La profesión ya está reglamentada, y además el Senado tramita un nuevo código que fortalece el Consejo Nacional de Economía. Esto no es necesario ni útil.
Andrés Giraldo P.*
Profesiones reguladas
Según el artículo 26 de la Constitución: “Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social”.
Este artículo dice claramente que la ley “podrá” exigir títulos, y por eso la Corte Constitucional ha precisado que la exigencia de tarjetas profesionales es de carácter excepcional. Pero hoy se necesitan estas tarjetas para ejercer más de sesenta profesiones en Colombia: o sea que hoy existen más de sesenta profesiones que implican un “riesgo social”.
¿Pero qué es riesgo social? ¿Quién decide que el ejercicio de una profesión implica un riesgo social? ¿Quién decide las reglas o regulaciones específicas para cada profesión? ¿Cómo se hacen? ¿Consultan a la academia respectiva? ¿Quién encabeza a discusión en el Congreso? ¿Cuáles grupos de interés dentro de cada profesión deciden su reglamento?
Economía y regulación de la profesión
En cualquier curso de introducción a la economía se discuten las bondades del mercado y las circunstancias que impiden su funcionamiento adecuado, incluyendo la competencia imperfecta, las llamadas “externalidades” y los problemas de información. Cuando se presenta alguna de esas situaciones, se justifica la intervención del Estado para regular el mercado.
Se necesitan estas tarjetas para ejercer más de sesenta profesiones en Colombia.
Así pues, la Ley 41 de 1969, “por la cual se dictan las normas sobre el ejercicio de la profesión de economista”, obedeció a la creencia de que había una falla en el mercado de estos profesionales que justificaba la intervención del Estado y la promulgación de un reglamento.
Esta ley plasmó la idea de un grupo de personas según quienes el ejercicio inadecuado de la profesión de economista implicaba un riesgo social que a su vez justificaba la adopción de un código de ética. La Ley 41 estipula que para poder ejercer la profesión de economista se necesitan el título universitario y el certificado del Consejo Nacional Profesional de Economía (Conalpe), cuerpo que además debería vigilar el cumplimiento de la ley.
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Burocracia inútil
Para que Conalpe pueda expedir la tarjeta de economista, el aspirante debe certificar que ha obtenido un título profesional. Este título debe proceder de una universidad que tenga vigente su registro (hoy se denomina registro calificado) en el Ministerio de Educación Nacional. Si el título es obtenido en una universidad extranjera, el interesado debe tramitar ante el Ministerio la respectiva convalidación.
Pero si es tan fácil verificar si el diploma proviene de una universidad registrada en el Ministerio o si el título extranjero es convalidado también por el Ministerio, ¿cuál es el papel de Conalpe?
Hasta este punto, el único papel práctico del Consejo Profesional de Economía es vigilar el ejercicio ético de la profesión. Sin embargo, como muestra Oskar Nupia en La Silla Vacía, esta acción de vigilancia no parece ser sistemática ni oportuna.
La página web de Conalpe tiene una sección de control y vigilancia donde cualquier persona puede denunciar a algún economista que haya fallado en su ejercicio profesional. Pero no se encuentra por ninguna parte un recuento de sanciones impuestas por el Consejo.
Por ejemplo, Juan Carlos Ortiz fue sancionado por la Bolsa de Bogotá por prácticas poco transparentes, pero no se conoce de una sanción por parte de Conalpe (en caso de que tenga tarjeta profesional).
Además, después de sus diez años de sanción, Ortiz pudo regresar al mercado de valores para ser parte del escándalo de Interbolsa, al lado de Rodrigo Jaramillo. ¿Todo esto lo hizo con o sin tarjeta profesional? ¿No hubo un comité en la Bolsa que lo investigara? ¿Qué hizo Conalpe en este caso?
Para obtener la tarjeta profesional, un graduado de economía debe pagar 320 mil pesos a Conalpe. Según el Ministerio de Educación, entre 2003 y 2015 se graduaron entre 3.754 y 12.591 economistas. Si 12.000 economistas se graduaran en 2019, eso implicaría ingresos de cerca de cuatro mil millones de pesos.
Adicionalmente, si alguien desea contratar con el Estado, debe tener la tarjeta profesional y además presentar un certificado de antecedentes disciplinarios cuyo costo es de veinte mil pesos y cuya validez es de 180 días.
¿Qué servicios ofrece el Consejo Profesional que justifiquen ingresos tan considerables? ¿La compilación de noticias semanales y trinos diarios con información económica justifican la existencia del Consejo?
Foto: Facebook Facultad de Ciencias Económicas UNAL |
El nuevo proyecto de ley
El proyecto de ley que ahora cursa en el Congreso reformaría la Ley 41 de 1969 para darle más dientes al Conalpe. Entre otras cosas, se obligaría a las universidades a reportar a sus egresados economistas para indagar si están ejerciendo la profesión de manera ilegal. Pero el proyecto tiene dos grandes inconvenientes:
Para obtener la tarjeta profesional, un graduado de economía debe pagar 320 mil pesos.
- Desde hace algunos años, las principales facultades de economía de Colombia participan del mercado de trabajo de la American Economic Association. Allí se entrevistan candidatos para trabajar en Colombia y además se participa en redes internacionales que facilitan el intercambio de ideas y el fortalecimiento de la academia colombiana.
Si el proyecto de ley se aprueba como está, se haría más costoso contratar extranjeros y también más difícil invitarlos a dar seminarios y participar en las escuelas de verano. Y esto, claro está, iría en detrimento de la calidad de la enseñanza y la investigación de economía en Colombia.
- La aprobación de la ley implicaría un gran retroceso, puesto que la interdisciplinariedad que se ha alcanzado en el área se verá amenazada por la imposibilidad de que alguien que no sea economista o que tenga un doctorado en economía pueda enseñar en Colombia.
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Barreras perjudiciales
La tarjeta profesional y Conalpe se justificarían si existiera una falla de mercado o si el ejercicio de la profesión implicara un riesgo social. Pero no hay prueba alguna de que esto sea así, de modo que ninguno de las dos debería existir.
En todas las facultades de economía se enseña que este tipo de restricciones únicamente favorecen a la institución que capta las rentas y crea barreras de entrada que afectan la calidad de la profesión, puesto que alguien idóneo pero sin tarjeta profesional no podría ejercer la profesión, cuando la mejora de calidad en efecto necesita de una competencia más intensa.
Si hiciéramos una lista de los mejores economistas de Colombia, estoy seguro de que más de la mitad no hubieran podido ejercer la profesión porque no cumplían los requisitos. Y mucho menos algunos ganadores del premio Nobel, quienes llegaron a la economía casi por accidente (por ejemplo, Daniel Kahneman).
Foto: Conalpe |
Una lista no exhaustiva debería ser suficiente para no aprobar el proyecto de ley, y para reemplazarlo por otro cuyo artículo único dijera: “Deróguese la tarjeta profesional para ejercer la profesión de economista y disuélvase el Consejo Nacional Profesional de Economía”.
Entonces podríamos dedicarnos a discusiones más importantes en relación con el oficio de los economistas y las tareas que ellas y ellos cumplen en esta sociedad.
*Ph.D. en Economía de Southern Methodist University y profesor asociado de la Universidad Javeriana. a.giraldo@gmail.com.
