Hernando Gómez Buendía*
Después de cuarenta años de odiarse y perseguirse mutuamente, el expresidente Uribe y los excomandantes de las FARC acabaron por querer la misma cosa: no pagar pena de cárcel.
Y la manera de hacerlo en ambos casos es contratar los abogados más costosos, es decir, los que mejor saben navegar los vericuetos de lo que aquí llamamos sin pudor el sistema judicial y la legislación penal. Un adefesio o un conjunto de adefesios cuyo primer pecado es no aplicar el mismo procedimiento y la misma sanción a todos los ciudadanos, sino unos que dependen de si el reo es congresista o de si el crimen fue parte del “conflicto armado”.
A los protagonistas de la historia vergonzosa de Colombia les hemos dado el privilegio de escoger el sistema judicial que les convenga. Y esto además conlleva el privilegio de escoger al funcionario que en nombre del Estado o de nosotros decide si hay motivos para llamar o no llamar a juicio al acusado.
La consecuencia es implacable: no hay justicia y no es posible la justicia para aquellas personas que pueden darse el lujo de escoger a sus jueces y pagar abogados que conviertan la verdad de los hechos en la verdad inventada que se ajuste o parezca ajustarse a las minucias y extraños tecnicismos del sistema de “justicia” que escoja el acusado.
En el caso de Uribe la maniobra jurídica pasó por la humillante renuncia a la curul del senador más votado de la historia, el fenómeno político del siglo, el jefe del partido principal y el que nos puso a Duque como presidente. Con esto el reo pasó de un tribunal formado por cinco magistrados que se supone ser el más calificado y el más independiente a las cálidas manos del Fiscal que a su vez nos puso Duque y de un fiscal escogido por ser el alter ego de un exprocurador rabiosamente partidista.
La verdad simple que debieron explicarnos es por qué un abogado de Uribe pagó “de su bolsillo” a los testigos del caso. En vez de eso estamos viendo que el fiscal tomó partido por anticipado, y a punta de bobadas concluyó que aquellos cinco magistrados son unos ignorantes de eso que aquí llamamos “ciencia” del Derecho Penal.
No voy a repasar sus argumentos porque son patéticos, porque no tengo espacio y, sobre todo, porque ya sabemos a dónde irá a parar este proceso: tal vez la jueza le hizo caso al fiscal y ayer liberó a Uribe; o tal vez no le hizo caso y el fiscal se abstendrá simplemente de presentar cargos contra quien es su ídolo.
En el caso de los excomandantes de las FARC, la maniobra consistió en dejar de asesinar y secuestrar a cambio de una “jurisdicción especial” cuyos jueces no fueron escogidos por el Estado y donde no hay cárcel si el procesado confiesa sus horrores.
Esta es la simple verdad en este caso: el Secretariado de las FARC ordenó el asesinato de Álvaro Gómez, responsable según ellos del ataque a Marquetalia que a su vez causó la guerra. Su confesión de ahora se debe simplemente a que ese asesinato era un secreto a voces entre los exguerrilleros, de modo que cualquiera podría delatarlos y encerrarlos por veinte años en la cárcel.
Solo que, para rematar, los alvaristas quieren que los exjefes de las FARC resulten inocentes, en tanto que el Fiscal pretende someterlos a una justicia distinta de la que este país maravilloso había acordado concederles para evitar que siguieran matándonos.
Una justicia a la medida del cliente o a gusto del funcionario con abierta militancia partidista. Es lo que pasa por justicia en Colombia.
Esta columna fue publicada originalmente en El Espectador.
