PGN 2027: el costo de sincerar la asfixia fiscal

Colombia transita por una franja temporal de obstáculos económicos simultáneos. Atravesar esta etapa requiere un consenso entre las bancadas políticas y el sector empresarial.

En enero escribí en esta misma revista un artículo que describía la economía colombiana a través de metáfora de la triatleta. Hoy, ocho meses después, retomaré esa estructura conceptual para analizar el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

Con la transición política de agosto, el equipo de entrenadores de la triatleta cambió, pero la montaña que tiene que subir sigue siendo igual de empinada. Y ahora, además, se enfrenta a un derrumbe inesperado en la carretera. El “Presupuesto de la Verdad” revela un gasto ineludible y una deuda asfixiante, mientras la emergencia sísmica agota el escaso margen de maniobra.

Los discursos oficiales prometen transparencia técnica frente al manejo de la contabilidad nacional. Las cifras heredadas dejan a la competidora con un margen de maniobra fiscal completamente nulo. La montaña mantiene una inclinación inercial desafiante. A este obstáculo estructural se suma un derrumbe inesperado en el camino. El país enfrenta la reconstrucción nacional tras los impactos del terremoto del mes pasado. Esta contingencia opera bajo una declaratoria ejecutiva de desastre nacional con vigencia de un año. El Ejecutivo dio prioridad s recursos para garantizar soluciones habitacionales y sanitarias inmediatas a la población afectada.

El nuevo Ministerio de Hacienda radicó un proyecto de presupuesto para la vigencia de 2027. Este documento expone la realidad contable de las finanzas del Estado. Presentar las cifras con rigor es un paso técnico saludable y obligatorio. El panorama que ahora conocemos exige evaluar el rumbo de la economía nacional con frialdad. La inflexibilidad del gasto, la dependencia de reformas legislativas en trámite y el tamaño de la deuda configuran un horizonte desafiante.

El costo de poner las cifras sobre la mesa 

La administración Petro radicó un proyecto de presupuesto inicial por un valor de $575,6 billones, que incluso desde marzo, cuando se conoció la actualización del Plan Financiero, despertó toda clase de suspicacias. El ministro Gómez y su equipo hacen lo correcto y además lo anticipado. Por eso el llamado “gabinete por la vida” y los congresistas del progresismo no pueden hacerse los de la vista gorda. 

El proyecto de Petro omitía el financiamiento de obligaciones impuestas por la Constitución y la ley. Partidas indispensables para el sistema de salud carecían de un fondeo económico real. Los giros para el sistema de pensiones y los subsidios a los combustibles quedaron excluidos del cálculo. El déficit operativo de las universidades públicas tampoco aparecía en las proyecciones oficiales. 

El gobierno de De La Espriella devolvió el mencionado proyecto al Legislativo. El nuevo equipo del Ministerio de Hacienda estructuró en su lugar el denominado “Presupuesto de la Verdad”. Al integrar las obligaciones ineludibles, el monto total del presupuesto escala a $634,9 billones. La diferencia entre ambos proyectos refleja un salto de $59,2 billones en compromisos estatales. 

Sincerar la contabilidad del Estado confirma que la inflexibilidad del gasto público alcanza umbrales de alerta máxima. Al proyectar los compromisos de forma transparente, el gasto total del gobierno nacional central alcanza el 24,9% del Producto Interno Bruto (PIB). Este porcentaje del PIB muestra una condición de asfixia fiscal estructural.

El Estado dirige una cuarta parte de la producción económica del país a financiar su funcionamiento. La triatleta nacional carga un lastre insostenible de cara a las próximas etapas de la carrera. El debate público exige concertar fórmulas viables para financiar este nivel de gasto, pero sobre todo grandeza política, para dar prioridad a las decisiones difíciles por encima de las cercanas elecciones regionales. La Nación debe hallar estos recursos sin erosionar la matriz productiva del sector privado. El sinceramiento fiscal expone la necesidad de un consenso entre el Estado y los gremios empresariales.

La credibilidad de la Ley de Rescate Económico 

El Congreso de la República debe debatir y aprobar la propuesta del ministro Gómez, que plantea un ajuste de 2,2 puntos porcentuales del PIB para la vigencia 2027. Por eso, la materialización de la meta de ahorro depende por completo del poder legislativo, pues todo recorte al gasto requiere de mecanismos jurídicos para anclar la confianza de los inversionistas. 

Los escenarios macroeconómicos del país difieren drásticamente de acuerdo con el desenlace de esta iniciativa legislativa. Si las Cámaras aprueban la reforma, el balance total del Estado proyectado para 2027 marcará un déficit del 7,2% del PIB. En dicho caso, el indicador del balance primario se situaría en un déficit del 2,3%. El plan del Gobierno contempla lograr un equilibrio en el balance primario para el año 2030, con un superávit del 0,4%. 

El escenario sin la reforma describe un marco de contracción en los mercados de capital. Sin el aval del Legislativo a la ley, el déficit total se hundirá hasta alcanzar un nivel del 9,4% del PIB. La inacción institucional ubicaría el déficit primario en una cifra insostenible del 4,5% del PIB. El Ministerio de Hacienda señala explícitamente que no actuar frente a esta desviación empujará a la economía a una crisis fiscal sin precedentes. 

Aquí reaparece el dilema central de la credibilidad de las instituciones colombianas. Condicionar la estabilidad de las finanzas a un proyecto de ley en etapa de borrador repite las prácticas de la administración pasada. Los congresistas enfrentan la tarea de viabilizar un ajuste monetario de escalas históricas durante el arranque de un período presidencial, que además coincide con elecciones regionales y con la exigencia social de atender una calamidad provocada por el sismo. 

Matemáticas de emergencia frente a los discursos políticos 

El rigor en la evaluación de la política pública demanda separar las aspiraciones oficiales de la matemática contable. El país debe ejecutar un esquema de reconstrucción en todos los territorios damnificados por el terremoto. El Ejecutivo comunicó el compromiso de canalizar auxilios inmediatos sin impulsar el cobro de nuevos impuestos. 

El Proyecto de PGN 2027 tiene una hoja de ruta centrada en la redirección de recursos existentes. De hecho, ya se decretaron traslados presupuestales de emergencia por valor de $1.997 billones. La estrategia de rescate incluye también la priorización de $782.000 millones procedentes del Sistema General de Regalías. A estos fondos se suma la inyección de $200.000 millones desde la sobretasa al ACPM. El apalancamiento incorpora además $625.000 millones provenientes de créditos multilaterales y $485.000 millones del Fonpet. La sumatoria total del paquete de reconstrucción llega a $4.089 billones. 

La canalización de este dinero impone un costo de oportunidad directo en el plano regional. Desviar las rentas del sistema de regalías detiene proyectos de acueductos y colegios en las provincias. El uso de los ahorros del Fonpet extrae recursos diseñados para respaldar los pasivos pensionales de alcaldías y gobernaciones. Reasignar los tributos del ACPM disminuye los contratos de pavimentación en las carreteras del orden nacional. Las resoluciones presidenciales mitigan un colapso humanitario de corto plazo en las regiones colapsadas. El país sacrifica a cambio su proyección de crecimiento de mediano y largo plazo. 

La triatleta consume la proteína de las competencias venideras para reparar la llanta averiada en el momento actual. El auxilio a la población vulnerable representa un mandato fundamental para cualquier democracia. El planteamiento de una reconstrucción de costo cero distorsiona las realidades de la escasez económica. El Estado sufraga la emergencia mediante una desaceleración de las obras públicas del futuro. Los debates sectoriales advierten sobre la parálisis en los frentes de trabajo de los departamentos. 

La asfixia de la deuda detiene el motor de la inversión

El rendimiento de los Títulos de Tesorería (TES) registró volatilidades extremas durante los períodos de mayor ruido político. Las emisiones de deuda a tasas del 13% incrementan el costo de la estructura de pagos de las próximas décadas. El plan de gasto del año 2027 materializa estas presiones financieras de un modo tangible y severo.

Las apropiaciones del servicio de la deuda revelan un salto estadístico fuera de lo común. El presupuesto devuelto calculaba el servicio de los pasivos en $118 billones. El texto ajustado eleva el pago a un total de $155,4 billones. Los intereses devorarán una porción histórica equivalente al 4,9% del PIB. En la programación anterior este ítem se limitaba al 3,9%. 

Las plazas bursátiles internacionales reaccionaron de forma favorable frente al inicio del ordenamiento en las finanzas públicas. Las primas de riesgo soberano experimentaron una contracción de 93 puntos básicos desde mediados de año. La corrección del indicador refleja un paulatino retorno de la credibilidad hacia la gestión ministerial. 

Sin embargo, el panorama exterior aporta un contrapeso de desconfianza al debate sobre la viabilidad del nuevo Proyecto. Agencias calificadoras como Moody’s y Standard and Poor’s rebajaron la calificación crediticia de Colombia. Estas entidades fundamentan su decisión en un déficit fiscal creciente y en una deuda pública al alza. La rebaja de la nota soberana encarece de forma automática el acceso al financiamiento internacional para el Estado. Este evento se traduce en un incremento del costo del crédito en el mercado corporativo local.

La postura de la banca central corrobora este escenario de restricción en el flujo del dinero. El Banco de la República decidió mantener su tasa de interés de intervención en el 9,25%. La Junta Directiva justifica esta medida de precaución en la persistencia de riesgos fiscales de orden estructural. El aumento del déficit reduce el margen de maniobra para el relajamiento de la política monetaria nacional.

La aritmética del endeudamiento opera con total insensibilidad frente a las necesidades de la población. La Hacienda Pública reservará el 25% de los recursos totales de la Nación para cumplir las obligaciones con los prestamistas. De los $634,9 billones del PGN, un total de $155,4 billones terminan consignados a los acreedores de los bonos colombianos. Esta dinámica contrae la inversión pública en todo el territorio. El rubro proyectado para el desarrollo cae de $89,9 billones a $86,9 billones para el próximo año. Esta dinámica frena la capacidad de maniobra de los ministerios y departamentos administrativos.

Una mirada a la ruta de estabilización

El ordenamiento del libro contable de 2027 aporta un diagnóstico certero sobre la viabilidad fiscal de Colombia. Encubrir obligaciones en las proyecciones pasadas no eximió al Estado de su pago correspondiente. La radiografía actual del gasto y el apalancamiento plantea un desafío sistémico para todos los sectores productivos. 

La ciudadanía y los mercados requieren observar con detalle los movimientos del Legislativo a partir de este punto. La estabilización del rumbo de Colombia dependerá del debate en el Congreso frente a la “Ley de Rescate Económico”. El naufragio del paquete legislativo cristalizaría los escenarios de un déficit inmanejable para los próximos años. 

Colombia transita por una franja temporal de obstáculos económicos simultáneos. La rigidez del gasto público y los pagos masivos de deuda limitan las opciones. Las tasas de interés restrictivas y los choques originados por el sismo condicionan la respuesta institucional del Gobierno. Atravesar esta etapa requiere un consenso entre las bancadas políticas y el sector empresarial. La triatleta precisa avanzar con un ritmo calculable frente a las variaciones del terreno. La economía debe resguardar sus provisiones y recorrer un circuito exento de proyecciones falsas. Exhibir la verdad en el papel de las cuentas nacionales conforma el paso inicial del proceso. La ruta hacia la viabilidad macroeconómica exigirá consensos técnicos y ajustes inaplazables por parte de la sociedad.

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