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¿Criminales de guerra en el Congreso?

Escrito por Hernando Gómez Buendía

​Entre complicidades políticas, galimatías jurídicos y noticias alarmistas, estamos oscureciendo y enredando un debate que merece la plena luz del sol. A raíz de una sentencia en ciernes de la Corte, este artículo trata de hacer algunas precisiones.

Hernando Gómez Buendía*

La noticia

Bajo el título ¿“Se acaba el delito político”? (y faltando, como acostumbra, a la ética periodística), por estos días la revista Semana divulgó la ponencia reservada del magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas,  que “elimina la figura del delito político y los delitos conexos para definir la participación en política, no solo de las FARC y el ELN, sino de paramilitares y agentes del Estado”. Se trataría, según el reportero, de “una decisión tan revolucionaria jurídicamente como políticamente explosiva”, que por lo mismo va a despertar un debate “de padre y señor mío”.  

Para apreciar el alcance real de semejante “chiva”, es conveniente comenzar por los hechos:

– Después de darle vueltas al proyecto del Marco Jurídico para la Paz (MJP), en el tercer debate de la segunda vuelta en el Senado (30 de mayo de 2012)  el gobierno aceptó la inclusión del Artículo 3: “Una Ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política”.

Confundiendo dos temas que desde siempre exigían tratamiento separado el del delito político y el de a quiénes se les debe prohibir la política.  

– En el último debate en el Congreso se añadió una restricción, de manera que el artículo final -el texto demandado ante la Corte- aclara que “No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados por estos delitos.

– Este artículo fue demandado por el ex viceministro de Defensa del gobierno de Uribe, Rafael Guarín, porque al no mencionar otros delitos (“como el terrorismo o el narcotráfico”), se estarían violando los tratados internacionales y el derecho de las víctimas. El procurador Ordoñez estuvo de acuerdo con el demandante y el fiscal Montealegre pidió en cambio regresar a la versión original, es decir, sin ponerle restricciones.

– Pero ahora parece que la Corte, si acoge la ponencia divulgada por Semana, iría aun más allá y dejaría en pie solo esta parte del artículo 3: “Una ley estatutaria regulará  la posibilidad de participar en política”.


El exviceministro de Defensa, Rafael Guarín Cotrino.
Foto: ICP Colombia

Los alcances

De la escueta relación anterior ya se desprenden algunas precisiones:

– En primer lugar, el fallo de la Corte no eliminaría la figura del “delito político”; sencillamente prescindiría de ella para decidir si las personas sujetas a la justicia transicional (objeto del MJP), pueden o no participar en política.

– En segundo lugar, el fallo no extendería la medida a los “paramilitares y agentes del Estado” (además de “las FARC y el ELN”), sencillamente porque el artículo objeto de la demanda no define quiénes pueden ser sujetos de la justicia transicional es decir, del MJP. Esta cuestión, altamente sensible por supuesto, ya estaba zanjada por el Artículo 1 del mismo Acto Legislativo 1 de 2012 (MJP): “Una ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo”.

–  En tercer lugar y como era de esperarse, el forcejeo no es jurídico sino político, con el procurador y el fiscal en abierta (e indebida) militancia:   

Al incluir el narcotráfico o el terrorismo, Guarín -y Ordoñez- están pidiendo que (prácticamente) ningún ex guerrillero de las FARC o el ELN pueda llegar al Congreso;

El gobierno -y Montealegre – tal vez querían curarse en salud, para evitar que delincuentes “no políticos” (¿acaso narcos a secas?) se colaran por el hueco de la justicia transicional;

La plenaria del Senado quiso curarse de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma),  al excluir delitos con “la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidios cometidos de manera sistemática”.

“Justicia transicional”, una justicia que por definición se aplica cuando el Estado no es capaz de aplicar justicia plena.  

–  Por último, y en conclusión, la sentencia se limita a devolverle al Congreso (esta vez a través de “una ley estatutaria”) la responsabilidad de decidir quiénes, “en el marco de un acuerdo de paz”, pueden o no participar en política. Pero esta devolución sigue enredando la pita y confundiendo dos temas que desde siempre exigían tratamiento separado – y que de suyo son muy enredados – :el del delito político y el de a quiénes se les debe prohibir la política. 

El delito político

Para no entrar en honduras, digamos que “delito político” es un atentado contra las instituciones políticas vigentes, como decir un alzamiento en armas o una intentona de golpe de Estado. Estas conductas son delitos, es decir que están sujetas al mismo tipo de penas de cualquier otro delito.

La cuestión complicada es qué tan dura debe ser esa sanción. Los penalistas clásicos   sostenían que la pena no debe ser severa porque los insurgentes o golpistas tienen un ideal o convicción política altruista. Sin embargo en un Estado democrático moderno, la respuesta es que esos ideales pueden buscarse sin usar la violencia- y por eso en los países serios cayó en desuso la favorabilidad penal para el delito político.  

Pero aquí entra la “justicia transicional”, una justicia que por definición se aplica cuando el Estado no es capaz de aplicar justicia plena.  Y una vez aceptada esta premisa, no hay criterio o manera consistente  de decidir qué acciones se perdonan: es una decisión, esta sí, completamente “política” vale decir, estimativa o arbitraria.  La figura del “delito político” viene entonces como anillo al dedo, en tanto justifica – o ayuda a justificar- los perdones. De ahí provino el artículo 3 del MJP, que invoca el delito político (“y conexos”) para atenuar solamente una pena (la de no participar en política).

Esta primera mitad del lío se habría ahorrado si el Congreso no echa mano de aquella justificación. Podría haber usado otra (por ejemplo, los tratados del Derecho de Guerra y el DIH) o, mejor, no haber usado ninguna. Para evitar que “se cuelen” los delincuentes o delitos “no políticos” – no solo en esta pena sino en la de prisión o en cualquier otra-  basta el artículo 1 del MJP: “Los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera…”. Es decir que se trata de los delitos “políticos” o conexos con el conflicto armado y “en el marco de un acuerdo de paz”.

Todo lo cual nos lleva a un corolario paradójico: lo del delito político sobraba, y el “revolucionario” fallo de la Corte no cambiaría realmente nada.

Me apresuro a añadir que otra cosa sería que la Corte “acabara el delito político”.  Esta fue la propuesta del presidente Uribe en su momento – aunque también entonces insistió  en crear “el delito político de conformación de grupos paramilitares”, en un gesto de doble moral que corrobora la descarada manipulación política del derecho (y aún del DIH) por parte de nuestros dirigentes.

Y sin embargo en un país en conflicto y donde “toca” resignarse a la justicia transicional, la figura del delito político puede ser útil o hasta necesaria para impedir que tal “justicia” se extienda a toda clase de criminales poderosos (¿los paramilitares que no “atentan contra las instituciones políticas” sino que están de su lado?, ¿los narcotraficantes?, ¿los soldados o policías culpables de violación o de saqueo?).      


El expresidente y Senador, Álvaro Uribe Vélez.
Foto: CIAT

La prohibición de hacer política

Queda pues la segunda cuestión, la de si “vamos a ver a Timochenko sentado en el Congreso”.  En su ponencia “de 250 páginas” (que por supuesto yo no he leído), el magistrado Rojas  argumentaría que la Constitución no establece ningún límite o sea que, en efecto, cualquier ex guerrillero, paramilitar o agente del Estado sujeto a la justicia transicional podría ser elegido a un cargo público.

No creo yo que la Corte pueda prohibir que se aplique esa pena a ciertos delincuentes o delitos (1) – y en este caso el fallo sale otra vez sobrando-: el Congreso volvería a discutir si les permite participar en política a los condenados por cualquier delito. Otros dirán que el fallo extiende automáticamente el derecho de todos los procesados a a ejercer la política,  pero  por una u otra vía,  lo “revolucionario” sería permitir que los autores de crímenes “de lesa humanidad y genocidio” puedan llegar a cargos de elección popular.

Antes de perder la compostura, hay que advertir sin embargo que esta pena es solo una de las varias sanciones que pueden recibir los procesados. Decidan lo que decidan el Congreso y las cortes de Colombia, los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra están sujetos a la Corte Penal Internacional, de modo que si a alguien lo condenan a, digamos, 37 años de cárcel (como al general Uscátegui), de poco sirve prohibirle además que aspire a congresista. Esto quiere decir que el temor o el fantasma de la “impunidad” con que los medios suelen envolver el asunto, no es la cuestión central en el debate sobre la participación de ex guerrilleros en política.   

Escandaloso sería que después de tanta sangre (220 mil muertos entre 1958 y 2012, según el Centro de Memoria Histórica) las penas fueran solo “de seis años de cárcel”, como en este país inverosímil propuso el “duro” Óscar Iván Zuluaga. Pero no sería tan escandaloso que, una vez cumplidas sus (largas) penas de prisión, los exjefes de las FARC y el ELN, como también “los paramilitares y agentes  del Estado”,  puedan votar y puedan ser incluidos en las listas para corporaciones públicas. Digo que no es “tan escandaloso” por dos razones:

-La primera, jurídica, porque la rehabilitación del delincuente es una función esencial de las penas y por eso en Colombia no existen ni cadena perpetua ni condenas vitalicias.

El “revolucionario” fallo de la Corte no cambiaría realmente nada. 

– La segunda es política y para mí es la decisiva: una cosa es poder ser candidato y otra distinta es resultar elegido. Es el pueblo quién puede decidir si personas condenadas o acusadas de delitos “políticos” (o aún de “terrorismo”) merecen acceder a cargos públicos – y ahí están Benazir Bhutto, Arafat, Mandela, Gandhi, Aquino, Kenyata, Nkrumah, Menahem Begin, Jerry Adams, Hugo  Chávez y hasta Carlos Menem para comprobarlo.

También por eso el pueblo es quien finalmente debe castigar a los que usaron el pretexto del bien común y el ideal político para causar este desangre: de otro modo la dignidad y la ética ciudadanas seguirían reducidas a un apéndice de nuestro tan enrevesado Código Penal.

 

Notas

(1) Aquí hay un punto de técnica jurídica sobre el alcance de los fallos de la Corte. Una cosa, en esencia, es que la Constitución no excluya a ningún delincuente del derecho a postularse, y otra distinta es obligar al Congreso a no usar esta pena contra ningún procesado (y otra vez, sin entrar en honduras, recuerdo solo que el procurador y el Consejo de Estado inhabilitan políticos a diario). Admito que la cosa es discutible (precisamente porque el MJP es una excepción  a la Constitución), pero de otra manera no se entendería para qué la Corte fallaría que el artículo 3 quedará así: “Una ley estatutaria regulará la posibilidad de participar en política”.

 

*Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace

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