

La cuestión sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) parecía resuelta desde hace años.

De hecho, la mayoría de los países de Europa Occidental, de la antigua Unión Soviética y otros países como Estados Unidos, Australia o Sudáfrica han garantizado este derecho a las mujeres desde los años 1970. Varias décadas más tarde y con muchas dificultades, Colombia se sumó a estos países gracias a la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional que garantiza el acceso a la IVE. Esta sentencia despenalizó y reguló el aborto para tres causales: malformación del feto que haga inviable su vida, riesgo físico o mental para la madre y violación.

Pero recientemente llegaron a la Corte Constitucional demandas que piden anular esa decisión y prohibir el aborto en todos los casos. La demandante, Natalia Bernal Cano, pretende restringir y penalizar el aborto, prohibir su ejecución en hospitales, y endurecer las sanciones para los establecimientos donde se realice de forma clandestina.

Estas demandas han servido para poner sobre la mesa la discusión de un derecho que ya hemos ganado en Colombia y que está aquí para quedarse. Incluso, al revés de lo que buscan las demandas, es un derecho que debería ser mejorado y ampliado, puesto que las mujeres que quieren hacer uso de él deben enfrentar muchas barreras burocráticas, institucionales, religiosas y sociales que son el reflejo de una sociedad profundamente machista.

En Colombia las mujeres que quieren ejercer su derecho a un aborto seguro atraviesan todo tipo de dificultades burocráticas. Foto: Wikipedia

Un movimiento internacional

Esta discusión, sin embargo, sucede dentro de un contexto nacional e internacional donde las fuerzas conservadoras intentan ganar terreno a partir de argumentos poco rigurosos —esta columna de Las Igualadas examina las falacias que presentan los argumentos de la demanda para el caso colombiano—.

Durante 2019, solamente en Estados Unidos, 28 de los 50 Estados endurecieron o pretendieron endurecer la penalización del aborto al adoptar leyes que prohíben la IVE —salvo en caso de peligro mortal para la madre— y que en el estado de Alabama, por ejemplo, estipulan penas de hasta 99 años de prisión para las mujeres que interrumpan su embarazo de manera voluntaria o para las personas que les ayuden a hacerlo.

Parece que, como dice Catalina Ruiz-Navarro, este ataque “en realidad es una oportunidad”

Estas nuevas leyes contradicen la sentencia de la Corte Suprema de ese país (Roe v. Wade) y hacen parte de lo que Le Monde ha calificado como una “guerrilla jurídica” contra la IVE para obligar a la Corte Suprema de Estados Unidos a pronunciarse nuevamente sobre el tema. Reabrir esta discusión cuando Trump ha reconfigurado la Corte de manera de imponer una mayoría de magistrados conservadores —cinco de nueve— podría significar la pérdida de un derecho histórico y la oportunidad para seguir consolidando un discurso sexista y discriminatorio.

Le recomendamos: ¿Penalizar de nuevo el aborto en Colombia?

¿Retroceso u oportunidad?

En Colombia, sin embargo, la situación es diferente y parece mucho más alentadora que en Estados Unidos, a pesar de que el conservadurismo colombiano esté empotrado en el poder. En efecto, el derecho al aborto está resuelto jurídicamente por la Corte Constitucional desde 2006 gracias a la ya dicha sentencia C-355/06.

Además, como lo manifestó la Procuraduría General de la Nación, los argumentos esgrimidos en las demandas “no tiene[n] ni peso ni cabida como para propiciar una nueva revisión de constitucionalidad, pues se trata de apreciaciones personales de la demandante que se sitúan por fuera del ámbito jurídico”. En la misma línea, han llegado a la Corte conceptos de entidades como el Departamento Nacional de Planeación, el ICBF, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud.

El argumento de la Procuraduría y demás entidades del Estado queda sin embargo en entredicho con la declaración del Fiscal General Francisco Barbosa, posesionado esta misma semana, quien dice ya haber tomado partido por mantener apenas los tres casos despenalizados, es decir, por no extender el derecho a la IVE.

Pese a los ataques y problemas que enfrenta el derecho al aborto en Colombia, parece que, como dice Catalina Ruiz-Navarro, este ataque “en realidad es una oportunidad” para que el país se inscriba definitivamente en la ola feminista y progresista que —salvo en los Estados Unidos de Trump, el Brasil de Bolsonaro o las Filipinas de Duterte— busca ampliar y garantizar los derechos de las mujeres despenalizando cada vez más la IVE y además garantizando el acceso de todas las mujeres a este derecho.

Las consecuencias

La consecuencia más inmediata de restringir y penalizar el aborto es asfixiar la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo. De ahí se desprende un sinnúmero de problemas y barreras económicas y sociales para las mujeres e incluso para sus hijas e hijos.

Aunque la literatura colombiana sobre las consecuencias sociales y económicas de restringir el acceso al aborto es muy escasa, un conjunto de publicaciones recientes analiza esta cuestión para Estados Unidos y puede darnos luces al respecto.

Respetar el derecho al aborto es respetar el derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. Foto: Flickr

Por ejemplo, Miller, Wherry y Foster muestran que las mujeres a quienes se negó acceso al aborto presentaron mayores problemas financieros, ya que 78 por ciento vio un aumento importante en sus deudas, mientras que 81 por ciento fue víctima de desahucio o tuvo que declararse en bancarrota.

Las mujeres a quienes se negó acceso al aborto presentaron mayores problemas financieros,

También resulta que la mayoría de las mujeres a quienes se les niega este derecho en Estados Unidos pertenecen a los sectores más vulnerables de la población. Muchas de ellas son afroamericanas, cuentan con niveles educativos bajos o se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Otros estudios han demostrado que las mujeres en cuestión tuvieron peores condiciones de salud mental en el corto plazo, así como peores condiciones de salud física. Además, aumentó el riesgo de que los hombres involucrados en sus embarazos ejercieran violencia contra estas mujeres.

La literatura también ha demostrado que estas condiciones socioeconómicas desfavorables afectan además a los bebés, quienes muy a menudo caen en el círculo de pobreza del cual es muy difícil salir. Al nacer en contextos de pobreza, violencia y dificultades socioeconómicas, estas niñas y niños tendrán mayores problemas y desventajas para su desarrollo general y para tener un mejor capital humano.

Aunque no conozco las cifras para Colombia, no es descabellado pensar que las mujeres con mayores problemas para hacer valer su derecho —o a las que simplemente se les niega— pertenecen en su mayoría a los sectores vulnerables de la población y residen en zonas rurales o pobres del país. Los partidarios de restringir y penalizar el aborto se olvidan de mencionar las consecuencias de esta medida para las mujeres más pobres y vulnerables de Colombia.

Lea en Razón Pública: ¿Se puede usar la objeción de conciencia para negar un aborto?

Garantizar la autonomía de las mujeres

Garantizar el aborto es una condición fundamental para que las mujeres puedan acceder a otros derechos fundamentales, como lo han expresado en varias ocasiones la Corte Constitucional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho y la posibilidad real de interrumpir el embarazo de manera voluntaria significan respetar y garantizar el derecho a la vida de las mujeres y que ellas puedan tomar decisiones autónomas sobre su cuerpo; decisiones que, finalmente, se verán traducidas en un aumento de su libertad e independencia.

De modo que la decisión de abortar o no es una decisión individual que debe recaer sobre cada mujer y no sobre un tercero, ya sea la familia, el progenitor, un líder espiritual o un médico y mucho menos el Estado u otra autoridad. Es importante repetir esto: la decisión es de cada mujer.

Las conclusiones de todo lo anterior en términos de política son claras: si queremos evitar las consecuencias económicas de negarle acceso al aborto a las mujeres, las leyes deben garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo de manera voluntaria.

En países como Colombia, sin embargo, el debate debería ir más allá. No basta con que la ley garantice este derecho en el papel y solamente por las tres causales. El Estado debe proporcionar las condiciones para que cualquier mujer en cualquier lugar del territorio nacional tenga las posibilidades y las garantías de practicarse un aborto en un centro de salud y que ese procedimiento se lleve a cabo de manera oportuna, segura y eficaz. Además, es urgente que este derecho deje de ser tratado como un delito en el Código Penal colombiano.

Garantizar el derecho al aborto abre la puerta para que tengamos una sociedad mejor, más libre, más justa y menos patriarcal y machista. El contexto internacional, por suerte, no está marcado solamente por los Trump, los Bolsonaro, los Duterte o los Ordóñez. El mundo hoy es también el de los movimientos feministas que han logrado repercusión internacional, haciendo visibles los problemas del machismo en nuestra región y en el mundo.

Colombia tiene una oportunidad inmejorable para hacer parte de este mundo esperanzador y convertirse en una sociedad líder en la defensa de los derechos de las mujeres, en una sociedad más incluyente, diversa e igualitaria. Garantizar el acceso efectivo y amplio al aborto es solamente uno de los pasos que debemos dar en esta dirección, pero es un paso fundamental y urgente.

* Doctor en Economía de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID de la Universidad Nacional), codirector del Grupo de Investigación en Historia, Pensamiento y Teoría Económica (GIHPTE) de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes.

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1 Comentario

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Gabriel Pinzón febrero 29, 2020 - 1:21 am

Pareciera que se está olvidando que también hace falta reformar la constitución para que la garantía del derecho a la vida solamente se dé desde cuando el feto ya corra el riesgo de sentir sufrimiento en caso de un aborto, no sé exactamente desde cuándo, más o menos entre las 19 y las 24 semanas, porque no de otro modo se puede lograr la muy necesaria despenalización del aborto.

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