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El remezón del Fiscal

Escrito por Hernando Gómez Buendía
El Fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett.

ESPECIAL
El Fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett.

Hernando Gomez Buendia Explicación inicial y necesaria de las varias propuestas del Fiscal en relación con la  reforma de la justicia, el proceso de paz, la descalificación del congreso y la asamblea constituyente. ¿Qué tan válidos y qué tan convincentes son sus argumentos?

Hernando Gómez Buendía*

Cuatro cosas distintas

Esta semana el Fiscal General de la Nación logró una cosa imposible: poner de acuerdo a Santos con Uribe.

En efecto, los presidentes de los partidos Centro Democrático, de la U, Liberal, Conservador,  Cambio Radical y  Alianza Verde se unieron para rechazar la descalificación del Congreso y la propuesta de una constituyente que, a instancias del Fiscal, había formulado la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

Pero la constituyente es apenas el último capítulo de una secuencia larga y enredada de  propuestas del doctor Montealegre en relación con el proceso de paz, con el proyecto de reforma de equilibrio de poderes y con la autonomía de la rama judicial. Son tres temas importantes –y distintos- que ha revuelto el Fiscal y que ahora revuelve con este cuarto asunto (la constituyente), para total confusión de periodistas y políticos.

La lógica del Fiscal

Para entender el enredo y en defensa del Fiscal, hay que admitir que los cuatro temas están relacionados y que el doctor Montealegre los ha ido encadenando en respuesta a problemas y debates sucesivos. Esquemáticamente:

  • Primero vino la cuestión de las penas y -en especial- de la prohibición de participar en política para los ex guerrilleros, donde (a) el Fiscal tiene derecho a opinar porque se trata de la política criminal del Estado, (b) Montealegre adoptó una posición “blanda” para facilitar el proceso de paz, y (c) Él cree que esto no podría lograrse sin un mecanismo extraordinario (inicialmente pensó en un referendo para darle facultades a Santos, y ahora propone una constituyente).
  • Después vino la reforma a la justicia en el proyecto de “equilibrio de poderes”, y en especial el “tribunal de aforados”, que (a) al Fiscal y a las cortes no les gusta y contra el cual tienen reparos específicos, pero (b) además y ante todo consideran que desborda los poderes del Congreso y necesita de constituyente.          

Bajo estas circunstancias enredadas, para evaluar la propuesta del Fiscal hay que imitar lo que dicen de Jack el Destripador: vamos parte por parte.

Ni es necesario reformar la Constitución ni la constituyente resolvería el problema que con razón preocupa al Fiscal en relación con el proceso de paz.  
Sala plena de la Corte Constitucional.

Foto: Corte Constitucional de Colombia
Sala plena de la Corte Constitucional.

1. Ex guerrilleros a la política

No es realista esperar que los jefes de las FARC acepten bajar del monte para irse a la cárcel o no poder aspirar a cargos públicos. Pero de todos los “sapos” por tragar, este sin duda es el más difícil para los colombianos – y es el principal escollo en la mesa de La Habana-.

Con razón pues el Fiscal abrió un debate temprano, y es partidario de penas distintas de la cárcel, por ejemplo el “trabajo social” para los ex guerrilleros, incluyendo la labor de desminado. Ha sostenido igualmente que no se debe prohibir la participación en política de los ex comandantes, aunque hayan sido condenados por delitos atroces. 

Las dos propuestas son muy debatibles y han sido objeto de dura oposición –sin ir muy lejos- la del Procurador. A los efectos presentes sin embargo, basta advertir que la primera idea (penas alternativas) está prevista claramente en el Marco Jurídico para la Paz, mientras que el mismo Marco impone límites a la posibilidad de hacer política, así:

-Dice el artículo 1 de esta reforma constitucional que “El Congreso…podrá mediante ley estatutaria… establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extra-judiciales, de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena…”

-Dice el artículo 3 que “… No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados… por estos delitos”.

Pues bien:

  • El artículo 1 significa que el obstáculo a las penas distintas de la cárcel no es  la Constitución sino –tal vez- la Corte Penal Internacional (según opina la fiscal de este tribunal, Fatou Bensouda). Y en este caso no bastaría con la reforma de la legislación nacional que hiciera una constituyente.
  • Y el artículo 3 no implica que los ex comandantes de las FARC-o al menos muchos de ellos- queden por fuera de la política en tanto no hayan cometido o -no se logre plena prueba de que cometieron-  “crímenes de lesa humanidad y genocidio de manera sistemática”.  Y en este caso no haría falta una reforma constitucional.

Por lo tanto no es cierto que la justicia transicional para el proceso de paz requiera de la constituyente.

Pero el Fiscal tiene algo más de razón en temer que se impongan las versiones más duras (pena de cárcel / exclusión de la política), o que las decisiones tarden demasiado:

  • Lo primero se debe a que el Congreso (en el cual Montealegre no confía) y la Corte Constitucional (que en la Sentencia C777 de 2014 ya falló de manera restrictiva sobre el Marco para la Paz), tendrían que decidir si habrá pena de cárcel y cuáles son los delitos que impiden participar en política.
  • Lo segundo se debe a que el Congreso y la Corte podrían tardar hasta “diciembre de 2016, casi un año después de que se firmen los acuerdos”.   

Pero aún entonces no habría garantía de que una constituyente resultara más “blandita” que el Congreso, ni- mucho menos- que llegara a tiempo para los acuerdos: ¿o es que las FARC se desmovilizarían con la simple esperanza de que meses después las perdone una Asamblea de composición incierta?

En resumen, ni es necesario reformar la Constitución ni la constituyente resolvería el problema que con razón preocupa al Fiscal en relación con el proceso de paz.  

2. La justicia en el proyecto de equilibrio de poderes.

En una carta de 18 páginas dirigida al Congreso, la Comisión Interinstitucional de la Rama   Judicial (CIRJ) recoge y organiza las muchas críticas que el Fiscal venía formulando al proyecto de reforma constitucional sobre “equilibrio de poderes”.

-Por una parte estarían los vicios de procedimiento: propuestas que no habían sido discutidas en los debates anteriores, impedimentos de algunos congresistas y violaciones del reglamento. Muchos observadores en efecto tenemos la impresión de que el Congreso ha violado la unidad de materia, la “consecutividad” y el trámite debido, pero estos son asuntos que en su momento habrá de examinar la Corte Constitucional, y a petición de cualquier ciudadano.

-Por otra parte están las “razones de inconveniencia”, que me parecen bastante convincentes:

  • La famosa “comisión de aforados”  no es mejor que la tétrica Comisión de Acusaciones de la Cámara, porque investiga y acusa al mismo tiempo, porque es también un cuerpo colegiado, porque aforar al procurador o al contralor es “confundir lo judicial con lo administrativo”…y porque la Comisión de Acusaciones no se acaba sino que sigue investigando al presidente y al vicepresidente (o sea que no es tan mala).
  • Las entidades y mecanismos que reemplazan al tétrico Consejo Superior de la Judicatura son improvisados, confusos y aparatosos, de modo que la propuesta “causa un problema peor al que (sic) se quiere solucionar”.

En este punto creo yo que la CIRJ puso el dedo en la llaga: el único argumento serio de quienes defienden el proyecto es que urge acabar la Comisión de Acusaciones y el Consejo de la Judicatura, pero nadie hasta ahora ha podido proponer una manera adecuada de hacerlo. Y es porque en uno y otro caso no se puede confiar en que los jueces postulados o elegidos por el  Congreso, el Gobierno o las Cortes sean justos u honestos: tendríamos que importar jueces suizos o extraterrestres, para atender la crisis de legitimidad generalizada.

De modo pues que las ideas del Fiscal sobre quién deba postular o elegir a los jueces de los jueces tampoco arreglan el problema

Sala Plena del Congreso en el Capitolio Nacional.

Sala Plena del Congreso en el Capitolio Nacional.
Foto: Congreso de la República de Colombia

3. El Congreso no puede reformar la justicia.          

-El argumento más grueso de la CIRJ comienza por señalar que el proyecto de equilibrio de poderes no asegura -o  recorta- la autonomía de la rama judicial: no aumenta su presupuesto, vuelve a haber funcionarios del Gobierno en sus cuerpos directivos, el presidente postula los candidatos a organismos de control y – sobre todo- elimina la garantía del antejuicio político para los magistrados.

Pero resulta que todas estas cosas se dan en democracias maduras porque no afectan la independencia de los jueces en el momento de investigar, acusar o sentenciar. Y esta es la única “autonomía de la rama judicial” que importa en un Estado de derecho.   

-Una segunda línea argumental es la descalificación combativa de los actuales congresistas. Esta es la perla del Fiscal en su explosiva entrevista del miércoles pasado: “Que la Corte estudie si el hecho de que en el Congreso existan familiares de los 56 parlamentarios de ‘parapolítica’, o familiares que fueron condenados por estafa por la Corte Suprema, si todo ese conflicto de intereses vicia o no por desvío de poderes este acto legislativo. ¿Cuántos familiares de parlamentarios condenados por la Corte Suprema están actualmente en el Congreso diseñando el modelo de justicia para investigación a las altas cortes y a la Fiscalía General?”.

No seré yo quien abogue por los parapolíticos, pero debo notar que se trata de una falacia ad hominem es decir, de atacar a las personas en lugar de refutar sus argumentos. Y caídos en este     barro, al doctor Montealegre no le faltan malquerientes que lo acusan de recibir honorarios inflados (el caso Saludcoop), de abusar del poder para empapelar a sus enemigos (Sandra Morelli, Óscar Iván Zuluaga, Pretelt…), de mangonear en la rama judicial (comenzando por la CIRJ), o de usar el cargo para aspirar a la Presidencia: él es parte de la crisis del sistema.

-El plato fuerte de la carta de la CIRJ es que el Congreso puede reformar pero no  “sustituir” la Constitución, es decir que no puede cambiar sus principios esenciales (en este caso la autonomía de la rama judicial).

La idea viene de una célebre sentencia de la Corte Constitucional (C 551 de 2003) y de un sofisma elegante según el cual sólo el “constituyente primario” (el pueblo) -y no un  “constituyente delegado” (el Congreso)- puede cambiar a fondo la Constitución. Pero resulta que

  • No hay manera de saber si una reforma es de “fondo” (o sea que los jueces que examinan las reformas se han abrogado el derecho de decidir por el pueblo).
  • La Asamblea Constituyente que proponen los juristas de la CIRJ también sería “delegada” o elegida por el pueblo.

En resumen: no hay derecho a que el Fiscal sepa tan poco derecho.

4. La Constituyente

De las falsas premisas anteriores salta el Fiscal a la falsa conclusión de que el remedio estaría en la constituyente. 

Y acá entroncamos con el enredo nacional: las FARC, el uribismo y ahora también las cortes piensan que “la constituyente es el camino”; pero se trata de tres (o más) caminos diferentes es decir (y esta vez está bien dicho), de un olímpico salto al vacío.
 

* Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.     

         

 

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