Política y Gobierno diciembre 8, 2014

La paz del procurador

Por Hernando Gómez Buendía

Aunque fueran razonables y legítimas, las opiniones de Alejandro Ordoñez acerca de la paz son sesgadas o “políticas”. Usar la Procuraduría para difundirlas es un abuso orquestado por los medios. Qué ha dicho el procurador y en qué consiste el abuso.

Hernando Gómez Buendía*

Las opiniones

Busqué en Google “Procurador crítica diálogos de La Habana”, y aparecieron 4.940.000 resultados. Todos los días y en todo tipo de foros y entrevistas, el doctor Ordoñez se pronuncia sobre el proceso de paz, haciendo advertencias y poniéndoles peros a las negociaciones entre el gobierno y las guerrillas.

No intentaré siquiera enumerar esas críticas, porque ellas se refieren tanto al enfoque y los avances del proceso como a los incidentes y a las declaraciones de las partes desde que se publicó el Acuerdo inicial entre el gobierno y las FARC. Pero importa notar que las observaciones y actuaciones del procurador se han extendido a todas las dimensiones del proceso es decir,

· A su alcance, porque “con (los) violentos no se pueden rediseñar el Estado y las políticas públicas”, o sea que no se pueden negociar las reformas.

· A sus interlocutores, como cuando abrió investigación contra los congresistas que viajaron a La Habana, cuando exigió explicaciones al presidente sobre la presencia de ‘Timochenko’ en Cuba, o cuando insistió en que las comisiones de víctimas se redujeran a las de las FARC.

· A sus pre-condiciones, como cuando llamó a Santos a levantarse de la mesa a raíz de la ola de atentados contra la infraestructura, o cuando esta misma semana repitió que las FARC “deben renunciar al secuestro contra civiles y miembros de la fuerza pública de manera absoluta.”

Lo cual no significa que sus críticas carezcan de fundamento, o que no sean ciertas, pero si significa una visión parcializada , exagerada e inexacta del proceso.

· Al contenido de cada uno de los acuerdos alcanzados, el agrario (las FARC deben devolver tierras a los desplazados), el de participación política (los exguerrilleros no pueden “ser parte de procesos electorales u ocupar cargos públicos”) y el de drogas (la “gigantesca operación de lavado de activos”).

· Al contenido de los acuerdos que faltan, el de las víctimas (a quienes las FARC deben “indemnizar con sus recursos”), y sobre todo el de justicia para los exguerrilleros (con sus denuncias constantes sobre la impunidad – el perdón de los crímenes atroces, las penas reducidas…- y su catálogo de nada menos 25 condiciones que habrán de respetarse en el acuerdo).

· A los mecanismos de ratificación y cumplimiento, como su no rotundo a la Constituyente, su no a una Comisión de la Verdad, o su exigencia de que las FARC “entreguen las armas” al final del proceso.

Por otra parte en Google encontré solo dos asociaciones entre “Procurador” y “apoya diálogos de La Habana”: las que informan sobre su apoyo a la reciente suspensión de los diálogos, y las que informan sobre el apoyo del partido conservador a su propuesta de un “pacto nacional” frente a las FARC.

El Presidente Santos en entrevistado en RCN radio.
Foto: Presidencia de la República

El sesgo

Se trata entonces de una oposición comprensiva y persistente del Procurador al proceso de paz entre el gobierno Santos y las FARC.

Con esto quiero decir que Ordóñez no es imparcial u “objetivo” (hasta dónde se puede ser), sino que toma partido y juzga estos asuntos desde una ideología o posición política claramente definida. Lo cual no significa que sus críticas carezcan de fundamento, o que no sean ciertas, o que no correspondan a intereses generales, pero si significa una visión parcial, parcializada y en esta misma medida, exagerada e inexacta del proceso.

Como no hay aquí espacio para mostrar los sesgos en cada una de esas muchas críticas, me limitaré a ilustrarlos brevemente y en relación con sus dos pronunciamientos de esta misma semana:

1. El día lunes, tras el retorno del general Alzate, la Procuraduría expidió un comunicado donde advierte que “las liberaciones no son un acto de paz ni demostración de buena voluntad de las Farc… No merecen ningún reconocimiento, sino la dura condena…por ser prueba de la decisión de la guerrilla de mantener el secuestro como política del grupo”.

Pues está claro que el secuestro es un crimen abominable, que las FARC lo han practicado con descaro y que, según el Ministerio de Defensa, incumplieron su palabra y en este año han secuestrado a 37 personas. Pero de todos los secuestros, el de Alzate sería el menos censurable por tratarse de un oficial enemigo en un conflicto sujeto al derecho internacional humanitario (DIH), cuya falta de uniforme lo hacía más sospechoso (¿o alguien cree que el general cayó en una “pesca milagrosa”?), y que además “fue renunciado” por causa de su “secuestro”.

Sin añadir que, dadas la imprudencia del general y la reacción – digamos, cuando menos, discutible- del presidente Santos, la liberación del general Alzate… sí fue “un acto de paz” y una “demostración de voluntad” por parte de las FARC.

2. El día martes, el presidente habló en RCN de “ampliar el concepto del delito político y los delitos conexos”. Pues el miércoles Ordoñez repitió que el gobierno “quiere blindar de la extradición a los capos de las FARC” y que el narcotráfico no puede ser un delito conexo con la política porque “no tienen nada de altruista”.

Y otra vez: nadie niega la maldad del narcotráfico, ni el daño que nos ha hecho, ni la participación de las FARC en el negocio. Peroexportar drogas es objetivamente menos grave que matar campesinos indefensos, y esta industria ilegal sí es una fuente de financiación para el proyecto político de esa guerrilla.

Sin añadir el punto de más fondo: que se trata de conexidad para efectos de participación política, y no de responsabilidad penal. En otras palabras: que los ex guerrilleros irían a la cárcel o serían extraditados por narcotraficantes, pero una vez cumplida su condena podrían aspirar a ocupar cargos públicos. Aunque suene sutil, es una distinción medular en derecho, distinción que un jurista como Ordoñez no podría ignorar de buena fe – o sin estar cegado por sus ideas políticas-.

Derecho a disentir

Si se tratara de un particular o del jefe de un partido, la “opinadera” y los sesgos anteriores serían comprensibles, valederos y legítimos.

Admito pues que Ordoñez podría tener razón en lo que dice. Comparto en especial su resistencia a aceptar la impunidad ante los crímenes de las FARC, su llamado a respetar la Constitución y los tratados internacionales, su afán de hacer que los acuerdos queden blindados jurídica y políticamente para que sean duraderos.

Es más: en cada una de las críticas puntuales, hay elementos de verdad indudable y hay valores que merecen defenderse; sólo que las ideologías no fallan por lo que ven sino por lo que no ven, no son percepciones falsas sino apenas incompletas.

Y agregaré que por supuesto son muchísimos los ciudadanos que piensan como el procurador y que por tanto aplauden sus declaraciones. En una democracia todos tenemos el derecho a disentir de lo que haga el gobierno, y Alejandro Ordóñez no es una excepción: el problema consiste en que lo haga no como ciudadano sino como Procurador General de la Nación

Abuso al escoger

Dice el artículo 277, numeral 3, de la Constitución que el procurador tendrá la función de “defender los intereses de la sociedad”. Sobre la base de semejante fórmula babosa, el funcionario sería una especie de Chapulín Colorado para hacer o decir cuántas cosas se le antojen. Y si agregamos que la Corte descubrió el agua tibia al aclarar que la Procuraduría “tiene funciones de naturaleza preventiva, no solo sancionatoria” (sentencia C-977 de 2002), Ordoñez sencillamente estaría cumpliendo su deber cuando sale en defensa “preventiva” de aquellos intereses ante un gobierno que intenta negociar con una organización que ha cometido tantos crímenes.

Gracias al esperpento que la Constitución armó con la Procuraduría, Ordoñez se autoproclama como “el representante de la sociedad” es decir, como el máximo vocero de los intereses públicos. Y el primer sinsentido que se sigue de esta idea es decidir cuáles son los intereses prioritarios, ante cuáles amenazas defenderlo y con cuáles instrumentos defenderlos.

Las ideologías no fallan por lo que ven sino por lo que no ven, no son percepciones falsas sino apenas incompletas.

Así como le dio por defender el matrimonio y los valores cristianos, o así como le dio por investigar y sancionar a ciertos funcionarios, a Ordoñez le dio por sostener que las negociaciones de La Habana representan la más grave amenaza contra “los intereses de la sociedad”. Igual podría haberle dado por:

· “Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente”, como bonitamente reza el numeral 4 de aquel artículo 277 de la Constitución;

· O por utilizar su voz erguida y sin tapujos para “proteger y asegurar la efectividad de los derechos humanos” (según le ordena el numeral 2) de las mujeres, las minorías étnicas, las minoría sexuales, y los pobres, que son la mayoría de sus “representados”;

· O, entrados en materia, por impedir la completa impunidad que so pretexto de “Justicia y Paz” ha cobijado al 97 por ciento de los paramilitares desmovilizados –sobre lo cual, según Google, Ordoñez no ha dicho nada (y aunque se trate de un hecho, no de una expectativa como sería el acuerdo con las FARC).

El Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado.
Foto: Procuraduría General de la Nación

Abuso al proceder

Con todo y eso se diría que el procurador tiene el derecho –y el deber- de escoger ciertos problemas, y que media Colombia considera que la negociación entre Santos y las FARC amenaza “los intereses de la sociedad”. Pero entnces tendría que notarse que Ordoñez está violando la Constitución por estos varios costados:

1. Como en otro momento le recordó la Corte Constitucional, “al ejercer las funciones el Ministerio Publico deberán respetarse las atribuciones de las demás autoridades”. Hay algo que se llama “separación de poderes”, y en este caso el presidente (no el procurador) “simboliza la unidad nacional” (artículo 188 de la Constitución), al presidente corresponde preservar el orden público (artículos 189 y 213), y al presidente le compete “dirigir la política de paz” y “firmar los acuerdos con voceros o representantes de los grupos alzados en armas” (Ley 418 de 1997, la misma que el Congreso acaba de prorrogar por cuatro años).

2. En ese mismo sentido, cuando Ordoñez se auto-atribuye el oficio de “advertidor constitucional” se está saltando el artículo 241 que confía a la Corte Constitucional “la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución” y enumera las once maneras de lograrlo.

3. El artículo 127 muy claramente prohíbe que los “empleados del Estado que…se desempeñen en los órganos de control…tomen parte… en las controversias políticas”. Que viene a ser lo que hace Ordoñez sobre el asunto precisamente más político, y más controversial, y que en Colombia separa de modo más tajante a los partidos o corrientes políticas.

4. De regreso a los artículos sobre el Ministerio Publico (275 a 278), diré sin más detalles que Ordoñez los incumple porque:

· Por ocuparse de cosas inciertas, está dejando de atender las muchas cosas ciertas que son de su incumbencia (el Articulo 277 hace una lista, y son diez temas amplios y complejos). En efecto: ni se ha firmado el acuerdo final con las FARC, ni se ha llegado a acuerdos sobre los temas que a él más le preocupan (justicia transicional, reparación de las victimas), y ni siquiera Santos nos ha dicho cuánto castigo o cuánta impunidad está dispuesto a exigir o a tolerar en La Habana.

· La paz también es un derecho y un “interés de la sociedad”, que por lo mismo está obligado a defender su “representante”

· El procurador y la Procuraduría son dos cosas distintas; las funciones que el primero “ejercerá directamente” (artículo 278) no casan para nada con seguir el proceso de La Habana, los funcionarios no pueden hacer sino aquello que les esté permitido expresamente, y en materia política es abusivo hablar en nombre de los cuatro mil funcionarios que integran ese organismo.

El remedio

El optimista dirá que hay que esperar a que Ordóñez acabe su período, y el pesimista, que haría falta cambiar de Constitución. Otros dirán que un debate en el Congreso, que una orden perentoria de la Corte, que una demanda ante una instancia internacional.

Pero yo creo que el remedio es más sencillo: bastaría con que los medios se abstuvieran de darle tanto aire y tanta cuerda a un funcionario a quien usan para elevar sus ratings y que los usa para difundir sus opiniones políticas. Estamos en Colombia y faltaría apenas que el doctor Ordóñez se lance a la Presidencia para redondear el abuso que hoy hace de su cargo.

No exagerar la presencia de una “fuente” que es dudosa porque abusa del cargo no equivale a recortar el pluralismo ni el derecho de opinión. Para eso están -y bastan- el senador Uribe con su twitter y sus socios, o están los congresistas del Partido Conservador, hoy reducidos a “apoyar” las críticas de Ordoñez.

Y si los medios no lo hacen, el señor procurador tal vez podría hacerse caso cuando dijo que a la alta investidura del Fiscal “se le exige absoluta imparcialidad”, y que las actuaciones del doctor Montealegre en materia de paz “desdibujan la independencia del ente acusador”.

Dos burros que hablan de orejas…Pero tengo que dejar para otro día los abusos que a su turno, a su modo y en su campo comete con auxilio de los medios ese otro paradigma del no partidismo y de la discreción que hoy encabeza la Fiscalía General de la Nación.

*Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.