Disección reposada y penetrante de un debate que fue pero no fue, y de por qué en Colombia nunca podremos saber la verdad sobre el rasgo crucial de nuestra vida pública: los nexos entre el crimen y el poder.
Hernando Gómez Buendía*
Cinco pleitos distintos
El de Cepeda y Uribe fue un debate muy raro porque despertó más interés del esperado pero no acabó en nada y en unos pocos días volvió a ser olvidado.
Esa rareza se debe, creo yo, a que el debate tuvo lugar en el sitio que no era, y sin embargo tocaba la cuestión medular de la vida política en Colombia: la relación entre narcotráfico, paramilitarismo y ejercicio del poder a lo largo de las últimas tres décadas.
La mala ubicación de ese debate se reflejó en la mezcla que hizo Iván Cepeda de cinco asuntos parecidos y muy relacionados, pero en efecto bastante diferentes:
El debate tuvo lugar en el sitio que no era.
1. Las indelicadezas o nexos personales aunque no necesariamente delictivos entre un político y personas conocidas como narcotraficantes o como paramilitares; aquí figurarían, por ejemplo, la amistad de Uribe con los Ochoa o sus encuentros con Mancuso en Córdoba.
2. Los delitos privados eventuales del ciudadano Uribe en beneficio personal – y en este caso los que implican complicidad o conexión con narcos o con paras; por ejemplo la presunta narco-sociedad para el primer negocio de su vida (“El gran banano”), o la creación de un grupo paramilitar en su hacienda “Guacharacas”.
3. Los delitos oficiales o actuaciones presuntamente delictivas de un candidato o un funcionario público en conexión o en beneficio de paras o de narcos; sería el caso de las licencias que concedió en la Aeronáutica a “miembros o socios de los clanes narcotraficantes”, de la omisión o concurso como gobernador de Antioquia en las masacres de Urabá, de los dineros que habría recibido de “La Gata” en el 2002, o de ordenar asesinatos desde la Presidencia.
4. Las medidas políticas o actos no delictivos de un funcionario que sin embargo benefician a grupos criminales y además tienen implicaciones graves para los gobernados; aquí figuran, por ejemplo, el “mico” contra la extradición del senador Uribe en 1989, la promoción de las Convivir en Antioquia, o el perdón de los paramilitares bajo su gobierno.
5. Y había una quinta cosa, o el trasfondo: la penetración del Estado colombiano por parte de esas fuerzas criminales, donde el papel de Uribe pudo haber sido central o aún decisivo, pero que viene de otros muchos actores y sectores.
 El Senador Roy Barrera. Foto: Congreso de la República |
Tres anomalías
El debate era crucial porque Uribe es el fenómeno político del siglo y porque la narco-para-política es la historia reciente de Colombia. Pero el recinto del actual Congreso no era el lugar para una discusión que en realidad supone diversos escenarios:
· Las que llamé “indelicadezas” son rasgos personales de un candidato que dan malas señales y deberían espantar a los votantes; pero digamos que es la cuestión del foro ciudadano, y que la mayoría de los colombianos optó por ignorar esas señales.
· Los “delitos privados” de Uribe están -o deberían estar- sujetos- a la justicia ordinaria; pero ni la Fiscalía ni la Corte Suprema han abierto ninguna investigación por los ocho denuncias existentes contra ese ciudadano.
· Los “delitos oficiales” son más complicados porque, además del control disciplinario y fiscal que ejercen la Procuraduría y la Contraloría, los delitos de los altos funcionarios deben ser juzgados por la Corte Suprema (previo juicio político por parte del Congreso en el caso de un expresidente). Y aunque una vez (hace tres años), Uribe presentó su “versión libre” ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, ésta tampoco ha abierto investigaciones por ninguna de las 84 denuncias que allí existen contra Uribe.
Quedan entonces las “medidas políticas” y “el trasfondo”, los dos asuntos más cercanos a la esfera del “control político” que la Constitución encomienda al Congreso. Este fue el hueco que encontró Cepeda para llevar al gran público sus cargos contra Uribe (ya lo había denunciado ante los jueces y ha publicado dos libros al respecto). Pero ese hueco resultaba deforme, y esto explica las tres grandes anomalías del debate:
– Primera y principal, que el juez de marras no podía juzgar al acusado. El control político (artículo 135 de la Constitución) es completamente distinto del juicio de un expresidente ante el Senado (artículos 174 y 175), que presupone cargos precisos y acusación formal por parte de la Cámara.
– Segunda -y estridente-, que Uribe no es sujeto de control político. Este control se refiere a los hechos del gobierno en funciones o, para ser precisos, se reduce a citar y eventualmente a votar la moción de censura “por asuntos relacionados con funciones propias del cargo” contra “Ministros, Superintendentes y Directores de Departamentos Administrativos”. Por esta razón Cepeda citó a dos ministros de Santos, y por eso vimos primero el “no” al debate en la plenaria del Senado y después la voltereta de la Comisión de Ética. Pero de aquí surgieron tres aristas elocuentes:
· En un sentido el debate sobre “narcos, paras y política” pudo o hasta quizás ha debido referirse al gobierno existente; y aquí se habría abierto otra caja de Pandora comenzando, digamos, por el papel de Santos y el de Vargas Lleras en la política de Seguridad Democrática.
· En sentido similar y en contravía, este debate tardío sencillamente demuestra que el Congreso no ejerció control político sobre el gobierno Uribe, es decir que fue cómplice de las medidas que ahora acepta discutir.
· Y sin embargo se trata de un pellizco retorcido porque la mayoría de esos congresistas fueron uribistas y oyeron el debate de Cepeda sin denunciar ellos mismos las actuaciones que entonces aprobaron.
– La tercera anomalía es de opereta y consistió en que ninguno de los actores hizo el papel que le correspondía: el citante no “controló” al gobierno, el acusado no contestó los cargos, y los conjueces se sacaron clavos. De aquí que, infortunadamente:
· Haya importado el nombre del acusador, cuando en un juicio no debe importar (“los hechos son los hechos”). Por eso Uribe pudo “responder” con su ruidosa denuncia ante la Corte Suprema y la alusión a supuestas simpatías entre Cepeda y las FARC; también por eso fue muy fácil decir o hacer creer que esos cargos tan graves contra Uribe eran apenas “cosas de un comunista farquiano y resentido”.
· Tuviéramos que oír dos peroratas, en lugar de un debate. Hora y media de Cepeda con la lista de aquellos cinco pleitos, y hora y media de Uribe con un canto a su vida y a sus logros, más un reguero de quejas sobre la gigantesca conspiración que le han montado sus viejos y sus nuevos enemigos.
· El resto fueron constancias de personas y partidos que se lavaron las manos sobre sus cuotas de culpas no del todo aclaradas ni pagadas en esta historia de crimen y política. El ministro de Santos dijo que Santos nunca estuvo con Uribe, Barreras no fue uribista, Serpa no fue samperista, el hijo de Galán juró por Vargas Lleras, los del Centro Democrático no oyeron pero contestaron… En fin, una tristeza.
La prueba reina
Lo cual me lleva al punto cardinal: ninguno de los cinco juicios contra Uribe es posible en Colombia porque no hay un tribunal o un juez que pueda y quiera hacerlo; nadie tiene las pruebas.
Los medios en efecto concluyeron que en el debate “no hubo nada nuevo” o, más precisamente, que Cepeda “no presentó la prueba definitiva” contra Uribe. Y es la verdad: esa prueba no existe porque en el mundo no existen pruebas definitivas sobre nada.
Lo que existen son interpretaciones más o menos coherentes o teorías más o menos compartidas acerca de las cosas. Es lo que hacen los científicos, o los jueces, y lo que hacemos todos en la vida diaria. Pero ninguna prueba es absoluta. ¿O acaso es “definitiva” la confesión de un acusado? Podría ser que se trate de un demente, o que él se inculpe para encubrir a otro. ¿Un testigo, dos testigos, mil testigos? Podrían ser enemigos, estar comprados, o haber visto un espejismo. ¿Un video, una grabación…? Prefabricados, manipulados.
Esa prueba no existe porque en el mundo no existen pruebas definitivas sobre nada.
¿Y los cargos contra Uribe? Una conspiración que empezó cuando era joven, que incluye mentirosos, falsificadores, narcos, paras, militares, funcionarios, examigos, amargados, comunistas, magistrados, periodistas y políticos de todos los pelambres, empeñados en opacar su inmaculada trayectoria y sus aportes inmensos a la Patria. Así lo ve el caudillo, así lo ve su séquito, y así lo ve la media Colombia que quiere verlo de ese modo: la “prueba reina” para ellos es que Uribe es el bueno y por la tanto no hace nada malo.
Y sin embargo hay teorías o interpretaciones más coherentes – o más creíbles- que otras: las leyes de la física explican el universo mucho mejor que los mitos. Y en este caso la explicación más coherente es que Uribe sí tiene nexos con paras y con narcos. No hay “prueba definitiva” por supuesto, y puede ser que algunos de los supuestos incidentes no hubieran ocurrido. Pero se trata de decenas de incidentes (de más de un centenar, según mis cuentas) a cada paso de la vida de Uribe, que apuntan todos en una misma dirección, la de los nexos con los paras y los narcos.
Es como dice aquel proverbio chino: “los peces toman agua aunque nadie los vea”. La prueba definitiva sobre Uribe es el conjunto de tantos incidentes, es recordar de dónde viene, dónde ha estado, qué ha hecho, quiénes lo ayudaron, dónde tiene sus fincas, qué piensa, cómo habla, que pasó cuando fue gobernador o alcalde o presidente, cuántos parientes, congresistas, amigos y ex colaboradores han sido salpicados. La prueba reina contra Uribe es Uribe.
 El Senador Álvaro Uribe Vélez. Foto: Congreso de la República |
El juez
Lo que ha faltado es un juez que así lo diga y que condene a Uribe formalmente. ¿Existirá ese juez?
Un juez penal tendría que fallar sobre un caso concreto (no sobre “toda la vida” de Uribe), y en principio podría procesarlo por delitos “privados” u “oficiales” cometidos antes de ser presidente. Aunque ningún juez lo ha investigado hasta ahora -y aunque la Corte ha impedido investigarlo- no se descarta que algún día Uribe comparezca en calidad de reo por sus actos como hacendado, alcalde, gobernador o director de la Aeronáutica (si es que las penas respectivas no han prescito).
También puede ocurrir que un tribunal extranjero o internacional lo juzgue por delitos de su competencia, y en este evento cabrían además – o en especial- sus actuaciones como presidente, según las experiencias de varios gobernantes procesados por violaciones de derechos humanos (ya existen estos pleitos, por ejemplo en España, contra Uribe).
Pero sería justicia supletoria. Las actuaciones de Uribe son sobre todo políticas, y el juicio verdadero sobre él tiene que ser político-penal, primero en el Congreso por responsabilidad política, después ante la Corte por delitos eventuales y específicos.
Eso es exactamente lo que prevé nuestra Constitución, pero es también lo que no sucederá. Se necesitaría algo como el contra-golpe de Estado que sufrió Rojas Pinilla cuando el Senado decidió juzgarlo, algo mucho mayor que la crisis de Samper, algo capaz de convertir en diablo al santo que exaltaron la gran mayoría de los políticos, empresarios, periodistas y ciudadanos que lo llevaron dos veces a la Presidencia y que a lo largo de estos 40 años jamás quisieron ver lo que era obvio.
Porque si Uribe es narco o es paramilitar es solamente porque Uribe es Colombia.
Como diría aquel pasaje del Nuevo Testamento (Corintios 1, 13, 12), este debate que no fue debate nos “mostró oscuramente y a través del espejo” esas verdades que los colombianos no queremos ver porque sería mirarnos “cara a cara”.
*Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.
