Las altas y las bajas de la política y de la vida diaria en Venezuela no se pueden entender sin el petróleo. Por eso este repaso de cómo llegaron y que hicieron las multinacionales – y de por qué el Estado se quedó con la industria- es el real preámbulo de lo que está pasando.
Eddie Ramírez S.*
Una larga historia
El petróleo era conocido en América antes de la llegada de los españoles. Los indígenas lo tomaban de afloramientos conocidos como ¨menes¨ y los utilizaban para impermeabilizar pequeñas embarcaciones así como también con fines medicinales.
En 1878, un grupo de emprendedores venezolanos fundó la compañía Petrolia del Táchira, que perforó varios pozos y construyó un alambique que llegó a producir 15 barriles de kerosén por día (b/d). Esta compañía funcionó hasta 1934.
Pero la industria del petróleo moderna es una actividad compleja, que requiere recursos humanos calificados, tecnología y grandes inversiones. Por eso para su desarrollo en Venezuela fue necesario apelar a empresas extranjeras, la primera de las cuales ingresó al país en 1901.
En 1975 Venezuela nacionalizó o, mejor dicho, estatizó la industria de los hidrocarburos.
- ¿Cómo evolucionó esta industria en manos de las transnacionales y posteriormente de los venezolanos?
- ¿Por qué Venezuela llegó a ser el primer exportador y el segundo productor mundial, con un pico de 3.366.000 b/d, pero hoy solo produce 1.938.000 b/d?
- ¿Cuál ha sido el impacto de la industria petrolera en la economía venezolana?
Las transnacionales
 Primer pozo petrolero con producción industrial en Venezuela, ubicado en el parque recreacional “La Petrolia”. Foto: Wikimedia Commons |
Siguiendo una tradición que viene de la Corona Española, en Venezuela las minas pertenecen a la nación y esta las puede explotar directamente u otorgarlas a operadores privados. En el caso de los hidrocarburos, el Estado cedió a manos privadas terrenos para explorar y extraer el crudo por un tiempo determinado, mediante la modalidad de concesiones,
Las concesiones fueron otorgadas por los presidentes Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, López Contreras y Medina Angarita a ciudadanos venezolanos, quienes de inmediato las traspasaron a empresas extranjeras. Los dos primeros gobernantes se beneficiaron personalmente con esas transacciones.
La primera concesión se otorgó a principios del siglo XX. En 1945, la Junta Cívico-Militar, presidida por Rómulo Betancourt, eliminó la política de concesiones, que fue reanudada por el dictador Pérez Jiménez en 1956 y abolida definitivamente por el presidente Betancourt en 1959.
Las primeras empresas extranjeras en llegar a Venezuela fueron inglesas y holandeses, seguidas por las estadounidenses. En 1914, el pozo Zumaque I, de la Carribbean Petroleum Co., produjo 200 b/d, y con el “reventón” del pozo Los Barrosos 2, en el estado de Zulia, se inició la producción comercial a gran escala. Las transnacionales, entre ellas Shell, Creole, Mene Grande, Chevron y Gulf, extrajeron, refinaron y comercializaron el petróleo hasta 1975.
Desarrollo, industria y capital extranjero
Cuando arribaron las compañías extranjeras, Venezuela era un país rural, sometido a una dictadura, atrasado, con elevado índice de pobreza, alta incidencia de paludismo y muy pocas carreteras. Las únicas actividades de cierta importancia eran las exportaciones de café y cacao, sujetas a los vaivenes de los precios. Ya en 1927 el ingreso de divisas por las exportaciones de petróleo superó las de estos dos productos.
Para poder atraer recursos humanos a los sitios remotos donde operaba la industria petrolera, las compañías construyeron barrios cerrados o campos residenciales para sus empleados extranjeros. Estos espacios contaban con buenas viviendas, aire acondicionado, piscinas e instalaciones deportivas.
Los obreros que provenían de actividades de pesca y agricultura no tenían vivienda, su salario era muy bajo, trabajaban durante diez horas al día y, pese a laborar en áreas de intenso calor, no se les suministraba agua fría. Estas condiciones fueron la razón de una huelga en 1925 y otra en 1936.
Gradualmente las compañías construyeron viviendas para sus obreros y comisariatos para la provisión de comida a precios subsidiados, aumentaron los salarios e introdujeron otras medidas para mejorar las condiciones de vida. El trabajador petrolero alcanzó un mejor nivel de bienestar que el del común de los venezolanos.
Mientras tanto los gobiernos locales se preocuparon poco por la vida de quienes habitaban alrededor de los campos petroleros, con lo cual se agravaron las diferencias entre los de “adentro” y los de “afuera” y, lógicamente, se creó cierto resentimiento.
Altas y bajas de la política petrolera
En 1920 se promulgó la primera Ley de Hidrocarburos, que tuvo varias modificaciones en años sucesivos.
En general, las disposiciones gubernamentales fueron muy favorables para las empresas extranjeras, que incluso participaban en la redacción de las normas porque, según el dictador Gómez, ellas “eran las que conocían el negocio”. Gracias a estas normas, las transnacionales evadían el impuesto sobre la renta y abusaban de las exoneraciones fiscales por las importaciones que llevaban a cabo.
Sin embargo la Ley Convenio de Hidrocarburos de 1943 estableció el impuesto sobre la renta, uniformizó los contratos de concesiones, determinó que éstas se vencerían en un plazo de 40 años (o sea en 1983), y obligó a las empresas tanto a llevar libros de contabilidad como a construir refinerías en el país.
Aunque esta ley buscaba limitar las ventajas de las transnacionales y normalizar su funcionamiento, ignoró las enormes irregularidades cometidas en el proceso de otorgarles las concesiones. Cierta ambigüedad de la norma impidió hacer realidad el concepto de que los impuestos pagados por las compañías debían ser iguales a sus ganancias.
La política de concesiones ha sido muy controversial. Según una de las críticas, en 1945 las compañías ocupaban 11.746.768 hectáreas, pero solo operaban en un 1,5 por ciento de estos terrenos. También se criticaba que tales concesiones fueran concedidas a amigos de los gobernantes, quienes se beneficiaron sin correr riesgo ni agregar valor a la industria.
Pero por otra parte hay que tener en cuenta que a mediados del siglo pasado, Venezuela no tenía la capacidad para explorar ni extraer el petróleo. Si no se hubieran otorgado estas concesiones, las compañías extranjeras habrían buscado otros países. Cuando se suspendieron estas prerrogativas, disminuyó la actividad exploratoria, con el correspondiente impacto negativo sobre las reservas. Quizá la mejor decisión habría sido reglamentar el otorgamiento de concesiones y establecer plazos menores para llevar a cabo las explotaciones.
Mientras las multinacionales contaron con el favor del Estado, su producción de crudo alcanzó un pico de 3.366.000 b/d y operaban seis refinerías con una capacidad total de procesamiento de 1.000.000 de b/d. Sin embargo, la contribución de las petroleras al fisco fue aumentando gradualmente.
En 1948 se aprobó la ley que establecía claramente la modalidad de ganancias compartidas (cincuenta por ciento-cincuenta por ciento). En 1958 se aumentó el porcentaje para la nación a sesenta y cinco por ciento, y este fue aún mayor en años posteriores.
Hasta 1967 los precios de referencia para el pago de impuestos fueron fijados por las compañías. Entre esa fecha y 1971 fueron acordados por las empresas y el Estado. De allí en adelante, los estableció el Gobierno venezolano.
El paso a la estatización
 Juan Vicente Gómez, dictador venezolano. Foto: Wikimedia Commons |
A medida que se aproximaba la fecha en que las instalaciones industriales debían pasar a la nación, las transnacionales dejaron de explorar y limitaron sus actividades al mínimo necesario para seguir obteniendo utilidades.
En vista de esta situación, en 1971 el Gobierno promulgó la Ley sobre Bienes que disponía revertir estas propiedades a manos de la nación. En 1974 se nombró una Comisión Presidencial con este fin. En 1975 se produjo el decreto de nacionalización de la industria de los hidrocarburos y se creó Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). El 1 de enero de 1976 la nación venezolana asumió todas las operaciones.
Es preciso destacar que las petroleras hicieron importantes aportes al país a través de instancias como la Fundación Shell y la Creole. La educación, salud, cultura y deporte resultaron beneficiados. Las transnacionales también promovieron una cultura de planificación, fijación y evaluación de metas, así como la puntualidad en el trabajo. Conjuntamente con el Colegio de Ingenieros llevaron a cabo programas de formación de recursos humanos para “venezolanizar” gradualmente a la industria.
Antes de la estatización, los presidentes de la Shell y de la Mene Grande eran venezolanos y en todas las compañías había directores y gerentes generales nacionales. En el momento de la estatización, en toda la industria petrolera operaban solo doscientos trabajadores extranjeros y había diecinueve empresas transnacionales y cuatro venezolanas. Así mismo, La producción había caído a 2.350.000 b/d, la capacidad de refinación era de 1.000.000 de b/d de crudos livianos y las reservas eran de 18.000.000.000 de barriles.
La nación venezolana indemnizó a las compañías por un monto de unos 1.054.000.000 de dólares, de los cuales solo 117.000.000 fueron en efectivo y el resto en bonos de la deuda pública a plazo de cinco años. Algunos criticaron esta compensación, por considerar que esas empresas dejaban considerables pasivos ambientales como consecuencia de la tecnología de la época.
Ante este importante paso, el temor de muchos era que, en manos del Estado, con el tiempo sería difícil evitar que la política partidista se introdujera como criterio para manejar este complejo negocio. Lamentablemente, esto fue lo que sucedió.
* Ingeniero agrónomo, magister en Entomología, Diploma de Posgrado en Economía Agrícola, exvicepresidente de la Fundación Servicio para el Agricultor (Fusagri), presidente de Palmaven, filial de Pdvsa., coordinador Nacional de la Asociación Civil Gente del Petróleo y miembro honorario de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Petroleros.
