Las FARC y la política

Qué buscan, por qué lo buscan, qué obstáculos enfrentarán los ex guerrilleros para actuar en política, y cuáles cosas puede o no puede concederles el gobierno. ¿Hay luz al final del túnel?  

Hernando Gómez Buendía*

Foto: www.elespectador.com

Diluvio de peticiones

Como segundo punto de la agenda de La Habana, el gobierno y las FARC habían acordado negociar sobre tres componentes de la participación política: garantías para la oposición, mecanismos de democracia participativa, y mayor presencia de la “población vulnerable” en la vida política.

El pasado 19 de junio las FARC presentaron “diez propuestas mínimas”, desagregadas en un total de 82 subtemas, que según ellas desarrollan aquellos tres asuntos. Y en las últimas semanas han venido desgranando sus propuestas específicas: un total de 49 peticiones sobre los cinco primeros puntos del “decálogo”: (1) Reforma del Estado”; (2) Garantías para la oposición; (3) Garantías para que los ex guerrilleros puedan hacer política; (4) Democratización de las comunicaciones, y (5) Ordenamiento territorial.  

Se pensaría pues que estamos ante una negociación inacabable. Y sin embargo hay un hilo conductor en esta serie de pedidos: a partir de lo que son – o lo que creen ser-, las FARC quieren lograr todo el espacio posible en la política. Y en las propuestas también hay jerarquía -que facilita la negociación- porque las FARC necesitan unas cosas más que otras para poder prosperar en la política.

Dos globos

Comienzo por los dos temas más ruidosos del decálogo: el modelo de Estado que proponen las FARC, y la Constituyente que habría de adoptarlo. Son dos “globos” que una fuerza insurgente tenía que lanzar,  sabiendo que el gobierno no los va a negociar. Lo primero sería escribir una nueva Constitución, y lo segundo sería llegar al poder por un atajo. Es la “revolución por contrato” que jamás fue posible — y que las FARC debilitadas de hoy ya saben que es no es posible–. 

Esto no quiere decir que los “globos” carezcan de interés:

–Al modelo de Estado básicamente corresponden las “once propuestas para la re-estructuración democrática” (punto 1), las ocho sobre régimen territorial (punto 5) y las diez sobre “democratización de las comunicaciones” (punto 4- aunque estas últimas no implican tantos cambios en la  Constitución). Es una lista lo bastante extensa para incluir ideas buenas, ideas dudosas e ideas locas – pero no para nada que suene a partido único o a dictadura del proletariado: las FARC no aspiran a un Estado comunista.

Mayor control sobre los poderes públicos, menos presidencialismo, más independencia judicial, más descentralización, creación legal de provincias y regiones, más transferencias de la Nación, compensación para los departamentos rezagados, menos monopolios en la comunicación, más medios comunitarios, alternativos y de minorías,  más financiación estatal de las campañas, depuración del censo electoral y hasta desmilitarización de la seguridad, son tesis que comparten muchos demócratas a secas. Las elecciones populares del Procurador, el Contralor, el Fiscal, el Defensor del Pueblo y los miembros del Consejo Electoral – aunque suenan progresistas- son en efecto dudosas o alocadas.

Pero, fuera de frases sonoras como aquella de “democratizar la propiedad” (que por demás ya está – y repetida- en la Constitución vigente), lo más urticante en el modelo de las FARC serían dos cosas:

· El “Poder Popular” como una cuarta rama del poder público, al estilo de la Constitución de Venezuela (donde, además, ese cuarto poder no ha funcionado), y

· La recomposición de la Cámara de Representantes, en una fórmula compleja[1] que contiene elementos federalistas, poblacionales y de sobre-representación de las minorías. 

– Por su parte la Asamblea Constituyente es una aspiración de las FARC desde los tiempos de Jacobo Arenas. Pero si la Asamblea fuera elegida por voto popular, los ex guerrilleros no obtendrían sino unos pocos cupos: la idea, para ellos, es pactar una tajada de león desde La Habana es decir, acceder al poder por un atajo.

Claro que a otros sectores los seduce la idea de una Constituyente porque también se hacen la ilusión (los izquierdistas) o porque saben (los uribistas), que allí tendrían más fuerza de que la que tienen ahora en el Congreso.

Y en todo caso una Constituyente no puede estar atada por acuerdos con el gobierno (como lo intentó César Gaviria en el 91), así que convocarla equivaldría a dejar en el aire lo pactado en La Habana. Peor todavía: el presidente Santos contrapropuso un referendo para ratificar los acuerdos con las FARC, lo cual suena tan “democrático” como la Constituyente y le suma la amenaza de que el pueblo -que detesta a la guerrilla- no apruebe los acuerdos (como le sucedió a la insurgencia de Guatemala después de desmovilizarse). 

El proyecto y sus escollos

Paso pues a los temas negociables, o al espacio político que las FARC aspiran a ocupar a partir de lo que creen ser. Lo aprieto en una frase: las FARC se ven como un ejército insurgente que quiere convertirse en el partido de la oposición por estar a la cabeza de los movimientos sociales. Por lo mismo el “decálogo” y las propuestas específicas en realidad consisten en pedir garantías para que, en orden de necesidad:

· Su ejército (los ex guerrilleros) puedan entrar a la política,

· Su partido pueda hacer oposición, y

· Los movimientos y protestas populares puedan florecer.

Este proyecto tiene mucho sentido. Aunque la prensa lleva años repitiendo que “nadie sabe lo que proponen las FARC”, ellas nacieron como un proyecto político y -pese a varias y graves distorsiones- hoy siguen siendo un proyecto político. Como la lucha armada no los llevó al poder, el espacio natural de esa ex guerrilla debe ser la oposición. Y, por supuesto, oposición de izquierda es decir, en defensa de los sectores populares. De aquí las tres categorías de peticiones.

Pero también existe un serio escollo en cada una de esos tres eslabones:

· Además de un ejército insurgente, las FARC son una organización criminal cuyos jefes han incurrido en delitos atroces;

· Nada asegura que la organización política que resulte de las FARC sea el único y ni siquiera el principal partido de oposición;

· El movimiento social no necesariamente es de protesta y no necesariamente se sumará al partido de las FARC.

Estos escollos tienen dos facetas. Por una parte dificultan o le quitan realismo al proyecto de las FARC—lo cual, paradójicamente, facilita la negociación porque el gobierno correría menos riesgo al hacer las respectivas concesiones-. Pero por otra parte implican puntos de principio o de valores, que una sociedad sana no tiene por qué aceptar.

1. Ex guerrilleros políticos

En este punto las FARC está pidiendo:

· Que los ex guerrilleros tengan todos los derechos políticos (incluido el de ser elegidos);

· Que no estén impedidos para ejercer los cargos que obtuvieran;

· Que les den cuotas (“a convenir”) en el Congreso, las asambleas y los concejos;

· Que haya además una “jurisdicción especial de paz” para sus voceros;

· Que su partido tenga personería jurídica;

· Que reciba financiación adicional del Estado (“equivalente al diez por ciento del total” destinado a los partidos);

· Que tenga asiento en el Consejo Electoral;

· Que les financien “un diario impreso, una revista, una emisora y un canal de televisión de cobertura nacional”;

· Que su seguridad personal sea garantizada por una comisión internacional, y

· Que otra comisión vigile el cumplimiento de los puntos anteriores.

Pedigüeños, tal vez, pero en principio no descabellados, estos son los pedidos que el gobierno podría conceder con más facilidad: son el tipo de acuerdos que se alcanzan en los procesos de paz en todo el mundo, que otras guerrillas han logrado en Colombia –y en todo caso son las primeras cosas que las FARC necesitan para poder pasar a la política. Lo cual no significa que se trate de coser y cantar.

-Comenzando por lo más elemental: cuidar que no asesinen a los ex guerrilleros es un deber evidente del Estado; pero la “comisión internacional” no lo garantiza ni es fácil de conciliar con la soberanía nacional.

-Siguiendo con el otro punto “obvio”: que los ex combatientes puedan ser elegidos, lo cual remite al tema grueso de los delitos atroces que hayan perpetrado y que ningún Estado puede perdonar. Es el escollo práctico y moral más importante que, como dije, puede hacer imposible -o hacer inaceptable – el primer paso o eslabón en el proyecto de las FARC (y aquí todo depende de que la Corte de paso al Marco Jurídico para la Paz).

-En 1994, la Corriente de Renovación Socialista (una fracción del ELN) recibió dos curules en la Cámara, y tanto el Ejército Popular de Liberación (EPL) como el Movimiento Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) tuvieron delegados (con voz pero sin voto) en la Constituyente de 1991. Hoy la cuestión sería cuántas curules en el Congreso, cuántas y en cuáles asambleas o concejos, van a tener las FARC por detener la guerra.

-La “circunscripción de paz” también tiene una historia: fue parte del acuerdo del 90 entre Barco y el M19, y la Constituyente autorizó al gobierno nacional para crearla, pero este dejó vencer el plazo – y revivirla hoy implicaría reformar la Carta-. Y en el sub-fondo hay el supuesto discutible de que los partidarios de  las FARC sean una minoría “discriminada” o similar a los indígenas, los afros o los residentes en el extranjero.

-Las demás son ventajas para el partido que surja de las FARC: personería automática, dinero extra del Estado, medios de comunicación propios y asiento en el Consejo Electoral. Pueden verse como una parte (pequeña) del precio de la paz, o aún como una forma de nivelar la cancha que está desbalanceada, pero también como una competencia desleal en una democracia pluripartidista. Son cartas que el gobierno podría jugar o dejar de jugar en el proceso de negociación.

2. Garantías para la oposición

En una guerra interna se supone que los insurgentes representan al país excluido, de suerte que al firmar la paz ellos han de encabezar la oposición. Es lo que las FARC suponen, y por eso las muchas garantías que piden para ella en el segundo punto del decálogo – “garantías para la oposición” – y que se agrupan en dos categorías: 

– El derecho, elemental, a no sufrir la guerra sucia. De aquí que exijan la descriminalización de la protesta social, el desmonte del paramilitarismo, la “comisión de la verdad” sobre su actos y sus cómplices, y “el esclarecimiento del genocidio contra la Unión Patriótica”. Cosas, todas, necesarias y legítimas – con excepción del cinismo y la arrogancia que implican el no reconocer ni pedir “comisión de verdad” sobre sus propios crímenes-. 

-Los derechos que a lo largo de los años se han venido sugiriendo como parte del “estatuto de la oposición”:

· Acceso a la información oficial

· Derecho de réplica y deber de rectificación por parte del gobierno

· Derechos de su bancada en el Congreso (participación en comisiones y mesas directivas;  “última palabra” antes de concluir los debates; consulta previa en decisiones sobre política exterior, seguridad, defensa, justicia y asuntos electorales)

· “Número fijo” de representantes en el Consejo Nacional Electoral

· Asiento en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y en la Junta Directiva del Banco de la República

· Cargo de senador, representante, diputado o concejal para quien tenga la segunda votación a presidente, vicepresidente, gobernador o alcalde en cada período

· Eliminación del umbral electoral; personería jurídica con la simple inscripción del programa y estatutos del partido o movimiento. 

Cosas, todas, posibles -aunque no todas técnicas- que sin embargo suponen que las FARC van a ser “la oposición”. Y acá topamos con dos dificultades: 

-La una, formal, es definir quién es la oposición. Según el documento de las propias FARC, son todos “los partidos y movimientos que se inscriban como tales en el Consejo Nacional Electoral”: ¿a cuál de ellos corresponden los derechos y cuotas enunciados? ¿O a título de qué les serían asignados al partido de las FARC?  

-La otra real, y más desconcertante todavía: la oposición con más votos en Colombia no es la izquierda sino la derecha dura, de suerte que la guerrilla está en esto trabajando para Uribe. ¡Vueltas que da vida!

3. Movimientos sociales

Y llego a la propuesta más novedosa pero también la más descaminada: calificar la oposición como “política y social ”:

“Se entiende por oposición toda acción política de disenso, crítica y fiscalización (del gobierno), ejercida a través del sistema político y de representación, o mediante la protesta, la movilización y la acción directa social y popular (énfasis añadido)”. 

A lo largo de seis décadas de historia, es indudable que las FARC han tejido una tupida red de relaciones con movimientos populares muy diversos. A esta carta le apuestan su futuro político, y por eso se entiende que casi la mitad de sus propuestas de participación[2] se refieran a esos movimientos y sectores (“campesinos, indígenas, afros, mujeres, jóvenes, LGBTI y otros grupos sociales excluidos”). Pero esta apuesta no es necesariamente legítima o sensata. 

-¿Legítima? Lejos de mi descalificar la organización, la movilización y las protestas populares. Ellas son un derecho, un requisito básico de la democracia, el motor de los avances sociales, y en mi opinión también la gran carencia de Colombia: los movimientos y protestas sociales han sido y son extraordinariamente débiles, debido sobre todo a que el Estado y los propios ciudadanos los tildan y los tratan como “subversivos”. Pero esto es culpa de las FARC: la lucha armada ha sido el pretexto principal para asfixiar el trabajo de la izquierda desarmada y de los movimientos sociales en Colombia (amplió esta idea en ¿Por qué es tan débil la izquierda colombiana?). 

Y aunque no fuera así, las democracias no deben confundir oposición política con protesta social: la una busca reemplazar al gobierno, la otra exige cosas del gobierno. Los partidos de oposición presentan programas de interés general y candidatos para que haya rotación en el poder; las organizaciones y movimientos sociales protestan o colaboran  con el gobierno para avanzar el interés sectorial de sus afiliados. Poner un sindicato o una marcha indígena al servicio de un partido es “politizarlo” en el sentido menos noble de la palabra. 

E identificar protesta social con oposición implica que cuando la oposición llegue a ser gobierno no habrá lugar a las protestas. Y así, después de todo, resulta que las FARC, por la puerta de atrás, sí desean un Estado comunista. 

–¿Sensata? Pero las FARC están en el derecho de ser comunistas. Y si dejan las armas (y pagan lo que deben) están en el derecho de apelar a los sectores, movimientos y organizaciones populares cuyos intereses dicen defender o con los cuales tienen vínculos históricos.

El pulso

La cuestión es entonces de cálculo político. Los comandantes esperan que sus bases sociales y sus redes construidas a lo largo décadas se movilicen y alcancen una escala masiva. Porque son clandestinas, es difícil estimar su potencial. Pero tenemos algunos referentes: 

· La Unión Patriótica, partido de las FARC en su momento, tuvo en su cénit el 4,3 por ciento de los votos  en presidenciales (proyectados a hoy serían unos 600 mil sufragios), y una bancada de 8 congresistas, 13 diputados y 70 concejales (más 11 alcaldes). 

· Los candidatos presidenciales de izquierda siempre tuvieron menos del 5 por ciento de la votación, salvo Antonio Navarro en 1990 (13 por ciento) y Carlos Gaviria en 2006 (22 por ciento). Esta última podría ser la cota máxima. Pero a esa cota hay que restarle dos hechos de bulto:

Ø Primero, los colombianos detestan a las FARC (y lo repiten en todas las encuestas); ¿por qué ahora votarían por sus ex comandantes?

Ø Segundo, y comenzando por el Polo, ya hay partidos de izquierda que ocupan buena parte de ese espacio – y con el título moral de no haber practicado la violencia-. 

Una fuerza, digamos, de entre el 5 y el 10 por ciento en elecciones nacionales, con presencia mayor en ciertos departamentos o municipios.  Una fuerza nada despreciable y ojalá suficiente para que las FARC se animen a dejar las armas, pero no lo bastante para asustar al gobierno, a la opinión e incluso a los recalcitrantes. 

Por eso en conclusión, yo apuesto a que muy pronto habrá un acuerdo entre el gobierno y las FARC sobre el segundo punto de la agenda de La Habana.

* Director y editor general de Razón Pública; para ver el perfil del autor haga click en este link.