La consulta popular: una batalla por el poder, no por los derechos

La reforma laboral volvió al Congreso, pero el gobierno la quiere muerta. En cambio, empuja una consulta popular de 16 preguntas que enfrenta al presidente con el Congreso y los gremios. Esta vez no se trata de derechos, sino de poder.

Un golpe, una jugadita, una jugadota y una contraofensiva

La reforma laboral fue derrotada en la Comisión Séptima del Senado. No tenía votos, no tenía texto consensuado, no tenía ministra. Fue un golpe anunciado, pero un golpe. Y Petro, en lugar de replegarse, contraatacó con su estilo: anunció una consulta popular con bombos, banderas y la espada de Bolívar.

Los liberales, en el estilo retrechero de Gaviria, se apresuraron a tomar la delantera en el Congreso y presentaron un mini proyecto —cuatro artículos— que retomaba los puntos menos controversiales de la reforma: aumentar el recargo por trabajo nocturno durante tres horas (6 p.m.- 9 p.m.) y reajustar de 75% a 100% el recargo por trabajo dominical. Se trataba, como admitió el presidente del Senado, de que “el Congreso legisle antes que Petro consulte”.

Petro entonces presentó su consulta. Eran doce preguntas que prometían trabajo digno, estabilidad, equidad y justicia. Pero como escribí en Las preguntas de Petro, eran tres mejoras modestas, cuatro promesas imposibles y cinco derechos que ya existen. La consulta no fue escrita para cambiar el trabajo, sino para ganar el voto de quienes trabajan.

El Congreso, que hasta entonces había hecho de espectador, reaccionó. El Senado negó la solicitud de consulta por un margen mínimo: 49 a 47; pero un par de horas antes —por 68 votos contra 3— la corporación reabrió el debate de la reforma laboral que había sido enterrada por la Comisión Séptima. El Congreso le negó a Petro su consulta popular, pero le ofreció el trámite legislativo. Una jugada ambivalente, pero calculada: si se aprueba la reforma, así sea aguada, se le quita al presidente su bandera electoral.

La consulta se reinventa

Petro, lejos de retroceder, redobló la apuesta. Radicó otra vez la consulta, pero esta vez con cuatro preguntas adicionales sobre la salud. La “consulta popular 2.0” tiene 16 preguntas: las 12 laborales originales más cuatro sobre medicamentos, EPS, atención primaria y condiciones del personal sanitario.

Las nuevas preguntas suenan tan razonables como irresistibles: ¿usted está de acuerdo con que el Estado entregue medicamentos a tiempo? ¿con que elimine los intermediarios financieros? ¿con que mejore la salud preventiva? ¿con que garantice empleo digno para los trabajadores de la salud?

Son preguntas que nadie se atrevería a rechazar. Pero precisamente por eso están diseñadas como trampas retóricas: no buscan respuestas sino un “sí” rotundo que sirva como validación política. Y muchas de esas propuestas ni siquiera son nuevas: están en la legislación vigente o pueden hacerse por decreto. El propio presidente lo había dicho en marzo: si el Congreso no aprueba la reforma de la salud, el gobierno la hará por su cuenta.

¿Qué dicen —y qué esconden— las preguntas de salud?

La primera pregunta —sobre garantizar la entrega completa y oportuna de medicamentos— parte de una necesidad real, pero sugiere una solución que el gobierno ya está ejecutando mediante compras centralizadas y mayor operatividad de la ADRES. Queda por averiguar si se trata de un monstruo que compre y distribuya todas las medicinas que circulen en Colombia. 

La segunda pregunta —sobre eliminar la intermediación financiera de las EPS— repite la propuesta central de la reforma hundida, pero omite que el 63% de los giros ya se hace directamente desde la ADRES, y que la cobertura podría llegar al 100% sin necesidad de cambiar la ley. La pregunta no abre un camino nuevo, sino que reafirma lo que ya está ocurriendo por la vía administrativa—y cuyas consecuencias ya están siendo desastrosas, como se vio en el caso de la Caja de Salud del magisterio—.

La tercera pregunta propone fortalecer la atención primaria con un enfoque preventivo y resolutivo. Nadie podría estar en desacuerdo, pero este modelo ya está autorizado por la Ley desde 1990 y fue reforzado en 2011. Lo que ha faltado no es un plebiscito, sino voluntad política, coordinación territorial y recursos estables. La financiación de los Centros de Atención Primaria sigue siendo incierta, y el propio Ministerio trabaja hoy en una ley de competencias y recursos para cubrir ese vacío. Pero nada de eso aparece en la pregunta: se formula como si bastara el voto popular para corregir décadas de negligencia estatal.

La cuarta pregunta habla de establecer un régimen laboral especial para los trabajadores de la salud. Este sí sería un cambio sustantivo, pero no se ha presentado ningún proyecto de ley ni se ha dicho de dónde saldrían los recursos. Además, el Estado tendría que acordarlo con los gobiernos locales, que son los principales empleadores en salud. Esta buena iniciativa cuesta más de la mitad del recaudo de la reforma tributaria, necesita de acuerdos y de normas detalladas. Pero en la consulta, la pregunta aparece como si fuera una decisión moral: ¿usted quiere que los médicos ganen un salario justo? La respuesta es obvia, pero la solución del problema no lo es.

Un referendo sin misterio

La consulta no cuesta entre 700 y 750 mil millones de pesos, según las cuentas del registrador, Hernán Penagos.  

La consulta cuesta mucho más: cuesta polarización, simplificación, desgaste institucional. Lo que está en juego no es si alcanza el presupuesto, sino si corresponde a la democracia gastar lo que se gasta para preguntar lo que ya se sabe. El punto no es el costo, sino el sentido.

Porque esta no es una consulta para dirimir dudas verdaderas. Es un ejercicio de ratificación plebiscitaria. El gobierno lanza preguntas que suenan bien, pero que no comprometen ni resuelven. Las hace en tono binario: “sí o no”, “pueblo o élite”, “justicia o privilegios”. Y con ello no intenta consultar: intenta polarizar.

Los gremios cambian de táctica

Ante esta ofensiva presidencial, los empresarios cambiaron de táctica. Al comienzo rechazaban la reforma con vehemencia. Pero ahora proponen una pseudo reforma: una versión edulcorada y segmentada que les permita ceder en lo simbólico sin tocar el fondo del modelo.

La propuesta gremial acepta algunas medidas populares —como el recargo nocturno desde las 7 p.m. y el 100% en dominicales y festivos—, que además existieron en Colombia hasta que Uribe hizo la contra reforma laboral (Ley 789 de 2002). Y además introduce regímenes especiales para sectores como restaurantes, comercio, turismo, vigilancia o microempresas. En la práctica: los caramelos para unos, las exenciones para otros.

Por si faltara algo, los empresarios proponen que cualquier reforma aprobada entre en vigencia después de las elecciones de 2026. No es un olvido: es una manera de quitarle a Petro los réditos inmediatos. Así, los gremios ceden sin perder, y —de paso— se curan en salud frente a lo que pueda venir. La jugada es hábil: se muestran dispuestos al diálogo, a la concertación técnica, a “mejorar” la legislación sin afectar la competitividad. Al presentar su propia reforma, le quitan al presidente la exclusividad de la causa social. Y al mover ficha, evitan quedar como los villanos de la historia.

Una guerra de posiciones

El pulso político ha entrado en su fase decisiva. Si el Congreso aprueba una reforma laboral, aunque sea aguada, la consulta pierde su razón de ser. Petro se quedaría sin su bandera electoral, sin su plebiscito simbólico, sin su arma narrativa. 

Por eso agregó las cuatro preguntas nuevas: para escalar la apuesta, desafiar al Congreso a que tramite también la reforma de la salud que hoy está agonizando y se daba por muerta en la Comisión Séptima del Senado. 

Pero si el Congreso no aprueba nada, el gobierno se volcará a las urnas. En ese escenario, el presidente seguirá polarizando al país: el pueblo contra el establecimiento, el cambio contra el statu quo, la justicia contra los privilegios.

Ambas salidas tienen riesgos: 

• Para Petro, porque una derrota en la consulta sería un golpe de legitimidad irrevocable, a pocos meses de acabarse su gobierno (y a menos meses de que entre a regir la Ley de Garantías, que va a dejarlo sin mermelada para comprar congresistas). 
• Para el Congreso, porque negarla sin ofrecer reformas reales alimentaría la rabia popular.
• Y para el país, porque otra vez las reformas se usan como armas de campaña, no como herramientas de gobierno.

¿Y el pueblo?

Este no es un debate sobre artículos ni parágrafos. Es una guerra por el poder. Cada capítulo —el hundimiento de la reforma, la jugadita liberal, la contraofensiva de la primera consulta, su caída, la resurrección del trámite legislativo, la consulta 2.0, la jugada de los gremios— muestra que los derechos sociales se han convertido en fichas de una partida mayor.

Pero mientras los jugadores se enredan en maniobras, el público asiste con escepticismo. Los trabajadores no saben si tendrán más derechos o más cuentos. Los pacientes no saben si recibirán más medicamentos o más promesas. Y los ciudadanos, en general, no saben si esta guerra dejará algo más que desconfianza.

Porque si la política se reduce a puros pulsos de poder, entonces no habrá ni reforma laboral, ni reforma de la salud, ni confianza en las instituciones. Solo quedará una ciudadanía cansada, que votó por el cambio, pero ya no sabe si creerle.

El presidente tiene su arma poderosa. El Congreso tiene su jugada. Los empresarios tienen su disfraz. 

Ojalá que, al final, alguien piense en la gente.

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