Mirada Pública julio 17, 2016

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Por Equipo Razón Pública

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

Haciendo cuentas alegres, un campesino de Nariño invirtió hace dos meses $300.000 en semilla de coca, el equivalente para completar la hectárea de tierra que tiene. El resto ya lo tiene sembrado hace más de un año y cada tres meses cosecha lo suficiente para producir unos tres kilos de pasta de coca, con la que saca una ganancia que ronda el par de millones de pesos. De esto deriva el sustento de su familia, en una zona remota del Pacífico en la que su gente reconoce más el nombre de algún comandante guerrillero que del alcalde más cercano.

Como esta familia colombiana hay otras 63.659 –según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI)- que dependen directamente de los cultivos de coca; sin contar la larga cadena de subempleos que produce esta economía en municipios como Tumaco, donde su aumento en los últimos dos años ha superado el 169 por ciento. Algunos expertos en el tema piensan que se trata de cifras conservadoras y que el número de familias en el país que depende de la coca es mucho más grande.

A diferencia de Briceño -primer piloto de sustitución de cultivos- donde hay aproximadamente 200 hectáreas sembradas de coca, Tumaco tiene unas 5.000 hectáreas en condiciones geográficas estratégicas para la exportación de cocaína procesada. Una razón que impulsa el aumento de áreas es la violenta intromisión del negocio en espacios territoriales especiales, como los resguardos indígenas y los Consejos Comunitarios Afrodescendientes.

La familia de este campesino supera los cinco miembros de todas las edades; todos prestos a participar como raspachines en las próximas cosechas. Su hectárea de siembra llega a emplear hasta doce personas durante una semana, lo que produce una densidad de empleo más alta que la de monocultivos como la palma africana.

Las FARC han dicho que "el respeto del territorio y de las territorialidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, la dotación con infraestructura física y social para garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo” son condiciones para el cumplimiento del cuarto acuerdo de La Habana.

Persuadir a campesinos como estos no será tarea fácil, pero si tal y como se pactó en La Habana, el gobierno crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNISC) la Colombia de fondo que habrá que empoderar en el desarrollo rural será la de esas miles de familias de raspachines y labriegos que han vivido la incómoda simbiosis entre el narcotráfico, los actores armados y la pobreza.

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