Hay una cosa en la cual los congresistas de todos los partidos están muy de acuerdo: en gastarse la plata que no es de ellos.

Tan firme es este acuerdo que superó la crisis política más seria que haya enfrentado el gobierno de Gustavo Petro. Me refiero por supuesto al proyecto de reformar la salud, que acabó por reventar la coalición oficialista y dar lugar al primer remezón del gabinete.

El proyecto, sabemos, tiene tres objetivos principales, y sabemos también que fue aprobado en su primer debate con los cambios que acordó el nuevo ministro. Estos tres objetivos y estos cambios tienen un punto en común: todos corren por cuenta del presupuesto nacional.

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El primer objetivo es muy loable: mejorar las condiciones laborales del personal de salud.  El 73% de los 128.643 trabajadores del sector tienen contratos por prestación de servicios, y por eso el artículo 72 propone formalizarlos, empezando por aquellos que residen fuera de las urbes. Esto es justo, pero cuesta la bicoca de 9 billones anuales, o la mitad del recaudo de la pasada y pesada reforma tributaria.

Además de lo cual se pagarán la educación continuada y la costosa formación de los especialistas. Y se refuerza también, como es debido, la autonomía médica, que bien puede implicar tratamientos más costosos y mayor dificultad para demandas por fallas en el servicio.

El segundo objetivo también es muy loable: fortalecer la atención preventiva o primaria —especialmente en la Colombia profunda—, mediante centros que atenderían cerca de veinte mil personas, con visitas domiciliarias y equipos interdisciplinarios. Alrededor de la mitad de estos 2.500 centros estarían por construirse, y en todo caso los costos de operación serían elevados. Con razón dice el gobierno que prevenir es ahorrar, pero el remedio llega un poco tarde porque hoy por hoy en Colombia prevalecen las enfermedades propias de la vejez.

El tercer objetivo había sido (y seguirá siendo) la manzana de discordia: la ministra quería eliminar las EPS, y el ministro se transó por convertirlas en “Gestoras de Salud y Vida”. Estas nuevas entidades se limitan a remitir los pacientes a las instituciones que prestan los servicios, y recibirán por eso entre un 5 % y 8 % de la bolsa del sector; pero de hoy en delante será el ADRES, adscrito al Ministerio de Salud, quien pague directamente a esas instituciones.

Este acuerdo salomónico podría contentar a los unos y a los otros y sin embargo— por supuesto— corre por cuenta del erario. Y aquí tocamos fondo.

Las EPS han sido el curioso mecanismo para que un país pobre y desigual intente o se dé el lujo de una salud universal y de costos crecientes (porque la Corte y la Ley Estatutaria decidieron mejorar la cobertura). Ineficientes o hasta tramposas, estas entidades se dedicaron a repartir carnés y, sobre todo, a rebajar los salarios del personal y el precio de los servicios, porque en esto consistía su negocio.

Pero las EPS quebraron, precisamente porque los costos seguían aumentando, y la ministra pensó que la salida consistía en liquidarlas de una vez. De aquí salió la figura de los pagos directos por parte del ADRES.

Con estas cinco perlas: (1) Que uno ordena el gasto y otro paga la cuenta; (2) Que el funcionario público no tiene el incentivo de la EPS para pagar lo mínimo; (3) Que el Estado no conoce de veras la complejísima contabilidad de una clínica privada, hoy por hoy convertida en una fábrica de alta precisión. (4) Que las tarifas entonces tenderán a unificarse por lo alto, y (5) Que nadie sabe si aquel 5% o aquel 8% de la bolsa alcanzará o sobre pagará el costo de conseguir las citas.

Si el proyecto se aprueba como está, no hay que saber aritmética para profetizar que el ADRES y el sistema de salud habrán quebrado antes de que termine este gobierno.

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