Aliviar el bolsillo hoy a costa de enfermar el futuro

Los impuestos saludables reducen el consumo de productos nocivos, ayudan a prevenir enfermedades y producen recaudo. Desmontarlos exige considerar esos beneficios y explicar cómo se reemplazarían sus ingresos.

Más que un impuesto

En los últimos días se ha hablado mucho de desmontar los impuestos saludables. 

Esas propuestas parecen ignorar que hoy más del 70% de las muertes en el mundo y en el país no provienen de accidentes ni de epidemias repentinas, sino de enfermedades crónicas (diabetes, cáncer, hipertensión, etc.) que se gestan poco a poco y cuyo riesgo aumenta con dietas basadas en ultraprocesados. Mientras algunos congresistas discuten bajar impuestos, los hospitales siguen llenándose de las mismas enfermedades.

La cuenta no es solo humana: un informe del Foro Económico Mundial y Harvard calcula que esas enfermedades le costarán a la economía mundial cerca de 30 billones de dólares en los próximos 20 años. Aun así, pocos temas generan tanto rechazo como los impuestos, así que prometer eliminarlos siempre resulta popular, más aún si el argumento es aliviar el bolsillo de las familias y fortalecer el de los tenderos.

Este impuesto fue el resultado de años de incidencia de organizaciones de la sociedad civil, construido sobre evidencia técnica sólida. Y esa evidencia es clara: los impuestos saludables cumplen una doble función. En el corto plazo generan recursos públicos y, al encarecer productos nocivos para la salud, desincentivan su consumo; en el largo plazo, contribuyen a prevenir enfermedades y a aliviar la presión sobre el sistema de salud. Si un impuesto mejora las decisiones de consumo y fortalece las finanzas públicas, ambas cosas son una ganancia para la sociedad.

Hay cuatro razones sólidas para no desmontare el “impuesto saludable” en Colombia.

Protege la salud

Primero, porque los impuestos saludables son una herramienta de salud pública. Al aumentar el precio de productos cuyo consumo está asociado con efectos negativos sobre la salud, reducen su asequibilidad y desincentivan su consumo. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera estos impuestos una de las políticas más costo-efectivas para reducir el consumo de productos nocivos y prevenir enfermedades no transmisibles. Además, pueden producir una triple ganancia: reducir el consumo, generar ingresos fiscales inmediatos y disminuir, en el largo plazo, los costos de atención en salud.

La experiencia internacional respalda estos resultados. México, que grava las bebidas azucaradas desde 2014, registró una reducción de entre 6 % y 8 % en sus compras durante el primer año. Chile, después de implementar en 2014 el impuesto a las bebidas con mayor contenido de azúcar, registró una reducción de 21,6 % en las compras de los productos sujetos a la tarifa más alta.

En Colombia, esta lógica fue respaldada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-435 de 2023, que reconoció que el derecho a la salud también tiene una dimensión preventiva y permite al Estado adoptar medidas antes de que las personas enfermen. La Corte reconoció, además, la finalidad extrafiscal del impuesto: proteger la salud pública. De ahí que su diseño responda al contenido de azúcar de las bebidas: aquellas con mayor concentración enfrentan una mayor tarifa, creando un incentivo para reducir su consumo y para que la industria reformule sus productos.

¿Quién paga realmente?

Segundo, afirmar que el impuesto saludable perjudica especialmente a los hogares de menores ingresos porque aumenta los precios cuenta solo una parte de la historia. Un impuesto al consumo puede ser regresivo si estos hogares destinan una mayor proporción de sus recursos a los productos gravados. Pero eso no significa que este impuesto sea el principal responsable del encarecimiento de su alimentación.

Un estudio de Dejusticia muestra que, entre 2019 y 2024, los precios de los alimentos frescos y básicos aumentaron mucho más que los de los productos gravados. El encarecimiento de la alimentación de los hogares, especialmente de los de menores ingresos, responde mucho más al aumento de los alimentos frescos que al impuesto saludable.

Además, una familia de bajos ingresos también es vulnerable a los gastos, la pérdida de ingresos y de bienestar que puede producir una enfermedad. Por eso, juzgar el impuesto únicamente por lo que ocurre en la caja del supermercado ofrece una fotografía incompleta.

El argumento de los tenderos

Tercero, la preocupación por los tenderos es legítima, pero debemos distinguir entre una caída en las ventas y su causa. Fenalco ha reportado que muchos tenderos consideran que el impuesto saludable ha reducido las ventas de gaseosas, snacks y otros productos gravados. Sin embargo, las tiendas de barrio venden otros productos y enfrentan al mismo tiempo mayores costos de operación, competencia de las tiendas de cadena e inseguridad.

La evidencia disponible muestra una reducción en la compra de algunos productos gravados —justamente uno de los objetivos del impuesto—, pero esto no demuestra que hayan caído los ingresos totales de los tenderos ni que el impuesto sea responsable de la crisis de sus negocios.

También hay un costo fiscal

Cuarto, eliminarlo también tiene un costo fiscal. En 2025 los impuestos saludables habrían recaudado alrededor de $3,3 billones, cerca del 1 % del recaudo tributario nacional. Puede parecer una proporción pequeña, pero no es irrelevante en un contexto de fuertes restricciones fiscales. Además, el proyecto del Presupuesto para el 2027 incorpora estos ingresos dentro de las proyecciones fiscales, por lo que vale la pena explicar de dónde saldrán los recursos que lo reemplacen si se elimina.

¿Bajar impuestos? Hablemos entonces de cuáles

Si el propósito realmente es aliviar la carga tributaria que soportan las personas, ¿por qué la prioridad tendría que ser desmontar los impuestos saludables?

Colombia tiene, por ejemplo, el impuesto a los movimientos financieros, el conocido 4×1000: recaudó cerca de $10,6 billones en la última década (6% anual del total) y recae sobre las transacciones financieras de todas las personas. Durante años ha sido cuestionado por sus posibles efectos negativos sobre la bancarización y el uso del sistema financiero, clave para el desarrollo económico.

Esto no significa que debamos eliminar el 4×1000 mañana, pues también genera un recaudo que tendría que reemplazarse. El punto es que no todos los impuestos producen los mismos efectos ni persiguen los mismos objetivos.
Si vamos a hablar de “descargar” tributariamente a los colombianos, hagamos la discusión completa. Preguntemos cuánto recauda cada impuesto, quién realmente lo paga, qué comportamiento incentiva o desincentiva, qué externalidades busca corregir y qué ocurriría si desaparece.

Los impuestos saludables pueden perfeccionarse: discutir sus tarifas, revisar su base, simplificar su administración y acompañarlos con políticas que faciliten el acceso a alimentos saludables. Pero Colombia todavía necesita más datos y, sobre todo, más tiempo para evaluar sus efectos sobre el consumo, los hogares, los tenderos y la salud, cuyos beneficios se observan principalmente en el mediano y largo plazo.

La discusión debería ser cómo fortalecerlos y, si se busca aliviar la carga tributaria de ciudadanos y pequeños negocios, preguntarnos qué otros impuestos generan mayores distorsiones y podrían reformarse sin renunciar a una herramienta que busca proteger la salud y aporta recursos públicos.

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