Las negociaciones se aceleraron, pero el proceso se cambió de rumbo: vamos hacia una paz con más impunidad y con menos reformas sustantivas. La tensión militar está disminuyendo pero se está intensificando el forcejeo político.
Hernando Gómez Buendía*
En resumen
Aunque parece que ya no tiene reversa, el proceso de La Habana ha dado un giro peligroso para el proceso mismo y para el bien de Colombia. Esta alarma se basa en los siguientes hechos:
- Las FARC necesitan el acuerdo, pero Santos tiene urgencia de firmarlo;
- De aquí surgieron la mala negociación y el anuncio prematuro de un acuerdo sobre el punto más difícil de la agenda -el de justicia para los excombatientes-;
- También surgió el error de un plazo para concluir la negociación, y el de buscar ya mismo el cese definitivo al fuego;
- Más de fondo, este cambio en la correlación de fuerzas implicó que ambas partes escalaran sus apuestas, de manera que la firma, ratificación e implementación de los acuerdos serán ahora más tortuosas, e
- Independientemente de si el pulso lo ganan las FARC o el gobierno, el perdedor será la sociedad por una paz menos justa, menos estable y menos constructiva de la que habría sido posible si ambas partes hubieran antepuesto el interés de Colombia.
Hechos y anuncios
 El Presidente Juan Manuel Santos Calderón. Foto: Presidencia de la República |
Comienzo por resumir el remolino de noticias:
- Santos y Timochenko convienen un plazo para concluir el proceso; se expide un comunicado conjunto sobre el acuerdo de justicia transicional.
- El gobierno y las FARC polemizan sobre este acuerdo; queda claro que aún no está completo, y el asunto se remite a la subcomisión de juristas que venía elaborándolo.
- Pero el proceso de paz se sigue acelerando: Timockenko ordena suspender el entrenamiento militar y los reclutamientos; se anuncia el acuerdo sobre desaparecidos; el Acto Legislativo para la Paz es aprobado en segundo debate; Santos inicia gestiones ante la ONU para verificar el cese al fuego que “podría comenzar el 16 de diciembre”; comienza el trámite de la ley para convocar un plebiscito que refrende el Acuerdo.
- Las estadísticas confirman el avance: la violencia del conflicto está en su nivel más bajo de los últimos 30 años, y las encuestas muestran más apoyo al proceso…
- …Y sin embargo al reanudarse las conversaciones este martes el vocero de las FARC declaró que “el plazo de los seis meses no ha comenzado a correr” porque se cuenta “a partir del momento de cerrar el tema de justicia”.
De esta serie de sucesos se desprende la conclusión paradójica de que la firma de la paz está al alcance de la mano pero que estamos también ante los más serios desacuerdos del proceso. Y los más peligrosos.
Falta el 90 por ciento
En efecto. La agenda de la negociación corresponde con exactitud a la naturaleza del conflicto colombiano, pero algunos de sus puntos se refieren al contexto o a reformas de interés general, mientras que otros afectan primeramente a las partes o incluso a las personas que negocian en La Habana. No es de extrañar por tanto que:
- Aunque todos los temas sean difíciles, los de interés general (el agrario, el político, el de drogas y el de principios en materia de víctimas) se negociaron con relativa fluidez, mientras se demoraban los acuerdos que afectan a las partes y a los negociadores (castigo de los crímenes, dejación de las armas, y garantías de cumplimiento);
- Los primeros acuerdos – y esto es más importante- no necesitaban ser tan completos ni tan detallados como los segundos. Santos y Timockenko no pueden pensar igual sobre cuestiones agrarias, de apertura política o de drogas: por eso existe la lista de “pendientes”, salvedades o constancias que dejan las partes, y por eso se espera que los exguerrilleros sigan luchando sin armas por sus ideales. En cambio cuando se trata de bajar del monte, de ir o no ir a la cárcel, y de poder hacer política, el diablo está precisamente en los detalles.
De modo pues que, tanto por la dificultad intrínseca como por la especificidad de los acuerdos, nos hallamos ante la ley de Murphy según la cual “el primer 90 % ciento del trabajo se hace en el 10 % del tiempo, y el último 10 % en el otro 90 %”.
El “90 % del trabajo pendiente” incluye los puntos más espinosos del proceso, como decir si las FARC se van a concentrar en un área reducida, si entregarán las armas, quiénes y cómo serán castigados, si habrá constituyente, referendo o plebiscito, si la vida de los excomandantes estará protegida, si otro gobierno podría echar para atrás lo convenido…
Manzana de la discordia
Y en relación con el “acuerdo” de justicia transicional, el diferendo consiste en que el gobierno reconoce los 10 puntos del comunicado conjunto mientras las FARC afirman que son 75 los artículos pactados. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero parece que son cinco los principales puntos en discordia:
- ¿En qué consistiría la “restricción efectiva de la libertad” distinta de la cárcel?
- ¿Es el secuestro un delito de “toma de rehenes” que no puede amnistiarse?
- ¿Podrían ser extraditados los guerrilleros que no confiesen a tiempo sus delitos?
- ¿Se afectarían los fueros que establece la Constitución, particularmente el militar para faltas o delitos en servicio?
- ¿Quién nombraría a los magistrados del Tribunal de Paz? ¿Participarían las FARC en su escogencia?
No se trata por tanto de detalles sino de los asuntos medulares en un acuerdo de justicia transicional, de suerte que se impone concluir:
- Que no había acuerdo cuando Santos anunció que lo había, y
- Que el devolverlo a la subcomisión de juristas no disminuye la gravedad de los asuntos que falta negociar.
Pasos en falso
 Timoleón Jiménez “Timochenko” ante la prensa en La Habana, Cuba. Foto: FARC E-Paz |
Anunciar un acuerdo que no existe sobre el punto esencial del proceso fue un error garrafal del presidente. Y a este se suman sus otros dos avances prematuros:
- El plazo fue una condición de Santos para ir a La Habana, que Timockenko aceptó a regañadientes (y que las FARC pretenden eludir ahora). Santos lo hizo, claro está, por la presión popular y la de tantos “estadistas” que así se lo pedían, pero con esto se encerró en un dilema diabólico: fallarle al país y al mundo si la paz no se firma prontamente, o ceder ante las FARC para firmar a tiempo.
- Un cese bilateral definitivo al fuego antes de marzo implicaría que la guerra se acabe antes de que se acabe vale decir, que las FARC renuncien a las armas antes de que haya acuerdo (sin añadir que la verificación internacional en este berenjenal no es posible, o en todo caso no se puede conseguir a las carreras). Pero también aquí Santos está cediendo a un clamor nacional porque los colombianos nunca entendieron eso de “negociar en medio del conflicto”.
El timonazo
Y acá tocamos fondo: Santos no pudo mantener el proceso cerrado, cuidadoso, técnico – y lento- de la mesa de negociación que había sido la clave de su éxito, y está tratando de “colombianizarlo” o de saldar la brecha tan evidente como insostenible que ha existido entre “La Habana” y “Bogotá”. Solo que infortunadamente lo está haciendo de una manera apresurada y torpe.
Peor todavía, lo está haciendo de modo unilateral, porque las FARC no han entendido ni valorado jamás a “Bogotá”, no tienen sintonía con la opinión pública, y esta sordera enfermiza les sirve – muy paradójicamente- para “ponerse exigentes” y aprovechar la premura de Santos para sacar ventajas en la recta final.
Es lo que está sucediendo. Como la mesa llevaba muchos meses estancada en el punto de justicia, Santos optó porque su hermano Enrique pre-conviniera con Timochenko los dos puntos-concesiones que cambiaron el curso del proceso:
- La garantía de que no habrá cárcel, y
- El traslado de la negociación al escenario más benigno de un grupo de especialistas en justicia transicional –cuyo punto de partida es, por definición, el mínimo de castigo-.
Y en efecto: en unas pocas semanas esta subcomisión hizo lo que la mesa no había podido hacer en más de un año, y se llegó a una fórmula sobre justicia transicional.
Pero al brincarse el conducto y el escenario de la mesa, Santos descarriló el proceso, cayó en la trampa del acuerdo inexistente y puso entre los palos a su negociador oficial: ¿Qué pasará si en la subcomisión no hay acuerdo? ¿Qué pasará si, como es más probable, le sigue haciendo concesiones a las FARC (además de las que constan en el comunicado conjunto, como la amnistía para delitos políticos, las penas alternativas, las rebajas por confesión, la presencia de jueces extranjeros…)?
Y aquí no puedo dejar de referirme al punto 5 de aquel comunicado, donde la justicia transicional se extiende “a todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno”. Por las razones que he expuesto en otros textos, es nada menos que el perdón gratuito de todos los criminales que usaron como pretexto la “lucha antisubversiva”, un perdón que merece la indignación ciudadana. La inclusión de semejante “articulito” en la negociación con las FARC tiene toda la cara de un intercambio de impunidades a escondidas del país.
Escalando las apuestas
Vueltas que da la historia. Desde un comienzo supimos que el proceso de La Habana iba a funcionar porque las FARC golpeadas por Uribe reconocieron por fin que no podían tomarse el poder. Pero el gobierno no contó lo bastante con la sordera de las FARC a la opinión ni – sobre todo- contó con que a Santos se le agotara el tiempo antes que al mando de la organización guerrillera.
La consecuencia fue cambiar la relación de fuerzas en el momento decisivo del proceso y re-escalar así la puja sorda pero implacable entre las FARC y el gobierno.
Durante muchos años esa puja ha consistido en el chantaje de las FARC con sus muertos a mansalva, sus bombas y sus secuestros, contra el poder creciente del Ejército (y el concurso de todos los “paras”). Pero a estas alturas el forcejeo se vuelve cada vez más personal y más intenso:
- Para los comandantes, la amenaza es quedarse a morir en el monte y seguir reclutando campesinos a sabiendas de que ya no hay futuro.
- Para Santos es el fracaso personal e histórico de no firmar la paz si no cede lo bastante para llegar a un acuerdo que ya está celebrando. O ceder lo que sea necesario, y apostarle a la secuencia de obstáculos que siguen, donde el acuerdo final podría ser borrado o diluido:
- El referendo (o el plebiscito), donde se pierde por un “no” o, más sencillo, porque falten votantes;
- La Comisión Legislativa y las facultades extraordinarias de Santos, que trivialicen o embolaten las reformas,
- El gobierno Vargas Lleras, que será regresar a Álvaro Uribe.
De modo que, en conclusión, si seguimos como vamos en poco tiempo llegaremos a la paz, pero a una paz con impunidad y sin reformas.
Un “sapo” que ahora se suaviza con el plebiscito donde se vota “sí” o “no” a un acuerdo tan extenso y tan complejo, donde se quita el umbral para que no hagan falta votos, y donde bonitamente se confunde el deseo de la paz con el coctel de bueno, malo y feo que nos están mandando de La Habana.
* Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.
