El difícil tránsito de los fósiles a las energías limpias

Colombia necesita sincronizar la entrada de nuevas fuentes de energía con la reducción de los combustibles fósiles. El cambio de gobierno abre una discusión sobre cómo hacerlo sin poner en riesgo la economía, el abastecimiento y la transición energética.

Una transición que pierde impulso

El desmonte de importantes programas de la Transición Energética Justa (TEJ) del anterior gobierno, por parte del presidente Abelardo de la Espriella, conlleva la reconfiguración de un nuevo modelo de transición corporativo y la ruptura de compromisos internacionales relacionados con la gestión del cambio climático.

Aunque el actual gobierno en sus discursos no ha sido contundente respecto a la transición energética, los hechos demuestran un claro debilitamiento frente a uno de los retos más importantes de la humanidad: gestionar el cambio climático y sus consecuencias negativas sobre el planeta, los ecosistemas, la economía y la supervivencia de los seres vivos.

El último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) asegura que el sobrecalentamiento del planeta entraña grandes riesgos para las personas, la naturaleza y las economías, llegando a puntos de no retorno por cambios irreversibles.

Un contexto global complejo

Los conflictos geopolíticos recientes, el choque entre potencias, la ruptura de las cadenas de suministro de hidrocarburos, la disputa por los minerales críticos y el atropello a naciones ricas en minerales estratégicos demuestran que el planeta continúa dependiendo en gran medida del petróleo y el gas.

Se reconoce la necesidad de gestionar el cambio climático, pero también que la transición energética no avanza a la velocidad deseada, que falta voluntad política y compromiso global para descarbonizar el planeta, que la demanda de combustibles fósiles está en el centro de la reconformación geopolítica y que la salida súbita del petróleo y el gas, sin planeación, termina por afectar el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad.

La electrificación de las economías, especialmente de las desarrolladas, desató conflictos de gran magnitud en varias regiones del mundo por el control de energéticos necesarios para mantener el avance de sus tecnologías de punta, entre ellas internet, inteligencia artificial y bases de datos. Mantener su hegemonía implica controlar la cadena de suministro y disponer de los recursos energéticos, que en buena parte se encuentran en países de la periferia.

Entender el contexto internacional es fundamental, pero un cambio abrupto de la TEJ tampoco puede justificarse sobre afirmaciones como que Petro entregó un país en crisis y una economía colapsada.

La tarea ahora es analizar integralmente los avances de la transición energética en el país, las decisiones tomadas en el sector de hidrocarburos y sus resultados, y adoptar la mejor política para un país que, aunque aporta apenas alrededor del 0,4 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, es muy vulnerable a las consecuencias del cambio climático.

Lo que avanzó y lo que falta

Colombia logró un avance muy significativo al llevar el aporte de las energías no convencionales del 2 % de la matriz eléctrica en 2022 al 19,23 % en la actualidad. Centenares de familias disfrutan hoy de ese programa, mientras empresarios observan que las energías limpias reducen el costo de la energía convencional y que este es el camino para reducir las tarifas en el país. El Ministerio de Minas y Energía ha destacado el crecimiento de la capacidad instalada de energías limpias.

La medida más importante del gobierno Petro en materia de hidrocarburos fue prohibir la firma de nuevos contratos para la exploración y explotación, en línea con su compromiso y liderazgo internacional en la gestión del cambio climático.

Aunque se trató de una medida radical, poco o nada tiene que ver con la actual situación de estrechez gasífera. Las reservas aún alcanzan para 5,9 años más (1.717 Gpc). Los recursos y reservas de crudo y gas llevan más de una década en descenso.
Colombia no es una potencia hidrocarburífera y no se trata simplemente de hacer más exploración como reclaman los gremios del sector. Hay una tendencia al agotamiento de las reservas y hace más de 25 años no se presenta un descubrimiento de la talla de Caño Limón o Cusiana-Cupiagua.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) cuenta con 216 contratos petroleros, pero los que están en producción acusan agotamiento de sus yacimientos, aunque existen descubrimientos prometedores en el piedemonte llanero y la cuenca media del Magdalena para sobrepasar esta coyuntura. Y el gas empieza a aparecer.

Ecopetrol se movió en los últimos cuatro años entre las convulsiones del mercado petrolero internacional, las decisiones de política energética del gobierno Petro, las nuevas responsabilidades derivadas de la transición energética y las denuncias y cargos que involucraron a la presidencia de Ecopetrol, afectaron la confianza interna y alimentaron la narrativa apocalíptica de los gremios del sector y la oposición política.

Como resultado de estos factores, las exportaciones de hidrocarburos decayeron, el aporte de Ecopetrol al Estado llegó a niveles mínimos, las regalías a las regiones disminuyeron, el valor de las acciones se mantuvo bajo, se redujo la inversión propia en exploración y desarrollo y su caja sigue afectada por los desembolsos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Las decisiones de política energética a finales del gobierno Petro se centraron en optimizar los recursos y reservas hidrocarburíferas del país. La recuperación secundaria de crudo y gas y la producción incremental permitieron mantener estables los niveles de producción en los últimos meses, aunque la creciente demanda de energía condujo a mayores importaciones de gas.

La encrucijada

La TEJ arrancó con muchos problemas, pero también con muchos logros. El asunto de fondo es cómo sincronizar el desescalamiento de los fósiles con el ingreso de energías limpias en firme, para evitar riesgos para la economía y el bienestar de las familias.

Esta encrucijada coyuntural está siendo aprovechada para sentar a representantes de las empresas y los gremios en puestos claves del Estado y rescatar el extractivismo a ultranza que vivió el país a la luz del Código de Minas de 2001, cuya reforma ni siquiera el Congreso de la República quiso agendar para un primer debate.

Una decisión de inversión en el sector de hidrocarburos en 2026 produciría sus primeros resultados en la década entrante, si llegara a resultar exitosa. Por tanto, tampoco es una alternativa efectiva para superar el actual periodo de estrechez gasífera. La salida inmediata difícilmente puede estar en entregar nuevos campos o reabrir las rondas de hidrocarburos.

Aunque apenas hay anuncios sobre la necesidad de reabrir la contratación, el gobierno ya avanzó con la suspensión de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), los cambios en el licenciamiento ambiental y la consulta previa y la decisión de derogar los Distritos Mineros, un mecanismo de planeación territorial que evita el colapso socioeconómico de regiones expuestas a la terminación de los títulos mineros.

Qué hacer mientras llega Sirius

Sin perder de perspectiva que la transición energética es una obligación y una responsabilidad de las actuales generaciones, las decisiones en materia de hidrocarburos deberían orientarse a activar medidas que permitan transcurrir este periodo hasta la entrada en operación del proyecto Sirius, costa afuera del Caribe.

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) debe actualizar la hoja de ruta de la TEJ, proyectar la oferta y demanda de energía en el país, establecer las necesidades de gas y energías limpias para abastecer a la economía y las familias, y fijar metas de generación que eviten un posible desabastecimiento. Los escenarios seguramente cambiarán con la entrada de Sirius en 2030, capaz de atender entre el 40 % y el 60 % de la demanda de gas del país.

Ecopetrol debe profundizar la exploración de sus campos y potenciar el recobro secundario de los yacimientos a su cargo, mientras el gobierno genera nuevos estímulos para elevar la producción incremental de las empresas del sector. También es fundamental una reingeniería del sector para definir los actores reguladores, de contratación y ejecución en el Estado.

Es necesario acelerar la generación de energías limpias mediante alianzas público-privadas y aprovechar el gran potencial del país para generar energía hídrica, solar, eólica y biomasa, pero sobre todo las alternativas de generación de energía en firme, como la geotérmica, el hidrógeno y la nuclear, cuya reciente ley abre las puertas a usos no bélicos.

También se debe incentivar la sustitución de combustibles fósiles en sectores productivos donde sea posible y fomentar las comunidades energéticas para que las poblaciones a las que no llega el Sistema Interconectado Nacional cuenten con suministro de energía no convencional.

No al fracking

La extracción de hidrocarburos mediante la técnica del fracturamiento hidráulico (fracking) es inviable y el país no puede ceder ante la narrativa del sector privado.

Las nuevas tecnologías que se anuncian no evitarán el fracturamiento de las rocas que albergan el petróleo y el gas almacenado, ni la diseminación de gases fugitivos que brotan en la superficie; seguirá requiriendo grandes volúmenes de agua y tampoco está claro cómo se controlarán los microsismos. El costo del crudo no convencional es alto y muchos proyectos terminaron con activos varados. A la fecha, el fracking no tiene licencia social. 

Además, el gas empieza a aparecer. Vanti ha afirmado que existe gas suficiente para superar esta coyuntura y Drummond, que planeaba construir una regasificadora en el Caribe, canceló el proyecto y anunció que se dedicará a explotar comercialmente el gas alojado entre sus mantos de carbón en el Cesar. La compañía prevé iniciar esas operaciones en 2027.

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