Esta vez hablaré de un país que no es Colombia, pero ayuda a auscultar las tensiones más profundas de Colombia.

El país es Israel, y la cuestión es quién tiene la última palabra en una democracia; ¿El Gobierno, el Congreso, la Corte? ¿O el pueblo, cuál pueblo?

Israel es y se precia de ser la única democracia del Medio Oriente. Su reconocimiento por la ONU — su existencia misma — se basó en el compromiso con la democracia liberal, y desde entonces ha sido una democracia viva y a menudo ruidosa. Pero ahora la mayoría parlamentaria se dispone a aprobar una reforma en virtud de la cual el Congreso podría revocar las sentencias de la Corte Suprema y tener más control sobre los jueces. Las protestas masivas de la ciudadanía llevan ya varios meses, y por eso el Congreso (Knesset) ha aplazado la aprobación del proyecto.

Esta crisis política, la más seria en la historia de Israel, pone sobre el tapete la difícil cuestión de cuál de los tres poderes debe primar en caso de desacuerdos. No el poder Ejecutivo, porque eso es la dictadura; ¿debe ser el Congreso, que ha sido elegido y representa la voluntad popular? ¿o debe ser la Corte, que no ha sido elegida pero interpreta lo que dice la Constitución?

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Hoy en todas las democracias es la Corte quien ejerce ese “poder de cierre”, pero cabe recordar que por ejemplo Madison, fundador de la democracia en Estados Unidos, se opuso con vehemencia a semejante “dictadura de los jueces”.

El problema en cuestión simplemente no tiene solución lógica o conceptual, así que —quieras o no lo quieras— el asunto se resuelve a partir de las pujas políticas. En Israel la reforma es producto de un gobierno de derecha que logró escasa mayoría en el Knesset y representa a los judíos ortodoxos y colonos que siguen construyendo en territorio extranjero ocupado ilegalmente: la Corte ha puesto trabas a este proyecto derechista, y por eso el gobierno quiere frenar a la Corte.

En Colombia se acepta la supremacía de la Corte Constitucional, y la Corte de hecho se ha extralimitado de distintas maneras. En el Congreso se repiten los intentos de quitarle poder (por ejemplo, al recortar las tutelas), pero los proyectos de reforma a la justicia de todos los presidentes desde 1994 han sido bloqueados por esa misma Corte. Es una puja latente o una pelea congelada.

Bajo el gobierno Petro ha comenzado a asomarse otra cara del debate —mejor dicho, de la puja o del pulso entre fuerzas políticas—: ¿Será que prima el Gobierno, será que prima el Congreso?, ¿Será que se mantiene la coalición de Petro con liberales, conservadores y bancada de la U? ¿Será que logran acuerdos para adoptar la reforma a la salud, la laboral, la pensional…?, ¿Será que eso implica desinflar las reformas y hacer que Petro incumpla sus promesas de campaña?, ¿Será que opta por jugarse la carta definitiva en un sistema político?

Esa carta es el pueblo. ¿Acaso el pueblo que marcha por las calles, como en Israel, el pueblo que ha comenzado a convocar el presidente Petro y ha citado para el 1 de mayo? Una carta, por supuesto, que cualquier presidente tiene el derecho de jugar, y que veremos hasta dónde le funciona.

Pero ese pueblo no es el “pueblo soberano” de la teoría política. El soberano es el pueblo que reforma la Constitución o que convoca a una Constituyente. Por eso desde los dos extremos se comienza a llamar a la Constituyente…y este país podría acabar en cualquier parte.

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