“Es una decisión histórica”, dijo el magistrado Carlos Vidal al anunciar la Resolución de Conclusiones del “macrocaso” 01 de la JEP.

Después de cuatro años de investigaciones, de reunir testimonios de más de dos mil víctimas y de las comparecencias voluntarias de la mayoría de los imputados, la Sala de Reconocimiento decidió acusar ante el Tribunal de Paz a siete miembros del Secretariado de las FARC-EP por un total de 21.396 secuestros.

Aunque el secuestro como tal es un delito ordinario, en el Acuerdo de la Habana se había decidido asimilarlo a la “toma de rehenes” que en el derecho internacional se considera como un crimen de guerra. Fue una gran concesión del Estado colombiano para lograr la desmovilización de esa guerrilla.

La extorsión y el secuestro fueron política oficial de las FARC, cuya famosa “Ley 002” justificó estas acciones como un “impuesto a los ricos” para financiar su heroica guerra en defensa de un pueblo que nunca votó por ellas, ni simpatizó con ellas, ni se sintió representado por ellas. Se limitó a sufrir los horrores de la guerra que decidieron emprender los guerrilleros sin más apoyo que sus creencias lunáticas.

Por tratarse de una política oficial y conocida por todos los colombianos, los miembros del Secretariado sencillamente no podían negar su responsabilidad. Y así lo hicieron en las audiencias convocadas al efecto. No es posible conocer sus sentimientos —y en todo caso bastaba que lo hicieran de labios para afuera—: con eso hacían el aporte a la verdad que la ley les exige para acceder a las penas rebajadas de la JEP.

Y aquí viene el trago amargo o, por decirlo mejor, la vergüenza indignante de llamar justicia a esa justicia: la Sala de Reconocimiento recomienda cinco años de sanción para Granda y ocho años para los otros comandantes, por su participación en aquellos 21.396 secuestros. El ciudadano corriente puede pasar seis años en la cárcel por calumniar a una persona, y el robo de un celular conlleva entre cuatro año y doce años de prisión en Colombia: ¿con qué cara decírselo al secuestrado, o a la familia cuyo viacrucis me abstengo de comparar por sentido del pudor?

Y falta lo más penoso: la sanción para aquellos secuestradores no es la cárcel sino la restricción de la movilidad, la prohibición de salir de cierta zona, alguna forma de libertad vigilada, mientras ayudan en acciones de desminado o de búsqueda de desaparecidos, y participan en proyectos productivos que el Estado también se obligó a financiar. El Tribunal de Paz tendrá que decir si la condena implica que los hoy congresistas pierdan su curul, pero advierte la Sala que esto “puede estar en tensión con el propósito de reincorporación política de los antiguos combatientes».

Pero, fuera de los ocho comandantes, ¿qué pasará con lo cientos o miles de criminales que llevaron a cabo los secuestros, retuvieron, maltrataron o, en caso necesario, asesinaron a las personas secuestradas? La respuesta es que no va a pasar nada. Gracias a la metodología de “priorización” y de escoger  algunos “macro-casos”, el Estado renunció a perseguir esos delitos individualizados, y casi todos los exmiembros de las FARC ya fueron amnistiados.

Bien sé yo que los magistrados de la JEP se limitan a cumplir lo que el Estado pactó con aquella guerrilla criminal. Sé que ese pacto fue el precio que pagamos para que ella dejara de asesinar y secuestrar.  Que los paramilitares fueron más asesinos todavía. Que el ejercito tiene el baldón inmundo de los falsos positivos y los miles de desaparecidos. Que la historia de Colombia es una larga lista de amnistías e indultos e impunidad en nombre de la paz. Que otras impunidades nos esperan bajo la “paz total” …

Pero hay días en que duele mi país.

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