La absolución tardía del candidato derrotado vino a confirmar que una justicia y unos medios de bolsillo decidieron quién es el presidente. Y volverán a hacerlo. Este es también el principal obstáculo para acabar la corrupción política en Colombia.
Hernando Gómez Buendía*
Un problema insoluble
Tengo una gran dificultad para escribir este artículo: no estoy seguro de qué pasó con la plata de Odebrecht ni con el hacker que asesoró la campaña de Zuluaga – que son, o fueron, las dos acusaciones contra el candidato que perdió las pasadas elecciones-.
En una sociedad organizada, uno puede estar seguro de los delitos imputados a los jefes políticos porque los jueces y los medios de comunicación masiva no dependen de ellos. Pero esto no es lo que pasa en Colombia, y por eso no podremos derrotar la corrupción ni en realidad tenemos una democracia:
- Para castigar la corrupción hay por supuesto que saber quiénes son los corruptos y quiénes los honestos; pero sin jueces y periodismo confiables esto es precisamente lo que no se sabe.
- La democracia implica que el votante esté bien informado y que los funcionarios rindan cuentas seriamente. Pero estas dos condiciones no se cumplen si los votantes no conocen la verdad y si el revisor de las cuentas no es confiable.
El caso de Zuluaga ilustra con especial claridad este problema, y además es importante porque el caso cambió la historia de Colombia. Por eso me propongo analizarlo en este artículo, advirtiendo de entrada:
- Que es apenas una muestra peculiar del sistema subyacente de cooptación de la justicia y de los medios en Colombia, y
- Que paradójicamente me baso en la información que han difundido esos medios y que parece creíble (otra versión de la sin-salida lógica que es el tema de este escrito).
Entre Odebrecht y el hacker
 Presidente Juan Manuel Santos en la posesión del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Foto: Secretaría de Transparencia |
Hace unos días la W radio filtró indebidamente la ponencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) que absolvería a Zuluaga porque no existe prueba de los pagos directos de Odebrecht a un consultor de su campaña del 2014.
Con la noticia en la mano el afectado trató de revivir su candidatura a las presidenciales del próximo año, pero el fiscal salió a aclararle que la investigación penal no ha concluido.
Así que no sabemos qué pasó con esa plata de Odebrecht, ni sabemos si el casi ganador de hace tres años puede aspirar o no a la Presidencia (igual que no sabemos qué pasó con la plata de Odebrecht que ingresó o habría ingresado a las campañas de Santos, porque nadie se ocupó de estas denuncias).
No es que nos falten leyes o mecanismos para evitar la corrupción: es que nos sobran leyes y mecanismos.
La noticia de radio vino después de otra que había pasado de agache aunque era más importante: la decisión de archivar la investigación contra Zuluaga por el caso del hacker que asesoró a su campaña. ¿Por qué digo que lo del hacker es más importante que lo de Odebrecht?
- No es por la gravedad objetiva de los cargos. Esconder 1,6 millones de dólares de una empresa contratista (Odebrecht) es peor que averiguar lo que estaba pasando en el proceso de paz, que era el tema central de la campaña.
- No porque la justicia fuera más politizada, porque en el caso de Odebrecht esa politización es evidente. Mientras que los posibles aportes a la campaña de Zuluaga fueron (y siguen) siendo investigados, ninguna de las tres entidades competentes -el CNE, la Fiscalía y el Congreso- se ocuparon de los aportes ilegales probados para la otra campaña de Santos, como yo mismo me había aventurado a predecirlo. En Colombia no hay quién juzgue al presidente.
- El hacker es más importante que Odebrecht porque hizo que Santos esté de presidente. Por supuesto que la plata -si es que entró- les ayudó a las campañas, pero la denuncia sobre Odebrecht comenzó a circular a comienzos de 2017 mientras que lo del hacker estalló a pocos días de las elecciones de 2014.
 Consejo Nacional Electoral Foto: Consejo Nacional Electoral |
La noche de la derrota
Nadie puede demostrar cuál fue la causa de una victoria en las urnas, pero el caso del hacker bien pudo ser el empujón decisivo para Santos. Esta es la historia:
- La segunda vuelta de las presidenciales tuvo lugar el 15 de junio de 2014.
- Por márgenes estrechos, las encuestas de las varias empresas daban como ganador a uno u otro candidato, hasta que el 17 de mayo Semana divulgó parte de un video sobre la reunión entre Zuluaga y el hacker, que El Tiempo completó el 21 de mayo.
- El video divulgado por dos medios de bolsillo de Santos había sido “descubierto” diez días antes, cuando por pura coincidencia se produjo la captura del hacker en cuestión. Sin saber (oficialmente) de sus nexos con Zuluaga, la captura mereció rueda de prensa del fiscal Montealegre con asistencia masiva de los medios. Y con una celeridad inusitada (en cuatro días), la Fiscalía concluyó que “el video del hacker y Zuluaga es auténtico”.
- Acorralado por semejante evidencia, Zuluaga dijo en su orden que no conocía al hacker, que sí lo había visitado, y que el video había sido manipulado. Por instrucciones de algún abogado penalista, acabó por decir que se atendría a la “verdad judicial” – no la verdad a secas, esa verdad que los colombianos teníamos el derecho de saber antes del voto-.
- Vino después el último debate por televisión, donde Santos hizo trizas a Zuluaga por el caso del hacker hasta el punto de que tuvo que mandar razón “con su esposa Martha Ligia” de que estaba mal de la garganta y no podía asistir al último debate en Radio Caracol.
- Así que Santos quedó de presidente y está acabando de escribir su pedazo de la historia patria.
Zuluaga en cambio siguió siendo investigado por complicidad en los delitos de “violación ilícita de comunicaciones privadas”, “violación de comunicaciones oficiales” (artículos 192 a 197 del Código Penal) y espionaje (artículo 463).
El hacker paró en la cárcel por “acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso agravado, concierto para delinquir agravado, espionaje y violación de datos personales agravado”.
…hasta que -31 meses después de abrir el proceso contra Zuluaga- la Fiscalía anunció que lo archivaba por la “inexistencia de motivos o circunstancias fácticas que nos permitan siquiera inferir que el actuar del citado ciudadano pueda revestir la característica de delito”.
O sea, en castellano, porque las actuaciones del candidato derrotado… no correspondían exactamente a las que son descritas por el Código Penal.
Es la “verdad judicial” (i) que con todo derecho reclama y satisface a un ciudadano privado -pero no a una líder político-, (ii) que tardó casi tres años aunque se basa en leer bien los artículos de un Código y, sobre todo (iii) que se aclaró cuando ya la “mentira judicial” había tenido todos sus efectos.
Un enredo del demonio
 Corrupción en contrataciones públicas. Foto: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción |
Las elecciones presidenciales fueron – y van a seguir siendo- una danza entre abogados y periodistas que activan o congelan los procesos judiciales para frenar o ayudar a uno u otro candidato.
Por eso no es difícil predecir que en los próximos meses asistiremos a una serie de escándalos que salpiquen a los candidatos principales, y que en la recta final la justicia y los medios moverán sus reflectores para mostrar los pecados del uno y no mostrar los pecados del otro.
Y lo bonito de esta historia es que se hace sin mentiras. Los cargos contra Zuluaga o contra Santos…o contra Vargas Lleras o Gustavo Petro o Claudia López o Humberto de la Calle o Sergio Fajardo…tienen o tendrán su fundamento en algún artículo o parágrafo de alguna ley penal o disciplinaria, igual que tienen fundamento la caducidad, la falta de pruebas o la causal que se invoque para defenderlos.
Por eso los organismos de control son la última instancia del poder. Por eso la política es un asunto meramente judicial.
En el afán paradójico de prevenir la corrupción, se expiden normas y más normas que tienen la consecuencia diabólica de que todos los políticos o funcionarios han transgredido alguna de ellas y por lo tanto el organismo de control puede escoger a quién acusa. Para no hablar de los 363 tipos delictivos que figuran en el Código Penal, el Código Disciplinario tiene un listado alucinante de 40 deberes y 35 prohibiciones que el Ministerio Público puede además entender en un sentido muy amplio (son los “tipos abiertos” que admite la Corte Constitucional).
Súmele a esto la Ley de Contratación, el control fiscal, el CNE, las superintendencias, el control interno y el control político, y entenderá por qué los jóvenes que saben en qué país vivimos no quieren ocupar un cargo público.
No es que nos falten leyes o mecanismos para evitar la corrupción: es que nos sobran leyes y mecanismos. Esto hace que el fiscal o el contralor o el procurador de turno tengan un poder más temible que todos los que constan en los códigos: el poder de escoger a quién le cae. Y a quien no le cae.
Por eso los organismos de control son la última instancia del poder. Por eso la política es un asunto meramente judicial, por eso las campañas electorales son escándalos… y por eso la escogencia de los jefes de estos organismos es el primer interés de los políticos.
Montealegre – y Martínez- fueron elegidos con votos de políticos, y por lo mismo fueron -y son- funcionarios políticos. Bien puede ser que sus decisiones se ajusten a derecho o a conciencia, pero también puede ser que se ajusten a cálculos mezquinos: el problema es que nunca lo sabremos.
Hacer justicia en Colombia es por eso una injusticia. Por eso no sabemos quiénes de los castigados son de verdad culpables, o si las penas son proporcionadas a la gravedad de sus acciones, o si los absueltos son de veras inocentes, o si el bandido cayó por el pecado que no era, o si los que andan sueltos tienen limpias las manos o apenas buenos amigos, o si los que investigan tapan, o si el que acusa no esconde.
Y con eso quedamos a merced de los prejuicios o de las emociones… es decir, de los medios de comunicación masiva: Fulano tiene mala fama y por lo tanto es culpable, Zutano cae bien y por ende es inocente, Mengano es la solución porque dicen que sí es limpio…
Pero así no se puede.
*Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.
