Dos verdades

Después de tres años y medio de trabajo, diez de los once miembros de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición publicaron su informe final bajo el título Hay futuro si hay verdad, complementado por una serie de volúmenes o materiales, entre los cuales figura el de Hallazgos y recomendaciones para la no Repetición. El presidente Iván Duque no asistió al lanzamiento del informe, mientras que el presidente electo, Gustavo Petro, se hizo presente en el evento y prometió cumplir sus recomendaciones. El presidente Petro y su ministro de Educación anunciaron más tarde que el informe sería parte del pensum escolar, a lo cual el expresidente Uribe respondió con el anuncio de que “el Centro Democrático publicará una cartilla alternativa al informe de la Comisión de la Verdad” (CV).

Es entonces evidente que hay dos versiones opuestas sobre la violencia de las últimas décadas y que la Comisión no logró su mandato o propósito oficial de “ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad” (artículo 2 del Decreto 588 de 2017, en desarrollo del Acto Legislativo 01 de 2016).

El bien o mal llamado “conflicto armado interno” fue el problema central y el eje de la política colombiana durante muchos años. Los acuerdos que sirvieron para ponerle fin —en especial el acuerdo con las FARC— siguen siendo parte del debate nacional, de la agenda del nuevo gobierno y por tanto del futuro de nuestra sociedad. Más importante todavía: ningún problema se puede resolver si no es sobre la base de entender en qué consiste o cuál es su verdad. No se exagera entonces al decir que establecer la verdad sobre el conflicto que desangró a Colombia es una de las tareas principales que tenemos por delante.

Las premisas

Como testigo y estudioso que he sido del conflicto, resumo aquí mi explicación de por qué los colombianos tienen dos verdades opuestas o “alternativas” sobre el mismo, y resumo también los elementos que a mi juicio integran la verdad verdadera sobre ese tramo largo y doloroso de la historia nuestra.

El análisis que sigue ofenderá por igual a mis amables lectores uribistas y no uribistas, santistas y no santistas, duquistas y no duquistas, petristas y no petristas, a los del Sí y a los del No en el Plebiscito por la Paz de hace unos años. La verdad que no nos gusta es muy difícil de ver, y es por eso que tenemos dos verdades.

Comienzo pues por invitarles a examinar fríamente las premisas de mi análisis:

1. Ningún crimen justifica otro crimen.
2. Cada crimen merece una sanción proporcional a su daño o gravedad.
3. El crimen de un agente del Estado merece más repudio que el de un particular, porque a   ese agente le confiamos el uso de la fuerza a condición estricta de no violar la ley.
4. Una cosa son los crímenes de guerra (jus in bello) y otra cosa es la justicia o legitimidad de esa guerra (jus ad bellum).
5. Quien declara una guerra injusta es responsable de los horrores que no habrían ocurrido si no existiera esa guerra (lo cual no exime de culpa al autor de cada horror).
6. La violencia organizada es una acción voluntaria que sus actores justifican con argumentos o reclamos que pueden ser más o menos valederos.
7. Si el analista de un conflicto examina los motivos de una parte, debe también examinar los motivos de la otra parte.

Algunas de las premisas anteriores pueden causar desconcierto o parecer controversiales, pero creo que vistas fríamente—es decir, si usted las considera independientemente de Colombia o de su posición acerca del conflicto que vivimos —concluirá que cada una de ellas corresponde a un principio indudable de la ética o a un fundamento del Estado de derecho. Le ruego pues repasarlas antes de seguir adelante.

Lo que ven y lo que ignoran

Pues bien: si las premisas anteriores se toman con seriedad, tenemos que concluir que tanto el Centro Democrático como la Comisión de la Verdad aciertan en lo que afirman y se equivocan en lo que niegan o ignoran, o minimizan, o inclusive idealizan. La verdad verdadera es el conjunto de las verdades que ve el uribismo y las verdades que ve la Comisión.

De esas verdades debemos por supuesto sustraer o suprimir las exageraciones o detalles inexactos que figuren en cada una de esas narrativas. Y aquí aclaro que de lado y lado existen muchas versiones sobre sucesos, aspectos o momentos específicos del conflicto colombiano; por ejemplo, del lado de la CV está el informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), así como un número incontable de documentos de ONG y organismos de derechos humanos; del  lado del “uribismo” están el informe de 662 páginas que el mayor (r) Carlos Ospina entregó a la Comisión antes de su renuncia, los varios libros del senador José Obdulio Gaviria¹, los de Alfredo Rangel², los escritos de Darío Acevedo (director que fue del Centro de Memoria Histórica)³, o el libro publicado por el Ministerio de Defensa en 2006⁴. La cartilla alternativa del Centro Democrático sin duda será un resumen actualizado de estos últimos materiales.

Yo por supuesto no conozco ni pretendo conocer mejor que esos muchos estudiosos los sucesos, las cifras o los detalles de este conflicto largo y complicado. Me limito por tanto a destacar las principales verdades que los unos y los otros han dicho sobre el jus in bello y sobre el jus ad bellum, sobre los crímenes de guerra y sobre los motivos que llevaron a esa guerra.

Si hubiera dicho la verdad, el informe de la Comisión de la Verdad habría sido atacado por ambos bandos

Los horrores de la guerra

Sobre los crímenes de guerra vale decir que el informe más completo es el de la Comisión de La Verdad. Sus cifras —como todas— resultan problemáticas, empezando por los 450.664 homicidios que reporta entre 1995 y 2018, a comparar con los “alrededor de 220.000” entre 1954 y 2012 que había señalado Basta Ya. Pero la calificación de los comisionados, la magnitud del esfuerzo y su metodología permiten inferir que su informe es la relación más comprehensiva de los crímenes de guerra o los presuntos delitos cometidos “por razón o en el contexto del conflicto” colombiano (digo presuntos porque, según el Decreto 588, las actividades de la CV no tenían carácter judicial ni servirían para imputaciones penales ante ninguna autoridad).

El principal acierto y mérito de la CV sin duda fue reconocer, escuchar y transmitir el dolor de las víctimas de cada uno de los actores de la guerra. Es el proyecto más ambicioso y riguroso sobre las violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario a raíz o en el contexto del conflicto colombiano. Por sus varios volúmenes y materiales llega la voz de millones de personas, indefensas en su inmensa mayoría (el 90% de los muertos fueron civiles), que sufrieron esos crímenes; el testimonio es demoledor, y su sola lectura debería bastar para que cada colombiano o colombiana diga “nunca más”. Y es que ningún crimen justifica otro crimen y cada crimen merece un repudio proporcional a su bajeza.

Sería inexacto decir que un cierto crimen (por ejemplo, el secuestro o la tortura) fue exclusivo de un actor armado, y es muy dudoso atribuir algún crimen a una persona jurídica o a una organización como tal (en el derecho penal solo son responsables las personas naturales). Hechas estas dos salvedades, el informe de la Comisión establece otras verdades sobre la responsabilidad de los distintos actores armados. Estas son las principales:

• Los paramilitares fueron autores de la gran mayoría de las 4.237 masacres, asesinaron a muchas más personas que las varias guerrillas combinadas (45% frente a 27% del total de las muertes), ejercieron el terror o intimidaron a muchas comunidades campesinas, étnicas o urbanas, y desplazaron a la mayoría de alrededor de ocho millones de campesinos.
• Las guerrillas fueron el autor casi exclusivo de las 7.826 muertes de soldados y policías, de los 50.770 secuestros entre 1990 y 2018, de las no cuantificadas pero muy extendidas extorsiones para financiarse, de fomentar o “proteger” los cultivos ilícitos como otra forma de financiamiento (además de su cuota en delitos como el asesinato selectivo, las prácticas de terror, el desplazamiento de poblaciones, el reclutamiento de menores o la siembra de minas).
• El peor crimen de los agentes del Estado —–y por tanto el peor de la guerra— fueron los asesinatos de 8.208 jóvenes que sabían inocentes y se conocen como “falsos positivos”. Las torturas y las desapariciones (121.768 entre 1985 y 2006) son delitos más típicos de los integrantes de la Fuerza Pública, y numerosos agentes del Estado fueron cómplices o encubridores de crímenes perpetrados por los paramilitares.

Lo anterior no podría ni pretende ser la verdad exhaustiva acerca de las violaciones del derecho de la guerra, sino apenas un vistazo panorámico sobre los autores principales de esos crímenes.

Asimetría moral

Pero, otra vez: ningún crimen justifica otro crimen. Y aquí entra la primera negación de la verdad por parte de los “uribistas” y de los “no uribistas”: las ideologías o los sesgos ideológicos hacen que uno vea con toda claridad los crímenes del adversario, pero ignore, o no vea, o minimice o en efecto justique los crímenes del lado mío o de los que me estaban defendiendo.

“Los nuestros fueron errores, los de ellos fueron horrores”, es lo que suelen o solían pensar o declarar los guerrilleros, los paramilitares y los voceros de cada gobierno.

Por eso aplaudo el esfuerzo de la CV para mostrarnos el panorama completo de los horrores (no errores) de cada uno de los actores armados. La Comisión creyó que su mandato precisamente consistía en mostrar el panorama completo, con la intención de que cada colombiano reconociera también la gravedad de los crímenes del actor o los actores que estuvieran “de su lado”. Pero esta pretensión resultó ser muy ingenua: la asimetría moral es parte de la psique de los colombianos.

La asimetría moral se da cuando los mandos guerrilleros justifican el secuestro como un “impuesto a los ricos”, pero se da también cuando un expresidente propone una amnistía general que —ya amnistiados la mayoría de los exguerrilleros— beneficiaría sin necesidad de confesión a los agentes del Estado y a “terceros” influyentes que ayudaron a los crímenes.

Las guerrillas tuvieron pocos simpatizantes, y por eso la mayoría de los no uribistas ven y rechazan las atrocidades de los guerrilleros. La mayoría de los uribistas son en cambio más reacios a reconocer los crímenes de agentes del Estado; y aunque censuran las acciones de los paramilitares, suelen hacerlo con menos énfasis que los no uribistas. En términos de gravedad y número de víctimas, es indudable que estos dos últimos actores fueron los mayores violadores del jus in bello; pero el “país uribista” tiene una lectura selectiva de las víctimas, donde destaca o percibe con toda claridad al policía o al soldado heroico que cayó en la emboscada o al ganadero cuya hija secuestró la guerrilla, pero no ve con la misma claridad al campesino humilde, la mujer humilde, el indígena humilde, el líder social y esos varios millones de personas que sufrieron violencia del paramilitarismo o los agentes del Estado.

Por eso se diría que es más fácil llegar al “entendimiento compartido en la sociedad” sobre los crímenes de las guerrillas que sobre los de los paramilitares y —menos todavía— sobre los de agentes del Estado.

Una guerra ilegítima

El principal acierto del que llamo “uribismo” —y el principal silencio de la Comisión de la Verdad— no se refiere entonces al jus in bello sino al jus ad bellum: los guerrilleros emprendieron una guerra injusta contra el Estado colombiano, y por lo tanto son responsables de los horrores que no habrían ocurrido si no se hubieran alzado en armas.

Solo un sesgo ideológico profundo —y, por tanto, inconsciente— puede explicar por qué los “no uribistas” ignoran, o no toman con seriedad, o no lo hacen de manera consistente, o minimizan, o inclusive romantizan el hecho más protuberante de este tramo de la historia colombiana: sin la insurgencia guerrillera, no habríamos tenido el “conflicto armado interno” cuyo estudio era el mandato de la Comisión (lo cual, si falta hiciera decirlo, no implica que otras violencias no se hubieran producido). La existencia y actuación de las guerrillas fueron o son precisamente el motivo, la justificación —o, en efecto, el pretexto— para que el “medio país uribista” niegue, ignore, minimice e inclusive justifique los crímenes del otro lado.

Digo que la insurgencia fue injusta porque los guerrilleros acudieron a las armas para derrocar a las autoridades democráticamente elegidas, con la intención de instaurar una dictadura presumiblemente comunista y sin el consentimiento de los gobernados. O estos, en todo caso, fueron los motivos de las autoridades colombianas para emprender una guerra que ellas — y la comunidad internacional— consideraban de legítima defensa.  Esta es la verdad del jus ad bellum que ven con claridad y aun con obsesiva claridad los uribistas, pero no ven o ven con mucho menos claridad los no uribistas: es la ceguera, o la idealización, o incluso la celebración de las guerrillas, como hizo por ejemplo el presidente Petro con el nombre de Pizarro y la espada de Bolívar en el momento de jurar su cargo (ver video).

Los uribistas a su vez ignoran o ven con poca claridad los motivos que tuvieron o invocaron las guerrillas; tanto así que Uribe y sus aliados siempre las describieron como grupos puramente criminales— o sea que les negaron sus motivos políticos: por eso Uribe expulsó del lenguaje oficial la expresión “conflicto interno” —.  Los no uribistas son en cambio más propensos a exponer o analizar los motivos políticos de la insurgencia, y por eso sus escritos, incluyendo los de la CV, suelen dedicar bastante espacio a la desigualdad social, el problema de la tierra, los cultivos ilegales, la exclusión o la persecución de los opositores, la situación de las comunidades étnicas, las actuaciones abusivas de la Fuerza Pública y otros asuntos que sirvieron de motivos —o en efecto, de pretextos— para emprender y sostener la lucha guerrillera.

Por su parte, los escritos uribistas en general ignoran o subestiman o pintan con otra luz estos asuntos-motivos de la insurgencia, al paso que subrayan los motivos o argumentos del Estado y sus agentes. Según ellos, más aún, los ciudadanos tuvieron que acudir a las autodefensas para evitar los atropellos de la guerrilla, y los excesos del paramilitarismo por lo común no fueron más que eso: excesos de autodefensa. Los analistas del “uribismo” examinan entonces los motivos de una parte, pero no examinan con seriedad, objetividad o profundidad comparables los motivos de la contraparte.

El informe de la CV y en general los estudiosos no uribistas examinan en cambio los motivos o argumentos de la guerrilla, pero no dan igual relieve, o extensión o profundidad a los motivos o argumentos de las autoridades, la Fuerza Pública y, en efecto, de ese “medio país” que se sintió agredido por unas guerrillas criminalizadas cuya intención manifiesta era tomarse el poder para instaurar un régimen que no querían. Digo “medio país” cuando fue en realidad la inmensa mayoría de los colombianos que eligieron dos veces a Uribe y eligieron además a los dos presidentes que escogió el propio Uribe.

La verdad verdadera

Salvo detalles o exageraciones eventuales, todo lo que dice la Comisión de la Verdad es verdad.  Salvo detalles o exageraciones eventuales, todo lo que dicen los informes uribistas es verdad. Pero los uribistas esconden la mitad de la verdad y la Comisión escondió la otra mitad. Las ideologías aciertan en lo que ven y se equivocan en lo que no ven: por eso son ideologías.

La verdad, sin embargo, sí existe —y es posible saber qué es verdadero y qué es falso—. Un equipo dedicado a establecer la verdad del conflicto tendría que recoger y comprobar las verdades que ven los uribistas tanto como las verdades que ven los no uribistas. Las verdades sobre el jus in bello y sobre el jus ad bellum, sobre los crímenes, sobre el círculo vicioso e inmoral de los crímenes que se usaron para justificar otros crímenes, y sobre la legitimidad de los motivos de la guerra.

Esa verdad ofenderá a los unos y a los otros, porque los dos son prisioneros de sus ideologías. Y sin embargo esa sería la verdad del conflicto.

La reconciliación y la no repetición

Lo cual me lleva a dos asuntos importantes, que no miran al pasado sino al futuro de Colombia: los mandatos de “reconciliación” y de “no repetición” que, no por coincidencia, figuran en el nombre de la Comisión.

-Lo primero supone que la verdad conduce a la reconciliación. Esto puede ser cierto en el caso de una víctima o un colectivo determinado de víctimas, cuando el victimario confiesa sus crímenes y ayuda así a que la víctima encuentre la generosidad o la nobleza de perdonar al victimario. Pero no es cierto en el caso de una sociedad dividida precisamente a causa de las victimas de un lado y las del otro lado: la confesión del guerrillero, del militar o del paramilitar no hace más que aumentar la indignación de los que están del otro lado.

Más de fondo todavía: perdonar es una decisión de la víctima y solo subsidiaria o problemáticamente de “la sociedad” (salvo el perdón legal o judicial); conocer al victimario o los detalles del crimen puede y suele no conducir al perdón —menos aun cuando el arrepentimiento es de labios para afuera (como vemos en la JEP) o cuando la confesión no se puede utilizar para efectos penales (lo vimos en la CV)—. Dicho en menos palabras: la verdad no es condición de la reconciliación, sino que puede y tiende a agravar el dolor o el rencor de las víctimas.

Desde este punto de vista, a la Comisión le encomendaron una tarea doble y sin embargo incompatible: establecer la verdad, que es materia de investigación empírica, y buscar la reconciliación, que es materia de pedagogía moral. Creo yo que el presidente y los miembros de la CV se debatieron en esta encrucijada.

-Las “recomendaciones para la No repetición” precisamente buscan impedir que se repitan los horrores del pasado. Estas recomendaciones aluden a muy diversos asuntos, son numerosas, ambiciosas, y a su manera reflejan el saber convencional (entre los no uribistas) acerca de las causas del conflicto. Las que fueron recibidas con especial reticencia por parte del presidente Duque se refieren sobre todo a la Fuerza Pública (reducir el pie de fuerza, eliminar el ESMAD, retirar la Policía del Ministerio de Defensa…). Aun así, el presidente Petro se comprometió a cumplirlas, y por tanto es de prever que serán puestas en práctica.

No puedo entrar en detalles, así que lo planteo a modo de pregunta: ¿Cómo saber si las cosas que en su momento alimentaron o agravaron el conflicto son las que deben cambiar para que en el futuro no alimenten o agraven un conflicto diferente? Esta es una cuestión complejísima — que además vale para todas las recomendaciones que no se basen en la ciencia sino en pasada experiencia—. Pero mi punto es sencillo: tendríamos que partir del diagnóstico sobre la situación actual y previsible de la violencia organizada en Colombia para que la medidas o políticas respondan a ese desafío. La CV y otros informes no uribistas —igual que los uribistas— se ocupan de la historia pasada antes que del presente y de la prospectiva; por eso sus recomendaciones pueden y aun suelen ser equivocadas, como sugiere mi vieja observación de que los colombianos, cuando por fin resolvemos un problema, resolvemos el problema que no era.

Antes de convertir en realidad las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, el presidente Petro haría bien en reevaluarlas a la luz de la violencia organizada del país que recibió y las tendencias que anticipen sus expertos. Lo mismo valdría para futuros o eventuales gobiernos “uribistas”, pero esta vez respecto de las recomendaciones que dependen de su propia lectura de la historia.

Y es que un problema que nos afecta a todos no se puede resolver sobre la base de una verdad a medias.