La pandemia y el cuidado

Durante décadas, las economistas feministas han denunciado las desigualdades de género en el mercado laboral y han mostrado que el cuidado, mayoritariamente a cargo de las mujeres, es la actividad que sostiene la vida y la economía de los países.

Con la pandemia, ambas cosas se han confirmado: el trabajo de cuidado a cargo de las mujeres aumentó, pues muchas de las que participaban del mercado laboral tuvieron que dejar sus puestos de trabajo y debieron asumir el cuidado de niños, niñas o personas mayores. Al mismo tiempo, las mujeres perdieron autonomía económica, se expusieron más al contagio de COVID-19 y sufrieron más violencia.

En ese contexto, reconocer, redistribuir y reducir el tiempo que las mujeres dedican al trabajo doméstico y al cuidado no remunerado es más importante que nunca. Este texto analiza las políticas de cuidado existentes en Colombia desde una perspectiva feminista y con un enfoque de derechos y justicia social.

El género en el mercado laboral

Uno de los escenarios donde la desigualdad de género es más visible es el mercado laboral.

Aunque las mujeres se han insertado cada vez más en el mercado laboral, siguen teniendo menores salarios que los hombres, tasas de desempleo e informalidad más altas y siguen ejerciendo labores relacionadas con roles de género previamente asignados.

Según el informe sobre cuidados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado en 2018, más del 76% de las horas dedicadas al trabajo de cuidado no remunerado en el mundo son realizadas por mujeres.

Ese es el principal motivo por el que las mujeres están por fuera del mercado laboral: se calcula que, en el mundo, 647 millones de mujeres en edad de trabajar se dedican de tiempo completo al trabajo de cuidado no remunerado, en comparación con 41 millones de hombres que hacen lo mismo.

Esa naturalización del cuidado como una obligación femenina ha profundizado las condiciones de pobreza, precariedad y exclusión de las mujeres, como lo muestran las siguientes cifras:

• Entre 2009 y 2019, la brecha de desempleo entre hombres y mujeres fue de 6,1 puntos porcentuales en promedio;
• En mayo de 2020, la Tasa General de Participación—que mide la proporción de adultos que participan en el mercado laboral—fue del 66,5% para los hombres y de apenas el 44,8% para las mujeres;
• El 89,3% de las mujeres rurales colombianas en edad laboral están en la informalidad y tienen menores tasas de cobertura de seguridad social;
• De las 687.716 personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado en Colombia, el 96% son mujeres y el 60% gana menos del salario mínimo.

Sin embargo, la mayoría de las mujeres consideradas inactivas económicamente (el 60,9%) en realidad se dedica a oficios del hogar no remunerados como actividad principal. Eso muestra que el concepto económico de inactividad invisibiliza el cuidado no remunerado que ejercen las mujeres.

Los oficios de cuidado requieren energía y dedicación de tiempo completo, y contribuyen al sostenimiento de la vida en el país. En 2017, el valor económico del trabajo de cuidado no remunerado en Colombia fue de 185,7 billones de pesos, equivalentes al 20% del PIB, mayor que el sector comercio (17%) y la industria manufacturera (11,4%).

Gráfica 1. Valor económico del trabajo de cuidado no remunerado TDCNR (en valores corrientes), 2017

Entonces, ¿por qué el cuidado no es reconocido como un trabajo? Y, ¿por qué las mujeres que se dedican al cuidado no tienen garantías de derechos laborales ni protección social?

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¿Qué se ha hecho?

Las políticas de cuidado determinan cómo se prestan y financian los cuidados, quiénes son sujetos de cuidado y quiénes prestan estos servicios. Dentro de las políticas de cuidado se incluyen aquellas que asignan recursos para el cuidado, como remuneraciones, subsidios o servicios, y regulaciones de política laboral, como jornadas de trabajo y licencias de maternidad y paternidad.

En definitiva, las políticas de cuidado son una herramienta con potencial transformador para fomentar la igualdad de género, pero si su implementación es inadecuada o insuficiente, estas políticas pueden reforzar las desigualdades y desconocer derechos.

En Colombia, no existe un sistema o política pública nacional de cuidado. Únicamente existen algunos servicios de cuidado, ofrecidos por el Estado o por el sector privado, y algunos esfuerzos normativos para reconocer y redistribuir el trabajo de cuidado:

• La Ley 1413 de 2010 incluyó la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales, con el objetivo de medir la contribución de la mujer al desarrollo del país;
• El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 reconoció el trabajo de cuidado no remunerado y ordenó que el Gobierno creara un Sistema Nacional de Cuidado. A la fecha, este sistema no existe;
• La Ley 1788 de 2016 les reconoció a los trabajadores y trabajadoras domésticas remuneradas la prima de servicios;
• El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ordenó la creación de una política pública de cuidado y la formulación de lineamientos para articular la oferta de programas de cuidado existentes. A la fecha no hay avances reales para alcanzar estos propósitos;
• Otras normas, de naturaleza laboral, han tocado este tema, por ejemplo, a través de la licencia de maternidad y paternidad, y la flexibilización de la jornada para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades de cuidado.

Además, se han creado instancias y espacios dedicados al cuidado:

• En 2014 se creó la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado de Bogotá, con el objetivo de promover el reconocimiento del cuidado como derecho y de apoyar la creación de mesas territoriales en otros departamentos;
• Este año, el Plan Distrital de Desarrollo de Claudia López creó un Sistema Distrital de Cuidado, con el objetivo de contribuir a la igualdad de oportunidades para las mujeres mediante la ampliación y cualificación de la oferta institucional de servicios de cuidado.

Algunos de estos esfuerzos han sido el producto de la iniciativa de economistas feministas y de senadoras o líderes cercanas a las organizaciones sociales, y han contribuido a mejorar la calidad de vida de las mujeres. Otros, en cambio, han sido insuficientes, han representado un retroceso y han naturalizado el cuidado como un oficio femenino:

• Aunque la ley les otorgó derechos a las trabajadoras domésticas remuneradas, aún hay un alto grado de incumplimiento y mucha informalidad. Es significativo que solo el 17% de las trabajadoras domésticas tenga acceso a seguridad social;
• El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 representó un retroceso, pues no contempló la creación de un sistema nacional de cuidado, sino apenas una política para integrar los programas existentes. Estos programas son de naturaleza primordialmente monetaria y no garantizan una redistribución del trabajo de cuidado;
• Mientras que la licencia de maternidad es de 18 semanas, la de paternidad es de apenas 8 días, y las normas de flexibilización de la jornada laboral para quienes ejercen actividades de cuidado exigen el consentimiento del empleador, por lo que son muy poco usadas.

En suma, las normas existentes en Colombia son insuficientes: tanto las políticas de protección social como los servicios de cuidado directo en el país siguen imponiéndoles a las mujeres la responsabilidad de las tareas de cuidado y no otorgan incentivos ni obligaciones para que los hombres participen.

Por eso, en el marco de las normas actuales, no se modificarán aspectos estructurales, como la división sexual y social del trabajo, el acceso de las mujeres al mercado laboral ni la calidad de los trabajos a los que acceden las mujeres.

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¿Qué sigue?

El mercado laboral es un escenario fundamental de lucha por la igualdad de género. Sin embargo, no es suficiente contar con políticas laborales que pretenden mejorar aisladamente las condiciones de vida de las mujeres, si no se desarrollan acciones que distribuyan los cuidados entre hombres y mujeres, y entre otros actores, como el Estado, los hogares, el mercado y las comunidades.

Por eso, la meta es crear un Sistema Nacional de Cuidado que “desfamiliarice” y “despatriarcalice” el cuidado, y que permita redistribuir los costos y los beneficios de este trabajo entre todos los actores involucrados. El cuidado debe definirse como un derecho universal y el Estado debe ser el principal responsable de su garantía.

Además, es importante que todas las políticas que se tomen durante y después de la pandemia incluyan un enfoque de género, como un elemento para la recuperación socioeconómica, y que busquen transformar las desigualdades estructurales que sufren las mujeres.

Se requieren con urgencia políticas que garanticen el acceso a servicios de salud de calidad, protección social, cuidados universales y medidas de generación de empleo que promuevan el crecimiento inclusivo para todas y todos.

En este proceso, no pueden ignorarse los avances y acuerdos logrados hasta el momento, ni el liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil, de las economistas feministas y de los sindicatos.

Solo así se podrá alcanzar un modelo económico y laboral más justo, que no excluya ni estigmatice a nadie por su género.

** Este texto forma parte de la alianza entre Razón Pública y la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), y es una versión adaptada del trabajo titulado “Una reflexión feminista sobre los cuidados en Colombia: políticas, actores, instituciones y principales desafíos”, de Diana Paola Salcedo Novoa y Alejandra Trujillo Uribe. El documento original puede ser consultado en este enlace.