Habemus ministra de Salud: el verdadero plan de choque
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La designación de Ana María Vesga abre una nueva etapa para el sector salud. Su principal desafío será estabilizar un sistema en crisis. ¿En qué debe consistir el plan de choque y de dónde saldrán los recursos?
Una gerente para una crisis
Después de una larga espera, el presidente Abelardo designó como ministra de Salud a Ana María Vesga, abogada con más de diez años de experiencia en el aseguramiento en salud y durante los últimos cuatro años directora ejecutiva de ACEMI, el gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo.
Su nombramiento ha generado debate. Algunos sectores han advertido sobre posibles conflictos de interés por su trayectoria al frente de ACEMI y han señalado que deberá declararse impedida para intervenir en decisiones que puedan afectar directamente a las EPS, entre ellas las relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) o con investigaciones derivadas de los hallazgos de la Contraloría y la ADRES sobre la gestión de varias aseguradoras durante el gobierno Petro.
Sin embargo, el nombramiento también ha sido bien recibido por buena parte de los actores del sistema y, sobre todo, por pacientes que durante los últimos años han sufrido crecientes dificultades para acceder a consultas, medicamentos y procedimientos, situación reflejada en el aumento de las quejas, las PQR y las acciones de tutela.
Sabemos de buena fuente que el Ministerio fue ofrecido inicialmente a varios profesionales de reconocida trayectoria en hospitales y en el propio Ministerio de Salud, quienes prefirieron no aceptar el cargo. No es difícil entender esa decisión. La magnitud de la crisis convierte esta cartera en uno de los mayores desafíos de la administración pública.
Esta situación confirma una realidad que con frecuencia se olvida: la crisis de la salud no es principalmente un problema médico sino de gestión. Su solución exige capacidad para administrar organizaciones complejas, ordenar las finanzas, fortalecer los sistemas de información y construir acuerdos entre múltiples actores con intereses divergentes.
Por esa razón, el perfil de Ana María Vesga parece más acorde con las necesidades actuales del sector que el de un clínico o un investigador. No es la primera vez que Colombia designa un ministro de Salud que no es médico. Antes ocuparon esa cartera Alejandro Gaviria, Eduardo Díaz Uribe, Juan Luis Londoño y José Granada Rodríguez, todos provenientes de otras disciplinas.
Ya el presidente Virgilio Barco lamentaba que las facultades de medicina formaran excelentes profesionales de la salud, pero muy pocos administradores capaces de dirigir organizaciones sanitarias.
La nueva ministra tendrá, sin embargo, un reto adicional: demostrar independencia frente a las EPS. Su experiencia constituye una fortaleza para comprender el funcionamiento del aseguramiento, pero también la obliga a actuar con absoluta transparencia y a evitar cualquier conflicto de interés. Deberá ser la ministra del sistema de salud y no la ministra de las EPS.
Por ahora no habrá reforma
La nueva ministra ha sido enfática: durante el primer año del gobierno no presentará una nueva reforma del sistema de salud.
Su prioridad será un plan de estabilización que permita recuperar el funcionamiento del modelo vigente, incluyendo el cumplimiento integral de la Ley 100 de 1993 y un plan de choque financiado con cerca de diez billones de pesos.
La decisión constituye una mala noticia para el Pacto Histórico, que radicó nuevamente un proyecto de reforma orientado a transformar profundamente el sistema y reducir el papel de las EPS. Hoy ese proyecto tiene escasas posibilidades de prosperar, no solo porque el nuevo gobierno ha optado por una estrategia distinta, sino también porque la Comisión Séptima del Senado, donde comenzará su trámite, será presidida por un congresista que ha defendido de manera consistente la Ley 100 y difícilmente respaldará una reforma de esa naturaleza.
Más allá de la discusión política, el cambio de enfoque parece responder a una realidad ineludible: el sistema enfrenta problemas que no pueden esperar el largo trámite de una reforma estructural. La prioridad inmediata consiste en restablecer la prestación de los servicios, recuperar la estabilidad financiera y reconstruir la confianza entre el Estado, las EPS, los hospitales y los usuarios.
Otro desafío inmediato será cumplir las órdenes de la Corte Constitucional sobre la revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Sin embargo, cualquier ajuste enfrenta una dificultad de fondo: la calidad de la información disponible sigue siendo deficiente y muchos de los datos utilizados para calcular los costos del sistema carecen de la auditoría necesaria. Sin información confiable será imposible adoptar decisiones técnicas y sostenibles.
El plan de choque
Llama la atención que, desde Abelardo hasta Cepeda, las principales campañas presidenciales coincidieran en la necesidad de un plan de choque para sacar al sistema de salud de la crisis heredada del gobierno Petro.
Lo curioso es que todas convergen en la misma cifra: 10 billones de pesos. Ninguna, sin embargo, ha explicado con suficiente claridad de dónde surge ese monto ni cómo se financiaría.
Más importante que la cifra es la definición de prioridades. Un plan de estabilización debería concentrar los recursos en recuperar la capacidad de atención del sistema y exigir resultados verificables.
Las prioridades son relativamente claras:
- Sanear la cartera de hospitales y clínicas para restablecer la prestación de servicios;
- Normalizar el abastecimiento de medicamentos; pagar las obligaciones pendientes con el talento humano;
- Apoyar únicamente a las EPS que demuestren viabilidad financiera; fortalecer la atención primaria y la prevención;
- Reducir las listas de espera para consultas, cirugías y procedimientos; garantizar la continuidad de los tratamientos de alto costo;
- Recuperar la capacidad de los hospitales públicos regionales;
- Reforzar la auditoría y la trazabilidad de los recursos, y
- Mantener un fondo de contingencia para responder a situaciones críticas.
Cada una de estas inversiones debería estar condicionada al cumplimiento de metas concretas:
- Reducir la cartera hospitalaria,
- Normalizar el suministro de medicamentos,
- Eliminar los atrasos salariales del personal de salud,
- Disminuir las listas de espera,
- Garantizar la continuidad de los tratamientos de alto costo, y
- Asegurar la trazabilidad de los recursos públicos.
Ante la ausencia de una propuesta oficial de asignación de recursos, elaboré con ayuda de inteligencia artificial la siguiente distribución indicativa de los 10 billones de pesos:
| # | Destino | Recursos | % | ¿Para qué? | Resultado que debería exigir el Gobierno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏥 Hospitales y clínicas (IPS) | $2,50 billones | 25% | Pagar cartera vencida y recuperar capacidad de atención | Reducir mínimo 30% la cartera crítica y prohibir que hospitales suspendan servicios esenciales por falta de pago |
| 2 | 💊 Medicamentos e insumos | $1,50 billones | 15% | Comprar y normalizar abastecimiento | 95% de disponibilidad de medicamentos esenciales y cero interrupciones en tratamientos de alto riesgo |
| 3 | 👨⚕️ Talento humano | $1,00 billón | 10% | Pagar nóminas atrasadas y estabilizar personal | Que ningún trabajador de IPS priorizadas tenga más de 30 días de salario pendiente |
| 4 | 🏦 EPS viables / saneamiento financiero | $1,50 billones | 15% | Capitalizar y estabilizar EPS que demuestren viabilidad | Cada peso condicionado a indicadores de solvencia, pago a IPS y atención efectiva |
| 5 | 🩺 Atención primaria y prevención | $1,00 billón | 10% | Centros de salud, medicina familiar, vacunación y prevención | Aumentar mínimo 20% las consultas de primer nivel y reducir presión sobre urgencias |
| 6 | ⏳ Cirugías, citas y listas de espera | $800.000 millones | 8% | Operativos extraordinarios para descongestionar especialistas y procedimientos | Reducir mínimo 30% las listas de espera en 12 meses |
| 7 | ❤️ Enfermedades de alto costo | $700.000 millones | 7% | Cáncer, renal, cardiovascular, VIH, enfermedades huérfanas, etc. | Garantizar continuidad de tratamientos y disminuir autorizaciones pendientes |
| 8 | 🏚️ Hospitales públicos regionales | $500.000 millones | 5% | Recuperar hospitales de municipios y zonas apartadas | Reactivar servicios cerrados y garantizar urgencias, parto y atención básica regional |
| 9 | 🔎 Auditoría, tecnología y lucha contra corrupción | $300.000 millones | 3% | Trazabilidad de cada peso y control de facturación | 100% de recursos trazables y auditoría pública mensual |
| 10 | 🚑 Fondo de contingencia | $200.000 millones | 2% | Emergencias, medicamentos críticos y hospitales en riesgo | Recursos disponibles en máximo 72 horas ante una crisis |
| TOTAL | $10 BILLONES | 100% |
¿De dónde saldrían los recursos?
La pregunta decisiva sigue siendo la financiación.
Una primera fuente consistiría en revisar el gasto destinado a los Equipos Básicos de Salud. Diversos expertos han señalado que las acciones extramurales podrían realizarse con mayor participación de promotores de salud y líderes comunitarios, lo cual permitiría obtener resultados similares con costos considerablemente menores. Si esa evaluación se confirma, parte de esos recursos podría destinarse al plan de estabilización.
La segunda fuente sería revisar la inversión en infraestructura realizada durante el gobierno anterior. Según el propio gobierno Petro, se destinaron cerca de cuatro billones de pesos a más de dos mil proyectos. Sin embargo, durante tres décadas la inversión hospitalaria ha correspondido principalmente a departamentos y municipios con cargo al Sistema General de Participaciones. Conviene establecer si existieron duplicidades o sustituciones de gasto y, de ser así, corregirlas para liberar recursos y evitar posibles irregularidades.
La combinación de una mayor eficiencia en los Equipos Básicos de Salud y una revisión rigurosa de la inversión en infraestructura permitiría financiar una parte importante del plan de choque sin recurrir exclusivamente a nuevas fuentes de recursos.
La nueva ministra recibe un sistema con graves problemas financieros, crecientes dificultades de acceso y una profunda pérdida de confianza entre usuarios, prestadores y aseguradores.
Su principal reto no será presentar otra reforma, sino demostrar que es posible recuperar la capacidad de gestión del Estado y estabilizar un sistema cuya crisis ya no admite más aplazamientos.
Le recomendamos: La salud bajo el gobierno Petro: problemas reales, diagnóstico equivocado
Acerca del autor
Iván Jaramillo
* Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.
3 comentarios
Escrito por:
Iván Jaramillo
* Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.
Sí existe un problema de gestión. Pero ¿gestión de quién?hay que analizar el funcionamiento de las aseguradoras, no simplemente y a profundidad la constitución de reservas técnicas
Apoyar a las EPS viables?Si son viables, porque hay que apoyarlas?Si el problema es que existen EPS financieramente inviables, ¿por qué el dinero público debe utilizarse para salvarlas?El dinero público capital de rescate de aseguradoras privadas?
Hace una distribución discrecional de $10 bll. Y sobre APS está no es un gasto, es una obligación,si requiere control, pero es la promoción de la salud. Pregunta: Cumple este modelo de «aseguramiento» la ley estatutaria 1751?Nadie niega que existe una crisis crónica, pero una ministra (no es contra ella como persona) procedente de las EPS debe declarar conflicto de intereses, y no aceptamos que usar esa crisis para fortalecer el modelo que la produjo. Gracias
No se trata de tener la plata o la razón, se trata de ser coherentes con la necesidad y los recursos. Convoque comités técnico éticos que ayuden a soportar decisiones.
Afrontar parte del problema de la salud exige enriquecer la experiencia mediante el aprendizaje práctico. Sin embargo, desde la perspectiva de la ciencia política y la teoría social, la praxis del gobierno suele oscilar entre dos grandes matrices de conducta orientadas por el propio interés de las élites:
La variante extractiva (de lógica anglosajona/utilitarista): donde el acceso al poder se concibe como una oportunidad para la captura de rentas y la extracción de recursos públicos en beneficio individual o faccioso.
La variante bienestarista (de tradición continental/francesa): donde la élite en el poder genera cierto grado de bienestar social no como un fin altruista, sino como un mecanismo de legitimación que le permite garantizar su propia permanencia y acomodación en el Estado.
Colombia ha estado históricamente dominada por la primera variante. El país funciona bajo una dinámica de élites departamentales cuyos representantes convergen en el Congreso para luego retornar a sus regiones a capturar y redistribuir los recursos del presupuesto público. Por eso las EPS adoptan nombres y estructuras distintas en cada departamento: porque sus verdaderos propietarios o usufructuarios son las alianzas entre los congresistas, los políticos locales y los empresarios de cada territorio. Saludos