Iván Mauricio Gaitán, autor en Razón Pública
Foto: Gobernación del Quindio

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La entidad encargada de este problema difícil confunde las cifras. Esto tiene consecuencias en la vida de la gente, plantea desafíos…y abre oportunidades para Colombia y su próximo gobierno.

Iván Mauricio Gaitán Gómez*

¿Cuántos son los migrantes?

Migración Colombia presentó una parte de los 92 millones de datos que recolectó durante el proceso de caracterización y regularización de 2,4 millones de migrantes, realizado entre 2021 y 2022.

El proceso concluyó que en 2015 teníamos un total 31.471 migrantes de Venezuela y que en febrero de 2022 habíamos pasado a 2.477. 588.

Sin embargo, Migración Colombia mantuvo la cifra de 1,8 millones de migrantes durante casi un año. Con esto se afectó la posibilidad de diseñar y ejecutar políticas de integración de migrantes en el nivel nacional, departamental y municipal.

Más todavía: el DANE – la autoridad reconocida en la materia- estimó la presencia de cerca de 2,8 millones de migrantes, pero Migración Colombia desestimó este dato con el argumento de que produciría xenofobia o afectaría la “seguridad nacional”.

Y sin embargo las cifras del Registro Único de Migrantes de Venezuela (RUMV) le daban la razón al DANE: es lo que muestra la Gráfica 1.

Gráfica 1. Número de migrantes venezolanos en Colombia

Venezuela Migración Colombia
Fuente: A corte junio 2022. Elaboración Banco Mundial, a partir de datos de Migración Colombia y la Encuesta Integrada de Hogares del DANE.

¿Y qué importan las cifras?

La preocupación se debe sobre todo a que antes del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV) que se adoptó en 2021, el 40,8 % de la población se encontraba con estatus irregular y el 59,2 % con estatus regular.

Pus con el ETPV las cifras de regularidad e irregularidad no han cambiado tanto como uno esperaría. De 2.477.588 migrantes en febrero de 2022, apenas se entregaron 1.206.520 Permisos Temporales por Protección (PPT) (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Estatus regular e irregular 2018-2022

Regulares Irregulares
 

2022

PPT Entregados PPT Aprobados*

(Sin entregar)

Sin PPT

(Registrados RUMV)

1 206 520 1 439 859 1 271 068
48,7 % 58,1 % 51,3 %
 

2018

Regulares Irregulares
PEP, Visa, Salvoconducto, otro Sin documento
695 496 479 247
59,2 % 40,8 %

Fuente: Elaboración propia. Datos Migración Colombia. *PPT impresos 1 377 718

Todo esto ha afectado de manera directa la integración socioeconómica y cultural de miles de familias y ha creado un clima de zozobra entre las comunidades migrantes acerca de su suerte en los próximos meses

El gobierno que acaba, y el que sigue

El nuevo CONPES 4100 fue lanzado el 11 de julio de este año y deja un aporte en materia migratoria.

Pero fue elaborado en un mes y tendrá que ajustarse. Las acciones previstas no están financiadas, y en su lugar se ofrece una simple proyección presupuestal de necesidades. También haría falta precisar las tareas y recursos de los gobiernos territoriales afectados.

La tarea para el nuevo gobierno sería aún más ambiciosa. Pese al notable esfuerzo de regularización, habría que extender este modelo que lleva poco más de un año, y esta vez incluyendo a los migrantes de 92 nacionalidades que transitan por territorio colombiano.

El solo hecho de restablecer las relaciones y abrir las fronteras con Venezuela crea un nuevo escenario en la materia, pero no aclara las acciones de regularización e integración de personas en situación de movilidad con enfoque territorial en Colombia.

La migración transcontinental viene aumentando en América Latina y el Caribe, con destino principal a la frontera sur de Estados Unidos. A lo cual deben sumarse las más de 130 mil personas provenientes de Centro y Suramérica.

Últimamente, se ha registrado el paso de miles de colombianos y venezolanos por el tapón del Darién hacia Panamá, un paso selvático plagado de economías ilegales donde mueren o padecen vejámenes quienes quieren encontrar nuevas oportunidades.

Dos causas principales de la migración transcontinental e intracontinental son la pobreza y la falta de coordinación entre los países de Centro y Suramérica.

Por todas esas razones, el ETPV debe extenderse a muchos más venezolanos, facilitando el registro de quienes no alcanzaron a hacerlo en el último año. También hay que brindar la oportunidad a los migrantes de otras nacionalidades que se encuentran en la misma situación: se trata de grupos pequeños, que tendrían poco impacto sobre el costo o el alcance de la política migratoria.

Venezuela Migración Colombia
Foto: Cancillería La entidad encargada de este problema difícil confunde las cifras.

Puede leer: Mitos y realidades del Estatuto de Protección a Migrantes

Buen negocio de Colombia

Las medidas anteriores son condiciones necesarias para el control migratorio, la seguridad fronteriza, el uso pleno y legitimo del aporte del migrante al desarrollo de Colombia y el enriquecimiento de las comunidades receptoras.

Según los datos compartidos por Migración Colombia, de los 2,4 millones de migrantes venezolanos, 2.122.549 están entre los 5 y 49 años (85,7 %) y 1.319.232 están entre los 18 y 39 años (53,24 %). O sea que el 62 % de los migrantes están en plena etapa productiva y de trabajo.

El 83 % de los hombres y el 80 % de las mujeres son menores de 35 años, mientras que solo el 41 % y 44 % de los hombres y mujeres colombianos, respectivamente, están en dicho rango de edad. Esto quiere decir que los migrantes al integrarse a las economías locales lograrán aportar al bono pensional de la población colombiana.

También se empieza notar el aporte de los migrantes a los impuestos y al PIB colombiano. El solo IVA sobre facturas de hogares de origen venezolano ascendió a 500.993 millones de pesos en 2019 o a cerca del 0,03 % del PIB.

Por su parte, el impuesto de renta estimado de migrantes venezolanos alcanzó los 129.150 millones en 2018, otro 0,01 % del PIB. La proyección para los próximos años es del 0,17 %.

Además, la migración aumenta el consumo, la producción y la inversión. En el mundo entero se ha demostrado que los migrantes tienen una especial capacidad para el emprendimiento. El bilingüismo les permite sumar a diversas actividades económicas —call centers, hotelería, turismo…—, aportar al avance de las economías locales y rurales, descentralizar o “clusterizar las migraciones” con liderazgo del Estado y la empresa privada.

En suma, cuando el migrante es regularizado e integrado, Colombia gana riqueza intercultural, multilingüe, diversidad religiosa, sexual, política, y acaba por forjar   ciudadanos más globales desde la educación, la economía y las instancias culturales (gráfica 2).

Gráfica 2. Niveles de integración por ciudades capitales con mayor concentración de migrantes

Venezuela Migración Colombia
Fuente: Observatorio de Migraciones desde Venezuela (DNP). Índice Multidimensional de Integración (DNP).

Para el nuevo gobierno

Entre la población migrante, los gobiernos locales y la cooperación internacional hay mucha incertidumbre sobre la postura del gobierno electo respecto del manejo de las migraciones.

El solo hecho de restablecer las relaciones y abrir las fronteras con Venezuela crea un nuevo escenario en la materia, pero no aclara las acciones de regularización e integración de personas en situación de movilidad con enfoque territorial en Colombia.

Por eso y de manera resumida, sugiero algunas líneas que podrían ser útiles para el próximo gobierno:

  1. Ampliar y acelerar el proceso de registro y regularización de migrantes, por un lapso mínimo de un año, con el fin de acelerar los procesos de integración socioeconómica y cultural y aumentarla cobertura de quienes no quedaron regularizados ni caracterizados.
  2. Dar prioridad al enfoque territorial en la regularización y la integración de migrantes. Los gobiernos locales necesitan asistencia técnica y apoyo económico para lograr las metas de inclusión social, laboral y creación de ingresos. Focalizar la gestión de las migraciones en las veinte ciudades que reciben más migrantes puede llegar a más del 85 % de esta población.
  3. Mejorar los mecanismos de coordinación con la cooperación internacional y la sociedad civil. Consolidar una mesa nacional de movilidad humana para lograr coordinar acciones, así como constituir un grupo de donantes para la movilidad humana en los primeros cien días resultará fundamental para alcanzar las metas.
  4. Vincular al sector privado en las estrategias de desarrollo local con población migrante y poblaciones de acogida. El sector empresarial tiene una oportunidad de ampliar sus mercados con los flujos migratorios. Además, podría consolidar clúster alrededor de productos de exportación, turismo y agroalimentos. Esto podría impulsar la economía de zonas rurales y aportar al desarrollo económico local.
  5. Liderar el diálogo hemisférico sobre movilidad humana. Colombia se ha convertido en un ejemplo mundial y regional para las migraciones. Su liderazgo será fundamental para impulsar medidas de cooperación mutua en el continente, frente a movilidad humana extra e intracontinental y podrían lograrse acuerdos regionales en materia de integración y desarrollo.

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Iván Mauricio Gaitán

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Iván Mauricio Gaitán

*Politólogo, magíster en Estudios Latinoamericanos y candidato a doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

Foto: Elaboración propia - Ciberpatrullaje policial.

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Ni el ciberespionaje, ni el ciberpatrullaje son formas de seguridad o defensa digital. Cuando los Estados ignoran los conceptos y las normas internacionales sobre el uso del internet, acuden a medidas de control que debilitan la democracia.

Iván Mauricio Gaitán*

Ataques cibernéticos y movilización social digital global

Los ataques cibernéticos a diferentes naciones y con distintos propósitos han sido motivo de preocupación para los Estados:

  • En 2007 Estonia sufrió uno de los ciberataques más severos de la historia. Este afectó gran parte de sus instituciones y del sector financiero. La crisis desatadad requirió la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), e hizo que se creara en 2008 el Centro de Excelencia para la Cooperación en Ciberdefensa (CCD).
  • En julio de 2009 diferentes instituciones públicas de Estados Unidos y Corea del Sur sufrieron un ciberataque con el que se buscaba destruir los datos en las computadoras infectadas. En este caso, el ataque pudo ser controlado a tiempo.
  • En 2010, la Guardia Civil española desmanteló una red de computadores “zombies” conocida como “BotNet8 Mariposa”. Dicha red contenía 13 millones de direcciones IP9 infectadas y distribuidas en 190 países. Colombia ocupó el quinto lugar entre los países más afectados por este ataque.
  • En 2018 en Estados Unidos se habló de interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales, y en mayo de 2021 el país fue víctima de un ataque a su producción petrolera dejando sin abastecimiento de combustible a la Costa Este —que transporta el 45% de la producción petrolera del país—.
  • En 2011 se hizo evidente con la “Primavera Árabe” el poder de movilización digital en redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter; movimiento que logró desestabilizar algunos gobiernos de Medio Oriente y el norte de África.

En esa oportunidad la movilización digital comenzó en Túnez y, en cuestión de semanas, se extendió a Egipto, Yemen, Bahréin, Libia y Siria obteniendo la dimisión de líderes autoritarios como Hosni Mubarak en Egipto, Zin el Abidín Ben Alí en Túnez, y causando también el asesinato de Muamar Gadafi en Libia.

Algunos líderes afirmaron que se trató de una “movilización e insurrección digital provocada” que contó el apoyo y participación premeditada del Departamento de Estado de Estados Unidos, desde donde se buscó la maximización y penetrabilidad de los mensajes digitales entre la población con el fin de lograr el derrocamiento de los regímenes.

  • En noviembre de 2019 en Colombia se presentaron movilizaciones sociales en las cuales hubo perfilamientos de líderes sociales y políticos que apoyaron las protestas, así como el uso de las redes sociales por parte de distintos organismos de seguridad para hacer frente a la situación de orden público.

Para ello, se compartieron videos, fotos y textos, a través de redes como Twitter, Instagram y WhatsApp, que mostraban intentos de saqueos a conjuntos residenciales provocando miedo y desinformación en la ciudadanía y en medio de un “toque de queda”.

Los medios de comunicación y algunos miembros de la fuerza pública compartieron el mismo video dando lugar al pánico en las redes sociales. Al final, las mismas autoridades confirmaron que se trató de una campaña para desestabilizar la ciudad, pero no explicaron quién estuvo detrás.

  • En el paro nacional que comenzó el 28 de abril de 2021 en Colombia, también se pudieron comprobar estrategias de desinformación a través de redes sociales con las que se intentó justificar el abuso de la fuerza de la Policía, producir confusión y miedo, y crear enemigos-amigos en medio de la protesta social y ante la opinión pública.

En esta ocasión, se identificaron montajes contra líderes políticos de izquierda por medio de tweets falsos que invitaban a apoyar los bloqueos o tomarse los aeropuertos; se utilizaron imágenes de indígenas usando “tatucos”— imágenes de cuando los indígenas hallaron una caleta de armas de las Farc en 2012 para entregarla a las autoridades—; y se publicaron fotos de movilizaciones en Venezuela con la bandera afirmando que los venezolanos se unían al paro nacional de Colombia.

Puede leer: Persiguiendo fantasmas: el toque de queda de noviembre

Seguridad y defensa digital en Colombia

Desde 2011 Colombia ha avanzado en los marcos normativos y de política pública para afrontar las nuevas guerras del siglo XXI:

  1. Con el CONPES 3701 de 2011 se desarrollaron los lineamientos para la ciberseguridad y la ciberdefensa con el objetivo de contrarrestar el incremento de las amenazas informáticas.
  2. En el CONPES 3854 de 2016 se definió la política de seguridad digital para fortalecer las capacidades de las múltiples partes interesadas en identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en las actividades socioeconómicas.
  3. Por su parte, en el CONPES 3995 de 2020 se estableció la política nacional de confianza y seguridad digital para ampliar la confianza y mejorar la seguridad digital para ser una sociedad incluyente y competitiva en el futuro digital.

Los derechos de los ciudadanos se han vulnerado con las prácticas de engaño para infundir miedo y confusión por medios digitales que buscan posicionar al Estado como único salvador.

Como fruto operativo de estos documento se dio la creación del Colcert (Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia), el CCOC (Comando Conjunto Cibernético), el Departamento de Comunicaciones y Ciberdefensa Cede-6 del Ejército para acciones defensivas y ofensivas, y el Comando Cibernético Policial de la Policía Nacional desde donde se combate el cibercrimen y se consolida el Informe de tendencias de cibercrimen en Colombia.
Foto: Alcaldía de Bogotá - https://bogota.gov.co/mi-ciudad/seguridad/ojo-con-la-seguridad-virtual-de-los-estudiantes ¿Cómo regular las prácticas de vigilancia digital?

Lea en Razón Pública: La protesta en las redes sociales

¿Y la democracia?

Aunque las medidas buscan proteger y salvaguardar al Estado ante amenazas y agresiones externas o internas, estas han derivado en el control de los opositores políticos, lo que se refleja en el aumento de las acciones de espionaje, perfilamiento o ciberpatrullaje.

Por lo anterior, los derechos de los ciudadanos se han vulnerado con las prácticas de engaño para infundir miedo y confusión por medios digitales que buscan posicionar al Estado como único salvador y garante en momentos de caos. Dicho en otras palabras: se construye un enemigo, se deshumaniza de manera digital, y se propaga el temor para luego vender el éxito de la respuesta en seguridad.

Ejemplo de esto es el hecho de que el Ejército haya construido en su cuenta oficial de Twitter una lista de “opositores” y perfilado a 135 formadores y lideres de opinión. Además, en octubre de 2019 adquirió el software “hombre invisible” —una “suite de penetración” —con el propósito de “generar capacidades de protección, búsqueda y recolección de información en el ciberespacio”.

Sin embargo, dicho software habría sido usado para espiar comunicaciones de personas —políticos, magistrados, generales y periodistas— sin investigaciones en curso, y recolectar información para terceros.

Los amigos y enemigos de la Policía y el Ministerio de Defensa

De acuerdo con una denuncia de la Fundación para Libertad de Prensa (FLIP), el 6 de mayo las redes del Ministerio de Defensa y otras entidades amanecieron de negro.

Pero lo que se hizo ver como un ciberataque, en realidad fue una campaña del Ministerio y la Fuerza Pública para retener la atención de la ciudadanía y producir temor e indignación.

Las “patrullas en internet” que usa el Ministerio acuden al ciberpatrullaje sin un marco regulatorio que las delimite.

El último mensaje en las redes y páginas web del Ministerio y las demás entidades de ese día fue “intento de bloqueo”. Entre las seis y nueve de la mañana ningún funcionario estuvo autorizado para hablar en medios de comunicación, pero a las nueve de la mañana se restablecieron las redes y comenzó la campaña “Colombia Es Mi Verdad”. En el video de esta campaña se afirmaba que la información falsa es considerada como una forma de terrorismo digital, pero en el código penal no existe tal delito.

“Colombia es mi Verdad” fue creada por la empresa Alotrópico S.A.S., con un contrato por 900 millones con el cual debían mejorar la imagen del Ministerio de Defensa, y que incluía estrategia de ciberpatrullaje que calificaba como “falsas” las publicaciones y opiniones que criticaban o desacreditaban las acciones de la fuerza pública durante las manifestaciones.

Las “patrullas en internet” que usa el Ministerio acuden al ciberpatrullaje sin un marco regulatorio que las delimite. El ciberpatrullaje se realiza a través del Puesto de Mando Unificado-Ciber (PMU-Ciber), y es integrado por el Centro Cibernético Policial, el MinTIC y la Dirección Nacional de Inteligencia logrando el perfilamiento de aquellos ciudadanos que manifiestan su inconformismo o invitan a la movilización social por estas plataformas sociales.

La seguridad y la defensa digital en la reforma a la policía

La Policía no solo se militarizó en su actuar desde los años noventa, diluyendo su misionalidad, sino que materializó ese carácter securitizado y atomizado en grupos especializados como los Gaula antisecuestro, la policía antinarcóticos, la policía de tránsito, pasando por funciones de policía de turismo, control portuario y aeroportuario, entre otros, hasta llegar ahora a ser una policía transformada para la ciberseguridad.

Frente a este último, la gravedad se centra en el reciente rol digital de la Policía de realizar ciberpatrullajes y perfilamientos en medio de las movilizaciones y las protestas sociales. En él se sientan las bases de abusos de poder y se pueden identificar contundentes violaciones a los derechos humanos, propias de gobiernos totalitarios.

No bastó con el despliegue excesivo de fuerza y el uso de armas no convencionales en 2019, 2020 y 2021 en medio de las protestas, sino que desde hace más de dos años se pretende establecer un control de la expresión ciudadana en las plataformas sociales y frente a la movilización social digital por medio del perfilamiento y la judicialización por “ciberterrorismo”, un concepto difuso en el derecho penal que da para muchas tipificaciones e interpretaciones acomodadas.

Los abusos a los derechos humanos a los que se enfrentaría la Policía, y que ameritan ser discutidos en una posible reforma a la institución, se centran en la libertad de expresión, la intimidad y la autonomía, y en el acceso y uso libre del internet y las redes sociales.

El perfilamiento de personas sin control democrático afecta severamente el comportamiento y las narrativas de las personas en internet por miedo o posible castigo y logra impactar el debate en la opinión pública.

No bastó con el despliegue excesivo de fuerza y el uso de armas no convencionales en 2019, 2020 y 2021 en medio de las protestas, sino que desde hace más de dos años se pretende establecer un control de la expresión ciudadana en las plataformas sociales y frente a la movilización social digital.

Por otra parte, el perfilamiento digital, en particular en redes sociales, busca a personas potencialmente “peligrosas” basándose en prejuicios de opinión, simpatías políticas, pertenencia a grupos étnicos, sexuales, sociales o subculturas, con el fin de identificar a las supuestas “ciudadanías peligrosas”, acudiendo solo a la recopilación de información estrictamente personal.

Esto no solo ha servido para estigmatizar, discriminar y criminalizar a poblaciones en su mayoría excluidas o vulnerables, sino que está siendo un instrumento político de persecución y ataques sistemáticos de cara a los procesos electorales de 2022 y 2023. Ahora se avizora el veto o el homicidio digital.

Aunque el próximo martes 30 de noviembre está citado el ministro de Defensa a la Comisión Primera del Senado para que responda por el uso de la simbología Nazi en la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá, seguramente también se le pedirán los resultados de la comisión para la reforma a la Policía, explicaciones por el bombardeo de niños en el Chocó y por la “campaña negra” liderada por el Ministerio y la fuerza pública en medio del paro nacional… Y aquí ni “Dios y Patria” serán suficientes razones.

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Iván Mauricio Gaitán

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Iván Mauricio Gaitán

*Politólogo, magíster en Estudios Latinoamericanos y candidato a doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

Facebook Iván Duque Después de un mes y, en el marco de la conmemoración del 20 de julio, el gobierno radicó su proyecto de reforma a la Policía en el Congreso.

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La Policía necesita un cambio profundo, y el proyecto del gobierno plantea nueve ideas ambiciosas. Pero quedan preguntas en el aire, es posible que el proyecto no se apruebe y —sobre todo— no es claro que nos lleve a la Policía civil y preventiva que necesita Colombia.

Iván Mauricio Gaitán*

Un comienzo tardío

Durante el mes de junio y en el contexto del Paro Nacional, la Alianza Verde había presentado un proyecto para reformar la Policía, pero la bancada del gobierno decidió hundirlo con el argumento de que esta iniciativa “atacaba” a la institución y no había sido concertada con los afectados.

Un mes después, el 20 de julio, el gobierno radicó su propio proyecto de reforma y ahora avanzan las concertaciones y diálogos ciudadanos sobre este otro documento. Aunque el proyecto fue acompañado por un mensaje de urgencia, deberá pasar por cuatro debates en la Cámara y cuatro en el Senado, y someterse a la respectiva conciliación entre ambas cámaras. Este es el último año del gobierno Duque, de manera que el proyecto puede enfrentarse con otras prioridades legislativas y acabar en el olvido.

El proyecto del gobierno hace énfasis en la protección de los derechos humanos, e implicaría cambios administrativos y disciplinarios dentro de la institución. Entre las propuestas específicas figuran la creación de un viceministro de seguridad ciudadana, un nuevo modelo de vigilancia, y regulaciones adicionales para limitar la comercialización, porte y uso de armas traumáticas.

Pero la reforma verdadera de la institución supone cambiar la doctrina policial que se imparte desde hace treinta años y que hoy forma parte de su ADN. De lo contrario, las reformas corren el riesgo de quedarse en maquillajes.

Puede leer: La Policía y el desgobierno de Duque

Nueve cambios importantes

El proyecto tiene nueve puntos que conviene destacar:

-Primero, se crea una nueva Dirección de Derechos Humanos para orientar la prevención, protección y respeto por los Derechos Humanos. Sin embargo, esta Dirección ya existía y aún se desconocen los cambios que se harán.

-Segundo, se reemplaza el Estatuto Disciplinario que data del 2006, por un nuevo estatuto que reorganiza la Inspección General y el sistema de supervisión y control del servicio policial, adoptando un nuevo sistema de recepción, trámite y seguimiento de quejas y denuncias.

Pero aún no se sabe cómo este Estatuto se integraría con el Manual de Operaciones Especiales para la Policía Nacional (Resolución no. 03517), con la Resolución No. 02903 sobre el “uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional” y con la Resolución No. 03002 “por la cual se expide el Manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para la Policía Nacional”.

-Tercero, se mejoraría la formación de personal mediante un centro policial con altos estándares y una nueva universidad policial. Pero no queda claro si esta formación cambiaría el carácter militar, recuperaría la naturaleza preventiva de la policía y ratificaría el carácter civil de la institución, consignado en la jurisprudencia constitucional y en los Lineamientos de la Policía.

-Cuarto, se incorporarían buenas prácticas y estándares internacionales en el uso legal y legítimo de la fuerza.

La reforma verdadera de la Policía supone cambiar la doctrina policial que se imparte desde hace treinta años y que hoy forma parte del ADN de la institución

La Policía defendió en los estrados judiciales el uso del arma Venom durante el Paro Nacional, pero en realidad el arma se usó de manera incorrecta: los disparos fueron directos y no en forma parabólica, se disparó contra unidades residenciales y contra la población civil.

Igualmente, los policías abusaron del uso de las pistolas eléctricas, hiriendo e incluso asesinando a algunos ciudadanos, como pudo verificarlo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita.

-Quinto, se aseguraría una mayor participación ciudadana para la transformación integral, a partir de un diálogo constante sobre el servicio y la creación de una comisión para la transformación.

Pero en la actualidad existen más de diez mecanismos de participación ciudadana, diseñados para vincular desde niños hasta adultos mayores, además de un mecanismo de quejas y reclamos. Por eso debe definirse cuál será la transformación integral que estimularía las denuncias, para lograr las sanciones y reparaciones a las que haya lugar.

-Sexto, se mejorará la tecnología para la efectividad y transparencia policial, mejorando la capacidad de respuesta frente al delito, que va desde la analítica de datos para la planeación y prestación del servicio, hasta el uso de nuevos instrumentos de vigilancia aérea no tripulada.

Aunque esta es una de las principales apuestas de modernización y podría mejorar ostensiblemente las acciones de contención, prevención y disuasión de los delitos, hay que definir las regulaciones frente a la protección de datos, el derecho a la intimidad, las intervenciones y rastreos a dispositivos móviles y los sobrevuelos con drones para cumplir con los estándares democráticos y de derechos humanos.

-El séptimo punto es la renovación de los uniformas y las patrullas. Para esto se ratificaron cámaras corporales que documentarán los procedimientos y se presentaron códigos QR en el brazo del uniforme que servirán como código de identificación.

Conviene destacar la dificultad de escanear estos códigos, los cuales conducirán a una página web donde deben digitarse nuevamente el número del policía y otros datos. Dicho mecanismo dificulta el proceso de identificación y expone al denunciante, ya que realiza la queja desde su propio dispositivo móvil. Por si fuera poco, los chalecos antibalas ocultan el número de identificación y dificultan el uso de las cámaras corporales.

Por esto el cambio de los uniformes es apenas una transformación estética al estilo de la gendarmería francesa o de la policía de Nueva York, que pretende evitar el verde (castrense) y enviar un mensaje semiótico de tranquilidad con el color azul, según el Centro de Innovación de la Policía.

La Policía defendió en los estrados judiciales el uso del arma Venom durante el Paro Nacional, pero en realidad el arma se usó de manera incorrecta: los disparos fueron directos

Octavo, se adopta un nuevo enfoque de desarrollo profesional que reconoce la trayectoria y el buen desempeño para avanzar en la carrera o recibir otros incentivos.

Pero el comportamiento de los policías está atado a la doctrina que imparte la institución. Desde hace por lo menos treinta años, los policías colombianos son formados con la doctrina del “enemigo interno”. Pero en la vida diaria el ciudadano no puede ser visto como el enemigo de la policía.

-Finalmente, el proyecto plantea un nuevo modelo de vigilancia policial con cuadrantes de vecindario que mejoren la relación con las personas, en especial los jóvenes, mediante la iniciativa “soy joven y estoy contigo”.

En este caso, los desafíos son asegurar el funcionamiento de los cuadrantes y recuperar la confianza de la ciudadanía, que según Invamer hoy registra su más bajo nivel de la historia: un 56 % de desaprobación.

Foto: Facebook: Iván Duque El Presidente Duque en un tono fuerte afirmó frente al Informe de la CIDH que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”, y al parecer este proyecto de reforma a la Policía complementaría su respuesta, pues no responde directamente a las recomendaciones de la CIDH.

Le recomendamos: ¿Cumplir o no cumplir? El falso dilema sobre el informe de la CIDH

El gobierno y la CIDH

Como una respuesta al informe de la CIDH, el presidente Duque dijo que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”. Parece que este proyecto de reforma a la Policía complementa su respuesta, pues no acata las recomendaciones de la CIDH.

Algunas de las recomendaciones de la Comisión fueron:

  1. Ejecutar, en el marco de las protestas y manifestaciones, los operativos de seguridad con estricto apego a los protocolos del uso legítimo de la fuerza y en cumplimiento a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad establecidos en los estándares internacionales.
  2. Asegurar que las fuerzas de seguridad intervengan para proteger y controlar el desarrollo de las manifestaciones y las protestas tengan como prioridad la defensa de la vida y la integridad de las personas, absteniéndose de detener arbitrariamente a manifestantes o de violar sus derechos en cualquier otra forma, de acuerdo con los protocolos vigentes.
  3. Poner en marcha, de manera inmediata, mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas.
  4. Reforzar y reestructurar los procesos de formación, entrenamiento y capacitación de las personas integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo un enfoque étnico-racial y de género.
  5. Usar protocolos de actuación y creación de mecanismos de rendición de cuentas, en ámbitos de formación, que promuevan que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) cumpla funciones de garantía del orden público y el ejercicio del derecho a la protesta.
  6. Separar a la Policía Nacional y al Esmad del Ministerio de Defensa, a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad y evite toda posibilidad de perspectivas militares.
  7. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado, por medio de la investigación, de forma imparcial, exhaustiva y expedita de las denuncias de violación de derechos humanos. Lo mismo que juzgar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas y sus familiares.

Por ahora, es importante esperar la evolución del proceso de diálogo y concertación con la ciudadana y con expertos sobre la reforma, así como los debates que se darán en el Congreso.

En Colombia es un proyecto de ley el que entra y otro el que sale, pero es claro que un “Frankenstein” no es deseable. La reforma debe cambiar la doctrina y el actuar de los policías en tiempos adversos.

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Iván Mauricio Gaitán

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Iván Mauricio Gaitán

*Politólogo, magíster en Estudios Latinoamericanos y candidato a doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

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El aumento de los abusos, los escándalos de corrupción y la impopularidad de la Policía hacen de la reforma un asunto prioritario.

Iván Mauricio Gaitán Gómez*

25 años de militarización

La Policía Nacional fue reformada en 1994, cuando los organismos de seguridad y defensa perdían legitimidad y control territorial frente a los grupos armados ilegales. Esta reforma militarizó gradualmente a la Policía y cambió su doctrina de manera radical.

Gracias a la reforma, la Policía empezó a involucrarse en combates militares con armamento propios del ejército y en operaciones antinarcóticos en asocio con grupos antisecuestro del Gaula.

Importa recordar que desde comienzos del siglo XX, la Policía desempeñaba funciones de control militar sin ningún tipo de regulación en municipios alejados. Ese fue el caso de la Masacre de las Bananeras y de los ataques contra las guerrillas liberales que tuvieron lugar durante la década de los cuarentas y los cincuentas.

Sin embargo, después de la reforma del 94 la Policía empezó a recibir ayuda de Estados Unidos en el marco del Plan Colombia, lo cual le permitió engrosar sus filas y recibir entrenamiento militar por parte de unidades especiales de seguridad y justicia de ese país. En ese entonces, la Policía empezó a tener mayor protagonismo dentro del Comando General de las Fuerzas Militares para operaciones especiales y conjuntas con el ejército, la armada y la fuerza aérea.

Las nuevas fuerzas especiales de la Policía empezaron a asumir funciones típicas de otras fuerzas armadas, como pilotear helicópteros, avionetas y lanchas de tipo militar, lo cual causó tensiones con esas fuerzas, pero también dio pie a que tuvieran más contacto con ellas.

La Policía de hoy

Actualmente, la Policía cuenta con ocho regionales, 7 metropolitanas y 34 departamentos, incluyendo la zona del Urabá y del Magdalena Medio. Según el Centro de Observación Prospectivo del Direccionamiento del Talento Humano de la Policía, tiene 172.467 miembros, 145.386 hombres y 27.081 mujeres. En total, hay 186.293 uniformados, 7.571 oficiales, 136.406 son suboficiales y 74 son personal ejecutivo. Estas cifras son comparables a las de los ejércitos de cualquier país latinoamericano.

Hay que agregar que la Policía colombiana no depende del Ministerio de Gobierno o de Justicia como en otros países, sino del Ministerio de Defensa, lo cual ha permitido que conductas delictuosas sean juzgadas por la justicia penal militar, pese a que en la Constitución y en el Código Penal, la Policía es concebida como un ente civil.

Es inverosímil que la misma institución que ejerce la fuerza en el conflicto interno y en la lucha contra grupos armados ilegales sea quien controle las manifestaciones sociales y la seguridad ciudadana.

Una crisis institucional

Según la encuesta de Invamer, en abril de 2020 la Policía tenía una favoralidad del 75%. La misma encuesta reporta que, tras las manifestaciones sociales, la desfavorabilidad de esta institución llegó al 56%, una de las peores cifras reportadas en los últimos años.

Por su parte, el Centro de Estudios Monitor de Fuerza Letal, dedicado a estudiar los abusos de las fuerzas del orden en América Latina, señala que las policías brasileña, venezolana y salvadoreña presentan los peores índices de brutalidad del continente. Sin embargo, reconocen que las cifras de Colombia son alarmantes, especialmente si se comparan con las de Chile o México, países donde la policía ha reprimido a los ciudadanos usando técnicas militares.

Es inverosímil que la misma institución que ejerce la fuerza en el conflicto interno y en la lucha contra grupos armados ilegales sea quien controle las manifestaciones sociales y la seguridad ciudadana

A través de su cuenta de Twitter, José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch, señaló que “las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía colombiana no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”. Así mismo afirmó que “se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la Policía de las Fuerzas Militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes”. Es evidente que la Policía colombiana cada vez es más represiva y está menos dispuesta al diálogo. Se trata de una institución que se salió de control.

Justamente por eso, es sorprendente que el pasado 4 de julio el Tribunal de Bogotá le diera vía libre al ESMAD para usar el dispositivo Venon, una de las armas que más muertos y heridos ha dejado en los últimos meses. Sin embargo, el Tribunal insiste en que este dispositivo es uno de los menos letales, y está regulado para que sea manipulado únicamente por el ESMAD.

Heidy Sánchez, la concejal que interpuso la acción de tutela para prohibir el uso de este artefacto, apelará porque cree que la decisión del Tribunal viola la protección del derecho a la manifestación pacífica.

Foto: Facebook Policía Nacional Los ciudadanos no confían en la policía y las prácticas corruptas dentro de la institución no son poco frecuentes.

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Delincuencia y corrupción

Además del aumento exponencial de los abusos, la Policía colombiana está envuelta en varios escándalos de corrupción, que incluyen mal manejo de recursos en contrataciones, alianzas con grupos narcotraficantes y bandas delincuenciales.

Entre 2012 y 2014, viviendas inconclusas destinadas a familiares de los Comandos Jungla de la Policía pasaron a ser clasificadas como detrimento patrimonial por la Contraloría por un valor de 5.132 millones de pesos.

Según la Inspección de la Policía Nacional, en 2016 fueron capturados 650 uniformados por diferentes delitos, en 2017 hubo 583 capturas y en 2019 más de 500. Los delitos más comunes fueron concierto para delinquir, concusión, cohecho, hurto, homicidio y violencia intrafamiliar.

Es evidente que la Policía colombiana cada vez es más represiva y está menos dispuesta al diálogo. Se trata de una institución que se salió de control.

A lo anterior hay que sumarle que entre 2016 y 2018, se registraron 10.600 medidas disciplinares contra uniformados por actos de corrupción que culminaron en 2.350 destituciones y 3.900 suspensiones.

Según algunos reportes, el Clan del Golfo realiza pagos regulares a algunos uniformados para que permitan el paso de tractocamiones con mercancía hurtada. Así mismo, algunas fuentes denuncian la presencia de uniformados en bandas dedicadas al hurto en Transmilenio.

El abuso policial, la militarización y los casos de corrupción ponen en evidencia que el país necesita con urgencia una reforma policial. Como expresaron los congresistas que radicaron un proyecto de ley en este sentido: “Después de varios intentos de quitarle el carácter militar a la Policía, buscamos un cambio en la institución que responda a las condiciones de la sociedad y de la democracia”

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Iván Mauricio Gaitán

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Iván Mauricio Gaitán

*Politólogo, magíster en Estudios Latinoamericanos y candidato a doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

Pixabay Chuzadas

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Ivan Mauricio Gaitan

Los procesos contra dos funcionarios del gobierno Uribe por las “chuzadas” del DAS podrían no quedar en nada. Es lo mismo que ha ocurrido con otros casos de interceptación atribuidos a agentes del Estado.

Iván Mauricio Gaitán*

La alerta de la Fiscalía

El pasado 15 de febrero, la Fiscalía alertó sobre la posibilidad de que dos procesos penales relacionados con las interceptaciones ilegales del DAS precluyan en septiembre de este año, es decir, se cierren por agotarse el plazo legal establecido antes de llegar a juicio.

Esta vez se trata de Edmundo del Castillo, que fue secretario jurídico de presidencia durante el segundo periodo de Álvaro Uribe; y César Mauricio Velázquez, quien fue su secretario de prensa.

Ambos están acusados de “obtener información ilegal, conocer de seguimientos y de documentos para desprestigiar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a la exrepresentante a la cámara Yidis Medina” en alianza con funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y grabar de manera clandestina reuniones de magistrados, presos en la Picota y diversas diligencias de la Corte Suprema.

Y no sería la primera vez dentro de este caso. Los procesos contra Sergio Augusto González Mejía (abogado defensor del paramilitar José Orlando Moncada Zapata, alias “Tasmania”) y Diego Álvarez Betancourt (defensor del paramilitar Sergio Antonio López alias “Job”), que enfrentaban la misma acusación, ya prescribieron.

Después de doce años, todos podrían quedar exonerados de cualquier responsabilidad.

La famosa reunión

El abogado González Mejía ya había sido condenado en 2012 por comprobarse que pidieron a alias “Tasmania” mentir en una declaración contra el magistrado Iván Velázquez, que investigaba a Álvaro Uribe y a los denominados “parapolíticos” donde se incluían a su hermano Santiago y a su primo Mario (exsenador condenado).

Por su parte, el abogado Álvarez Betancourt fue quien ingresó al Palacio de Nariño en abril del 2008 con Severo Antonio López alias “Job” (emisario de Don Berna y miembro del Bloque Cacique Nutibara) y con Rodrigo Zapata (mano derecha de Vicente Castaño).

Allí se reunieron con:

  • Edmundo del Castillo,
  • Cesar Mauricio Velásquez,
  • Juan José Chaux (exgobernador y exembajador ante República Dominicana, condenado por parapolítica por acusaciones de alias “H.H”),
  • Una delegada de Martha Leal (ex subdirectora del DAS), y
  • Óscar Iván Palacio (ex asesor de Álvaro Uribe en la Gobernación de Antioquia).

Según testimonios del mismo alias Don Berna, el propósito del encuentro era acordar una estrategia para desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema en un montaje que involucraba interceptaciones ilegales realizadas por miembros del DAS.

En el caso “Andrómeda”, donde interceptaron a los jefes negociadores del gobierno en las conversaciones de La Habana, van seis condenados, todos de bajo rango.

Tres meses después de la reunión, el 28 de julio de 2008, fue asesinado alias “Job”, y de allí en adelante murieron varios testigos de su muerte. Esto indica un posible esfuerzo por borrar parte de la historia y se suma a las maniobras dilatorias usadas para no avanzar en el caso de las interceptaciones y mucho menos comenzar un juicio.

Por estas razones y por la posible preclusión de los casos, la Fiscalía solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que se declare la complejidad excepcional, que consiste en que un juez se dedique exclusivamente a este proceso para que avance más rápido y evitar que precluya, como ocurrió con el caso de los abogados González y Álvarez.

Foto: Pixabay Las chuzadas van quedando impunes

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Las chuzadas del Ejército

Pero estas no serían las únicas investigaciones que pasarían al olvido.

También lo harían aquellas interceptaciones W, escuchas o perfilamientos del Ejército:

  • Las realizadas al proceso de paz con el fin de hacerlo entrar en crisis, denominada “Operación Andrómeda” (2014), y
  • Las carpetas con perfilamientos y seguimientos (2020) para atacar judicialmente y/o desprestigiar en redes sociales a líderes que se opongan al gobierno.

En el caso “Andrómeda”, donde interceptaron a los jefes negociadores del gobierno en las conversaciones de La Habana, van seis condenados, todos de bajo rango. Aún brilla por su ausencia una responsabilidad en la cadena de mando. La Procuraduría en su momento resaltó que algunos mandos habían sido relevados de sus cargos, pero la investigación y los juicios condenatorios recayeron exclusivamente sobre mayores y cabos sin poder dilucidar para quién iba la información.

En el caso de las carpetas del Ejército, son más 130 perfilamientos o “trabajos especiales” sobre personas civiles, políticos de oposición, periodistas, defensores de derechos humanos y sindicalistas. Esta información se solicitó vía tutela para saber a quiénes estaban dirigidos dichos perfilamientos, pero hasta ahora no se cuenta con la información, ni con responsables judiciales.

Esas operaciones incluyeron herramientas informáticas que permitían recolectar datos de las personas para elaborar informes de inteligencia militar. A información incluía desde redes sociales, correos electrónicos, direcciones, teléfonos, identificación de familiares, amigos y colegas hasta infracciones de tránsito y lugares de votación.

A esto se sumaron seguimientos a periodistas nacionales e internacionales, que terminaron en el envío de sufragios y amenazas. Estas operaciones se financiaron con recursos de una unidad de inteligencia extranjera, lo que llevó al Senador de Estados Unidos Patrick Leahy a exigir una explicación del desvío de recursos de cooperación para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo hacia una persecución política y militar.

Lo cierto es que cada año y desde hace dieciocho, se anuncian medidas, relevos, investigaciones exhaustivas y expulsión de las “manzanas podridas”, pero las “chuzadas” y exoneraciones continúan, manteniendo una prensa espiada y a una democracia en vilo.

Son más 130 perfilamientos o “trabajos especiales” sobre personas civiles, políticos de oposición, periodistas, defensores de derechos humanos y sindicalistas.

Todas las operaciones se llevaron a cabo en batallones de ciber inteligencia (BACIB) adscritos a brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (BACSI). Ambos dependen del Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (CAIMI) y del Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (CACIM).

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Por esta razón, lo único que queda ante el caso del DAS y las operaciones “Andrómeda” y otras tantas denominadas “especiales” de las Fuerzas Militares, es un control mixto de la inteligencia en el marco de una Ley de que por ahora en este gobierno no se verá.

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Iván Mauricio Gaitán

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Iván Mauricio Gaitán

*Politólogo, magíster en Estudios Latinoamericanos y candidato a doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

Foto: Presidencia de la República - Nuestras democracia es como un orangután con sacoleva: Muy formal en el papel, muy débil y secutirizada en la realidad

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Ivan Mauricio Gaitan

La Policía y el gobierno parecen tener un matrimonio por conveniencia, pero con miras a un posible divorcio con la ciudadanía. ¿Qué ha pasado?, ¿por qué ocurre? ¿es necesaria una reforma?

Iván Mauricio Gaitán*

A pesar de ser un Estado Social de Derecho y una democracia participativa desde 1991, Colombia aún registra profundos rezagos de exclusión política que dejan al descubierto ficciones democráticas.

Incluso, podríamos referirnos a ciertos periodos presidenciales de la historia colombiana como una democradura, como lo referencian O´Donnell y Schmitter o como un “orangután con sacoleva”, como los caracteriza Francisco Gutiérrez Sanín. Al parecer, el único fin de algunos gobiernos ha sido mantener la estabilidad ante amenazas de “enemigos internos o externos”, para lo cual los organismos de seguridad han sido aliados fundamentales, que permiten desconocer a los otros en vez de reconocerlos como adversarios, con los cuales se podrían construir consensos.

Un pasado problemático

En Colombia, las fuerzas de seguridad del Estado han tenido una relación cercana con la política, el poder y el ejercicio de la violencia:

• Entre 1948 y 1962, las fuerzas de seguridad estuvieron intensamente politizadas y participaron activamente en la violencia bipartidista.
• Entre 1962-1982 debido al conflicto armado interno, los organismos de seguridad jugaron un rol de vigilancia represiva y control en el marco de la lucha antisubversiva al punto de reprimir severamente el paro de 1977 y de decretar un Estatuto de Seguridad Nacional (1978-1982) que configuró una violación masiva de derechos humanos.
• Desde 1986 se vincularía de lleno a las fuerzas de seguridad en la “guerra contra las drogas” securitizando y militarizando el problema (Iniciativa Regional Andina 1988 y Plan Colombia 1998)
• Y una etapa de 1993 a 2010 de modernización, transformación y adaptación del Ejército y la Policía con Fuerzas Especiales, donde a la Policía se le agregaron veinte servicios especiales que profundizaron su rol militar y la llevaron a depender del Ministerio de Defensa y no del Ministerio del Interior.

“Militarización” en vez de “Policización”

La era de militarización de la Policía Nacional comienza con la Ley 62 de 1993 y se profundiza con el Plan Colombia durante el periodo de gobierno de 2002-2010, alejándose de su carácter preventivo, social, comunitario y de convivencia, para convertirse en una institución reactiva, con enfoque punitivo y militar. Entre otras funciones militares, se desplegarían con nuevo armamento militar, en áreas de combate, con grupos anti-terroristas y anti-secuestro.

En medio de esos cambios, se creó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que tiene por objeto “controlar los disturbios, las multitudes, los bloqueos y hacer acompañamientos a desalojos de espacios públicos o privados, en lugares donde haya una eventual materialización de hechos terroristas y delincuenciales”.

Además, la Policía adquirió armas “no letales”, como la pistola “taser” (2012) con la que fue agredido Javier Ordóñez, haciendo evidente que, a pesar de los protocolos existentes, el uso indebido de estas armas puede ser letal y su uso desmedido contra la ciudadanía es denunciado por el Comité Contra la Tortura de la ONU.

Foto: Alcaldía de Saravena, Arauca - La militarización de la Policía acabó alejándola de su espíritu civil.

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Aumento de los poderes

Además del proceso de militarización, la tendencia ha sido el aumento de poderes a la Policía. En 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) otorgó más poderes sobre las libertades ciudadanas. Por ejemplo, permitió que los uniformados ingresen a una vivienda sin previa orden judicial cuando se presentan posibles alteraciones al orden público o cuando existe un peligro para los ciudadanos que allí habitan.

El Código le dio a la Policía el control de ciertas contravenciones y fortaleció la policía judicial. El propósito era descongestionar la justicia, pero la consecuencia no fue la esperada: en realidad, el Código convirtió a la Policía en una especie de ente judicial, casi juez y parte al mismo tiempo.

A los múltiples y variados poderes se ha sumado la ciberseguridad. La Policía cuenta ahora con salas de crisis inteligentes, equipos de interceptación y triangulación, y software para rastrear a posibles “terroristas” en redes sociales. Desde luego, esta nueva función también ha resultado en violaciones a la intimidad de las personas, en abusos y persecución de opositores.

Por otra parte, el gasto militar hacia la policía también ha aumentado. En 2019, Colombia fue el país con más gasto militar de la región, sumando lo que cuesta el Ejército y la Policía. Sin embargo, algo debe estar fallando, pues ese gasto no se ha traducido en un éxito del Estado: por ejemplo, no se ha ganado la guerra contra los grupos armados ilegales, ni contra las drogas.

Para 2020, como consecuencia de la pandemia, el Estado obligó a las autoridades a limitar aún más las libertades ciudadanas y a otorgarle mucho más poder a la Policía por decreto presidencial. De este modo, la Policía se convirtió en la máxima autoridad de control.

Por último, la Policía invierte una fuerte suma en manejo de medios y propaganda institucional. El entrenamiento en manejo de redes, noticias, comunicados, manejo de crisis y portavoces, provienen del presupuesto público, y en él se ve una apuesta tanto por mejorar la imagen institucional, como por desarrollar campañas para desviar la objetividad ante los hechos o defenderse con solidaridad de cuerpo ante abusos policiales.

Parecería que se busca ocultar hechos, enaltecer otros que humanicen a la fuerza, o realizar atribuciones de responsabilidad, juicios morales, entre otros, para construir amigos-enemigos en los medios de comunicación.

Entre la justificación de los actos del servicio y la violencia policial

La ola de protestas que estalló el 9 de septiembre por el asesinato de Javier Ordóñez a manos de la Policía dejó un balance desolador:

• Al menos 14 personas fueron asesinadas;
• 72 fueron heridas con arma de fuego;
• Más de 500 resultaron lesionadas.

A pesar de esto, el presidente Duque se ha negado a apoyar una reforma de la Policía. Su estrategia ha sido minimizar los casos de violencia policial y tratar de mejorar la imagen de la institución. El objetivo es pasar la página mediante estrategias como las de:

• Pauta publicitaria;
• Narrativas en medios masivos de comunicación;
• Apoyo a la institución con alocuciones presidenciales;
• Actos simbólicos y conmemorativos;
• Entrevistas y pronunciamientos de altos mandos policiales;
• Comunicados de ministros, altos consejeros y líderes que expresan su apoyo a la Policía.
• Manejo de las redes sociales institucionales para “exponer” a los supuestos culpables.

Lo que llamó la atención es que el Gobierno construyó una narrativa que presenta a los miembros de la fuerza pública como “las víctimas” y a los protestantes como “vándalos”, afirmando sus nexos con grupos armados ilegales y terroristas haciendo uso de las redes sociales y las interceptaciones telefónicas para identificar a quienes cometieron los hechos vándalicos, olvidando por completo los asesinatos y los reclamos sociales.

En ese contexto, no sería raro que en los próximos días se hable de la influencia del régimen de Venezuela en las protestas, como una estrategia para desestabilizar al país y traer el “castrochavismo” o el “neosocialismo”.

Foto: Facebook Secretaría de Seguridad de Bogotá - Los policías cuando cometen abusos no creen que serán castigados porque son investigados por sus mismos compañeros.

Lea en Razón Pública: Policías y estudiantes: ¿cómo manejar y cómo no manejar las protestas callejeras?

La policía se resiste al cambio

Los policías no han rechazado los abusos de sus colegas. Por el contrario, justifican los excesos del servicio como efectos propios del contagio del abuso de la fuerza en momentos de tensión o de la necesidad de aceptación de los pares para ser concebido como un policía de mano dura, ser respetado y escalar en su carrera. Pero esto nos lleva a considerar que, a pesar de su formación, los policías están como una matriuska: en la que las diversas muñecas deben ensamblarse perfectamente para ser reconocidos como miembros del grupo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el policía es un actor racional que sopesa los costos y beneficios de sus actuaciones. Pero, lamentablemente, el costo de cometer una arbitrariedad es alto y la probabilidad de un castigo es muy baja. Los policías no le temen a una sanción disciplinaria porque esta nunca vendrá o habrá solidaridad de cuerpo. Y lo único evidente es que el abuso es una decisión consciente que se toma por la falta de controles y de formación integral.

Por esta razón, en un Estado Social de Derecho pluriétnico y multicultural como el colombiano, no es sano que una fuerza de seguridad concentre tantas funciones y tenga tan pocos contrapesos. La crisis de legitimidad que hoy sufre la Policía demuestra que existe un matrimonio de conveniencia entre el gobierno y la Policía para enfrentar esta crisis de legitimidad, y respondiendo a la afirmación pública del General Jorge Luis Vargas (Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional) el divorcio entre la Policía y ciudadanía podría estar a la vista sino se da una reforma en la institución que corrija la tendencia actual.

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*Politólogo, magíster en Estudios Latinoamericanos y candidato a doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

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Las interceptaciones ilegales han sido casi una costumbre de los últimos años en Colombia, pero esta vez las noticias son más desconcertantes. Qué está pasando y cuál es el remedio.

Iván Mauricio Gaitán* Continue reading «¿‘Chuzadas’ sin dueño? Ajúa!»

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*Politólogo, magíster en Estudios Latinoamericanos y candidato a doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

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Ivan Mauricio GaitanEl caso Guatibonza es apenas el eslabón más reciente de una secuencia ya larga de usos desviados de la inteligencia del Estado para servir intereses de los particulares. Aquí hallará la historia resumida.

Iván Mauricio Gaitán*

Continue reading «Interceptaciones ilegales: un problema de siempre»

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*Politólogo, magíster en Estudios Latinoamericanos y candidato a doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

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