Alejandro Ordóñez y Viviane Morales: candidatos subversivos - Razón Pública
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Alejandro Ordóñez y Viviane Morales: candidatos subversivos

Escrito por Hernando Gómez Buendía

Senadora Viviane Morales

Hernando GomezEstas candidaturas contradicen los tres pilares de la Constitución colombiana y no serían admisibles en una democracia de verdad. Reflexión necesaria sobre el problema espinoso de la relación entre moral, política y religión organizada.   

Hernando Gómez Buendía*

Hablando con rigor

En este artículo propongo el argumento de que las candidaturas presidenciales de la senadora Morales y el exprocurador Ordóñez son contrarias a los tres pilares del orden jurídico-político que consagra la Constitución colombiana: el del Estado liberal, el de la protección de los derechos como finalidad del Estado, y el de la democracia como forma de gobierno. Por eso, hablando con rigor, podría decirse que se trata de dos candidaturas subversivas.

Este carácter subversivo resulta de dos rasgos que comparten los dos candidatos: (1) Sus campañas se basan en posiciones morales que no podrían imponer como jefes de Estado, y   (2) Sus candidaturas son promovidas abiertamente por iglesias o religiones organizadas.

Advierto de inmediato que aunque los dos rasgos estén emparentados, son dos hechos diferentes, que tienen implicaciones muy distintas y que pueden existir por separado.     

También debo aclarar:

  • Que los programas de esos candidatos no se limitarán a sus banderas morales y que no apelarán tan solo a las iglesias (de hecho ambos aspiran a una candidatura de partido). O sea que en estas medidas sus candidaturas no serían subversivas.
  • Y que otros candidatos levantarán banderas morales o buscarán  apoyos eclesiales. Uribe y Santos, sin ir muy lejos, tuvieron el aval de algunas iglesias cristianas- es decir que Uribe o Santos apelaron a recursos subversivos-.                   

También de entrada debe quedar claro que el primer problema (el “sustantivo”) se refiere a la imposición de una moralidad particular como norma del Estado, y que el segundo problema (el “procesal”) consiste en que una iglesia movilice a sus fieles en favor de un candidato. Por eso mi argumento para nada contradice (y al contrario, refuerza) la libertad de conciencia, el derecho (y el deber) de vivir según las propias convicciones morales, las libertades de culto y de expresión, la legitimidad de las iglesias, y el valor mismo de la religión.

La cuestión es de valores

Exprocurador, Alejandro Ordóñez.
Exprocurador, Alejandro Ordóñez. 
Foto: Angélica Zambrano @Anyelik

La bandera moral más distintiva de estos dos candidatos es hoy por hoy su oposición a la  “ideología de género”, que a su vez gira en torno al estatus de las personas LGBT. Con énfasis sobre la adopción (Morales) o en general sobre las uniones gay (Ordóñez), este asunto ha sido la punta de lanza o la ola más reciente del debate colombiano sobre la sexualidad. Aunque quizá con menor intensidad, el aborto temprano y el aborto en general han sido objeto de controversias recientes, donde los dos candidatos de filiación religiosa han defendido la moralidad tradicional y “los valores de familia” en general.

Pues bien: independientemente de su filiación religiosa, la mayoría aplastante de los colombianos profesa esos mismos valores. Aunque sean dispersas, no siempre actualizadas y no muy consistentes, las encuestas dicen que el 73 por ciento de la gente está en contra de la adopción gay, o que el 66 por ciento  (o el 59 por ciento) se opone a los matrimonios del mismo sexo, o que el 76 por ciento no acepta el aborto bajo ninguna circunstancia, o que el 90 por ciento lo rechaza durante los tres primeros meses de embarazo.

La bandera moral más distintiva de estos dos candidatos es hoy por hoy su oposición a la  “ideología de género”.

De aquí se sigue que la “subversión” no estaría limitada a las iglesias – y ni siquiera a las religiones-: es la mayoría del pueblo colombiano la que profesa una moralidad antiliberal y por lo tanto contraria a la Constitución.

Es otra forma del abismo entre el “país formal” y el “país real” que ha sido y sigue siendo nuestro drama desde la Colonia católica que fue seguida por el montaje de una República liberal, y que se ha traducido en las visiones opuestas sobre cuál sea “el alma de la nación colombiana” desde el comienzo del siglo XIX hasta Laureano Gómez – o para ser exactos, hasta Alejandro Ordóñez-.  

El problema principal no es por lo tanto que las iglesias hagan proselitismo electoral, sino que el nuestro sea un Estado liberal en una sociedad no liberal que ahora vuelve a aflorar en unas elecciones. (Creo yo que esto se da gracias al vacío que dejaron las FARC – y como si la subversión violenta y desde fuera del sistema le estuviera dando paso a una subversión pacífica y desde dentro del sistema-).  

¿Hasta dónde?

Por supuesto que la cultura es anterior al Estado y que la religión –en nuestro caso la católica- es una fuente capital de esa cultura. Pero el Estado que consagra la constitución sigue siendo el referente normativo o la definición del deber ser para todos los ciudadanos.  ¿Cuáles entonces son los límites que implica nuestra constitución para que convicciones morales mayoritarias y respetables sean o no sean asumidas por parte del Estado?

Esta es la “cuestión esencial y también la más difícil de la política”, como notó Spinoza  desde el siglo XVII.  Así que –simplificando- hay que advertir primero que el problema es consustancial a las sociedades pluralistas, o donde existen distintas convicciones sobre la vida moralmente deseable: solo las teocracias (Irán, Arabia Saudita…) se ahorran esta pregunta.

Y las respuestas desde el constitucionalismo han sido tres principales:

  1. Cada persona tiene el derecho de vivir según sus propias creencias, con la sola condición de no hacer daño a terceros. Esta es la fórmula clásica de John Stuart Mill, que sigue subyaciendo a las constituciones liberales aunque en su límite implique la posición libertaria (donde el suicidio o el consumo de drogas deben ser permitidos). Pero el meollo de esta primera respuesta es afirmar la autonomía individual como única base posible del Estado liberal, de la igualdad ante la ley y de la soberanía popular que a su vez es la base de la democracia.
  2. La finalidad del Estado es proteger y promover los derechos de los ciudadanos (como dice y repite la Constitución de 1991). Estos derechos incluyen la libertad de conciencia y de formarse o cambiar sus propias convicciones acerca de la vida que  cada persona considere ideal o deseable. Y esto va en contravía de las moralidades que anteponen a aquellas convicciones personales los preceptos de alguna religión o el bienestar presunto del Estado (al estilo de un país socialista o “castro-chavista”).
  3. La moralidad pública -que por supuesto subyace a cada Estado y que este debe defender con toda seriedad- tiene que ser minimalista en vez de maximalista. Estos mandatos mínimos recogen el consenso de cada sociedad y son los que se plasman en su Código Penal como catálogo de conductas reprochables y punibles. Pero la perfección personal que esperan o reclaman las distintas religiones – y que en efecto les dan el sentido y el valor a las iglesias- son ideales que el Estado no puede imponer sin gravar al ciudadano común más allá de lo factible o razonable.                     

Claro está que los criterios anteriores son abstractos y que su aplicación a un asunto concreto es más o menos compleja o debatible. La prostitución, las drogas psicoactivas, la donación de órganos, el control natal, el aborto, el divorcio, la adopción…son apenas capítulos de esta “más difícil cuestión” de la política y donde –por eso mismo- no existen fórmulas definitivas. 

Subversivos

Miembros de la iglesia cristiana.
Miembros de la iglesia cristiana.
Foto: Ministerio de Interior

Pero en primer lugar el hecho mismo de que no existan fórmulas definitivas es la mejor defensa del Estado liberal. Este Estado no obliga a nadie a divorciarse, a abortar, a formar pareja del mismo sexo, a usar anticonceptivos…; se limita a permitir que cada ciudadano siga su conciencia, una conciencia que en el caso de los católicos y cristianos les obliga por mandato de Dios y no apenas de los hombres.

En segundo lugar, los tres criterios mencionados sin duda excluyen todas las formas de discriminación contra personas LGBT, que como dije es hoy la plataforma de las candidaturas de Morales y Ordóñez.  No existe –ni ellos han presentado- evidencia de que estas identidades de género o estas prácticas íntimas causen daño a terceros (el criterio de Mill); la identidad, la intimidad y la expresión de la personalidad son derechos ciudadanos que el Estado no puede trasgredir – como no puede trasgredir las libertades de conciencia y de culto-; y aunque las prácticas homosexuales no correspondan al ideal de las moralidades religiosas, no es razonable ni factible prohibirlas entre personas autónomas y adultas.                         

Y en tercer lugar habría de notarse que las iglesias católica y cristianas tampoco han sido consistentes en sus reclamos sobre moralidad pública ni en este punto tienen mejores argumentos que los del constitucionalismo liberal. Me explico brevemente:

  • Sin mencionar las diferencias de opinión entre teólogos morales –ni, sobre todo, el lugar que muchos de ellos reconocen a la conciencia personal del creyente- mencionaré la obsesión con el sexo que afecta a estas iglesias oficiales y su olvido de la justicia social como primera razón de su presencia en política (que es el mensaje por eso refrescante del papa Francisco, como señala el teólogo Carlos Novoa en esta misma edición de Razón Publica). 

O, en materia sexual, añadiré que estas iglesias se resignaron o cambiaron de doctrina en relación con el matrimonio civil, el divorcio (y el control natal para católicos), para citar apenas tres batallas frescas en esta larga cruzada por la “moral pública”.

  • Palabra de Dios o de la Naturaleza. Estos son los argumentos de los tradicionalistas cuando hablan –respectivamente- para creyentes y para no creyentes. Con excepción de los integristas (¿Alejandro Ordóñez, José Galat?), no creo yo que alguien admita razones teológicas en la vida civil, y por eso se dice que el homosexualismo (o el aborto, o todo lo que vaya contra la familia) es una práctica “antinatural” que por lo tanto debe prohibirse.

Este es el argumento favorito del colombiano común, pero en esencia es invocar a Dios bajo otro nombre (la “Naturaleza”) para justificar la discriminación contra una minoría, para excluir a los homosexuales – y a las mujeres- del diálogo moral porque la naturaleza los hizo inferiores.           

Iglesias militantes

Ordóñez y Morales son también subversivos porque buscan el apoyo electoral de las iglesias.  Esta precisamente fue la razón de las guerras religiosas que desolaron a Europa durante siglos y cuyo único, exacto y explícito remedio fue la invención del Estado liberal.   

Es la mayoría del pueblo colombiano la que profesa una moralidad antiliberal y por lo tanto contraria a la Constitución.      

No son solo las iglesias ni son todas las iglesias. Pero, como noté en otro artículo, las religiones organizadas tienden a presentar dos rasgos que dificultan su coexistencia con la democracia: la intolerancia y el exceso de poder sobre sus fieles.  

  • La intolerancia viene de la certeza sobre “verdades” que no se pueden demostrar.  La intolerancia es más propia de las iglesias monoteístas (judías, cristianas, islámicas), donde existe una única verdad, absoluta porque Dios la reveló, y donde todas las demás son “herejías”. Traducida a la política, esta certeza da pie al Estado teocrático o a la violencia religiosa que aún ahora sigue ensangrentando al mundo.
  • El exceso de poder sobre los fieles resulta de que la moralidad religiosa abarque todos los ámbitos de la vida, y de la devoción total que se espera del creyente. Esto es más cierto en las religiones mesiánicas, donde los sacerdotes, pastores, rabinos o ayatolas tienen la llave de la vida eterna, y donde los abusos son por eso más frecuentes.

En un país que trabajosamente se asoma hoy a la paz, hay que tener todavía más cuidado para evitar que un nuevo – o un viejo- sectarismo nos siga condenando a la violencia por causa de ideas que casi nadie entiende y que no pueden dirimirse por medios racionales.    

Esto tendrían que entenderlo las iglesias cristianas que en Colombia sufrieron la violencia, los católicos que han sido tanta parte del desangre centenario y de las luchas por la paz, y los creyentes todos que reclaman el derecho a venerar su Dios y a perseguir su ideal de vida: es decir el derecho a vivir bajo un Estado liberal.

Y de su lado el ciudadano que piense de otro modo tiene el derecho de esperar que los creyentes practiquen la lealtad  “de tejas para abajo” que les pedía Pedro Laín Entralgo: que desde sus creencias religiosas concurran en defensa de la ética civil que para todos  asegura libertad, igualdad y respeto genuino por las muchas maneras de sentir y de vivir.      

 

* Director y editor general de Razón Pública. Par ver  el perfil del autor, haga clic en este enlace.

        

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