Petro y las remesas: de la ira a la impotencia

El presidente protestó con furia por los deportados, y ahora llama al paro de los colombianos y a gravar las remesas hacia Estados Unidos. Pero su rabia no impidió la humillación, ni impediría los millones de dólares que perderíamos con estas medidas.

Otra agresión de Trump

La mayoría republicana en la Cámara de Representantes aprobó el «One Big Beautiful Bill» de Donald Trump, una contrarreforma fiscal que perpetúa los recortes para los superricos que había adoptado el propio Trump en 2017, desfinancia los programas sociales, dispara el déficit fiscal y la deuda pública de manera demencial…y otorga inmunidad al Ejecutivo frente a demandas judiciales. 

El texto fue aprobado en una maratón de 36 horas, por un solo voto de diferencia y con la oposición unánime de los demócratas. Entre las pocas modificaciones al proyecto oficial, la Cámara rebajó del 5% al 3,5% el impuesto a las remesas enviadas por migrantes sin ciudadanía ni residencia permanente en los Estados Unidos.

El pretexto para este impuesto es financiar la “seguridad fronteriza”, pero la intención verdadera es evidente: castigar a los cerca de once millones de indocumentados que trabajan en condiciones precarias para enviar algún dinero a sus familias. 

La medida es inútil, vengativa y regresiva: inútil porque no frena la migración, vengativa porque satisface a los xenófobos que apoyan al presidente, y regresiva porque castiga a los hogares más pobres de Estados Unidos. 

Una región sostenida desde afuera

Nueve de cada diez trabajadores indocumentados en Estados Unidos nacieron en América Latina, y por eso la decisión de la Cámara de representantes afecta sobre todo a esta región. 

En 2024, nuestros países recibieron un total de 161 mil millones de dólares por concepto de remesas, valor equivalente al 2,9% del PIB total de la región. Aunque su monto varía de año en año, según la banca de inversión JP Morgan, las remesas representan alrededor del 20% del PIB anual para El Salvador, Honduras, Guatemala o Haití, alrededor del 4% del PIB para México, Colombia o Ecuador. 

Las remesas son el motor económico del Triángulo Norte y un motor importante para México y la región andina. 

El dinero del amor

En 2024, Colombia recibió un volumen récord de remesas, 11.840 millones de dólares, equivalentes al 24% de las exportaciones, apenas por debajo del petróleo y por encima del café, el banano y los demás bienes o servicios que vendemos a países extranjeros.  

Este flujo de dinero proviene principalmente de colombianos en el exterior, en especial de Estados Unidos y España. Una pequeña parte de las remesas son dividendos o utilidades de inversionistas colombianos en el exterior, pero en su mayoría resultan del esfuerzo de más de un millón de compatriotas que limpian casas, cuidan enfermos o manejan Uber en Nueva York, Miami, Madrid o Houston.

Las remesas no son una muestra de riqueza del remitente ni son una evasión de impuestos. Son el acto económico más puro del amor familiar: hijos que mandan para el arriendo de la mamá, esposos que mandan para los estudios de los hijos, nietos que mandan para el tratamiento médico del abuelo. 

Las remesas son el fruto del trabajo y del salario, que ya pagó sus impuestos en Estados Unidos, y cuyo envió a los parientes en el extranjero cuesta además un promedio del 6, 62% en comisiones, según el Banco Mundial. Y son mucho más que eso; son un soporte básico de nuestra economía: representan más del 3 % del Ingreso Nacional y ayudan a sostener uno de cada tres hogares en regiones como el Valle del Cauca, Antioquia o Cundinamarca.

Es más. Como mostró Andrés Giraldo en pasada edición de Razón Pública, las remesas son una especie de seguro social (especialmente para mujeres mayores), un seguro contra el desempleo, disminuyen el trabajo infantil, financian la educación y mejoran el acceso a la salud o a la vivienda.   

Las respuestas 

Dada la gran importancia de las remesas para sus economías, los gobiernos afectados de América Latina reaccionaron de inmediato ante la decisión de la Cámara de Representantes. 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el  impuesto es una forma de “doble tributación” que viola los tratados suscritos por el propio Donald Trump.  El sumiso gobierno de Guatemala envió una carta formal a la Cámara de Representantes y anunció visitas a los senadores republicanos para disuadirlos de la medida. El gobierno de República Dominicana convocó al embajador de Estados Unidos, y Nicaragua denunció el impuesto como “una confiscación imperial”.

Un disparo antes de tiempo

Para apreciar la reacción de Colombia importa recordar el incidente de los deportados. 

Poco después de posesionarse Trump, Petro anunció que rechazaba dos aviones militares enviados por Estados Unidos con ciudadanos colombianos deportados, alegando que estaban siendo tratados como delincuentes por el hecho de estar esposados (tal vez el presidente no sabía que —–por razones de seguridad—en Estados Unidos es usual adoptar esta medida cuando se transporta a un detenido por aire, tierra o mar). 

La decisión de Petro sorprendió incluso a su propio gobierno, y enfureció al presidente Trump, quien respondió con amenazas de aranceles del 25 %, sanciones financieras, suspensión de visas a funcionarios y congelamiento de relaciones diplomáticas.

Durante un domingo frenético, Petro mantuvo su posición en redes sociales, pero su cancillería, con la ayuda de expresidentes y emisarios como Álvaro Uribe y Daniel García-Peña, negoció en silencio con el enviado especial de Trump. Al final del día, Colombia aceptó la llegada de los vuelos militares bajo condiciones mínimas: que los deportados no llegaran esposados, que fueran escoltados por agentes civiles y no militares, y que no se les tomaran fotos. Más todavía: Colombia ofreció despachar sus aviones o pagar el traslado de su propio bolsillo, ahorrándoles el dinero a los gringos.  

El gesto de dignidad terminó en una retirada humillante, y así lo proclamó la Casa Blanca con bombos y platillos. La ministra Sarabia por su parte anunció que “se había superado el impasse”. Petro retrocedió ante la presión, pero no consiguió cambiar el volumen o los motivos de la deportación, ni las condiciones efectivas de los deportados. 

Dicho de otra manera: Petro quemó la pólvora antes de que empezara el combate, dejó constancia de su indignación, no logró avance alguno en efectivo interés de Colombia y quedó más débil de lo que ya era. 

La nueva reacción

Pues bien. Cinco días después de aprobarse el impuesto a las remesas, Petro convocó al paro de los colombianos en Estados Unidos. 

No fue una aceptación pasiva. Fue otra respuesta inútil. Porque ¿cómo se organiza un paro entre migrantes dispersos, sin sindicatos ni canales de movilización? ¿Quién va a dejar de mandar plata a su familia para castigar a la Cámara de Representantes de Estados Unidos? ¿Acaso las autoridades de Colombia protegerán a los manifestantes para evitar que sean reprimidos, o encarcelados, o despedidos de sus puestos de trabajo?

La reacción de Petro no fue de sumisión: fue de impotencia, un símbolo sin plan, una rabia sin rumbo. Tal vez por eso en los días que siguieron, el presidente contempló medidas más eficaces, y concluyó que la mejor era un gravamen de “reciprocidad” a las remesas enviadas de Colombia a Estados Unidos.

Este sería un gesto tan digno como perjudicial para los colombianos, por la sencilla razón de que no hablamos de la misma cosa: los algo así como sesenta mil estadounidenses que residen en Colombia no envían parte de su salario para sostener a los parientes, sino que en general trabajan para las 650 empresas americanas que giran utilidades a sus casas matrices en el extranjero.

Con el detalle, claro está, de que el migrante colombiano no tiene ningún poder y es fácil de reemplazar, mientras que las multinacionales tienen grandes ventajas tecnológicas y economías de escala que les permiten imponer sus condiciones o trasladarse a otros países que les den un mejor trato. 

La inversión extranjera directa sigue siendo vital para Colombia en lo sectores de punta, y los Estados Unidos aportan cerca del 40% del flujo anual que recibimos. Imponer un nuevo impuesto ahuyentaría a los inversionistas, y en todo caso violaría el artículo 10.3.1 del TLC vigente que obliga a dar el mismo trato a los inversionistas estadounidenses que a los colombianos.  

Una vez más, Petro reacciona con rabia, pero no con inteligencia. Ataca por donde no le duele al adversario y se dispara en el pie.

¿Qué podía hacer Colombia?

El gobierno colombiano tenía al menos siete opciones concretas para proteger a sus migrantes y enfrentar el impuesto con seriedad:

1. Acción diplomática bilateral. Enviar una nota formal al Departamento de Estado y al Congreso, expresando rechazo y solicitando excepciones.
2. Negociación consular. Usar su red de consulados en Estados Unidos para coordinar con congresistas aliados, asociaciones de migrantes y medios locales.
3. Movilización regional conjunta. Convocar a México, Guatemala, El Salvador y otros países afectados para presentar una protesta común ante la OEA, la ONU o la CELAC.
4. Gestión con la banca. Coordinar con bancos y operadores de remesas para mitigar el impacto del impuesto, por ejemplo, subsidiando tasas de recepción en Colombia o creando canales preferenciales.
5. Alivios fiscales internos. Establecer beneficios tributarios o subsidios de cambio a las familias receptoras, como han hecho en el pasado México y República Dominicana.
6. Apoyo a la formalización de envíos. Lanzar campañas para reducir el uso de canales informales y proteger al remitente y al destinatario.
7. Propuesta en foros multilaterales. Llevar el caso ante organismos financieros como el BID o el FMI, alertando sobre el efecto regresivo del impuesto y solicitando su revisión o moderación.

Nada de esto exige romper relaciones ni crear conflictos innecesarios. Solo exige conocimiento, seriedad y voluntad política. Exige gobernar, en vez de tuitear.

Los efectos concretos

El impuesto del 3,5 % equivale a unos 220 millones de dólares anuales que dejarán de llegar a Colombia, a lo cual se ha de agregar una disminución en el orden de 1,6% en el envío de remesas por el menor incentivo que tendrían los migrantes. Eso afectará directamente el ingreso de unos dos millones de hogares, o de cerca del 20% de la población.

La medida también aumentará el uso de canales informales: casas de cambio ilegales, transferencias en efectivo, lavado de activos. Es decir, crea un problema de seguridad financiera para América Latina, además del daño social.

Y Colombia, que como presidente de la CELAC debería estar liderando una respuesta latinoamericana, está sola y confundida. Petro dice que su proyecto es el de “los de abajo”. Pero los migrantes que mandan remesas están más abajo que nadie. Son los que sostienen el país desde el exterior, los que no votan, los que no reciben servicios públicos, pero mandan la plata para que los demás puedan vivir.

La dignidad otra vez se quedó en el discurso, y el daño—esta vez muy real—se quedó sin remedio. Petro dijo lo único que no debía decir. Y no hizo nada de lo que debía hacer.

Nos queda la esperanza de que el Senado de Estados Unidos – de mayoría también republicana—resuelva no aprobar el mamotreto contrahecho y regresivo que el bocón Donald Trump decidió bautizar como el One Beautiful Bill, el Hermoso Proyecto de Ley.

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