Todos los Estados del mundo han luchado contra la COVID-19, pero unos Estados han luchado con mucha más intensidad que otros.

El paquete de reactivación económica que acaba de lanzar el presidente Biden vale 1.900 millones de dólares que —sumados a los cinco paquetes bajo Trump — llegan a 5.335 millones, o al 24,5% del producto total de 2020. Esto sin mencionar los 2,3 billones que costaría el plan de infraestructura para que Estados Unidos vuelva a ser competitivo.

Por su parte la Unión Europea ha destinado 2.365 millones de euros a enfrentar la COVID y sus efectos, cifra a la cual se suman los presupuestos de los 27 países miembros, que en promedio han invertido el 11,4% de sus PIB en esta lucha (datos a 21 de marzo). El gobierno de Japón ha dedicado nada menos que un 55% de su producto total, Australia o Canadá 19% y el Reino Unido un 18%… (China en cambio gastó apenas 4,7% y Corea 3,5%, pero esto se ha debido al hecho simple de que allá si frenaron a tiempo la pandemia).

Ningún país de América Latina ha frenado la pandemia, pero ninguno se ha acercado siquiera a los niveles de gasto del Primer Mundo. El rango en la región va del 2% al 12% del PIB, con Colombia en apenas 2,8%: no somos los coleros, pero sin duda estamos entre los más tacaños.

Esa tacañería tiene consecuencias.  La menos obvia y más grave es que, a falta de subsidios del Estado, los empresarios y los trabajadores tienen que seguir rebuscándose la vida, es decir, relajando las cautelas, es decir agravando la pandemia. Por eso —y al revés de lo que dicen— Colombia levantó la cuarentena antes de tiempo o sea sin haber doblegado la pandemia. Por eso vino la segunda ola, por eso viene la tercera ola, por eso aumentará el número de muertos y aumentarán también los daños económicos.

La tacañería de los países pobres o “emergentes” es una consecuencia del orden económico mundial. Estados Unidos puede emitir dólares y Europa puede emitir euros, pero si Ghana o México emiten demasiado se produce una fuga masiva de divisas que profundiza la recesión. Es el papel —y es la doble moral— del Fondo Monetario y las calificadoras de riesgo que aprietan el cinturón del pobre, pero dejan que el rico estire el suyo. La misma doble moral que de manera más dramática (si cabe) estamos presenciando en relación con las vacunas.

Pero la gran tacañería de Colombia tiene otras dos raíces. Primera y menos notada: la Constitución de 1991, que prohibió la emisión para financiar el gasto público (es lo que pasa cuando una Constitución trata de amarrar las manos de presidentes que puedan resultar irresponsables). Segunda y más estridente: la ortodoxia del ministro de Hacienda y el gerente del banco central, que siguen aferrados y orgullos de sus dogmas en medio de la peor recesión que ha tenido Colombia en sus dos siglos de vida.