La justicia imposible y posible para Álvaro Uribe

Dos argumentos

El primer argumento que quiero proponer es muy sencillo: la justicia para Álvaro Uribe es imposible porque su juicio penal implica un pulso entre la credibilidad del tribunal y la de un ídolo político.

El segundo argumento que propongo es también muy sencillo: la justicia para Uribe sí es posible porque las evidencias en su contra parecen contundentes y había razones serias para ordenar su detención preventiva.

Juzgando a los ídolos

Desde Diomedes Díaz hasta O.J. Simpson, juzgar a un personaje popular es muy difícil porque sus seguidores siempre dirán que es inocente y sus muchos o pocos detractores dirán que es culpable de cualquier cosa que le impute algún juez.

Por eso en todas partes hay normas especiales para juzgar a los altos funcionarios. También por eso el juicio de un presidente acaba siendo político, llámese Trump o Lulla, Rojas Pinilla o Samper Pizano, Allan García o Álvaro Uribe. No importa de qué se les acuse o cuáles sean las pruebas, unos dirán que es un delincuente y otros dirán que es un perseguido, unos dirán que lo absolvieron por ser quién es y otros dirán que lo condenaron por eso mismo.

Las Constituciones tratan -en vano- de resolver el embrollo, y por ejemplo en Colombia se supone que la Cámara investiga y acusa, el Senado lo juzga y si hay hechos penales lo remite a la Corte Suprema de Justicia. Digo que se supone porque los cuatro juicios que se han dado en la historia (los de Santander, Mosquera, Rojas y Samper) tuvieron obvias irregularidades o se saltaron las leyes de la época.

Y en todo caso, aquí y en todas partes, el juicio ante el Congreso es un juicio político, es decir que se basa en amigos y enemigos, no en la búsqueda real o supuesta de la verdad y la justicia consiguiente.

De aquí la fuerza de mi primer argumento: la justicia para Uribe es imposible porque unos muchos le creen a la Corte y otros muchos le creen a su ídolo.

Tanto así que los propios abogados de Uribe se han dedicado a atacar a la Corte en vez de demostrar la falsedad de las acusaciones. Estos son sus argumentos:

• que la decisión fue una “venganza de la Corte”,
• que hubo pruebas ilegales,
• que no pudieron contrainterrogar a un testigo (lo cual se hace en el juicio, no en la investigación),
• que el responsable, si acaso, es Cadena,
• que detener a Uribe es condenarlo de antemano,
• que apelarán a instancias nacionales e internacionales.

Lo que buscan con todas estas cosas es muy simple: politizar el proceso, convertir en político un juicio que es penal, lograr que lo trasmitan por televisión, hacer que el presidente Duque no defienda las instituciones sino que saque la cara por quien le dio la Presidencia, o hacer que el señor Pence y 21 expresidentes extranjeros digan que es inocente, recordarnos que los jefes de la FARC están en el Congreso, no mencionar a los beneficiados por Justicia y Paz bajo el gobierno Uribe, gritar a cuatro vientos que el héroe de la patria no puede ir a la cárcel.

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La verdad judicial

Lo que falta en la defensa es una explicación sencilla de los pagos por valor de unos cuarenta millones que el abogado Diego Cadena le hizo al testigo Carlos Enrique Vélez. El motivo pudo ser muy inocente, pero si así lo fuera es evidente que ya nos lo habrían dicho.

Lo que dicen por ahora es que no hay prueba de que Uribe haya dado la orden de sobornar a Vélez. ¿Pero entonces será que Cadena tenía un motivo personal secreto, o que lo hizo contra la voluntad del beneficiado? ¿Quién puede creer que el abogado gastó de su bolsillo y que lo hizo por razones puramente “humanitarias”?

En este o en cualquier otro caso, la única defensa creíble es una explicación alternativa, simple y directa de los hechos que todos reconocen. Esto creo que lo sabe el más ferviente uribista cuando le pregunta al niño cómo se rompió el florero.

Pero no. Dos años de investigación, 27 mil horas de audios y 1554 páginas de análisis llevaron a la “inferencia razonable” de que el congresista Uribe deberá comparecer ante la instancia competente para responder por la aparente comisión de los delitos tipificados en los artículos 444A y 453 del Código Penal vigente. A esta misma “inferencia razonable” llegaron cinco jueces distintos, más otro juez que ordenó la detención de Cadena.

Y como el congresista sindicado estaría en condiciones de abandonar el país o de pedir asilo, o estaría, si lo quiere, en condiciones de interferir a través de sus aliados en el curso del proceso, los magistrados del caso tenían la obligación de ordenar su detención preventiva.

Esa es la verdad judicial, la verdad que es posible en cualquier sociedad organizada, la que establezcan las personas entrenadas y escogidas para hacerlo con ceñimiento a la ley y en ejercicio de la potestad punitiva del Estado.

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Tal vez Uribe renuncie a su curul y así su caso se traslade a una instancia distinta de la Corte. Esto sería jurídicamente debatible y para Uribe, creo, moralmente imposible. Su sentido del honor o su talante combativo le han conducido al hueco en el cual se encuentra hoy y donde todo indica que ha de permanecer durante mucho tiempo.

Para Colombia en cambio sería mejor que alguien encuentre el inciso o la verdad judicial que libre al reo Uribe de la cárcel, y a nosotros nos ahorre la vergüenza y la polarización política que significan encarcelar al ídolo de tanta gente.