Libardo Espitia, autor en Razón Pública
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El Registro Universal de Ingresos pretende eliminar la clasificación por estratos socioeconómicos. Pero no son claras las ventajas de este nuevo sistema.

Libardo Espitia*

La propuesta

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) incluyó un artículo denominado Registro Universal de Ingresos (RUI) en el Plan Nacional de Desarrollo ( Ley 2294 de 2023) cuya reglamentación quedó también a cargo del DNP. Ese sistema tiene dos rasgos básicos:

  • Según el proyecto de decreto, el RUI sería utilizado “con el propósito de determinar la focalización de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social.”
  • Las fuentes de información para el RUI serían el Registro Social de Hogares (RSH), y la autodeclaración de ingresos de personas y hogares.

El RUI entonces vendría a reemplazar el sistema de estratos que hoy se utiliza para la política social; pero las bases de datos que hoy se utilizan en Colombia, el Sisbén y el RSH ya contienen suficiente información.

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El Sisbén

Aunque el Sisbén fue creado en 1994, la Ley 715 de 2001 definió la focalización como el proceso que garantiza que la inversión social se asigne a la población más pobre y vulnerable.

el problema radica en las metodologías que han venido expidiendo las comisiones de regulación y que las tales rebajas en las tarifas han quedado solamente como promesas en campaña.

Para lograr ese propósito, cada tres años el CONPES social define los criterios e instrumentos para seleccionar a los beneficiarios y los criterios para asignar el gasto social por parte de las entidades territoriales. Igualmente, el DNP define las condiciones de ingreso, suspensión y exclusión de las personas a las bases de datos, los cruces de información necesarios para depurarlos y actualizarlos, y los lineamientos para su ejecución y operación, el diseño de las metodologías, la consolidación de la información y los controles de calidad pertinentes.

De esta manera, el Sisbén es una base de datos administrada por el DNP cuya clasificación se basa en la capacidad de las personas para producir ingresos de acuerdo con sus condiciones de vida. En pocas palabras: el Sisbén identifica de manera adecuada a las personas u hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad —otra cosa es el fraude o información mentirosa que suministran los “colados” al sistema, y que también se daría dentro del RUI—.

El Registro Social de Hogares

El RSH fue creado mediante el Decreto legislativo 812 de junio de 2020, expedido al amparo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológico que se declaró a raíz de la pandemia.

Según ese decreto, el RSH permite validar y actualizar la información socioeconómica de las personas y hogares con el propósito de incluir o excluir a los beneficiarios de los programas sociales. Este sistema debería permitir la asignación eficiente y efectiva de subsidios, pues en él se consolida la información socioeconómica de varios registros administrativos, la información sobre demanda de ayudas del Sisbén y la información de la oferta de las entidades que administran programas sociales o subsidios.

La creación, ejecución y administración del RSH fue asignada al DNP. Para ello, esta institución debía expedir la reglamentación con las variables, el tipo de información y las condiciones relacionadas con la calidad, los estándares, los mecanismos y la periodicidad de intercambio de la información. La Corte declaró la constitucionalidad del Decreto legislativo mediante sentencia C-382 de 2020, es decir el mismo año en que fue expedido por el Gobierno Nacional.

El Decreto legislativo 812 estableció la obligación a cargo del DNP de reglamentar mediante acto administrativo estableciendo las variables que contendría el RSH, el tipo de información y las condiciones relacionadas con la calidad, los estándares, los mecanismos y la periodicidad de intercambio de información que facilitaran su integración al nuevo sistema de información, no obstante apenas el 31 de mayo de 2022, el DNP expidió la reglamentación —Decreto 890, señalando que el RSH “es un sistema de información que integra bases de datos de la oferta social, y de demanda, a partir de la caracterización socioeconómica de la población en distintos niveles territoriales, geográficos y poblacionales, con fundamento en registros administrativos e instrumentos y registros de caracterización socioeconómica de la población. Por tal motivo, el Registro Social de Hogares, como herramienta de focalización, tiene un espectro más amplio que el Sisbén, y representa el sistema hacia el cual transitará la focalización del gasto social.”

Las características socioeconómicas fueron definidas como las variables que permiten conocer las condiciones sociales o económicas de una persona u hogar, en temas que incluyen —pero no están limitados— a la educación, salud, vivienda, mercado laboral, ingresos, composición del hogar y características poblacionales o diferenciales.

Además, el decreto determinó que el diseño, administración, operación, mantenimiento y evaluación del RSH estaría a cargo del DNP, a través de la Subdirección de Focalización y Pobreza. Por último, el decreto señala que las disposiciones adicionales necesarias para la administración, ejecución y operación del RSH serán adoptadas por el DNP mediante un Manual Operativo, el cual podrá ser modificado por dicha entidad de acuerdo con las necesidades que surjan de la operación del Registro.

En síntesis, el DNP ya cuenta con las bases de datos suficientes para corregir las fallas en la asignación del gasto social. Tanto el Sisbén como el RSH tienen la información suficiente y no se necesitaría una nueva base o aplicativo porque esto implicaría mayores costos para el erario público, puesto que si bien la reglamentación fue expedida de manera tardía, esto en mayo de 2022, lo correcto era continuar con lo dispuesto haciendo los ajustes necesarios, además de contar con información privilegiada del Sisbén que el mismo DNP administra.

Los cálculos

El proyecto del RUI está a cargo de la Subdirección General y Prospectiva y Desarrollo Nacional del DNP, dependencia que ha venido exponiendo sus bondades y anunciando pruebas piloto en las grandes ciudades.

Según el DNP, “más del 85 % de los hogares están en los estratos 1, 2, 3 y 4 que son los que reciben subsidios y no contribuyen, mientras que el 15% restante se encuentra en los estratos 5 y 6, que sí contribuyen.” Además, “si se hiciese mejor la identificación de hogares verdaderamente vulnerables, mejorando la focalización de subsidios en servicios públicos domiciliarios como energía y gas, se ahorrarían 5 millones de pesos”.

Respecto de estos datos del DNP, conviene precisar que los estratos 1, 2 y 3 representan el 82 % de los hogares en Colombia y que el más reducido estrato 4 no recibe subsidios y tampoco hace contribuciones. En los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por tubería que menciona el DNP, el estrato 3 no recibe subsidio por el gas pero sí por la energía con un 15 % sobre un consumo de subsistencia cada vez más reducido y no sobre la totalidad del consumo medido. Por eso un usuario de este estrato estaría recibiendo prácticamente el mismo tratamiento que un usuario perteneciente al estrato 4.

Las tarifas de servicios

Conviene recordar que la Constitución dedicó un capítulo especial a los servicios públicos. Los Artículos 367 y 368 establecen los criterios de solidaridad y redistribución al establecer el régimen tarifario y la necesidad de otorgar subsidios a las personas de menores ingresos. El artículo 87.3 de la  Ley 142 de 1994  sobre Servicios Públicos Domiciliarios, reitera estos criterios.

Foto: Alcaldía de Medellín - La estratificación socioeconómica es fundamental para que las personas de menores ingresos reciban subsidios en los servicios públicos.

Tanto el Sisbén como el RSH tienen la información suficiente y no se necesitaría una nueva base o aplicativo porque esto implicaría mayores costos para el erario público.

Los legisladores pensaron en mitigar el efecto que tendría el desmonte de los subsidios para los usuarios de menores recursos, pero no mediante una compensación directa sino a través de una evaluación indirecta de su condición socioeconómica, como en efecto es la evaluación de sus viviendas.

Las quejas y reclamos presentados por los usuarios en relación con las tarifas han aumentado a tal punto que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha aumentado su planta de personal y ha mejorado sus funciones de inspección, control y vigilancia.

Pero el problema radica en las metodologías que han venido expidiendo las comisiones de regulación y que las tales rebajas en las tarifas han quedado solamente como promesas en campaña.

Mantener los subsidios a las tarifas es fundamental para los colombianos más pobres. Deben hacerse los ajustes necesarios —incluida la estratificación— para asegurar que las personas más vulnerables reciban estos subsidios. Además, es clave que los marcos regulatorios sean revisados, que no sigan dando prioridad al criterio de la suficiencia financiera sobre los demás criterios señalados por el Estatuto de los Servicios Públicos Domiciliarios y la Corte Constitucional.

Puede Leer: Tarifas de energía: ¿en qué quedó la promesa de Petro?

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Libardo Espitia

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Libardo Espitia

*Profesional, especialista y asesor en Servicios Públicos Domiciliarios, magíster en Gestión y Auditorías Ambientales.

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La salida de expertos de la CREG contradice el supuesto consenso sobre las tarifas de energía. ¿Qué está pasando en esta Comisión?

Libardo Espitia*

Cambios normativos dudosos

Con la anulación de tres (3) expertos comisionados por parte del Consejo de Estado, la renuncia de otro y el cumplimiento del período de otro comisionado, en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) se ha puesto en tela de juicio la falta de quorum para la toma de decisiones regulatorias en materia de energía eléctrica y gas combustible, sin embargo, esto no es totalmente cierto toda vez que con los nombramientos provisionales los expertos tienen igualmente funciones regulatorias plenas pero las decisiones regulatorias de los designados no se han traducido en la tan ansiada rebaja en las tarifas de los servicios de energía y gas combustible y he ahí la enorme desilusión en los usuarios.

La función esencial de las comisiones es evitar los monopolios en la prestación de los servicios públicos cuando la competencia no sea posible y, en los demás casos, promover la competencia entre quienes presten los servicios

Estos son dos cambios discutibles:

  1. Conformación y requisitos. Como lo había señalado en esta revista, el Estatuto de los Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994) creó las comisiones de regulación como unidades administrativas especiales, con independencia administrativa, técnica y patrimonial adscritas al respectivo ministerio y conformadas por:
  • El ministro del ramo;
  • Tres expertos elegidos por el presidente para períodos de tres años reelegibles;
  • El director del Departamento Nacional de Planeación.

Para el caso específico del sector de energía eléctrica y gas combustible, la Ley 143 de 1994 amplió la Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG posteriormente modificada por el Decreto 1260 y finalmente por la Ley 2099 de 2021.

Cuadro 1. Conformación y requisitos según la Ley 143 de 1994, el Decreto 1260 de 2013 y la Ley 2099 de 2021

Conformación Requisitos Período
Ley 143 de 1994 Ministro de Minas y Energía.

Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Director del DNP.

Cinco expertos en asuntos energéticos.

●      Ser colombiano y ciudadano en ejercicio.

●      Tener título universitario en ingeniería, economía, administración de empresas o similares y estudios de posgrado.

●      Contar preparación y experiencia técnica en el área energética y haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector minero-energético, nacional o internacional por un período superior a seis  años o haberse desempeñado como consultor o asesor por un período igual o superior.

Cuatro años, reelegibles.

 

Decreto 1260 de 2013 Ministro de Minas y Energía.

Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Director del DNP.

Ocho expertos en asuntos energéticos.

Cuatro años, reelegibles.

 

Ley 2099 de 2021 Ministro de Minas y Energía

Ministro de Hacienda y Crédito Público

Director del DNP

Seis expertos en asuntos energéticos

●      Ser colombiano y ciudadano en ejercicio.

●      Tener título universitario en ingeniería, economía, administración de empresas o similares, derecho y estudios de posgrado.

●      Contar con preparación y experiencia técnica en el área energética y haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional por un período superior a seis años o haberse desempeñado como consultor o asesor por un período igual o superior.

Cuatro años, reelegibles.

Fuente: elaboración propia

Gracias a la inclusión de la profesión del derecho, el presidente Iván Duque pudo nombrar a Andrés Barreto González como experto comisionado en la CREG, el 29 de julio de 2022.

  1. Vigencia de los marcos regulatorios. La función esencial de las comisiones es evitar los monopolios en la prestación de los servicios públicos cuando la competencia no sea posible y, en los demás casos, promover la competencia entre quienes presten los servicios para que sus operaciones sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de posición dominante y produzcan servicios de calidad.

Las funciones de las comisiones se concretan en el régimen tarifario o marcos regulatorios expedidos por cada actividad o servicio público domiciliario con observancia en los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. Esta metodología tiene una vigencia de cinco años, salvo que haya acuerdo entre el prestador y la comisión para modificarla o prorrogarla por un período igual.

La modificación procede por oficio o a petición de parte, antes del plazo de los cinco años, cuando se demuestren errores en los cálculos que lesionen los intereses de la empresa o afecten injustamente los intereses de los usuarios.

La Ley 2099 de 2021 incluye normas para la transición energética, promoción del mercado energético y reactivación económica fomentando el desarrollo de fuentes no convencionales de energía, modificando para ello la Ley 1715 de 2014 pero como ya se ha indicado modificó los requisitos de los expertos comisionados y fue más allá: modificó la vigencia de las fórmulas tarifarias del Estatuto de los Servicios Públicos Domiciliarios, en el sentido de que mientras la Comisión no expidiera las nuevas fórmulas continuarían rigiendo las ya aprobadas no obstante se hubiese cumplido su vigencia.

Con la Ley 2099, el Ministerio de Minas y Energía debe estimular la investigación y desarrollo de energéticos provenientes de fuentes orgánicas o renovables y expedir la regulación que permita incorporarlos a la matriz energética nacional, más no es clara la razón que tuvieron en cuenta los legisladores para aprobar los cambios en los requisitos de los expertos comisionados y en la vigencia de las fórmulas tarifarias.

Foto: Parques Nacionales - La Ley 2099 de 2021 que contiene disposiciones para la transición energética también modificó los requisitos de los expertos comisionados y la vigencia de las fórmulas tarifarias.

Puede leer: Prevenir el apagón

Expertos comisionados

Entre noviembre de 2022 y abril de 2023, el Consejo de Estado anuló la elección que efectuó el gobierno anterior de tres expertos en la CREG, uno por las causales de inhabilidades y dos por falta de experiencia. Posteriormente, en mayo otro experto renunció y quedaron cuatro vacantes.

El presidente en uso de sus funciones constitucionales y legales procedió a nombrar bajo la modalidad de provisionalidad entre el mes de marzo y abril a cuatro expertos comisionados: Manuel Peña Suárez, Ana María Sarmiento, Juan Carlos Bedoya y Adriana María Jiménez por el término de seis meses.

Finalmente, el pasado 9 de noviembre de 2023 tras el cumplimiento del período de cuatro años de otro comisionado, otra vacante se dio en la CREG, la cual fue reemplazada con el nombramiento en propiedad de Omar Prías Caicedo y el 15 de noviembre se prorrogó el nombramiento de Manuel Peña Suárez por un período de tres meses.

El reglamento interno

Las Leyes 142 y 143 de 1994, al igual que el Decreto 1260 de 2013, señalan para la CREG la función de expedir su reglamento interno, siendo el más reciente el adoptado por la Resolución 39 de 2017.

Sin embargo, la conformación de expertos no es la última señalada en la Ley 2099 de 2021 sino la indicada en el Decreto 1260, es decir, con ocho expertos comisionados, por lo que el Artículo 6, “Quorom de la Comisión”, estipula que la CREG sesiona con la participación de siete de sus integrantes, contando con quien la preside, el ministro de Minas.

Las decisiones que tome la Comisión necesitarán el voto favorable de por lo menos siete de sus integrantes, contando siempre con el voto favorable de alguno de los siguientes miembros: ministro de Minas, el ministro de Hacienda o el Director del DNP. Si uno o más cargos de expertos se encuentran vacantes de forma temporal o absoluta, la Comisión podrá sesionar con la participación de seis de sus integrantes, siendo uno de ellos el del ministro de Minas y Energía. En ese caso las decisiones se tomarán con el voto favorable de por lo menos seis de sus integrantes contando con el voto favorable del ministro de Minas, del ministro de Hacienda o del Director del DNP.

El reglamento interno no es adecuado para la última norma que modificó la conformación de la CREG, o sea, de seis expertos comisionados y dando continuidad con la disposición del “Quorum de la Comisión” por lo que podría sesionar con cuatro miembros contando con el voto favorable del ministro de Minas, el ministro de Hacienda o el director del DNP. Sin embargo, cabe reiterar que dicho reglamento acorde a la conformación actual aún no se ha expedido.

El gran afectado: el usuario

Con las decisiones proferidas por el Consejo de Estado anulando el nombramiento de tres (3) expertos, una bajo la causal de inhabilidad y dos por no cumplir con el requisito de mínimo seis (6) años de experiencia obtenida en el sector energético, es imperativo indicar que tal como se aprobó en la ley quedó direccionada al obtenerla solo en las empresas del sector, por lo que una persona al pasar al organismo regular se pierde la independencia y la objetividad en la toma de decisiones afectando como de manera evidente se ha visto al eslabón más importante de la cadena: los usuarios.

En 2016, la Procuraduría General de la Nación (PGN) abrió investigación disciplinaria, por posibles omisiones relacionadas con la crisis energética que vivía el país en ese momento. Los investigados fueron el viceministro de Energía, Carlos Fernando Erazo, y los comisionados, Javier Díaz Velasco, Mauricio Gómez Machado, Hernán Molina Valencia, Germán Castro Ferreira, Cristian Jaramillo Herrera y Oscar Machado Correa,

con los nombramientos provisionales los expertos tienen igualmente funciones regulatorias plenas pero las decisiones regulatorias de los designados no se han traducido en la tan ansiada rebaja en las tarifas de los servicios

Con ocasión del cambio en la vigencia de las fórmulas tarifarias que fue expedida en 2021 y que rigen en la actualidad,  lesionando los intereses de los usuarios, la ley debe ser revisada, ajustada o derogada al igual que la regulación expedida y que rige actualmente los servicios públicos de ener4gía eléctrica y gas combustible. Del mismo modo, debe revisarse el hecho de que personas expertas que no den prioridad a la suficiencia financiera en detrimento de los usuarios sean elegidas.

Lea en Razón Pública: Las tarifas de energía: ¿en qué quedó la promesa?

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Libardo Espitia

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Libardo Espitia

*Profesional, especialista y asesor en Servicios Públicos Domiciliarios, magíster en Gestión y Auditorías Ambientales.

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No se ha cumplido la promesa de disminuir las tarifas y los miembros de la comisión reguladora entran y salen de sus cargos. No se ha cumplido tampoco el mandato constitucional de participación de los usuarios.

Libardo Espitia*

Una promesa incumplida

El candidato Gustavo Petro prometió rebajar las tarifas del servicio de energía eléctrica, pero esta promesa no se ha hecho realidad después de un año de gobierno.

¿Las razones? En primer lugar, el gobierno invitó a los prestadores de servicios a revisar las tarifas, pero las respuestas no fueron satisfactorias. Como consecuencia, y en segundo lugar, el gobierno expidió el Decreto 227 de 2023 mediante el cual el presidente reasumía algunas funciones generales de las comisiones de regulación (CREG Y CRA). Pero tras una demanda de nulidad, el Consejo de Estado en una decisión contradictoria suspendió los efectos del acto administrativo como medida cautelar tal como lo solicitaron los demandantes.

Independientemente de estos hechos, aprobar una modificación al Estatuto de los Servicios Públicos Domiciliarios es una necesidad para que los usuarios tengan participación efectiva en las comisiones que regulan los servicios.

Quienes y cómo regulan los servicios

El Estatuto de los Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994) reglamentó el Capítulo V del Título XII de la Constitución de 1991, según el cual es deber del Estado asegurar la prestación de estos servicios a todos los habitantes del territorio, ora de manera directa, ora de modo indirecto, manteniendo en todo caso su regulación, control y vigilancia.

El campo de aplicación de la Ley 142 serían los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía básica conmutada y telefonía móvil en el sector rural

La ley dispuso de manera explícita que corresponde al presidente de la República señalar las políticas generales de administración y control de la eficiencia de los servicios, y ejercer la inspección, vigilancia y control a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Según el artículo 68, el presidente podría adelantar directamente estas tareas o delegarlas en las comisiones de regulación que se creaban.

aprobar una modificación al Estatuto de los Servicios Públicos Domiciliarios es una necesidad para que los usuarios tengan participación efectiva en las comisiones que regulan los servicios.

Así, la misma Ley creó tres unidades administrativas especiales, dotadas de independencia administrativa, técnica y patrimonial adscrita a un ministerio según el sector:

  • Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), adscrita al Ministerio de Minas y Energía;
  • Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), adscrita al entonces Ministerio de Desarrollo Económico (hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio), y
  • Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), adscrita al Ministerio de Comunicaciones hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y renombrada como Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC en virtud de la Ley de TICS (Ley 1341 DE 2009).

La función esencial de estas comisiones es evitar los monopolios en la prestación de los servicios públicos cuando la competencia no sea posible y, en los demás casos, promover la competencia entre quienes presten los servicios para que sus operaciones sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de posición dominante y produzcan servicios de calidad.

Le recomendamos: Cómo frenar las alzas en el costo de los servicios públicos

¿Y los ciudadanos?

Aunque un principio fundamental de la Constitución es la participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones que la afecten para lograr el fin esencial del Estado, hoy esta norma no se cumple en materia de servicios públicos domiciliarios.

El Título V de la Ley 142 creó las comisiones, definió sus funciones y su composición:   estas unidades administrativas estarían integradas por el ministro respectivo –quien la presidiría–; el director del Departamento Nacional de Planeación y tres expertos comisionados de dedicación exclusiva designados por el presidente de la República por períodos de 3 años reelegibles.

Pero no se contempló la participación efectiva del eslabón más importante de la cadena: el usuario.

El Decreto 2696 de 2004 dio una tibia participación de los usuarios, al ordenar que la comisiones publicaran en su página web información referente a

  • La agenda anual a más tardar cada 30 de octubre, señalando los asuntos a tratar en el siguiente año,
  • Los proyectos de resolución de carácter general, exceptuando los relativos a las fórmulas tarifarias, así como los comentarios de los agentes prestadores, usuarios y superintendencias (Servicios Públicos Domiciliarios y la de Industria y Comercio).

La CREG, un primer cambio

El antecedente de la Ley 142 de 1994 fue el Proyecto 197 y 276/92 Senado, 183/93 Cámara, que presentaron los ministros de Hacienda, Minas y Energía, Comunicaciones, Obras y el director del Departamento Nacional de Planeación el   21 de octubre de 1992.

Pero entonces se discutía de manera simultánea el Proyecto 127/92 Senado, 211/92 Cámara, presentado por el Ministerio de Minas y Energía, que finalmente se aprobó el 11 de julio de 1994 como la Ley 143, conocida como Ley Eléctrica. Esta ley estableció el régimen para las actividades de generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional.

El Capítulo IV de la Ley Eléctrica estableció los requisitos para ser comisionados y a la vez disposiciones distintas de las de la Ley 142 en lo tocante a la conformación de la CREG y el período de los expertos:

Conformación:

  • El ministro de Minas y Energía, quien la presidirá;
  • El ministro de Hacienda y Crédito Público;
  • El director del Departamento Nacional de Planeación, y
  • Seis expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva designados por el presidente de la República para períodos de 4 años

Requisitos para ser experto:

  • Ser colombiano y ciudadano en ejercicio.
  • Tener título universitario en Ingeniería, Economía, Administración de Empresas o similares, Derecho y estudios de posgrado.
  • Experiencia técnica en el área energética y haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas en el sector por un período superior a 6 años; o haber sido asesor o consultor por un período igual o superior.

Los expertos podrán ser reelegidos una sola vez.

Foto: YouTube: Captura de pantalla @superintendenciaSIC - El expresidente Iván Duque nombró a Andrés Barreto como experto comisionado en la CREG, pero su nombramiento fue anulado por el Consejo de Estado, al igual que el de Sara Vélez y Natasha Avendaño.

Las comisiones tampoco han consultado la capacidad de pago de los usuarios, sino que han dado prioridad a la suficiencia financiera de las empresas prestadoras desconociendo sentencias de la Corte Constitucional

La CREG, un segundo cambio

El Decreto 1260 de 2013  volvió a cambiar la estructura de la CREG:

  • mantuvo a los integrantes de las entidades públicas;
  • aumentó el número de expertos designados por el presidente de 6 a 8 por períodos de 4 años con la posibilidad de ser reelegidos, y
  • ordenó las funciones regulatorias en tres sectores a) funciones generales, b) energía eléctrica y gas combustible y c) combustibles líquidos derivados del petróleo.

Una cascada de nombramientos irregulares

En la recta final del gobierno de Iván Duque y con ocasión del final de los períodos, se hicieron tres nombramientos de expertos comisionados en la CREG:

  1. El Decreto 1423 del 29 de julio de 2022 nombró a Andrés Barreto González, exsuperintendente de Industria y Comercio;
  2. El Decreto 1424 del mismo 29 de julio nombró a Natasha Avendaño, exsuperintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, y
  3. El Decreto 1555 del 05 de agosto de 2022 nombró a Sara Vélez Cuartas, ex directora de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía.

Pero cada uno de estos nombramientos fue anulado por el Consejo de Estado:

  • El 11 de noviembre de 2022 anuló el de Sara Vélez por ser miembro de la Junta Directiva de la Electrificadora del Meta, lo cual la inhabilitaba. Además, no cumplía con el requisito de experiencia.
  • El nombramiento de Andrés Barreto González fue anulado el 2 de febrero de 2023 porque no cumplía los requisitos de experiencia en el sector.
  • El 29 de abril de 2023 se anuló el de la exsuperintendente Natasha Avendaño porque no había acreditado la experiencia requerida.

El bolsillo de las empresas primero

La regulación expedida hasta el momento por las comisiones no ha tenido en cuenta una efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones tal como lo dispone la Carta Magna.

Las comisiones tampoco han consultado la capacidad de pago de los usuarios, sino que han dado prioridad a la suficiencia financiera de las empresas prestadoras desconociendo sentencias de la Corte Constitucional que señalan lo contrario.

Igualmente surge el válido cuestionamiento de la experiencia requerida para ser experto comisionado fijada en la Ley Eléctrica.  En muchos casos, el experto ha hecho carrera en empresas prestadoras y al pasar al ente regulador la independencia y autonomía en la toma de decisiones y la objetividad se pierde, incurriendo con ello en un evidente conflicto de intereses y, es ahí donde ganan los agentes prestadores pero pierde el eslabón más importante de la cadena: los usuarios.

Finalmente, si la regulación expedida ha estado dirigida a lograr la eficiencia en las operaciones económicas de los agentes, cabe preguntarse cuáles han sido las causas para que esto no se hubiese trasladado a los usuarios en rebajas efectivas de sus facturas, inclusive el usuario no entiende cómo es que en época de lluvias y con embalses llenos el costo de la prestación sube y sube.

Por lo anterior no queda duda de que después de 30 años de vigencia de las Leyes 142 y 143 de 1994 son varios los asuntos que se deben modificar de fondo.

Lea en Razón Pública: La gasolina, un dolor de bolsillo

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Libardo Espitia

*Profesional, especialista y asesor en Servicios Públicos Domiciliarios, magíster en Gestión y Auditorías Ambientales.

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Este es el fallo internacional a favor de Ecopetrol que parece eximirlo de culpas en el caso Reficar. Quedan algunas dudas, y queda sobre todo la pregunta de si será posible cobrar el dinero que ordenó el tribunal.

Libardo Espitia*

Fallo favorable, cobro en el aire

Ecopetrol informó a la opinión sobre el fallo del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Nueva York, acerca de la demanda interpuesta por la empresa colombiana en 2016 contra Chicago Bridge & Iron Compañy N.V., CB&I Limited y CB& Colombia por los sobrecostos e incumplimientos de obligaciones en el contrato suscrito para el proyecto de modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar).

Pero el viacrucis para hacer efectivo el laudo arbitral apenas comienza, toda vez que la empresa CB&I en el 2018 se fusionó con McDermott International, que también ha presentado problemas financieros.

Le recomendamos: Reficar: el desfalco donde triunfó la impunidad

El contrato

En 2006 tras la escisión de Ecopetrol de la Refinería de Cartagena, se constituyó Reficar como una sociedad anónima cuyos máximos órganos de dirección son la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva. A mediados del mismo año se privatizó el 51% a la multinacional Glencore, una sociedad sin ninguna experiencia en modernización de refinerías.

En el año 2007, en medio del desarrollo de las obras de construcción de la nueva refinería, Glencore cerró un trato entre Reficar y Chicago, Bridge & Iron (CB&I), firma holandesa con sede en Texas. El plazo para terminar las obras se calculó para diciembre de 2012, con un contrato bajo la modalidad de costos fijos.

En 2009, ante la crisis internacional, Glencore abandonó el proyecto. Además de no imponerle ninguna sanción, Ecopetrol recompró sus acciones por un valor de 549 millones de dólares.

Pero el viacrucis para hacer efectivo el laudo arbitral apenas comienza, toda vez que la empresa CB&I en el 2018 se fusionó con McDermott International

Así, Andean Chemical –propiedad de Ecopetrol– se quedó con el 50,99% de las acciones de Reficar y Ecopetrol S.A. se quedó con el 49% restante. Desde entonces, únicamente esta empresa adelantaría el proyecto con los costos de la recompra.

Pese a que el contrato tenía una garantía de 75 millones de dólares y una pena diaria de 166.000 dólares por incumplimiento de obligaciones contractuales, la supervisión del Plan Maestro de Desarrollo (PMD) fue contratada hasta el 1 de septiembre de 2009.

Como si fuera poco, el 15 de junio de 2010, Reficar cambió la modalidad de contratación por una de costos reembolsables, la cual permitiría extender sin límite los gastos de inversión. Este sería el mayor dolor de cabeza del PMD.

El 21 de octubre de 2015 el Gobierno Nacional informó que el PDM había culminado y que el país dejaría de importar más de un millón de barriles de combustibles como diésel, gasolina y jet, dado que Reficar los produciría y de mejor calidad gracias a la ampliación.

La renovación consistió en 14 unidades adicionales a las 31 en total, lo cual permitirá mejorar la calidad de los productos y aumentar su producción de 80.000 a 165.000 barriles diarios, de los cuales 75 mil de diésel, 30 mil de nafta, 30 mil de gasolina, 14 mil de jet fuel, 5 mil de propileno, 4 mil de GLP, 270 toneladas de azufre y 75 mil toneladas de coque.

Cabe indicar que el PDM tuvo un costo final de 8.016 millones de dólares, más del doble de los 3.777 millones de dólares presupuestados inicialmente.

El proceso de responsabilidad fiscal (PRF)

El 13 de marzo de 2017 la Contraloría General a cargo de Edgardo Maya Villazón informó de la apertura de un PRF por 6.080 millones de dólares equivalentes a 17 billones de pesos por el daño patrimonial que se presentó en la ejecución del PDM. Esta decisión afectaba a cinco exfuncionarios y trece miembros de junta directiva de Reficar, diez y ocho miembros de junta directiva de Ecopetrol y seis contratistas, entre los que se contaba CB&I.

En el proceso no fueron incluidos todos los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol ni del Comité Interinstitucional que escindieron la Refinería de Cartagena, le adjudicaron a Glencore y ante el posterior abandono el PDM no le impusieron sanción alguna.  Tampoco figuran las firmas que ejercieron la revisoría fiscal en las 2 empresas, Pricewaterhousecoopers, KPMG y Ernst & Young Audit.

Llama la atención que los ministros de Hacienda y Minas y los directores del Departamento Nacional de Planeación que recomendaron a Glencore como inversionista para el PDM y abogaron para que a Ecopetrol se le escindiera la Refinería, no figuran en los procesos judiciales abiertos entre 2017 y 2018.

Mención especial merece Mauricio Cárdenas Santamaría, quien fue exonerado por el Contralor General pese a ser parte de la Junta Directiva de Ecopetrol desde 2008, ministro de Minas y Energía entre 2011 y 2012 y ministro de Hacienda y Crédito Público desde 2012.

Así mismo en el 2010, cuando Reficar cambió la modalidad de contratación de costos fijos a costos reembolsables, estaba bajo el control de Ecopetrol y su Junta Directiva, tenía la facultad de tomar medidas correctivas, pero prefirieron no hacerlo. La Junta Directiva estaba integrada por el director del DNP, Esteban Piedrahita, y los ministros de Minas y de Hacienda Hernán Martínez Torres y Oscar Iván Zuluaga; ninguno de ellos figura en el PRF de la Contraloría que finalmente apertura por 2,9 billones de pesos.

Como era de esperarse, una vez conocido el laudo arbitral a favor de Ecopetrol por valor de mil millones de dólares, los exdirectivos implicados solicitaron la revisión del PRF, puesto que el monto equivalente a 4,9 billones de pesos superaba ampliamente el valor determinado por la Contraloría.

Un laudo incierto

En el 2016 Ecopetrol presentó demanda de reparación por los sobrecostos y demoras en el PDM contra los contratistas que adelantaron el proyecto de modernización de la Refinería ante la Cámara de Comercio Internacional, la cual resolvió de manera favorable las pretensiones de la empresa colombiana, condenando a Chicago Bridge & Iron Compañy N.V., CB&I Limited y CB& Colombia a pagar una suma no menor de mil millones de dólares.

Foto: Gobernación de Boyacá - Aunque Mauricio Cárdenas fue miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol desde 2018, ministro de Minas entre 2011 y 2012 y ministro de Hacienda desde 2012, fue exonerado por el contralor general.

Los sobrecostos en el proyecto motivaron a que el 2018 se calificara como el caso de mayor corrupción en 200 años de historia superando lo acontecido en el proyecto hidroeléctrico de El Guavio.

Los servicios por los que CB&I fue reconocida son:

Tecnología: tecnologías de proceso con licencia, catalizadores, equipos especializados y productos de ingeniería para uso en instalaciones petroquímicas, refinerías de petróleo y plantas de procesamiento de gas;

Ingeniería y Construcción: ingeniería, adquisición, fabricación y construcción de importantes instalaciones de infraestructura energética;

Servicios de fabricación: capacidades de fabricación de tuberías, acero estructural, prefabricación y ensamblaje de módulos, así como tanques y recipientes de almacenamiento para las industrias de petróleo y gas, agua y aguas residuales, minería y generación de energía

Brevemente la cronología de los sucesos se describe así:

  • En los años 2016 y 2017 los ingresos recibidos por sus actividades fueron menores para 2017, los ingresos de CBI fueron de 6.700 millones de pesos, menos que el año anterior.
  • En mayo de 2018, McDermott International adquirió la empresa por 6 mil millones de dólares estadounidenses.
  • Después de ser adquirido por McDermott, las acciones de CB&I abandonaron de cotizar en la Bolsa de Nueva York el 11 de mayo de 2018.
  • McDermott luchó por integrar su adquisición de Chicago Bridge & Iron Co, y en enero de 2020 se enfrentó a la quiebra. El 21 de enero de 2020, McDermott anunció que se había declarado en bancarrota conforme al Capítulo 11. McDermott tuvo problemas para integrar su adquisición de Chicago Bridge & Iron, la declaratoria se fundamentó a un litigio por asbesto.

Por las razones señaladas, hacer efectivo el cobro de los recursos de la decisión arbitral es incierto toda vez que CB&I es una sociedad que jurídicamente ya no existe, y con quien se fusionó, la también multinacional McDermott, se declaró en bancarrota.

Los sobrecostos en el proyecto motivaron a que el 2018 se calificara como el caso de mayor corrupción en 200 años de historia superando lo acontecido en el proyecto hidroeléctrico de El Guavio. El PDM fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo (2002-2006), así que el gobierno de entonces defendió a toda costa la escisión y privatización de la Refinería de Cartagena al igual que la privatización, bajo la figura de la capitalización de Ecopetrol, acciones que se hicieron realidad durante el segundo gobierno de Uribe.

Lea en Razón Pública: La soberanía energética de Colombia está en riesgo

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Libardo Espitia

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Libardo Espitia

*Profesional, especialista y asesor en Servicios Públicos Domiciliarios, magíster en Gestión y Auditorías Ambientales.

Foto: Radio Nacional

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El aumento del precio de la gasolina es consecuencia de una fórmula equivocada para calcular su precio, pero también del debilitamiento de Ecopetrol a lo largo de una década.

Libardo Espitia*

Un aumento escandaloso

El Gobierno Nacional anunció aumentos escalonados en el precio del galón de gasolina debido a falta de recursos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (fepc). No se sabe todavía que pasará con los precios del ACPM.

El faltante se calcula en 10 billones de pesos. El primer aumento de $200 por galón rige a partir del mes de octubre.

Esos aumentos obedecen a la fórmula que hoy se utiliza para determinar el precio interno de los combustibles, una fórmula que viene desde 1999 y que ahora necesita una urgente revisión.

Cómo se calcula el costo de la gasolina

Al comenzar el gobierno de Andrés Pastrana, el 23 de diciembre de 1998, se decidió cambiar la metodología con la cual calculaban los precios de los derivados líquidos del petróleo a través de actos administrativos que comenzaron a regir el 1 de enero de 1999.

La nueva metodología dispuso que las tarifas se fijaran sobre la base de una serie de factores a lo largo de la cadena de producción-distribución: el ingreso al productor (ip), el precio de venta al distribuidor mayorista (pmi), el margen del distribuidor mayorista (md) y el precio de venta en planta de abasto a mayorista (pma). La sumatoria de estos componentes arroja el precio final que se paga en las estaciones de servicio. El galón de gasolina corriente motor arrancó en $1608,29 y el de acpm a $1388,60.

La diferencia entre precios nacionales e internacionales es el costo de oportunidad (o perdida por no aprovechar la mejor opción de venta), que hoy se conoce erróneamente como un simple “subsidio”.

El precio de referencia para efectos del “subsidio” es lo que costaría comprar el petróleo en el extranjero. Concretamente es el precio del día del petróleo tipo WTI (o petróleo ligero de la Costa del Golfo de Estados Unidos), colocado en los puertos de importación en Colombia es decir, incluyendo los fletes marítimos o terrestres, seguros, valores de inspecciones de calidad en puertos de cargue y descargue, tasa arancelaria por importaciones, tarifas por poliducto e impuesto de timbre.

El IP es por supuesto el componente principal del precio final. Para la gasolina corriente motor, él representa hoy el 48 %, mientras que para el acpm representa el 41 %.

El desmonte de Ecopetrol

A partir de su fundación en 1951, la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) hizo grandes inversiones en activos relacionados con el crudo: poliductos, terminales petroleros, refinerías, empresas distribuidoras y transportadoras de energía, empresas distribuidoras de gas y productoras de propileno, entre otras.

Pero la empresa no ha sido ajena a la ola de privatizaciones, en especial bajo el gobierno de Álvaro Uribe y su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.

En el año 2003, gracias a las facultades extraordinarias que le otorgó de la Ley 790, el Gobierno expidió el Decreto Ley 1760, que creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (anh) y le quitó a Ecopetrol la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación.

A partir de ese momento dejaron de llegarle a Ecopetrol los hidrocarburos descubiertos por otras compañías, y debió competir por los nuevos bloques exploratorios ofertados por la anh, cargando sus refinerías y manteniendo su posición natural de refinador único en el país.

Así mismo, se cambió la naturaleza jurídica de Ecopetrol. Pasó de ser una empresa industrial y comercial del Estado a una sociedad pública por acciones, vinculada al Ministerio de Minas y Energía.

La estocada final vendría en 2006, cuando se ordenó a Ecopetrol que buscara entidades privadas aptas para la ingeniería de detalle y para la expansión de la Refinería de Cartagena, con un valor máximo calculado en 736 millones de dólares, más el 10%.  A mediados de 2006 se dio la puja entre Petrobras y Glencore, una multinacional suiza que, pese a no tener experiencia en proyectos de refinerías, logró quedarse con el 51 % de las acciones de la Refinería de Cartagena. Posteriormente se asoció con Ecopetrol y crearon Reficar, pero en el 2009, ante la crisis internacional, Glencore abandonó el proyecto.

Además de no imponerle ninguna sanción, Ecopetrol recompró sus acciones por un valor de 549 millones de dólares; así, Andean Chemical –propiedad de Ecopetrol– se quedó con el 50,99 % de las acciones de Reficar y Ecopetrol S.A. se quedó con el 49 % restante. Desde entonces, Ecopetrol tendría que asumir todos los costos del proyecto, que con sobrecostos superó los 8000 millones de dólares.

Por su parte la Ley 1118 de 2006 autorizó a Ecopetrol S.A. para emitir acciones al público en general por hasta el 20% de la participación estatal. Este proceso se conoció como la “capitalización” e hizo que la empresa pasara a ser una sociedad de economía mixta de carácter comercial, a la cual por lo tanto se le aplican las reglas del derecho privado.

Bajo estas nuevas reglas, Ecopetrol se consolidó como una empresa nacional con visión de petrolera multinacional, que vende y compra crudo y derivados a precios internacionales.

Dada la notoria diferencia entre los precios nacionales y el internacional, el Plan de Desarrollo 2006-2010 creó fepc (Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles) o fondo de la nación para pagar el “subsidio” o las pérdidas de Ecopetrol al vender combustible por debajo del precio internacional (artículo 69 de la Ley 1151 de 2007).

Puede leer: Fracking, petróleo y economía: mitos y realidades

Los biocombustibles: un subsidio exagerado

La Ley 693 de 2001 reguló el uso de los alcoholes carburantes y adoptó estímulos para su producción, comercialización y consumo y señaló la obligación para los centros urbanos de más de 500.000 habitantes de utilizar en las gasolinas componentes oxigenados. Para centros poblados de menos de 500.000 habitantes quedó optativo a voluntad del Ministerio de Minas y Energía.

La Ley 939 de 2004 estimuló la producción y comercialización de biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en motores diésel. Para esto eximió del impuesto a la renta líquida derivada de nuevos cultivos (entre ellos los de palma de aceite) por un período de diez años a partir del comienzo de la producción.

Al reglamentar las leyes anteriores, el Ministerio de Minas y Energía ha establecido precios fijos para los biocombustibles y ha autorizado su mezcla en la gasolina corriente motor, comenzando desde el 5 % al 10 % y, para el acpm, del 8 % al 12 %.

Las últimas disposiciones gubernamentales fijaron el ingreso al productor del biocombustible para motores diesel en $23.098,69 por galón y el de etanol en $13.048, altos costos que por supuesto afectan el precio final de la gasolina y el ACPM.

Los principales productores de alcohol carburante son: Incauca, Providencia, Manuelita, Mayagüez y Risaralda, mientras que para la producción de biodiesel están: Oleoflores, Odin Energy, Biocombustibles del Caribe y Bio D.

Los dueños de Ecopetrol

A partir de 2007, cuando comenzó el proceso de capitalización, la Nación disminuyó su cuota de propiedad en Ecopetrol. A fines del año pasado se registró un total de 254.096 accionistas, encabezado por las siguientes entidades:

Inversionista

No. Acciones diciembre 2021

No. Acciones diciembre 2021

Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público 36.384.788.417 88.49
J.P Morgan Chase Bank Na Fbo Holders Of Dr Ecopetrol 480.947.640 1.17
Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado 407.996.879 0.99
Fondo Bursátil Shares MSCI COLCAP 338.669.011 0.82
Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Moderado 319.162.267 0.78
Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Mayor Riesgo 231.808.762 0.56
Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Mayor Riesgo 184.451.634 0.45
Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Moderado 153.056.019 0.37
Fondo Bursátil Horizons Colombia Select de S&P 79.675.344 0.19
Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Mayor Riesgo 70.282.529 0.17
Vanguard Total International Stock Index Fund 65.638.669 0.16
Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Retiro 64.669.475 0.16
Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias Moderado 64.527.189 0.16
Fondo de Cesantías Protección Largo Plazo 43.048.756 0.10
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 42.707.437 0.10
Norges Bank 41.628.506 0.10
IShares Core MSCI Emerging Markets ETF 40.900.743 0.10
Fondo de Cesantías Porvenir 40.066.960 0.10
Fondo Especial Porvenir de Retiro Programado 36.919.550 0.09
Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias Mayor Riesgo 31.475.105 0.08
Compañía de Seguros Bolívar S.A. 28.862.480 0.07
Abu Dhabi Investment Authority J.P. Morgan 25.960.066 0.07
Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Conservador 25.738.972 0.06
Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Retiro Programa 25.230.083 0.06
Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Conservador 24.624.673 0.06

Fuente: Ecopetrol S.A.

Una revisión urgente

Los estudios técnicos realizados por el Ministerio y por la Asociación Colombiana del Petróleo (acp), en 1997 y 1998 respectivamente, concluían que la nueva metodología aumentaría los precios en un horizonte máximo de cinco años, es decir que debió acabarse en diciembre de 2003.

Pero el tratamiento sigue siendo como si no se hubiese dado el proceso de capitalización. En efecto: la estructura adoptada fue para una empresa industrial y comercial del Estado, no para una sociedad mixta por acciones donde concurren inversionistas privados.

Es urgente que el nuevo gobierno proceda a revisar esta estructura, al igual que la de la metodología para fijar los precios de los biocombustibles y de los alcoholes carburantes.

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Libardo Espitia

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Libardo Espitia

*Profesional, especialista y asesor en Servicios Públicos Domiciliarios, magíster en Gestión y Auditorías Ambientales.

Foto: Alcaldía a Bogotá

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La DIAN ha sido transformada por las reformas recientes y el nuevo director tendrá el reto de aumentar los ingresos del fisco para cumplir los programas del nuevo gobierno.

Libardo Espitia*

Por una Colombia más honesta

Luis Carlos Reyes fue designado como nuevo jefe  de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), una de las entidades más importantes del Estado. El economista deberá asumir el reto de radicar la reforma tributaria que propondrá el gobierno Petro en conjunto con el Ministerio de Hacienda.

Ahora bien, conviene recordar cuáles son las funciones de la DIAN y cómo las reformas tributarias han transformado a esta entidad.

Comienzo por recordar que esta entidad adoptó el lema de “Por una Colombia más honesta” en el último mandato el cual fue compartido por José Andrés Romero Tarazona y Lizandro Junco Riveira. El primero estuvo en el cargo desde agosto de 2018 hasta febrero de 2021, pero su sucesor, Junco Rivera, quedó mal parado por su mención en el caso de los “Pandora Papers”. Esta mención puso en entredicho la tarea de la DIAN, que ha adoptado medidas contra la evasión o la elusión en paraísos fiscales.

La DIAN reformas tributarias
Foto: Twitter - Luis Carlos Reyes, nuevo director de la DIAN.

Le recomendamos: ¿Qué son los papeles de Pandora y cuáles sus implicaciones?

Las funciones de la DIAN

La DIAN es una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Su misión es contribuir a garantizar la seguridad fiscal del Estado Colombiano y proteger el orden público económico mediante la administración y control de las obligaciones tributarias, cambiarias, aduaneras y los derechos de explotación y gastos de administración de los juegos de suerte y azar.

Además, facilita las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.

Hace presencia en todo el territorio nacional con 30 direcciones seccionales de impuestos y Aduanas, 6 seccionales de Aduanas, 7 direcciones seccionales de impuestos y 7 direcciones seccionales delegadas de impuestos y aduanas.

La DIAN cumple un papel decisivo en el análisis, consolidación y posterior recaudo y vigilancia de las reformas tributarias, si bien es el Ministerio de Hacienda quien las propone, presenta y defiende.

El personal de la DIAN

Los movimientos más importantes en la planta de personal de la DIAN se habían  dado en virtud de los los Decreto 4048 y 4051 de 2008, que fijaron un total de 7. 500 empleos permanentes para ser finaciados con cargo al presupuesto de funcionamiento.

El Decreto 4951 del 30 de diciembre de 2011 creó una planta temporal con un total de 2618 empleos. El Decreto 4953 de 2011 incorporó a la planta de la DIAN 46 empleos públicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El Decreto 1837 de 2012  creó otra planta temporal de 800 cargos, para un total de 3.418 empleos temporales. Estas plantas tuvieron el asidero legal del Decreto ley 4171 de 2011;  con el Decreto 1702 de 2014 la planta unificada fue prorrogada hasta el 30 de junio de 2016 con 3.409 empleos.

El Decreto 2393 de 2015  modificó de nuevo la planta de personal la convertir 1.498 empleos temporales en cargos permanentes. El Decreto 2394 de 2015 añadió 900 empleos: 820 como Gestor III y 80 como Gestor IV. El Decreto 885 de 2016  prorrogaba 1.834 empleos temporales hasta el 31 de diciembre de 2018.

A raíz del aumento de funciones de la DIAN que implicó la Ley 1819 de 2016, esta entidad realizó un estudio de cargas según el cual serían necesarios otros 6.211 cargos permanentes, para ser provistos en un plazo de cuatro años.

Por otro lado, a través del Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017 el Gobierno Nacional creó 1.973 empleos en la planta permanente para vincular a quienes ejercían empleos temporales y realizar encargos. El Decreto 1322 de 2021 adicionó un total de 138 empleos permanentes para ejecutar las nuevas obligaciones de la entidad referidas a las funciones que cumplía la Empresa Territorial para la Salud (ETESA).

Cuadro 1. Personal de la DIAN.   

Personal DIAN 2009 2010 2011 2012 2013

(agosto)

2014 (agosto) 2015 (agosto) 2016 (agosto) 2017 (agosto)
Planta 6.075 5.972 5.846 5.841 5.437 5.967 5.557 5.567 5.368
Supernumerarios 3.322 2.583 2.545 58 81  6 23 35 11
Libre nombramiento y remoción 57 93 93 83 81 94 92 22
Planta temporal 2.547 2.965 3.054 3.262 1.798 1.767
Planta período prueba 502
Provisionales 3 3 23 1.578 2.317
9.454 8.648 8.484 8.446 9.071 9.111 8.959 9.070 9.553

Fuente: informes rendición de cuentas.

Una entidad transformada

Especial mención merecen las más recientes reformas que han modificado el Estatuto Tributario, tales como Ley 1607 de 2012, Ley 1739 de 2014, Ley 1819 de 2016 y las gestionadas por el actual gobierno en el 2018 y en el 2019 (Ley 1943 y Ley 2010)

La Ley 2010 de 2019 concedió facultades extraordinarias al Presidente de la República para que regulara el Sistema Específico de Carrera Administrativa de los servidores de la DIAN con la finalidad de garantizar la profesionalización y la excelencia de sus empleados.

En uso de esas facultades se expideron el Decreto ley 071 de 2020 y el Decreto 1742, que reorganizó la DIAN y derogó el Decreto 4048 de 2008.  El Decreto 1743 de 2020  modificó la nomenclatura y clasificación de los empleos de la entidad y el Decreto 1744 de 2020 modificó la planta de personal.

El presidente electo ha anunciado una reforma tributaria profunda para recaudar alrededor de 50 billones de pesos.

Para reclutar a sus trabajadores, la DIAN ha adoptado una política de gestión de talento humano que abarca la planta de empleos temporales, encargos, nombramientos provisionales y por convocatoria adelantada por la Comisión Nacional del Servicio Civiel (CNSC).

Para llevar a cabo las diferentes ampliaciones de personal, el presupuesto general de la DIAN también ha aumentado de manera significativa, tal como muestra el Cuadro siguiente:

Cuadro 2. Presupuesto por vigencia aprobado a la DIAN

Cifras en millones de pesos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1.348.836 1.135.142 1.264.851 1.511.514 1.561.985 1.723.014 1.897.840 1.882.768

Fuente: Leyes PGN

Finalmente, conviene indicar que la DIAN, en conjunto con la CNSC, ha estructurado un concurso público con el cual que quiere proveer empleos de vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera, que se cumplirá a través de tres convocatorias consecutivas en 2020, 2021 y 2022.

Con ello, se proveerán en forma definitiva más de cinco mil vacantes de acuerdo con las necesidades creadas por las reformas tributarias. La CNSC ya adelantó la primera convocatoria para proveer 1500 cargos que estaban en provisionalidad.

Proceso de modernización

La Ley 1819 de 2016 estableció un plan de modernización tecnológica que consolidaría la entidad y que sería presentado para aprobación del Conpes, el cual recibió apoyo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 con la creación del Fondo DIAN como un patrimonio autónomo administrado por el Ministerio de Hacienda encargado de financiar el plan.

El documento Conpes 3993 de 2020 dio el concepto favorable para la contratación de un empréstito externo por la suma de 250 millones de dólares para financiar el plan en un plazo de cinco años para lo cual se suscribió el contrato de fiducia mercantil.

En desarrollo de las estrategias del Conpes, las gestiones del Fondo DIAN culminaron con la suscripción del Contrato de Préstamo BID 5148/OC-CO el 24 de diciembre de 2020. Las inversiones con estos importantes recursos y los logros obtenidos son tareas pendientes del gobierno acordes al lema “Por una Colombia más honesta.”

Algunas cifras por resultados de la gestión    

Según los informes de rendición de cuentas de la Entidad, en agosto de 2018 el nuevo gobierno se encontró con una meta de gestión de 6,6 billones de pesos, culminando con un recaudo efectivo de 6,62 billones.

En el 2019, la meta de gestión fue de 10 billones y al culminar el recaudo logrado fue de 13,6 billones. Para el 2020 la meta se fijó una meta de 13 billones.

En materia de fiscalización, en el 2018 se obtuvieron 5,28 billones, superando la meta fijada de 3,8 billones. En 2019 se fijó la meta de 4 billones y se alcanzaron los 6,6 billones.

Para el período enero-agosto de 2020 se recaudaron 6,9 billones de la meta fijada para el año que fue de 13 billones, en el mismo período de 2021 de la meta anual fijada de 16 billones se recaudaron 11 billones. Por fiscalización entre agosto 2020-agosto de 2021 se logró una gestión de 5,21 billones.

Lo que se espera del nuevo gobierno

El presidente electo ha anunciado una reforma tributaria profunda para recaudar alrededor de 50 billones de pesos.

Según se ha dicho, las fuentes de este recaudo no serán el grueso de las personas naturales sino quienes tengan ingresos superiores a 10 millones mensuales, que son el 1 % de la población colombiana. Además, se pretende atacar la evasión fiscal, las exenciones tributarias, sin aumentar la retención en la fuente y disminuir la evasión, revisando las tarifas que actualmente se aplican a los dividendos.

Ojalá se contemplen revisar las exenciones que tiene las zonas francas cuyos resultados en generación de empleos ha sido todo un misterio, puesto que solamente entre éstas y las exenciones tributarias en general de manera amplia se superaría la meta pretendida. El designado director ya anunció que se necesitan recursos para ampliar la planta de personal de la entidad.

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Libardo Espitia

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Libardo Espitia

*Profesional, especialista y asesor en Servicios Públicos Domiciliarios, magíster en Gestión y Auditorías Ambientales.

Foto: Gobernación de Arauca - Ministra Karen Abudinen

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Libardo Espitia

Pese a la magnitud del escándalo, la ministra se niega a renunciar, el presidente respalda su decisión y la procuradora guarda silencio. La poca decencia que le quedaba al gobierno parece haberse esfumado.

Libardo Espitia*

¿En qué va el escándalo?

El contrato entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados por 1,07 billones de pesos sigue dando de qué hablar.

La semana pasada, después de que MinTIC confirmó la caducidad del contrato y ordenó el embargo de las cuentas de  los integrantes de la Unión Temporal, Fernando Duque, el representante legal de Centros Poblados, anunció que la empresa interpondrá una demanda y buscará una indemnización si no prospera  la tutela por violación al debido proceso que está en manos del Juzgado Civil de Barranquilla.

Pese a la magnitud del escándalo, la ministra Karen Abudinen se niega a renunciar y está a la espera de la moción de censura que se llevará a cabo el próximo viernes 3 de septiembre.

La licitación

El 12 de agosto de 2020 el Comité de Contratación del MinTIC aprobó el proceso licitatorio FTIC-LP-038-2020 y publicó el anuncio de convocatoria del proyecto de Centros Digitales con un valor estimado de $2.138.117.270.477. El proyecto estaba divido en dos regiones (A y B) y su objetivo era llevar conexión de internet a más de 7.000 colegios de distintas zonas rurales del país.

El 23 de septiembre del mismo año, la Secretaría General del MinTIC abrió el proceso y recibió las postulaciones de diez proponentes: UT Conectando a Colombia, Comcel S.A., UT SES INRED, Chica Great Wall Industry Corporation, UT Centros Poblados Colombia 2020, UT Red Iris, U-Red, EMDEMSATEL, UT ETB NET y UT Conexo TIC.

El 6 de noviembre MinTIC publicó el informe de evaluación preliminar y el 9 de diciembre adjudicó a Comcel S.A. la región A por una cuantía de $1.065.564.968.972 y la región B a Centros Poblados por un valor de $1.072.552.301.475.

La región B abarca los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada. Para proteger los recursos del proceso, se suscribieron las siguientes pólizas:

PÓLIZAS Y/O GARANTIAS BANCARIAS
Amparo Número de póliza Vigencia Compañía aseguradora
Buen manejo y correcta inversión anticipo Garantía Bancaria No. 202-1156-01001 18-12-2020 al 31-07-2022 Banco Itaú Corpobanca
Cumplimiento incluido multas y penal pecuaria Garantía bancaria No. 2020-1056-01002 18-12-2020 al 31-07-2022 Banco Itaú Corpobanca
Pago de salarios y prestaciones sociales Garantía bancaria No. 2020-1156-01003 18-12-2020 al 31-07-2025 Banco Itaú Corpobanca
Responsabilidad civil extracontractual RE012537 12-12-2020 al 31-07-2022 Confianza

Fuente: FUTIC-Secop II

La interventoría, por un valor de $19.454.583.271, fue adjudicada al Consorcio P2020 C Digitales conformado por las empresas Telemediciones SAS, PMO SOLYCOM SAS Y Eurocontrol S.A. Sucursal Colombia.

 Quienes son los contratistas

Según el contrato estatal de aportes No. 1043 de 2020, la Unión Temporal Centros Poblados está integrada de esta forma:

 

Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 Representante Legal

Luis Fernando Duque Torres

Porcentaje % Municipio
Fundación de Telecomunicaciones,

Ingeniería, Seguridad e Innovación

Carlos Enrique Páramo Samper 35% Barranquilla
ICM Ingenieros SAS Jeremías Olmedo Cabrera Mosquera 35% Bogotá
INTEC de la Costa SAS Hugo Armando Canabal Hoyos 15% Barranquilla
Omega Building Constructora SAS Juan Sebastián Vergara Ortega 15% Barranquilla

Fuente: FUTIC-Secop II

El Registro Único Empresarial (RUES) contiene la siguiente información sobre los integrantes de la UT Centros Poblados:

 

Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 Objeto social/actividades económicas Fecha de matrícula
Fundación de Telecomunicaciones,

Ingeniería, Seguridad e Innovación

Actividades de telecomunicaciones inalámbricas/ Actividades de consultoría informática/ Comercio al por mayor de computadores 2011
ICM Ingenieros SAS Construcción de carreteras y vías de ferrocarril/ Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas 1994
INTEC de la Costa SAS Construcción de carreteras y vías de ferrocarril/ Fabricación de muebles 2004
Omega Building Constructora SAS Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería/ Construcción de edificios residenciales 2016

Fuente: RUES

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Las irregularidades

Al poco tiempo de adjudicarse el  contrato a Centros Poblados, el Banco Itaú reveló que no había suscrito ninguna de las tres pólizas que garantizaban los riesgos de la contratación. Además, se supo que el anticipo de los $70.243.279.599 concedido al contratista había ido a parar en el paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos).

Unos días antes, Centros Poblados aseguró que los recursos habían sido usados para comprar equipos a la empresa Nuovo Security LLC, pero uno de los socios denunció que su firma había sido falsificada por otros miembros de la empresa.

La decisión del MinTIC

Estas irregularidades llevaron a MinTIC a declarar la caducidad del contrato y a imponer una multa de $39 mil millones a Centros Poblados. La empresa decidió imponer una tutela con el fin de revertir la decisión del Ministerio.

Mientras no haya una decisión oficial, ninguno de los integrantes de Centros Poblados puede ejecutar los contratos que tienen con otras entidades estatales como el INVIAS, el IDU y el FUTIC.

Además de decretar la caducidad del contrato, Abudinen ordenó:

  • Interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para empezar las investigaciones pertinentes;
  • Trasladar el proceso a los entes de control, es decir, a la Procuraduría y la Contraloría;
  • Empezar el proceso de control interno para establecer fallas en el interior del Ministerio;
  • Investigar a Consorcio PE 2020 C Digitales, la firma interventora responsable de supervisar la ejecución del contrato y avalar los giros y anticipos;
  • Investigar a SESCOLOMBIA, la entidad contratada por el Ministerio para evaluar los riesgos y las garantías del proceso que dio el concepto favorable para contratar a Centros Poblados;
  • Revisar las bodegas y los colegios donde Centros Poblados asegura que están los insumos tecnológicos necesarios para hacer un levantamiento.

Los vínculos de la ministra con el charismo

La ministra llegó al cargo el 5 de mayo de 2020 en reemplazo de Sylvia Constaín. Algo de lo que se ha hablado poco es que Abudinen es muy cercana a la casa Char: además de pertenecer a Cambio Radical, Alejandro Char la nombró Secretaria de Educación en su segunda administración y unos años después el Presidente la designó Consejera Presidencial para las Regiones.

En principio, la Procuraduría General de la Nación tiene la responsabilidad de vigilar la conducta de cualquier servidor público, incluyendo a quienes desempeñan funciones públicas o prestan un servicio público de forma temporal, pero en este caso la objetividad de la institución podría verse comprometida por la cercanía de la procuradora Margarita Cabello con el charismo.

Varios familiares de Cabello firmaron contratos con la alcaldía de Alejandro Char, con la de Jaime Pumarejo y con la gobernadora Elsa Noguera. Recientemente la procuradora fue recusada, alegando que debería apartarse de la investigación por su cercanía con la ministra. Hasta el momento, Cabello no se ha pronunciado.

Igualmente no se puede olvidar que la barranquillera Margarita Cabello hizo parte del Gobierno actual siendo Ministra de Justicia hasta el año 2019, para luego ser postulada por el Presidente para el cargo de Procuradora General y como era previsible el Senado bajo la presidencia de Arturo Char Chaljub, su nombramiento no tuvo talanquera alguna obteniendo un total de 83 votos en plenaria. Por tales razones se pone en tela de juicio su independencia y objetividad para adelantar cualquier investigación contra algún alfil del gobierno, en especial la Mintic y más aún cuando ella misma una vez elegida Procuradora se ha referido “a nuestro gobierno”.

Foto: Wikimedia Commons - Ante el semejante escándalo donde fue evidente que fallaron los controles, no se entiende como el Presidente de la República salió a respaldar a la Mintic, ¿se acabó la ética en el gobierno nacional?

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El Mintic administra el Fondo Único de las Tecnologías de la información y las Tecnologías-FUTIC cuyo representante legal es la secretaria general Adriana Vanessa Mesa Consuegra (barranquillera), quien también ha prestado sus servicios en la Alcaldía de Barranquilla y en la Alta Consejería para las Regiones.  Con la ley 1341 de 2009 se definieron las funciones del Fondo consistentes en la financiación de planes, programas y proyectos para facilitar el acceso universal de todos los ciudadanos a las tecnologías de la información y las comunicaciones; el fortalecimiento de la televisión pública y la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público y cultural, entre otras.

Por ello es que ante semejante escándalo resulta inaceptable que Duque haya salido a respaldar a la ministra. ¿Acaso se evaporó la poca ética que le quedaba al gobierno nacional?

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Libardo Espitia

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Libardo Espitia

*Profesional, especialista y asesor en Servicios Públicos Domiciliarios, magíster en Gestión y Auditorías Ambientales.

Foto: Facebook Grupo Energía de Bogotá - Energía Eléctrica

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Libardo esptia

El acuerdo para fusionar ambas compañías es una muestra de la inferioridad histórica de Bogotá ante los capitales extranjeros.

Libardo Espitia*

Una nueva empresa

A mediados del mes pasado, las directivas del Grupo Energía de Bogotá (GEB) anunciaron la fusión de esta compañía con la italiana Enel y la creación de una nueva empresa de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. El GEB, es decir la capital, tendrá el 42,5 % de las acciones y Enel el 57,3 %.

De acuerdo con el documento “Redefinición de las inversiones del GEB en Emgesa y Codensa”, con el acuerdo entre Enel y el GEB, Emgesa absorberá a Codensa, Enel Green Power Colombia y ESSA de Chile, sociedad que engloba activos de Enel en Costa Rica, Guatemala y Panamá.

Si bien a primera vista parece que el acuerdo podría producir mayor rentabilidad y la posibilidad de incursionar en nuevas y saludables tecnologías, un análisis más profundo lleva a una conclusión distinta.

Con el acuerdo, el Distrito Capital sigue perdiendo participación accionaria, tal como ha ocurrido desde el proceso de transformación al que se sometió la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) entre 1996 y 1997 en la primera administración de Antanas Mockus.

La transformación de la EEB

En 1995, la Alcaldía de Bogotá argumentó que la viabilidad financiera de la EEB estaba en riesgo y que por ello debía ser sometida a un proceso de transformación. Sin duda, el proyecto hidroeléctrico del Guavio estaba desangrando la empresa, y esto exigía cambios que requerían la autorización del Concejo de Bogotá.

Con el acuerdo entre Enel y el GEB, Emgesa absorberá a Codensa, Enel Green Power Colombia y ESSA de Chile, sociedad que engloba activos de Enel en Costa Rica, Guatemala y Panamá.

En enero de 1996, a través del Acuerdo 01, el Concejo avaló la transformación de la EEB:

  • El artículo 1 estableció que la empresa pasaría de ser un establecimiento público a ser una Empresa Industrial y Comercial del orden distrital;
  • El artículo 2 transformó la EEB en una sociedad por acciones regida por el Estatuto de los Servicios Públicos Domiciliarios. Además, se indicó que la nueva sociedad por acciones podría tener participación privada máxima del 49 %, con lo cual la ciudad conservaría el control;
  • El artículo 3 se facultó al Distrito Capital y a sus entidades descentralizadas para participar como accionistas de la nueva empresa; y
  • El artículo 6 autorizó a la entonces EEB, así como a la sociedad resultante, para realizar inversiones o participar en otras entidades o asociaciones con objetos relacionados o actividades relacionadas con los servicios públicos.

El 28 de mayo de 1996 el alcalde aprobó los nuevos estatutos de la EEB y el 31 de mayo aprobó su transformación en una sociedad por acciones con una capital cercano a los 1.800 millones de dólares aportados por los siguientes socios:

  • Distrito Capital: 90,6% ;
  • Nación: 9,3 %;
  • Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB): 0,05 %;
  • Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB): 0,01%; y
  • El resto de accionistas: 0,01 %.

Puede leer: Bogotá vende su empresa de energía eléctrica

Foto: Superintendencia de Industria y Comercio - La fusión es un mal negocio para los bogotanos

Puede leer: La fusión ENEL-GEB: un error histórico

Hacia la privatización

Pero, contradiciendo el mandato del Acuerdo 01 de 1996, la Junta Directiva de la EEB tomó la decisión de quitarle las actividades de generación y distribución de energía, para pasárselas a dos nuevas compañías: Emgesa y Codensa. Sobre la base de las valoraciones contratadas, la Junta Directiva estimó que estas empresas valían novecientos millones de dólares.

El proceso de transformación de la EEB concluyó el 15 de septiembre de 1997, con su adjudicación a los consorcios Luz de Bogotá y Capital Energía, creados por la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) de España con capitales irrisorios.

Con esta adjudicación, se capitalizaron el 48,5% de las acciones de Emgesa y Codensa, así como el 11% de las acciones de la EEB, por un valor de 2.177 millones de dólares, precio en apariencia superior al inicialmente fijado por la junta directiva de la EEB. Así fue la operación:

 Capitalización de Emgesa, Codensa y EEB.

 Empresa  Porcentaje capitalizado Inversionista (millones de dólares) Total (millones de dólares)
Luz de Bogotá Capital Energía
Emgesa 48,5 % 810 810
CODENSA 48,5 % 1.085 1.085
EEB 11,0 % 141 141 282
1.226 951 2.177

Fuente: Historia de la Empresa de Energía de Bogotá.

Aunque el Distrito Capital mantuvo la mayoría accionaria sobre Codensa y Emgesa por las acciones preferenciales suscritas, el control operativo y decisorio les fue cedido a los nuevos inversionistas.

Este proceso podría calificarse como “exitoso”, pero no lo fue. Los dineros no ingresaron al país por decisión del Gerente General del Banco de la República, Miguel Urrutia Montoya. Además, después de la capitalización, las juntas directivas de las tres empresas llegaron a la conclusión de que no requerían tanto capital y debían reducirlo en la suma de 1,2 billones de pesos, que les serían devueltos a sus socios bajo la figura de los procesos de descapitalización.

Estos procesos de descapitalización beneficiaron a Endesa y a la administración distrital en cabeza de Enrique Peñalosa, con lo que se concluyó que la inviabilidad financiera de la EEB no era tan cierta y que a la ciudad y al Concejo no se les dijo toda la verdad.

Años después, el 22 de noviembre de 2016, por iniciativa del alcalde Peñalosa, el Concejo aprobó el Acuerdo 651, por el cual autorizó la venta del 20% “de la participación accionaria en que se divide el capital social” de la EEB. Con esta venta, la ciudad esperaba recibir unos $3,5 billones en su presupuesto distrital.

La participación pública en la empresa era de siete mil millones de acciones ordinarias, equivalentes al 76,28 % del capital suscrito y pagado. Finalmente, la Secretaría de Hacienda informó que cumplidas las etapas primera y segunda del proceso de “democratización”, se vendió el 10,6 % del capital social de la empresa y se obtuvieron recursos por más de un billón novecientos sesenta millones de pesos. Quedó pendiente el 9,4 % de lo autorizado.

La desigual posición del GEB

En Colombia se comenzó a hablar de Enel cuando, en 2007, las compañías Acciona y la italiana Enel formalizaron la toma del control del 92 % de las acciones de Endesa. En 2009, Acciona vendió a Enel su participación del 25 % en Endesa, de modo que la empresa italiana pasó a controlar más del 92 % de la compañía.

Con la adquisición de Endesa, Enel no solo hizo presencia en Colombia sino en los demás países latinoamericanos donde la compañía ibérica tenía intereses. Como se explicó, Mockus entregó el control de Emgesa y Codensa a estos capitales extranjeros y vendió además el 11 % de la matriz de la EEB sin ninguna justificación.

Hoy vemos las consecuencias de estas equivocadas decisiones: aunque el Distrito tiene la mayoría accionaria sobre Emgesa y Codensa, por efecto de las acciones preferenciales que le restaron voto, los inversionistas privados manejan a sus anchas las decisiones estratégicas sin contar con la ciudad.

Con la adquisición de Endesa, Enel no solo hizo presencia en Colombia sino en los demás países latinoamericanos donde la compañía ibérica tenía intereses

Durante años, el GEB ha tenido que soportar los abusos de Enel. Por eso ha acudido a tribunales de abritramento para solucionar diferencias en la repartición de dividendos, conflictos de intereses y operaciones, desacuerdos con las marcas y el ingreso a energías renovables no convencionales. Esas diferencias quedan supuestamente zanjadas con el acuerdo entre ambas compañías.

Pero este acuerdo es solo una muestra de la inferioridad histórica del GEB. La compañía se vio obligada a ceder a los intereses de Enel y este es el resultado y era apenas lógico toda vez la inferioridad del GEB frente a Enel: mientras que la primera presta sus servicios en cuatro países, Enel hace lo propio en 30.

Esto no hubiese sucedido si la Junta Directiva de entonces, hubiera tomado las decisiones correctas pensando en los intereses de la ciudad de conformidad con sus obligaciones y con el mandato entregado por la máxima autoridad de la ciudad que es el Concejo en el Acuerdo 01 de 1996.

La junta directiva de la EEB estuvo conformada en ese momento, por el alcalde Antanas Mockus, José Fernando Isaza, César González, Miguel Esteban Peñaloza, José Eustasio Molano, Henry Herrera, el ministro de minas Rodrigo Villamizar y por Paulo Orozco como Gerente General.

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Libardo Espitia

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Libardo Espitia

*Profesional, especialista y asesor en Servicios Públicos Domiciliarios, magíster en Gestión y Auditorías Ambientales.

Foto: Alcaldía de Floridablanca - Fotomultas

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Libardo esptia

No cesan los abusos contra los conductores por medio de fotomultas, y es porque la Superintendencia de Transporte no hace cumplir los requisitos exigidos por la ley para evitar esos abusos.

Libardo Espitia*

El debate

El uso de sistemas de fotodetección para identificar infracciones de tránsito sigue dando pie a toda suerte de abusos por parte de las autoridades.

Hace pocos días, el alcalde de Aguachica, Cesar, revivió la controversia sobre esta tecnología: cansado de las arbitrariedades del concesionario que maneja las cámaras en su municipio, el mandatario se enfrentó personalmente con los funcionarios de un equipo móvil y dijo que desmontaría la cámara “así le tocara hacerlo con grúa”.

Según los ciudadanos, las autoridades de tránsito no han acatado la ley ni la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el uso de fotomultas. Los ciudadanos han denunciado de manera repetida que las cámaras no están debidamente señalizadas y que las autoridades cometen todo tipo de irregularidades en la notificación e imposición de las multas.

En ese contexto, ¿cuál ha sido el papel de la Superintendencia de Transporte y qué podemos esperar en el futuro?

Cómo está regulado el sistema

El uso de equipos electrónicos para detectar infracciones de tránsito está regulado por el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Según esta norma, son autoridades de tránsito:

  • el Ministerio de Transporte;
  • los gobernadores y los alcaldes;
  • los organismos de tránsito departamentales, distritales y municipales;
  • la Policía Nacional;
  • los inspectores de tránsito o de policía;
  • los agentes de tránsito;
  • las fuerzas militares, en ausencia de autoridades de tránsito, y
  • la Superintendencia de Transporte.

Esta última es la entidad encargada de vigilar a las demás autoridades, organismos y entidades públicas o privadas relacionadas con el tránsito y transporte en Colombia.

Las autoridades cometen todo tipo de irregularidades en la notificación e imposición de las multas.

Sobre la base de estas disposiciones legales, desde 2010, los gobernadores y alcaldes han suscrito contratos de concesión con entidades privadas para que operen los “sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para detectar infracciones de tránsito” (SAST), también conocidos como sistemas de fotodetección.
Foto: Ministerio de Transporte - No es claro el control que ejerce la Superintendencia de Transporte sobre las fotomultas.

La Superintendencia de Transporte no ha cumplido adecuadamente sus funciones y ha dejado pasar las arbitrariedades de las autoridades de tránsito.

Al principio, no existió ningún criterio técnico para instalar estos equipos o para controlar su funcionamiento: toda su operación fue cedida a los privados, quienes se quedaron con la mayor tajada de los ingresos recibidos por el uso de esta tecnología. Hoy, los privados se quedan con comisiones que pueden estar entre el 30 y el 80 % de los recursos recibidos.

Una nueva ley

El alto volumen de quejas ciudadanas sobre la imposición de fotomultas llevó al Congreso a expedir la Ley 1843 de 2017. Esta ley pretendía poner en cintura a los operadores privados y a las autoridades de tránsito, y reiterar la función de vigilancia de la Superintendencia de Transporte.

Dentro de las disposiciones que introdujo la ley están:

  1. Todo SAST debe cumplir los criterios técnicos de seguridad vial establecidos por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
  2. Toda autorización para instalar SAST tendrá una vigencia de cinco años a partir de su otorgamiento.
  3. La Superintendencia de Transporte debe verificar los criterios técnicos de las SAST, puede abrir investigaciones y hasta suspender el uso de los equipos.
  4. La remuneración para los operadores privados que instalen, pongan en marcha y operen los SAST no podrá superar el 10 % del recaudo.
  5. La notificación de una contravención detectada debe hacerse dentro de los tres días hábiles siguientes a la validación del comparendo.
  6. La acción por contravención de las normas de tránsito caduca dentro de un año a partir de la ocurrencia de los hechos.
  7. Para la instalación de los SAST, las autoridades de tránsito deben cumplir con los siguientes requisitos técnicos:  a) la decisión debe hacer parte del Plan Nacional de Seguridad Vial; b) su uso debe estar soportado en estudios y análisis sobre accidentalidad y flujo vehicular y peatonal c) se debe contar con un cuerpo de agentes de tránsito capacitado,  d) debe haber una adecuada señalización para informar a las personas de la existencia de los SAST.
  8. Los SAST deben contar con una calibración prestada por laboratorios que demuestren la trazabilidad de sus equipos medidores de velocidad conforme a los patrones de referencia definidos por el Instituto Nacional de Metrología.

La ley fue reglamentada por el gobierno mediante Resolución No. 0718 de 2018, y el año pasado, mediante la sentencia C-038 de 2020, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de un parágrafo según el cual el propietario del vehículo era solidariamente responsable con el conductor infractor. Según la Corte, las autoridades deben identificar a la persona que cometió la infracción y demostrar la ocurrencia de los hechos.

A pesar de lo anterior, los ciudadanos denuncian que las autoridades siguen vinculando a los propietarios de los vehículos y que imponen toda clase de obstáculos burocráticos para que las personas paguen las fotomultas irregulares.

¿Cuáles son los equipos autorizados?

Con la reglamentación ya indicada, el Ministerio de Transporte habilitó en su página un enlace para el cargue de la información por parte de las autoridades de tránsito, la Agencia procedía a la verificación de la información y por último el Ministerio otorgaba la autorización. Dicha reglamentación debe ser acatada por las autoridades de tránsito tanto para los SAST existentes como para los nuevos que se pretendan instalar en las carreteras el país. Con el Decreto Antitrámites (Decreto 2106 de 2019) toda la gestión quedó a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

De acuerdo con la página de la ANSV, entre el 10 de diciembre de 2018 y el 13 de febrero de 2021 fueron autorizadas 533 SAST autorizadas en Colombia, distribuidas así: 

DEPARTAMENTO No. SAST DEPARTAMENTO No. SAST
Valle del Cauca (San Pedro, Cali, Palmira, Yumbo, Yotoco, Cartago) 66 Córdoba (Planeta Rica, Montería) 12
Cundinamarca (Zipaquirá, Cota, Sibaté, Ricaurte, Cajicá, La Mesa) 19 Norte de Santander (Los Patios, Cúcuta, Villa del Rosario) 29
Magdalena (Fundación, Santa Marta, Ciénaga, Puebloviejo, Sitionuevo) 29 Santander (Barrancabermeja) 37
Antioquia (Bello, Sabaneta, Itaguí, Medellín) 102 Atlántico (Malambo, Soledad, Sabanagrande, Galapa, Baranoa, Ponedera, Tubará, Palmar de Varela, Campo de la Cruz, Suan, Puerto Colombia, Barranquilla, Juan de Acosta) 65
Cesar (San Alberto, Pailitas, Aguachica) 8 Bolívar (Turbaco, Arjona) 3
Cauca (Santander de Quilichao, Popayán) 10 Sucre (Corozal) 3
Bogotá 129 Meta (Villavicencio) 15
Caldas (La Dorada)  2

Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial

La mayoría de las fotomultas en el país se imponen en Antioquia, Atlántico, Bogotá y Valle del Cauca.

La Superintendencia ha sido negligente

La Superintendencia de Transporte es la encargada de inspeccionar y controlar el servicio público de transporte en todas sus modalidades: férreo, fluvial, terrestre, aéreo y marítimo.

Por supuesto, esto incluye el deber de vigilar el proceso de imposición de fotomultas que vienen desde el 2002 y, en caso de encontrar incumplimientos de la ley, abrir investigaciones y hasta suspender los equipos tecnológicos. Sin embargo, tres años después de expedida la nueva ley de fotomultas, la Superintendencia apenas registra la apertura de 41 averiguaciones preliminares contra igual número autoridades de tránsito.

Los privados se quedan con comisiones que pueden estar entre el 30 y el 80 % de los recursos recibidos

En 2019, la Superintendencia informó que revisaría 60.000 expedientes de multas irregulares, cuyo valor suma más de 171.000 millones de pesos. La revisión de estos expedientes obedece a un fallo del Consejo de Estado, que en 2008 suspendió y luego en el 2016 anuló parte de un decreto expedido por el gobierno nacional. A pesar de la existencia de este fallo, la Superintendencia continuó imponiendo multas sobre la base del decreto anulado.

La revisión de los 60.000 expedientes tendrá un alto costo humano y económico, que pudo haberse evitado si la Superintendencia hubiese actuado de manera eficaz y diligente en 2008, cuando se suspendió el decreto mencionado. Hoy, ese esfuerzo podría aprovecharse para revisar las irregularidades en la imposición de fotomultas, pero ni uno solo de esos expedientes está relacionado con estas tecnologías.

En conclusión

Los SAST nacieron con el Código Nacional de Tránsito Terrestre y comenzaron a ser utilizados a partir de 2010 con unas condiciones económicas pactadas en beneficio de los operadores privados y en detrimento de los municipios y en especial de los ciudadanos, los cuales han tenido que recurrir a la acción de tutela para que la Superintendencia les de alguna respuesta.

Aunque la Ley 1843 de 2017 trató de corregir los vacíos existentes, la Superintendencia de Transporte no ha cumplido adecuadamente sus funciones y ha dejado pasar las arbitrariedades de las autoridades de tránsito.

Si la Superintendencia no actúa, a pesar de unas normas que se lo ordenan, ¿no será hora de revisar la utilidad de esta entidad y de apretar tuercas institucionales para que los ciudadanos no queden desamparados?

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Libardo Espitia

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Libardo Espitia

*Profesional, especialista y asesor en Servicios Públicos Domiciliarios, magíster en Gestión y Auditorías Ambientales.

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Libardo EspitiaLas pérdidas que ha dejado el cierre de la vía al Llano contrastan con las ganancias que la carretera le ha dejado a Sarmiento.

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*Profesional, especialista y asesor en Servicios Públicos Domiciliarios, magíster en Gestión y Auditorías Ambientales.

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