Descertificación, glifosato y teatro

Entre el regaño público y la cooperación privada, la descertificación revela tanto la dependencia mutua como las ficciones que sostienen la política antidrogas en Colombia y en Estados Unidos.

Una orden imperial

El objetivo manifiesto de Estados Unidos es obligar a Colombia a retomar la aspersión con glifosato; por eso dicen que reconsiderarán su decisión si “en los próximos meses” nos aconductamos. 

Esto fue lo que lograron con Samper, cuando Colombia fue el primer y el único país del mundo que adoptó la fumigación aérea con glifosato como política de Estado (Ecuador lo hizo de manera temporal en la frontera con Colombia en 2006). 

La presión llegó a su clímax con Álvaro Uribe, que asperjó 1,6 millones de hectáreas como parte del precio del Plan Colombia, que aportó los recursos y la tecnología militar necesaria para derrotar a las FARC u obligarlas a negociar con el gobierno Santos. 

Con Santos, la presión disminuyó porque los gringos apostaron a la negociación y desmovilización de una guerrilla que protegía los cultivos, para lo cual era necesario suspender las aspersiones. De aquí que los cultivos volvieron a aumentar bajo este gobierno. 

Y por su parte la Corte Constitucional —que cree vivir en un país soberano— decidió prohibir la fumigación aérea en 2015. El pobre Duque, aunque quiso, no pudo fumigar tanto como Uribe, y las hectáreas sembradas siguieron en aumento. 

Petro está convencido de que los cultivos ilícitos son apenas “de uso ilícito” es decir, que los campesinos siembran coca porque son pobres y el Estado no debe reprimirlos. Por eso cambió la erradicación forzosa (aérea o manual) por los programas de erradicación voluntaria. De aquí que las hectáreas erradicadas hayan disminuido en un 84% desde 2022 y que las hectáreas sembradas hayan aumentado en un 60% bajo su gobierno. 

Confesión de parte

Pero el fracaso de la “paz total” ha sido tal que el mismo Petro dijo que  pediría permiso a la Corte Constitucional para volver a fumigar con glifosato en las regiones donde los campesinos no dejan entrar al Ejército.

Es más: hace unos meses se supo que la Policía estaba comprando cantidades industriales de glifosato a escondidas del presidente. Con o sin el permiso de Palacio, nuestras autoridades siempre han trabajado con la DEA, de modo que el general Serrano en tiempos de Samper y el general Naranjo, más recientemente, fueron condecorados por ella como “el mejor policía el mundo”.

El riesgo    

La descertificación declarada por la Casa Blanca apunta a reimponer las fumigaciones aéreas con glifosato, porque este es el único método que produce resultados sustanciales.

Pero Petro no es Samper, y esta vez Estados Unidos corre el riesgo de que el tiro le salga por la culata: la descertificación podría resultar en una ruptura de la cooperación en la lucha antinarcótica, con consecuencias nefastas para Washington. Peor todavía sería una oleada de nacionalismo encabezado por el presidente Petro, que desemboque en la salida del orden americano o, para simplificar, en otra Venezuela. 

Esta sería una estupidez de Marco Rubio, que infortunadamente no se puede descartar por su ceguera ideológica. 

En todo caso, y por ahora, Rubio y compañía le apuestan a que más de la mitad de los votantes colombianos apoyen al “amigo del norte” en contra del presidente de izquierda. 

Ya veremos.

El teatro  

Hasta aquí estamos hablando de una presión muy real, con efectos tangibles sobre la política antidrogas y sobre las elecciones en Colombia. 

Pero la descertificación como tal pertenece al terreno del teatro:

• Estados Unidos regañó a Petro, pero no puede prescindir de Colombia: por eso Trump (es decir, Rubio) invocó la “exención por interés nacional” que mantiene intacta la cooperación.
• Petro lanzó bravatas contra Washington, pero Colombia no puede prescindir de los gringos. 

Esa es la esencia del episodio: la descertificación en la “guerra contra las drogas”, acompañada del waiver que deja todo en su sitio.

El regaño 

El comunicado de la Casa Blanca (en realidad, del Departamento de Estado) dijo que bajo Petro la coca y la cocaína alcanzaron máximos históricos, que el gobierno incumplió sus propias metas reducidas de erradicación y que por eso “ha fallado demostrablemente” en su compromiso internacional. 

Pero en el mismo texto se exaltaron el sacrificio de los soldados y policías colombianos y la colaboración de las autoridades regionales, es decir de los alcaldes y gobernadores anti petristas de Colombia. 

Colombia es regañada en público y alabada en privado, porque sigue siendo el socio indispensable. Por eso dice Petro que nosotros somos quienes ayudan a los gringos, no al revés, y la Cancillería lo demuestra con cifras contundentes:  el 85% de la inteligencia utilizada por la Fuerza de Tarea Conjunta proviene de Colombia; la Armada colombiana decomisó el 65% de la cocaína que se incautó en el mundo, y entre agosto de 2022 y junio de 2025, el mismísimo Petro extraditó 400 individuos a Estados Unidos – más que cualquiera de los gobiernos anteriores. 

El pataleo y la bravata 

Petro añadió su propio repertorio de teorías: la coca es inocente, la cocaína sirve para que los ejecutivos no se duerman y trabajen más bajo el capitalismo, América Latina ha puesto un millón de muertos, la solución es legalizar la droga… en fin, es el mismo pataleo (aunque con menos crudeza) de los expresidentes Santos, Gaviria y Samper, el de la casi totalidad de los periodistas y analistas colombianos, que por supuesto les echan la culpa del tráfico de drogas a los  gringos. Aunque ellos, todos, siguen apoyando y pidiéndole ayudas a los gringos (¡O patria confundida!). 

Y ahora Petro, masajeando las cifras, añadió la novedosa teoría de que la erradicación voluntaria reduce más el área cultivada que la erradicación forzada. Si esto fuera verdad, no existirían los cultivos en Colombia ni en el mundo porque la cocaína es un producto tan rentable que ningún subsidio al campesino compite con el incentivo de sembrar. Las matemáticas presidenciales demuestran que la guerra contra las drogas se ganaría más fácil por las buenas, es decir, que vivimos en un mundo de idiotas.   

Y encima de eso el presidente de Colombia agregó las bravatas: somos un país soberano, no necesitamos limosnas, no compraremos más armas de Estados Unidos, estrecharemos la cooperación antidrogas con Europa, condenamos el asesinato en el mar de latinoamericanos sin demostrar que transportaban drogas, lo del Cartel de los Soles no está probado… 

Pero todo mundo sabe —Petro también lo sabe— que la seguridad interna de este país soberano, su economía, su crédito internacional y los ahorros o inversiones de la gente de bien (bueno, también la gente de mal), dependen de Estados Unidos.

La farsa bilateral

El resultado es un teatro predecible: Washington reprende a Bogotá para consumo de sus votantes, Bogotá denuncia el atropello para consumo de los suyos. Y mientras tanto, las operaciones conjuntas continúan, los informes de inteligencia se comparten, los recursos fluyen, las extradiciones siguen. 

Ese teatro refuerza las ficciones de ambos lados: la ficción de Washington según la cual basta medir hectáreas, y la ficción de Bogotá según la cual las incautaciones récord son prueba de eficacia. Ninguna resiste un examen serio.

La falsedad de Washington 

La fumigación sí ayuda a contener focos de cultivo y a encarecer parte del suministro. La falsedad de Washington resulta del simplismo que les impide ver la película completa:

-Primero, porque la hoja de coca es el eslabón más barato de una cadena cuyo precio se multiplica a medida que la mercancía avanza hacia la calle. Aumentar el costo de este insumo tiene un efecto muy pequeño sobre el precio y la disponibilidad final de la cocaína; el sobrecosto se absorbe fácilmente y el mercado de consumo no se afecta.

-Segundo, porque la fumigación tiene grandes costos sociales, deslegitima al Estado y atrae grupos armados que protegen al cocalero —aumentando de paso el tráfico de cocaína—. 

-Tercero, porque la aspersión no elimina el negocio, sino que lo cambia de lugar: los cultivos se mueven de una región a otra o de un país a otro, como hemos visto en medio siglo de luchar contra ellos. 

-Cuarto, porque las cifras sobre área fumigada o cultivada, interdicciones, extradiciones y demás lucen bien en un informe al Congreso norteamericano, pero esconden el fondo del problema —salud pública, control de precursores, persecución del lavado a gran escala, vigilancia portuaria propia…— que por lo mismo no discute ese Congreso.

-Quinto, porque la tragedia de sobredosis en Estados Unidos se debe sobre todo a los opioides sintéticos y a fallas de su propio sistema de prevención y tratamiento. Exigir la aspersión de la coca es un remedio cómodo, pero muy poco eficaz para abordar el problema.

La falsedad de Bogotá

El gobierno colombiano presume de incautaciones y extradiciones récord. Pero esto en gran medida es consecuencia del aumento en las exportaciones: la policía decomisa más porque circula más la cocaína, más colombianos son extraditados porque hay más narcos.

Y así llegamos al enredo de fondo: el gobierno de Petro ha llevado a su máxima expresión la falacia de nuestra política de drogas desde hace muchos años, la de combatir a los narcotraficantes y proteger a los cultivadores, es decir, la de perseguir la cocaína y estimular la producción de coca. Y el Acuerdo de la Habana, que según dicen, es la clave de la paz de Colombia, no hizo más que consagrar esa política.      

Es el dilema que ya no es teatro: glifosato con grandes costos sociales, no glifosato con grandes costos internacionales. Los gobiernos sucesivos escogen una u otra carta: Samper fue duro por necesidad, Pastrana pasó de agache, Uribe fue el súper duro, Santos aflojó para lograr la paz, Duque quiso y no pudo, Petro ha sido el superblando porque antepone los costos sociales a los internacionales.

¿Y ahora qué?

Si por lo menos quisiéramos decirnos la verdad…tal vez podríamos

• Darles gusto a los gringos y reducir nuestros costos sociales: hay maneras de hacerlo.
• Utilizar la razón a ver si caen en cuenta de su simplismo: pero esto es todavía más difícil.    

Por eso lo más probable es que sigamos en las mismas: ellos midiendo hectáreas y nosotros contando incautaciones, mientras la cocaína circula y la política antidrogas sigue siendo un fracaso. 

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