La Policía y el gobierno parecen tener un matrimonio por conveniencia, pero con miras a un posible divorcio con la ciudadanía. ¿Qué ha pasado?, ¿por qué ocurre? ¿es necesaria una reforma?
Iván Mauricio Gaitán*
A pesar de ser un Estado Social de Derecho y una democracia participativa desde 1991, Colombia aún registra profundos rezagos de exclusión política que dejan al descubierto ficciones democráticas.
Incluso, podríamos referirnos a ciertos periodos presidenciales de la historia colombiana como una democradura, como lo referencian O´Donnell y Schmitter o como un “orangután con sacoleva”, como los caracteriza Francisco Gutiérrez Sanín. Al parecer, el único fin de algunos gobiernos ha sido mantener la estabilidad ante amenazas de “enemigos internos o externos”, para lo cual los organismos de seguridad han sido aliados fundamentales, que permiten desconocer a los otros en vez de reconocerlos como adversarios, con los cuales se podrían construir consensos.
Un pasado problemático
En Colombia, las fuerzas de seguridad del Estado han tenido una relación cercana con la política, el poder y el ejercicio de la violencia:
• Entre 1948 y 1962, las fuerzas de seguridad estuvieron intensamente politizadas y participaron activamente en la violencia bipartidista.
• Entre 1962-1982 debido al conflicto armado interno, los organismos de seguridad jugaron un rol de vigilancia represiva y control en el marco de la lucha antisubversiva al punto de reprimir severamente el paro de 1977 y de decretar un Estatuto de Seguridad Nacional (1978-1982) que configuró una violación masiva de derechos humanos.
• Desde 1986 se vincularía de lleno a las fuerzas de seguridad en la “guerra contra las drogas” securitizando y militarizando el problema (Iniciativa Regional Andina 1988 y Plan Colombia 1998)
• Y una etapa de 1993 a 2010 de modernización, transformación y adaptación del Ejército y la Policía con Fuerzas Especiales, donde a la Policía se le agregaron veinte servicios especiales que profundizaron su rol militar y la llevaron a depender del Ministerio de Defensa y no del Ministerio del Interior.
“Militarización” en vez de “Policización”
La era de militarización de la Policía Nacional comienza con la Ley 62 de 1993 y se profundiza con el Plan Colombia durante el periodo de gobierno de 2002-2010, alejándose de su carácter preventivo, social, comunitario y de convivencia, para convertirse en una institución reactiva, con enfoque punitivo y militar. Entre otras funciones militares, se desplegarían con nuevo armamento militar, en áreas de combate, con grupos anti-terroristas y anti-secuestro.
En medio de esos cambios, se creó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que tiene por objeto “controlar los disturbios, las multitudes, los bloqueos y hacer acompañamientos a desalojos de espacios públicos o privados, en lugares donde haya una eventual materialización de hechos terroristas y delincuenciales”.
Además, la Policía adquirió armas “no letales”, como la pistola “taser” (2012) con la que fue agredido Javier Ordóñez, haciendo evidente que, a pesar de los protocolos existentes, el uso indebido de estas armas puede ser letal y su uso desmedido contra la ciudadanía es denunciado por el Comité Contra la Tortura de la ONU.
Aumento de los poderes
Además del proceso de militarización, la tendencia ha sido el aumento de poderes a la Policía. En 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) otorgó más poderes sobre las libertades ciudadanas. Por ejemplo, permitió que los uniformados ingresen a una vivienda sin previa orden judicial cuando se presentan posibles alteraciones al orden público o cuando existe un peligro para los ciudadanos que allí habitan.
El Código le dio a la Policía el control de ciertas contravenciones y fortaleció la policía judicial. El propósito era descongestionar la justicia, pero la consecuencia no fue la esperada: en realidad, el Código convirtió a la Policía en una especie de ente judicial, casi juez y parte al mismo tiempo.
A los múltiples y variados poderes se ha sumado la ciberseguridad. La Policía cuenta ahora con salas de crisis inteligentes, equipos de interceptación y triangulación, y software para rastrear a posibles “terroristas” en redes sociales. Desde luego, esta nueva función también ha resultado en violaciones a la intimidad de las personas, en abusos y persecución de opositores.
Por otra parte, el gasto militar hacia la policía también ha aumentado. En 2019, Colombia fue el país con más gasto militar de la región, sumando lo que cuesta el Ejército y la Policía. Sin embargo, algo debe estar fallando, pues ese gasto no se ha traducido en un éxito del Estado: por ejemplo, no se ha ganado la guerra contra los grupos armados ilegales, ni contra las drogas.
Para 2020, como consecuencia de la pandemia, el Estado obligó a las autoridades a limitar aún más las libertades ciudadanas y a otorgarle mucho más poder a la Policía por decreto presidencial. De este modo, la Policía se convirtió en la máxima autoridad de control.
Por último, la Policía invierte una fuerte suma en manejo de medios y propaganda institucional. El entrenamiento en manejo de redes, noticias, comunicados, manejo de crisis y portavoces, provienen del presupuesto público, y en él se ve una apuesta tanto por mejorar la imagen institucional, como por desarrollar campañas para desviar la objetividad ante los hechos o defenderse con solidaridad de cuerpo ante abusos policiales.
Parecería que se busca ocultar hechos, enaltecer otros que humanicen a la fuerza, o realizar atribuciones de responsabilidad, juicios morales, entre otros, para construir amigos-enemigos en los medios de comunicación.
Entre la justificación de los actos del servicio y la violencia policial
La ola de protestas que estalló el 9 de septiembre por el asesinato de Javier Ordóñez a manos de la Policía dejó un balance desolador:
• Al menos 14 personas fueron asesinadas;
• 72 fueron heridas con arma de fuego;
• Más de 500 resultaron lesionadas.
A pesar de esto, el presidente Duque se ha negado a apoyar una reforma de la Policía. Su estrategia ha sido minimizar los casos de violencia policial y tratar de mejorar la imagen de la institución. El objetivo es pasar la página mediante estrategias como las de:
• Pauta publicitaria;
• Narrativas en medios masivos de comunicación;
• Apoyo a la institución con alocuciones presidenciales;
• Actos simbólicos y conmemorativos;
• Entrevistas y pronunciamientos de altos mandos policiales;
• Comunicados de ministros, altos consejeros y líderes que expresan su apoyo a la Policía.
• Manejo de las redes sociales institucionales para “exponer” a los supuestos culpables.
Lo que llamó la atención es que el Gobierno construyó una narrativa que presenta a los miembros de la fuerza pública como “las víctimas” y a los protestantes como “vándalos”, afirmando sus nexos con grupos armados ilegales y terroristas haciendo uso de las redes sociales y las interceptaciones telefónicas para identificar a quienes cometieron los hechos vándalicos, olvidando por completo los asesinatos y los reclamos sociales.
En ese contexto, no sería raro que en los próximos días se hable de la influencia del régimen de Venezuela en las protestas, como una estrategia para desestabilizar al país y traer el “castrochavismo” o el “neosocialismo”.
La policía se resiste al cambio
Los policías no han rechazado los abusos de sus colegas. Por el contrario, justifican los excesos del servicio como efectos propios del contagio del abuso de la fuerza en momentos de tensión o de la necesidad de aceptación de los pares para ser concebido como un policía de mano dura, ser respetado y escalar en su carrera. Pero esto nos lleva a considerar que, a pesar de su formación, los policías están como una matriuska: en la que las diversas muñecas deben ensamblarse perfectamente para ser reconocidos como miembros del grupo.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el policía es un actor racional que sopesa los costos y beneficios de sus actuaciones. Pero, lamentablemente, el costo de cometer una arbitrariedad es alto y la probabilidad de un castigo es muy baja. Los policías no le temen a una sanción disciplinaria porque esta nunca vendrá o habrá solidaridad de cuerpo. Y lo único evidente es que el abuso es una decisión consciente que se toma por la falta de controles y de formación integral.
Por esta razón, en un Estado Social de Derecho pluriétnico y multicultural como el colombiano, no es sano que una fuerza de seguridad concentre tantas funciones y tenga tan pocos contrapesos. La crisis de legitimidad que hoy sufre la Policía demuestra que existe un matrimonio de conveniencia entre el gobierno y la Policía para enfrentar esta crisis de legitimidad, y respondiendo a la afirmación pública del General Jorge Luis Vargas (Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional) el divorcio entre la Policía y ciudadanía podría estar a la vista sino se da una reforma en la institución que corrija la tendencia actual.
