Justicia transicional: ¿hasta dónde? - Razón Pública
Inicio TemasPolítica y Gobierno Justicia transicional: ¿hasta dónde?

Justicia transicional: ¿hasta dónde?

Escrito por Hernando Gómez Buendía
Familiares de las víctimas de desapariciones forzadas reunidas en el Parque de los Deseos de Medellín.

Familiares de las víctimas de desapariciones forzadas reunidas en el Parque de los Deseos de Medellín.

Hernando_Gomez BuendiaArgumento moral sobre un tema difícil. Por qué debemos resistirnos con indignación a la impunidad abierta o encubierta para los responsables y autores de todas las violencias que han acompañado al conflicto interno armado de Colombia.     

Hernando Gómez Buendía*

Un sentimiento moral

Por La Escombrera.

Por “El Alemán”.

Por los asesinatos y secuestros de las FARC que hoy se borran en La Habana.

Por el perdón anunciado para todos los otros actores criminales.

Por las familias de los 225.000 muertos de una guerra infame.   

Este texto está escrito desde la indignación.

Pero la indignación tiene una validez moral muy discutible, y un sesgo antiliberal que la hace aún más problemática en mi caso. Por eso empiezo por recomendar el escrito magistral de Fernando Rodríguez Genovés donde repasa el debate milenario sobre este sentimiento moral, y concluye que se trata de “una pasión inútil, que incluso funciona como fuente de violencia política para beneficio exclusivo de quienes buscan razones que hagan pasar sus impulsos por justas emociones en vez de seguir simplemente la guía de la razón justa y templada.”

Admito que este juicio es verdadero en el sentido de que la indignación es éticamente peligrosa (aunque no siempre inútil), pero creo correcto el proponerla como un recurso moral imprescindible en el contexto concreto de los crímenes que han padecido las víctimas del “conflicto interno armado colombiano” y del tratamiento que ellos merecen por parte de la ciudadanía.     

Es un poderoso mecanismo simbólico para reconstruir  – y en el caso de Colombia, construir– los valores mínimos que nos permitan ser y vivir en sociedad.  

Para justificar esta excepción, aludiré brevemente a los tres principales argumentos para negar la utilidad y validez moral de la indignación:

  • El primero consiste en su egoísmo, en que la indignación es un reclamo desde la dignidad personal ofendida, desde el resentimiento y la pretensión de superioridad moral sobre otro ser humano.

Pero en el caso del conflicto colombiano diré que no se trata de una injusticia personal hacía mí –o hacia el lector que comparta la indignación– sino de una injusticia contra miles de personas humildes o no humildes que a mí o a usted nos ofende porque ellas son las víctimas: nuestra indignación es el modo más obvio de “amor a la humanidad” que sustenta aquellas éticas que apelan solamente a “la razón justa y templada” (y es además el modo más obvio del “amor a la patria” que  –aunque sea debatible– es para muchos filósofos un sentimiento moral legítimo).

  • El segundo argumento concierne a la carga de “violencia política” que suele acompañar a la indignación, porque en efecto se inscribe en la lógica del amigo-enemigo, del nosotros-los-buenos contra ellos-los-malos.

Y aquí diré con claridad y dureza que esto es verdad para muchas personas honradas de Colombia, cuya indignación sobre los crímenes del conflicto armado es selectiva porque no perciben con igual claridad, no sienten con idéntico dolor, no se rebelan con la misma vehemencia contra las atrocidades perpetradas por los guerrilleros, los paramilitares, los soldados y policías, los instigadores, financiadores, encubridores y responsables políticos de este desangre.

Estas indignaciones selectivas son moralmente ilegítimas porque ellas sí alimentan la violencia y porque implican la superioridad moral de unos criminales sobre otros criminales. La indignación que tiene validez -y utilidad- en Colombia no puede ser sino aquella que percibe por igual, se ofende por igual y se rebela por igual contra todos los crímenes y los autores conscientes de esos crímenes. 

  • El tercer argumento es más difícil para un liberal: la defensa de la indignación en la historia de la ética tiene una raíz religiosa, y por lo tanto no puede ser extendido a todos los  ciudadanos. Aristóteles, el primer defensor de la indignación, la refirió a acciones tan desmesuradas (“hibris”) que solo la ira de los dioses (“némesis”) puede restablecer el orden roto del cosmos (Retórica, II, 1386b-1387); y el Cristo de la mansedumbre necesitó la profanación del templo para poder reaccionar con “ira santa” (Mateo, 21:12).

Pues para los liberales que invocan la “religión cívica” como basamento de la democracia (incluyendo al más reciente “republicanismo”),  como para quienes simplemente creemos  que la vida es sagrada, la indignación no es apenas “una pasión inútil” que nada añade al castigo previsto por la ley, sino además un poderoso mecanismo simbólico para reconstruir  – y en el caso de Colombia, construir- los valores mínimos que nos permitan ser y vivir en sociedad. 

La máxima restricción

Delegación de Paz de las Farc en La Habana, Cuba.
Delegación de Paz de las Farc en La Habana, Cuba.
Foto: FARC-EPaz

Creo pues que al hablar de los crímenes del conflicto armado, los colombianos que no hemos sido actores directos ni indirectos, activos ni pasivos, de esos crímenes –vale decir, la inmensa mayoría de nosotros- tenemos el derecho y el deber de la indignación.

La indignación que tiene validez en Colombia no puede ser sino aquella que percibe por igual, se ofende por igual y se rebela por igual contra todos los crímenes y los autores conscientes de esos crímenes.  

Y esto tiene todo que ver con la justicia transicional (JT), que consiste o se invoca casi siempre para abdicar de la indignación en aras de un valor tan alto como es el de ponerle fin a la violencia. Este valor indubitable no niega el otro hecho indudable: la JT resulta de un chantaje, el de un actor violento que amenaza con hacer más violencia si no se le concede un tratamiento penal más favorable del que recibiría bajo la justicia a secas.

De aquí no infiero que la JT sea impensable sino (1) que debemos abordarla desde la indignación que necesitan y merecen esos crímenes que nos niegan de raíz como personas, y (2) que la JT debe interpretarse del modo más restrictivo, o con la mínima atenuación de la justicia ordinaria.

La pendiente resbalosa

La JT no es por supuesto un capricho sino un sistema jurídico sofisticado y respetable que la comunidad internacional ha ido codificando para facilitar la paz (o el fin de una dictadura) cuando la justicia ordinaria no puede aplicarse. Es más, este sistema se apoya sobre las concepciones más avanzadas de la criminología y del derecho penal, lo cual se suma al valor de la paz para hacerlo aún sólido.

Pero estas concepciones avanzadas tienden a ser más benévolas que las que siguen inspirando la justicia ordinaria, y esto nos pone ante la paradoja de proponer una justicia doblemente menos dura o menos rígida para los autores de los peores delitos. Por eso la JT es una pendiente resbaladiza hacia la plena o casi plena impunidad, de manera que en cada paso de su desarrollo necesitamos ser doblemente restrictivos – quiero decir: indignados-.

Veamos pues los pasos sucesivos que recorre la JT:

Delegación de paz del Gobierno Nacional.
Delegación de paz del Gobierno Nacional.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

1. La JT es justicia y por tanto comienza por castigar los crímenes más graves: no pueden perdonarse el genocidio, los crímenes de lesa impunidad, ni los de guerra. Pero se trata de castigar “a los máximos responsables”, no necesariamente a todos los autores y además, en el caso de Colombia, no sería fácil argüir o probar que alguno de estos crímenes hubiese sido de carácter “sistemático” -como estipula el Marco Jurídico para la Paz-.

2. Ningún aparato judicial del mundo puede probar y sancionar sino una mínima porción de los delitos, de modo que – en lugar del azar o del arbitrio – hoy se utiliza la “priorización” como herramienta explícita de política criminal. La JT incorpora este avance, que en todo caso implica no investigar ni sancionar deliberadamente muchos delitos. Y sin embargo, en sana lógica, los crímenes que habrían de “priorizarse” son cabalmente aquellos actos de violencia que han perpetrado los grupos armados.  

3. Todos los días aumenta la evidencia sobre el peso de factores neurológicos y psicosociales sobre las conductas delictivas, y con ello también la importancia de ponderar los motivos del autor del delito antes de sancionarlo.  Incluso los estudios han mostrado que existen dos tipos de personas (y de jueces) en materia de imputación moral: las “esencialistas”, que atribuyen las faltas al carácter incambiable de su autor, y las “situacionistas”, que tienen  a imputarlas a sus circunstancias.

La JT es claramente “situacionista”, y sobre todo en lo que atañe a las motivaciones políticas o al “delito político” de quienes participan en el conflicto. Pero en rigor el delito político no cabe en un Estado moderno, y en todo caso es harto menos claro en el contexto de un conflicto tan sumamente degradado como ha sido el colombiano.

4. La JT suele imponer menos años de cárcel que la ordinaria. Con esto se busca contribuir a la paz, pero se rompe el “equilibrio punimétrico” que necesita toda sociedad ordenada: más que el castigo de un determinado tipo de delito, lo que importa es su proporción o gradación para significar que algunos delitos son peores que otros (el equilibrio no apunta solo a hacer justicia, sino también a prevenir y a educar).  Y a esto en Colombia hay que sumarle la carrera del “populismo punitivo” que cada día magnifica las penas para nuevos delitos, de modo que se agrava el contraste – es decir la injusticia manifiesta –en relación con los beneficiarios de la JT.    

5. La cárcel es uno de los fracasos más redondos de la historia humana, y por eso el principio de  “alternatividad penal” cobra cada vez más vigencia. La JT es terreno abonado para este principio porque “nadie depone las armas para irse a la cárcel”. Y otra vez sin embargo hay que decir que, con todos sus defectos, la cárcel sigue siendo la sanción más drástica y simbólicamente más tajante que aplican todos los países del mundo. De modo pues que la alternatividad debería también comenzar por los delitos menos graves en lugar de los más graves.

6. Además de la justicia, la JT abarca “la verdad, la reparación y la no repetición”. Estos valores son tan importantes que – para no extenderme- admitiré que incluso pueden serlo más que la justicia. Agregaré que debemos exigir -con la misma indignación- que se conozca toda la verdad sobre el conflicto, que los culpables (y el Estado que falló en la protección) restituyan integralmente a cada una de las víctimas, que cada colombiano tenga la garantía de que el horror se acabó para siempre.

Pero ni la verdad, ni la reparación ni la no repetición son la justicia, como tampoco pueden reemplazar a la justicia. Y aunque la JT hace especial hincapié sobre estos tres valores, cabe notar que no le son exclusivos: también la justicia a secas nos llevaría a la verdad, a la reparación integral de las víctimas y a que los crímenes no se perpetúen.    

Por La Escombrera. Por “El Alemán”. Por los asesinatos y secuestros de las FARC que hoy se borran en La Habana. Por el perdón anunciado para todos los otros actores criminales. Por las familias de los 225.000 muertos de una guerra infame.   

 

* Director y editor general de Razón Pública. Pare ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

 

Artículos Relacionados

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies