La política exterior de De la Espriella y Bula: alineamiento y aislamiento

Se encienden las alarmas frente al deterioro de la soberanía nacional, el respeto a la Constitución y a una tradición exterior que ha acumulado capacidades y recursos en favor del interés del Estado colombiano.

Las primeras decisiones de Abelardo de la Espriella en materia de política exterior constituyen las líneas gruesas de la gestión internacional en los próximos años:  alineamiento con Estados Unidos e Israel, rechazo de aspectos centrales del derecho internacional y mayor dependencia económica. Se encienden las alarmas frente al deterioro de la soberanía nacional, el respeto a la Constitución y a una tradición exterior que ha acumulado capacidades y recursos en favor del interés del Estado colombiano.

Veamos.

El 12 de agosto, hablando desde Panamá, el secretario de Guerra de Estados Unidos anunció que Colombia autorizó operaciones militares conjuntas en su territorio contra el “narcoterrorismo”. Ningún colombiano ha visto el texto de lo acordado. El artículo 173 de la Constitución reserva al Senado la facultad de permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, y el Senado no ha deliberado ni votado nada. 

Al respecto, existen antecedentes. En 2010 la Corte Constitucional tumbó el acuerdo de cooperación militar que el gobierno de Álvaro Uribe había firmado con Washington, precisamente por no haberlo tramitado ante el Congreso. La Corte se decidió contra un gobierno con mayorías amplias y respaldo popular; en aquel entonces nadie sostuvo que el control parlamentario fuera un estorbo para la seguridad. Es la forma que eligió Colombia, y que ha sostenido con gobiernos de todos los signos, para que la presencia militar extranjera pase por deliberación pública antes que por comunicado.

Este episodio no es aislado. En dos semanas el Gobierno reconoció tres anexiones hechas por la fuerza, congeló relaciones con un Estado que Colombia misma había reconocido dos años antes, anunció el cierre de catorce embajadas, retiró la intervención del país en el caso que Sudáfrica adelanta contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia y abandonó la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la sede con China, a la que le había tomado una década entrar. 

Casi nada de lo anterior alcanzó los titulares, en un país volcado sobre la emergencia del terremoto, donde cientos de voluntarios, bomberos y brigadas ciudadanas siguen atendiendo lo urgente. No hace falta atribuir intención a esa coincidencia para constatar el efecto, se tomaron decisiones de Estado de largo alcance en la única semana del año en que la atención pública estaba con la tragedia.

Colombia es un Estado periférico del sur global, sin capacidad de disuasión militar ni asiento privilegiado en las mesas donde se reparte el poder mundial. Pero es también un país que contra ese destino acumuló, especialmente en los últimos años, instrumentos reales de soberanía: una red diplomática presente en cinco continentes, victorias jurídicas internacionales que protegen su territorio, comercio creciente con el sur global que no dependía de ninguna potencia y controles constitucionales sobre las fuerzas extranjeras en nuestro suelo.

Nada de lo señalado es patrimonio de un solo gobierno. La defensa jurídica de San Andrés atravesó tres administraciones. La apertura de misiones en África y Asia fue política de diversificación de Juan Manuel Santos. El control del artículo 173 lo fijó la Constituyente y lo hizo valer la Corte contra Uribe. Y sin lugar a duda el gobierno Petro se destacó por su vocería internacional en la causa climática y en defensa del derecho internacional al condenar el genocidio sobre el pueblo palestino. 

Hay un detalle que dice más que cualquier decisión aislada. La salida de la Franja y la Ruta no la anunció el presidente ni la Cancillería: la reveló Nate Morris, el nominado a embajador de Estados Unidos, en su audiencia de confirmación ante el Senado norteamericano. La autorización de operaciones conjuntas tampoco salió del Ministerio de Defensa, sino de Pete Hegseth. Que un gobierno elija a Washington como socio prioritario es legítimo y está dentro de su mandato, lo que no tiene excusa es que los colombianos se enteren de sus propios actos de Estado por funcionarios ajenos.

La recompensa a esa entrega es que Estados Unidos mantiene sobre las exportaciones colombianas un arancel del 12,5 %, superior al 10 % que aplica a México, Centroamérica, Ecuador y Argentina, con el pretexto de que Colombia no tiene una norma contra las importaciones con trabajo forzoso; hasta ahora el Gobierno no ha cuestionado ese arancel ni ha gestionado su reversión. Cuando en marzo cayeron aranceles del 25 % sobre México y Canadá, esos gobiernos respondieron con represalias calculadas y negociación dura, sin ceremonias de adhesión, y hoy pagan menos que Colombia. La reverencia de De la Espriella produce un arancel peor que la confrontación. 

El frente jurídico merece memoria aparte. En 2012 la Corte Internacional de Justicia confirmó la soberanía colombiana sobre San Andrés y Providencia frente a las pretensiones de Nicaragua: un país periférico defendió en derecho lo que jamás habría podido sostener por la fuerza. Costa Rica, sin Ejército desde 1948, ha llevado sus diferendos con Nicaragua a esa misma corte desde 2009 y no ha perdido un metro de territorio en ninguno, su política de defensa es el derecho internacional. Pues en menos de dos semanas el Gobierno reconoció tres anexiones hechas por la fuerza (Jerusalén, los Altos del Golán y el Sáhara Occidental), se retiró del caso ante la Corte Internacional de Justicia y amenazó con salirse de la ONU y de la Corte Penal Internacional. ¿Y por qué? Porque ese es exactamente el paquete de los Acuerdos de Abraham, la plantilla con la que Trump unió a Israel y a Marruecos en 2020: validar esas anexiones es hablarle a Washington en su propio idioma y, de paso, pagarle la entrada a Netanyahu para reactivar la cooperación militar israelí de la que dependen nuestras Fuerzas Militares. 

Cada uno de estos actos, mirado por separado, cabe en la discrecionalidad de cualquier gobierno, pero el problema es el patrón. Avalar hechos consumados por la fuerza desgasta el principio que protege a los países con diferendos territoriales propios. Incluso los Estados que cuentan con otros recursos de disuasión no dejan de atrincherarse en las instituciones. Turquía desafía a Occidente en Siria y vende drones a medio mundo, pero no sale de la OTAN. Los Emiratos financian guerras ajenas y se ofrecen de mediadores en todas partes, sin abandonar un solo foro. 

El cierre de catorce embajadas y quince consulados se vendió como austeridad. Toda la Cancillería cuesta $709.000 millones sobre un presupuesto general de $546 billones: el 0,13%. Dicho de otro modo, el servicio exterior completo de la República equivale a unas once horas del gasto público anual. El ahorro bruto ronda dos centésimas de punto porcentual del presupuesto nacional. Pero además, cerrar también cuesta: indemnizaciones, terminación de arriendos, repatriación de personal y de archivos, disposición de inmuebles. En el primer año el ahorro neto puede ser cercano a cero.

Contra ese ahorro hay que poner lo que se pierde. La literatura sobre diplomacia económica estima que cada misión adicional se asocia con exportaciones bilaterales entre 6% y 10% mayores. El umbral es tan bajo que la medida se financia sola en contra. El golpe mayor cayó sobre África, donde Colombia tuvo en 2025 un superávit comercial de US$401 millones creciendo al 73% anual. Se dirá que África pesa poco en el comercio colombiano, pero es exactamente el frente donde ese peso crecía, en superávit y sin intermediarios, que es la definición de un mercado que conviene atender. 

Con China el absurdo es de otro orden. Se abandonan la Franja y la Ruta, pero los contenedores chinos van a seguir llegando, lo que desaparece es el canal que servía para negociar condiciones. Un mecanismo subutilizado se corrige usándolo, no destruyéndolo, y desde luego no se destruye anunciándose por boca de un tercero. 

Queda el contenido de lo militar, que es donde la discusión de política exterior se vuelve problema de legalidad. Colombia ingresó al Escudo de las Américas, la coalición que Trump lanzó en marzo. 

El ministro de Defensa presentó en el Pentágono un “Plan Patriota 2.0” de ocho componentes, y Medellín será sede regional de la iniciativa. Nada de eso se ha discutido en el Congreso colombiano y no lo señala la oposición, sino congresistas de la misma coalición de gobierno. Por ejemplo, España exige desde 2005 autorización de sus Cortes para cada misión militar en el exterior. Aquí cabe la posibilidad de que el texto de lo acordado se conozca antes por el Congreso estadounidense que por la transparencia del Ejecutivo colombiano. 

Hay que recordar cómo terminó la última vez: el Plan Colombia operó bajo topes de personal fijados por el Congreso de Estados Unidos, hasta ochocientos militares y seiscientos contratistas, con estructura de financiamiento y gasto fuera del control del Estado colombiano y bajo condicionamientos operativos que el Parlamento colombiano nunca discutió. Ya sabemos a dónde conduce la cooperación que no fija marcos propios, y no habrá derecho a fingir sorpresa cuando vuelva a pasar.

Un país periférico no construye soberanía con gestos de subordinación a grandes potencias, sino con instrumentos acumulados, y Colombia tenía los cuatro: la red diplomática, victorias jurídicas internacionales, los controles constitucionales y diversificación comercial hacia el sur global, una dotación poco común en la periferia. El nuevo gobierno liquidó todo eso en dos semanas, sin contraprestación visible y sin que nadie haya votado nada. 

Es cierto que el mundo de hoy nos presenta un escenario donde las instituciones liberales nacidas con la hegemonía estadounidense se desmoronan, el imperialismo cocinó en su interior los factores de su agotamiento. Sin embargo, mientras buena parte del mundo emplea diversos mecanismos para proteger su soberanía, insisten en la institucionalidad internacional, crean alianzas regionales con perspectiva de cooperación y protección soberana como camino, nuestro país se subordina y se aísla. 

Quizá las respuestas a la entrega de nuestra soberanía sin retribución alguna no hay que buscarla en algún tipo de estrategia diplomática o incluso en alguna ideología reaccionaria, sino en otro lado: en la trayectoria y las deudas pendientes de Abelardo de La Espriella y de quienes le acompañan.

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