Aunque muchas instituciones vigilan y controlan al Ejército y la Policía, cada vez son más los escándalos y abusos de su parte. ¿Cuáles son las reformas necesarias para cambiar esto?
Equipo Editorial de Razón Pública Para la Alianza Razón Pública – Friedrich Ebert Stiftung en Colombia*
¿Quién controla a la fuerza pública?
En agosto de 2020, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL) convocaron a un grupo de expertos para discutir sobre la crisis y necesidad de reforma de la fuerza pública en Colombia.
El debate partió de la preocupación por los escándalos de corrupción en la institución, exacerbados por los abusos en el manejo de las protestas de noviembre de 2019 y septiembre de 2020. También se identificaron otros episodios muy graves de violaciones de derechos humanos, como la violación de una niña de la comunidad embera por parte de siete soldados.
En ese contexto, era necesario entender el funcionamiento y las fallas de los mecanismos de supervisión de la fuerza pública. En Colombia existen diversas instituciones con la responsabilidad de vigilar y controlar a las instituciones encargadas de la seguridad, entre ellos los ministerios de Defensa, del Interior y de Justicia; la Procuraduría General de la Nación; y los jueces penales ordinarios y militares. Si existen estas instituciones y mecanismos, ¿por qué los escándalos y los abusos por parte de la fuerza pública no paran?
Once expertos convocados por la FIP y FESCOL, que han investigado durante años las políticas de seguridad ciudadana y reforma a la fuerza pública, respondieron a esta pregunta y formularon siete recomendaciones que se resumen en este texto.
Seis tendencias negativas
En general, existen seis tendencias o patrones que dificultan el ejercicio de la supervisión y control civil sobre la fuerza pública:
- La excesiva capacidad de influencia de los militares
La facultad de la fuerza pública para mantener el orden le ha otorgado una enorme capacidad de influencia sobre las autoridades civiles responsables de la seguridad. Esta influencia es producto de su capacidad para usar la fuerza de forma legítima y de llevar a cabo labores de inteligencia.
- La falta de independencia de las entidades de control
Las entidades que deben dirigir y controlar a la fuerza pública suelen actuar con extrema cautela para no desestabilizarlas ni poner en riesgo su función de proveer seguridad. Por eso, en lugar de ejercer una supervisión decidida, optan por darles libertad y apoyo, lo que les puede restar independencia.
- El aumento de la autonomía de la fuerza pública
Debido a lo anterior, la fuerza pública ha ganado una excesiva autonomía en los últimos años, lo que ha dificultado reformarla. Adicionalmente, muchos sectores ciudadanos y políticos ven en la fuerza pública una solución efectiva a muchos retos del Estado, por lo que consideran que las ramas del poder público no deben interferir con su labor.
- La falta de controles democráticos
Por las lógicas del conflicto armado, la fuerza pública ha carecido de controles democráticos fuertes y de un liderazgo civil que ponga en el centro al ciudadano. A su vez, esto les ha impedido a las ramas del poder publico y los organismos de control ejercer una supervisión efectiva sobre la fuerza pública y fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la justicia.
- La desconfianza entre la sociedad y la fuerza pública
La ciudadanía desconfía cada vez más de la fuerza pública y viceversa: los civiles temen que militares y policías abusen de su poder, y la fuerza pública le teme a la violencia ciudadana, pues sabe que no cuenta con su respaldo. Ese temor llega incluso a quienes ejercen los controles disciplinarios y quieren evitar afectar la reputación y legitimidad de las instituciones de seguridad.
- La resistencia a los cuestionamientos
Muchos miembros de la fuerza pública creen que la supervisión, el control civil y la crítica son una amenaza. Como consecuencia, ha surgido una “cultural del secretismo”, que consiste en ocultar y manipular información relevante que podría dejar mal parada a la institución, en vez de hacerla visible y someterla al debido proceso.
Siete recomendaciones
Estos seis patrones muestran la necesidad de impulsar una reforma que permita reorientar el liderazgo y control civil sobre la fuerza pública. Las primeras tres se dirigen a las fuerzas militares y a la Policía, y las últimas cuatro se dirigen solo a esta última:
- Liderazgo civil competente e independiente
Para recuperar la confianza de la ciudadanía y otorgar legitimidad a las reformas, es indispensable que los civiles asuman un papel activo en la supervisión de la fuerza pública. Esto implica transformar el liderazgo que se ejerce desde el ejecutivo, el Congreso, la justicia y los organismos de control para que se antepongan los intereses de la ciudadanía sobre los intereses políticos y económicos, con recursos y capacitaciones que cualifiquen la labor de control.
- Persecución penal efectiva de los delitos cometidos por la fuerza pública
Es necesario impulsar una reforma constitucional para que las cortes militares solo se encarguen de las conductas estrictamente militares y la justicia ordinaria pueda sancionar los delitos de violencia o corrupción cometidos por miembros de la fuerza pública.
Además, se debe reformar la Ley 1765 de 2015 para que la Justicia Penal Militar sea independiente de la fuerza pública y esté en manos de expertos. Por último, se debe aumentar la capacidad estratégica y analítica de la Fiscalía, y crear y fortalecer unidades de derechos humanos en regiones donde el Ejército y la Policía desarrollan operaciones intensivas.
- Control político objetivo y fortalecido
Con el fin de fortalecer el control político que ejerce el Congreso sobre la fuerza pública, se deben capacitar a los congresistas sobre el funcionamiento del sector seguridad y los derechos humanos. Adicionalmente, se deben modificar los patrones de relacionamiento entre el legislativo y el sector defensa para promover la transparencia y la independencia de ambas instituciones. También se deben diseñar e implementar protocolos para la clasificación de la información y sus categorías de confidencialidad.
- Una reforma policial que proteja los derechos de la ciudadanía y promueva la transparencia
El objetivo de la reforma a la fuerza pública debe ser recuperar la confianza de los ciudadanos. Para lograrlo, es necesario mejorar el acceso libre y transparente a la información, fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y aumentar los controles para prevenir la corrupción y el abuso. Además, toda reforma debe basarse en criterios técnicos respaldados por evidencia.
- Mayor control por parte de los alcaldes
Aunque normativamente los alcaldes son la primera autoridad de policía en sus territorios, en la práctica esta autoridad tiene muchos vacíos y zonas grises. Para aclarar los papeles y concertar prioridades, los alcaldes deberían asumir el liderazgo de la política de seguridad en su jurisdicción. En ese sentido, deberían tener la posibilidad de concertar la selección del comandante de policía en su territorio y también propiciar su retiro cuando sea necesario.
- Un cambio en el modelo de policía
Para regular el comportamiento ciudadano, la policía hace uso de la fuerza y la coerción e impone sanciones a las y los ciudadanos. Este modelo, que mina la confianza de la ciudadanía en la institución, debería cambiarse por uno que permita fortalecer la prevención, priorizar la garantía de la convivencia y robustecer la capacidad de agencia y la participación de las comunidades.
- Incentivos y condiciones para evitar los abusos
Las normas y los protocolos no aseguran que la policía deje de abusar de la fuerza. Por eso, el modelo de mando y control que se basa en la vigilancia y el control disciplinario debe ser reemplazado por un modelo autoregulatorio, que motive a los policías a seguir las reglas porque creen en ellas y no porque quieran evitar un castigo.
Para cambiar la actitud de los miembros de la policía, es necesario que se creen las condiciones para que se sientan satisfechos y comprometidos. Un policía contento está más dispuesto a prestar un mejor servicio a la comunidad de manera autónoma y responsable.
* Este texto forma parte de la alianza entre Razón Pública y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL) y se basa en el documento titulado “Siete recomendaciones para desbloquear el direccionamiento, supervisión y control civil de la fuerza pública” del grupo de expertos de la FIP y FESCOL. El documento original puede consultarse en este enlace.
