En el 2019 fue notoria la transformación de las formas de protesta y sus protagonistas. ¿A qué se debe esta nueva ola de movilización? ¿Cómo debería manejarla el gobierno?
Magda Jiménez*
Sin efecto teflón
Este año la indignación hizo volver la política a las calles. Ciudadanos de todo tipo de orientaciones políticas, económicas, sociales, culturales y sexuales decidieron protestar, marcando el 2019 como el año que logró condensar un movimiento social muy diverso pero masivo y cohesionado.
Se trata de una forma legítima en la que los ciudadanos muestran su molestia: en un régimen democrático de alta calidad debe permitirse y garantizarse el derecho a la protesta. No basta con el cumplimiento de elecciones periódicas, legítimas y reguladas. Esa es una característica necesaria para la existencia de la democracia, pero no es suficiente para que se denomine de calidad.
Por eso sorprende que, mientras el ruido de las cacerolas sigue oyéndose a lo largo del país, los tomadores de decisiones parecen creer que el voto es la única forma legítima de hacer política. En efecto, el gobierno parece mirar con asombro y encontrar ensordecedor e incómodo que la política se haga también en la calle.
El gobierno ha entendido que la movilización social no puede ser subestimada
Aun así, se ha visto forzado a negociar. Gracias a la persistencia de la protesta durante los dos últimos meses del año, los recursos y capacidad de presión de los colectivos sociales articulados en el Comité del Paro Nacional han logrado desnudar que el gobierno del presidente Iván Duque no cuenta con el efecto teflón —cierta inmunidad ante las críticas— que había caracterizado a gobiernos anteriores.
Así, el gobierno ha entendido que la movilización social no puede ser subestimada, estigmatizada por coordenadas ideológicas propias de los momentos más álgidos de la Guerra Fría, y deslegitimada por no hacer la política como a ellos les gustaría, sino como la ciudadanía quiere y necesita.
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La transformación de la protesta
Un elemento importante de esta ola de manifestaciones es que los colectivos sociales que participaron apostaron a protestas pacíficas a medio camino entre la apuesta artística, la reivindicación social, la fuerza del mensaje y la innovación.
Pero la decisión de incluir ciertas actividades en sus repertorios de acción no es gratuita. Al contrario, es producto de una lectura del momento político y los factores institucionales involucrados, como lo son:
- La radicalización del clivaje político-ideológico que pareció caracterizar las elecciones nacionales y subnacionales;
- La desaparición y muerte en diversos territorios de un despiadado número de líderes sociales; y
- La erosión de la gobernabilidad del presidente.
Sin embargo, las formas de la protesta también son producto de un proceso organizativo largo en el tiempo. En realidad, el cambio en las acciones es notorio desde las movilizaciones estudiantiles de 2011, en las que al Paro Nacional Universitario se unieron las marchas de antorchas, la toma de Bogotá, el besatón, abrazatón, desnudatón y muchas apuestas artísticas alrededor del tema educativo.
Por eso no es extraño que las primeras movilizaciones que enfrentó el gobierno Duque en septiembre de 2018 hayan sido lideradas por el movimiento estudiantil.
A esta corriente de innovación se unieron en las protestas de noviembre y diciembre los colectivos ambientales, LGBTI, sindicales, campesinos, de víctimas, o indígenas, además de ciudadanos que comparten esa sensación de que algo no está funcionando. Así, a través de la bulla y en clave colectiva y pacífica, las nuevas acciones lograron articular las múltiples demandas sociales que emergieron en la transición política que significó la firma de la paz con las FARC.
Foto: Facebook 21 N observatorio de la marcha
Las protestas han reunido diversos sectores sociales.
El movimiento social logró legitimar su acción frente a la sociedad y demostrar la veracidad de sus problemas. Todo esto, a partir de acciones como batucadas, cacerolazos, sinfónica a los parques, títeres en marcha, la presencia de la guardia indígena, la clase al parque, performances bailables o pictóricos, la noche de los tambores, el cacerolazo punk, la sentada en el aeropuerto o el carnavalazo.
Finalmente, la protesta ha sido efectiva sentando al gobierno a negociar a través de lo que este ha llamado la “Conversación Nacional”. De esta forma, se ha reconocido que los problemas de la sociedad colombiana no eran producto exclusivo del conflicto armado, sino del modelo económico y el tipo de régimen político que se ha construido hasta el momento.
¿Qué ha fallado?
Varias pueden ser las causas de la movilización social de 2019, pero ninguna de ellas es de carácter coyuntural. Más bien responden a problemas de vieja data que deben ser enfrentados más allá de reformas cosméticas y acuerdos políticos de corto plazo.
Uno de esos problemas, al igual que en el caso chileno, es el tema de la desigualdad económica. Esta tiene efectos dentro de los temas laborales, financieros, educativos, tributarios, económicos, de salud, territoriales, de genero e incluso culturales; y una de sus consecuencias ha sido la erosión progresiva de una clase media emergente, que esta vez se unió a la protesta al ver como se resquebrajan las ventajas alcanzadas.
Las movilizaciones del 2019 han sido desafiantes, pero no al punto de querer derrocar al presidente
A ello se suma, como mencioné anteriormente, la tajante división política que se hizo evidente en el proceso electoral que acabó con la elección de Iván Duque. La separación de actores con características y valores claramente diferenciados impulsó la creación de cierta identidad política. En otras palabras, la polarización previa a las elecciones alimentó una narrativa de conflicto entre gobierno y ciudadanos, una desconexión entre representantes y representados.
Esta, por supuesto, se agrava con la tensión e incertidumbre que produce la gestión de un gobierno que no ha sido capaz de controlar la agenda y tomar decisiones en una Colombia en transición política; pero que insiste en gobernar como en décadas anteriores, sin ver que hay una ciudadanía distinta, con mayor acceso informativo y con cierta capacidad crítica hacia los gobiernos.
De modo que el murmuro se convirtió en bulla nacional también a raíz de: la incertidumbre institucional que produjo la no implementación de los puntos del acuerdo; la violencia contra colectivos sociales en los territorios; la ausencia de una sintonía entre las ramas del poder público para una mayor eficiencia de políticas públicas; y la agudización de la respuesta por parte de las Fuerzas Armadas en cuanto a su lucha contra las disidencias.
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¿Qué hacer?
Es necesario decir que las movilizaciones del 2019 han sido desafiantes, pero no al punto de querer derrocar al presidente como en otras experiencias latinoamericanas. La sociedad civil colombiana comprende que la movilización es una acción política necesaria para presionar en algunos momentos a la institucionalidad, pero juega bajo las reglas constitucionales. Es decir que detrás del desafío hay una tendencia a buscar salidas cooperativas.
Si bien la movilización puede llegar a disminuir en 2020, ello no significa que desaparezca. Más bien, los resultados y puesta en marcha de los acuerdos que surjan de la negociación entre el gobierno y el Comité del Paro marcarán para los colectivos sociales una oportunidad para convocar nuevas y más sofisticadas protestas.
Foto: Facebook: Doctor Krápula
Las actividades culturales en las protestas dieron pie para el inicio de unas nuevas formas de manifestarse.
Eso implica que, para lograr una gobernabilidad más efectiva, el gobierno deberá darles nuevo significado y relevancia a los colectivos sociales como actores políticos indispensables. En otras palabras, es necesario recuperar la conexión con la ciudadanía para lograr mejoras en la capacidad y calidad del régimen político colombiano.
Otra situación a la que se enfrenta el gobierno son los protocolos de respuesta del ESMAD en su compromiso de protección del orden público. En los hechos recientes estos reflejan acciones y visiones que desde las Fuerzas Armadas se tienen del opositor político. Pero en tiempos de transición política esto debe cambiar. Para que el régimen democrático pueda resultar de una construcción común, algunos actores —entre ellos el ESMAD—tendrán que reinterpretar su forma de articulación en la sociedad.
Por último, en sí mismas las movilizaciones son una ganancia democrática que el presidente actual puede capitalizar, si logra mantener un diálogo activo con los colectivos sociales e incluirlos permanentemente en las decisiones cotidianas. De decidirse por una opción más confrontativa, el resultado será la radicalización de la protesta y con ello la vuelta a la calle, un panorama que no resulta atractivo y que puede acabar en una real crisis de gobernabilidad.
*Docente e investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y miembro del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la misma Facultad.
