En vísperas de elecciones - Razón Pública

En vísperas de elecciones

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Nunca antes habíamos tenido una campaña tan sucia, pero tampoco unas elecciones tan reñidas -ni tan decisivas-. Por lo primero deberíamos votar en blanco;  por lo segundo hay que escoger la opción que menos sangre le cueste a Colombia.

 Hernando Gómez Buendía*

Abogado de baranda

Una cosa es la verdad, y otra cosa es la verdad judicial.

El Estado de derecho afortunadamente implica que nadie pueda ser condenado por un delito que no haya sido exactamente definido por la ley o no haya sido probado por los medios admisibles legalmente.  

Es bien posible que el doctor Óscar Iván Zuluaga no haya incurrido en delitos en relación con el “hacker”.  Que su conducta no hubiera reunido las condiciones técnicas para ser delito esto es, que no hubiera sido “típica, antijurídica y culpable”. También pudo ocurrir que el video fuera grabado ilegalmente, caso en el cual el juez tendría que descartarlo.

Es más: el “hacker” pudo no cometer un delito, o las pruebas podrían ser insuficientes- como ya conceptuó la juez que inicialmente conoció de la causa-. Con menos razón podría decirse entonces que el candidato Zuluaga cometió algún delito.

Pero eso es lo patético del caso: que la persona que aspira y puede ser elegido presidente  tenga que optar por el lenguaje de su abogado penalista, para decir que “se atiene a la verdad judicial” y  que “el video es ilegal”.  

Los ciudadanos necesitábamos oír que el presidente en ciernes se atiene a la verdad y que el video era falso.


Candidato a la Presidencia Oscar Ivan Zuluaga

Una elección deprimente

El candidato ganador en la primera vuelta no dijo que el video fuera falso porque el video es cierto. Y todos  lo sabemos.

Como también sabemos que el video fue descubierto por el Fiscal faltando menos de dos semanas para las elecciones, y que llegó misteriosamente a manos de la revista que dirige el sobrino del presidente y del periódico que dirige su cuñado.   

Para que quede claro: Santos dio un golpe bajo, como acostumbra, pero Zuluaga  no fue capaz de decirnos la verdad. Mintió para evitar ir a la cárcel, pero no merecer la cárcel no es título bastante para ser presidente.

Si no viviéramos en un país enfermo y donde la verdad judicial importa más que la verdad, Zuluaga habría dicho simplemente que el video era cierto. “¿Y qué? Sencillamente estaba buscando información sobre el uso electoral que mi adversario planeaba hacer sobre el proceso de paz, que fue sin duda el tema de campaña”.     

Lo cual confirma que sufrimos de otras dos dolencias:

  • La reelección que inventamos con Uribe  y que pone a un candidato en el control unilateral de información y decisiones cruciales. 
  • La naturalidad con la cual el otro candidato recibe y utiliza información ilegal, porque él es uribista, porque los militares también son uribistas, porque la inteligencia militar consiste ahora en seguir el proceso de La Habana,  y porque no hay inteligencia militar si no es a base de información obtenida ilegalmente.  

En resumen: laringitis inventada, verdad judicial, Fiscal de bolsillo, periodistas parientes, abuso de poder, militares en política y espías al servicio de campañas. Añádale ex presidente calumniador, Procurador de bolsillo, ex presidente dedicado a repartir  ministerios, ríos de fondos públicos para mover los votos, populismo de la derecha dura, cinismo de la derecha a secas, promesas y promesas sin aumentar impuestos, asesores tramposos y medios con contratos. Esa es Colombia.

La paz de  Zuluaga

Es bien posible que el doctor Óscar Iván Zuluaga no haya incurrido en delitos en relación con el “hacker”.  Que su conducta no hubiera reunido las condiciones técnicas para ser delito esto es, que no hubiera sido “típica, antijurídica y culpable”. 

Y sin embargo tenemos que votar porque uno de los candidatos prefiere que los    campesinos – soldados y guerrilleros- sigan matándose en nombre del honor, la justicia y la verdad que encarnan sus gobernantes.

Por supuesto que ese candidato – y los millones de colombianos que lo acompañan- ven las cosas de una forma muy distinta. Su razonamiento es preciso y es además  contundente:

  1. Las FARC son un grupo terrorista, y por eso en Colombia no hay conflicto interno.
  2. Sin embargo Santos se sentó a negociar las reformas sociales con los terroristas. Y mientras hablan de paz, los guerrilleros han seguido delinquiendo.  
  3. Eso no es aceptable, y por lo tanto hay que hacer tres cosas bien precisas:

·         Exigir el fin inmediato de las acciones criminales de las FARC;

·         Revisar con lupa los preacuerdos que se han hecho en La Habana, y

·         Buscar que los guerrilleros se sometan a la justicia es decir, que se desarmen a cambio de una rebaja de penas. Para esto Zuluaga “estaría dispuesto a pensar” en 6 años de cárcel para los crímenes que no sean atroces. 

Al revés de lo que dice Santos, esta es una posición perfectamente clara y coherente. Ha sido la tesis del ex presidente Uribe desde que se anunció el proceso de La Habana. Y es lo que piensan millones de hombres y mujeres que están ahítos de las FARC, de sus crímenes y de sus engaños a lo largo de los años.  


Puestos de votación en el Cauca

El modelo AUC

Más aún: esa fue la solución que funcionó en el caso de los paramilitares bajo el  gobierno de Uribe. Las AUC se sometieron a la justicia a cambio de penas reducidas de 5 a 8 años de cárcel. Los muchos partidarios de Zuluaga  creen que las AUC y las FARC son la misma cosa- simples grupos criminales- y por lo tanto pueden ser tratadas de la misma manera.

Pero hay dos diferencias esenciales entre esas dos organizaciones criminales:

– Que las AUC no buscaban la revolución social sino la defensa del statu quo; por eso no necesitaban negociar reformas sino tan solo la rebaja de penas.

– Que las AUC tenían entronques mucho más poderosos en el Congreso y otras altas esferas, de modo que el gobierno Uribe se empeñó en concederles el tratamiento penal más favorable y en forcejeo con la Corte Constitucional y los organismos internacionales. Con excepción de los “comandantes” que fueron extraditados por narcotraficantes, el balance de Justicia y Paz es de casi plena impunidad: el 97 por ciento de los desmovilizados no comparecieron ante la justicia, y los que fueron judicializados quedarán en libertad en agosto de este año.    

De esta manera el modelo de las AUC no es aplicable  a las FARC por dos razones de bulto:

  • Porque además de criminales, las FARC son o se conciben a sí mismas como una fuerza empeñada en lograr cambios sociales.
  • Y porque los mandos guerrilleros saben o temen que a ellos sí se les aplicarían las penas – así fueran los seis años – y pagarían por sus crímenes.

La condición imposible

Pero admitamos que las FARC hayan sido tan golpeadas por nuestras Fuerzas Armadas que en efecto están dispuestas a someterse a la justicia es decir, a dejar de delinquir y a entregarse a condición de una rebaja de penas.  

Abarato el argumento: supongamos además que las FARC están dispuestas a cumplir esa promesa, que sus jefes dan la orden y que todos sus “frentes” la obedecen. Al otro día o las dos semanas, algún “enemigo de la paz”, de los que abundan, descubrirá algún plan terrorista, pondrá una bomba o secuestrará a una niña de manera que el comandante de la brigada, el juez de turno o el periodista amarillo dirá que fueron las FARC, y el presidente tendrá que levantarse de la mesa.

La exigencia de Zuluaga no funciona si no existen observadores internacionales que verifiquen si las FARC han seguido o no han seguido delinquiendo. Y esta es la tercera diferencia con las AUC: César Gaviria, Secretario de la OEA y por entonces amigo de Uribe, le hizo el favor de enviarle a los observadores para legitimar un proceso que Naciones Unidas y la comunidad internacional habían rechazado porque sabían que implicaba impunidad.

Pero ahora ni la ONU ni la OEA estarían en condiciones de despachar el contingente militar necesario para vigilar las acciones de las FARC. Y abarato otra vez el argumento: aunque quisieran y pudieran hacerlo, la tramitación tardaría mucho tiempo.              

Si no viviéramos en un país enfermo y donde la verdad judicial importa más que la verdad, Zuluaga habría dicho simplemente que el video era cierto.    

El plan B

La propuesta de Zuluaga es popular porque ofrece una paz inmediata y “sin impunidad”. Pero esto no es posible.

La alternativa obvia es obligar a las FARC a someterse a la justicia es decir, intensificar la guerra hasta lograr su rendición incondicional. Esto no ha sido posible en 50 años, pero tal vez sea posible en un futuro más o menos lejano, con el costo respectivo en vidas, gastos y daños, y cuando Santos está muy cerca de lograr el acuerdo que otros varios  gobiernos intentaron.      

Los colombianos por supuesto pueden preferir esta opción, pero a mi muy modesto modo de sentir, es importante tener claro por qué y para qué se está votando.

Yo he hecho el ejercicio y votaré por la opción menos sangrienta. Aunque mi voto será  con anestesia.    

 

*Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace  

    

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