Organización del Estado y sistema político - Razón Pública

Organización del Estado y sistema político

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Por: Enrique Peñalosa Candidato presidencial por el Partido Alianza Verde

Somos una revolución ciudadana contra la politiquería tradicional. Por eso nuestra Alianza es con los ciudadanos, para que juntos la derrotemos con política limpia, sin maquinarias y mermelada.

Nuestra independencia de las maquinarias y acuerdos politiqueros nos permiten  nombrar a los mejores colombianos de las regiones en los cargos del gobierno, no a recomendados políticos. También nos permite invertir limpia y eficazmente los recursos públicos para que resuelvan los problemas de los colombianos, y no vayan a los bolsillos de políticos y sus contratistas.

Además de hacer y hacerse elegir con política decente, que es el principal factor para combatir la corrupción, algunas reformas institucionales serían útiles para ese mismo propósito. Por ejemplo, vamos a eliminar la reelección presidencial que distrae al Presidente de gobernar responsablemente, y a dejar un período único de 5 años. En mi caso yo haré aprobar esa reforma pero me ceñiré al periodo de 4 años para el que seré elegido.

Además de eliminar el afán irresponsable de la reelección, vamos a gobernar sin comprar Congresistas que apoyen la reelección o proyectos del gobierno. También vamos a eliminar la mermelada y la negociación por debajo de la mesa de los cupos indicativos. Vamos a asignar y ejecutar mediante audiencias públicas ciudadanas esas inversiones regionales y a trabajar transparentemente con Alcaldes y Gobernadores para sacar esas inversiones adelante con fuertes mecanismos de control participativo de las comunidades y veedurías ciudadanas.

Vamos a fortalecer y despolitizar la Justicia para que sancione y expropie a los corruptos y desvertebre los vínculos del crimen organizado –y esto incluye algunos frentes de las Farc– con el congreso, la justicia y los gobiernos locales y regionales. Esa articulación de la corrupción con el crimen organizado a gran escala es la principal amenaza a la institucionalidad del país.

Nuestra prioridad es la justicia para el ciudadano antes que las reformas a las Altas Cortes.  Para viabilizar la reforma a la justicia dando prioridad al fortalecimiento de la justicia para el ciudadano, proponemos que no se haga una gran reforma de todo sino que se tramiten por separado DOS REFORMAS DISTINTAS. Primero una reforma a la justicia para el ciudadano y luego otra reforma al control judicial de la política.

La primera reforma es para mejorar la justicia al ciudadano y su objetivo central es la reforma al Consejo Superior de la Judicatura-CSJud, de manera tal que se constituya un organismo transparente y eficaz de organización y gerencia de la justicia en todo el país.

La actual sala administrativa del CSJudicatura  será reemplazada por un cuerpo colegiado compuesto por representantes del colegio de abogados, la academia (facultades de derecho acreditadas como de alta calidad), los jueces, los funcionarios judiciales, y delegados del gobierno, que serían el Ministro de Justicia y el Fiscal General. Esta nuevo organismo designará al Director Ejecutivo de la Rama que tenga las habilidades y experiencias gerenciales requeridas.

En cuanto a las funciones disciplinarias del CSJud lo que corresponde a la acción disciplinaria para abogados debería ser ejercida por un colegio de abogados. En otros casos el nuevo organismo de administración de justicia, que reemplace la sala administrativa, puede nombrar un tribunal disciplinario. Otra opción es que ese tribunal disciplinario se elija por ternas de manera parecida a la Corte Constitucional.

Es necesario modificar el art 126 de la Constitución para evitar el carrusel de nombramientos de la justicia, de manera que los magistrados que nominan y eligen a magistrados de otras Cortes no puedan luego ser nominados en cargos por los magistrados que ellos eligieron antes.

Además de la reforma a la arquitectura institucional del Consejo Superior de la Judicatura vamos a dar continuidad a otros temas importantes que van en curso y son determinantes para mejorar el funcionamiento global de la justicia al ciudadano como la implementación de los dos nuevos códigos: el contencioso administrativo y el código general del proceso, la reforma a la Fiscalía que va bien encaminada, y el diseño del Sistema de información sobre la gestión del sistema judicial. 

Respecto a la Procuraduría es importante hacer una reforma que enfoque sus funciones, algunas duplicadas con otros entes, y evitar abusos de poder. Nuestra propuesta es reformar la Procuraduría por vía de Ley (el código disciplinario y la de estructura de la Procuraduría) para reducir la planta de procuradores judiciales, función que se duplica con la Defensoría del Pueblo y debe más bien fortalecerse en ésta entidad. Y en materia disciplinaria regular el tipo de sanciones más escuetamente. Por ejemplo, el Procurador sustanciará procesos y amonesta, pero no destituye ni inhabilita a un funcionario electo por voto popular (sólo destituye a designados) sino que presenta ante un juez la solicitud de destitución e inhabilidad de elegidos por voto popular. Eso armonizaría a Colombia con el Sistema Interamericano.

Por último, creemos que en Colombia hay un esquema de descentralización demasiado homogéneo para un país muy heterogéneo. Colombia es en realidad como cuatro países en uno: una Colombia ambientalmente única como el Chocó, Amazonas y la Sierra Nevada, una Colombia rural profunda muy abandonada, una semiurbana y  otra urbana y más desarrollada. Es necesario crear un esquema de descentralización fiscal, administrativo y de competencias pertinente para cada una de esas “colombias”, teniendo en cuenta la presencia muy diferenciada del estado en el territorio.

El propósito de ese nuevo esquema de descentralización es crear estatalidad en los territorios capaz de cumplir con funciones estatales básicas que tienen grandes efectos multiplicadores en bienestar y desarrollo, como por ejemplo, seguridad y justicia pública, tributación y recaudo local, planeación territorial, social y de inversión pública, contratación y provisión de bienes y servicios, infraestructura (vial, ambiental y de desarrollo rural) y prestación se servicios a la mujer, la niñez, y en general de educación y salud.

Vamos a cambiar el sistema de asignación y seguimiento de las transferencias del gobierno central a los departamentos y municipios, de manera tal que se de autonomía a los entes territoriales sobre cómo y en qué invierten los recursos, y la asignación se sujete a lineamientos de política pública por sectores, y a la construcción y seguimiento de líneas de base y  metas bianuales, verificables de mejoramiento en calidad y cobertura en esos sectores. El gobierno nacional se reserva el derecho de ejecutar directamente (y no a través de los entres territoriales) los recursos de transferencias si se incumple el avance de metas de cobertura y calidad. Estos recursos vía transferencias tendrán autonomía en su ejecución por parte de las autoridades locales quienes decidirán cómo los pueden usar para lograr el mayor impacto y el gobierno nacional medirá las líneas de base y el seguimiento a indicadores sobre el estado de bienestar de la población en materia de salud, primera infancia, nutrición, educación, etc.

La mejor contribución del gobierno nacional a los municipios para que construyan capacidad fiscal local se concentra en tres acciones: 1. Hacer el adecuado “backoffice” en catastro, registro y titulación de tierras, 2. Modificar la Ley  que establece los mínimos y rangos de los impuestos locales, de manera que se eleve el mínimo, se reduzca el rango, y se prohíba regalar impuestos, excepto con criterios precisos para exenciones por razones excepcionales; y 3. Cofinanciar con transferencias el montaje de una burocracia local, técnica, profesional y estable que se encargue de las 6 áreas funcionales estatales básicas antes señaladas. Con esas tres herramientas los municipios podrán contar con los elementos necesarios desde el nivel central del gobierno para mejorar su propia capacidad tributaria local.

Vamos a apoyar a los municipios del país para que elaboren Planes de Ordenamiento Territorial con bases técnicas y visión de futuro, de tal forma que las ciudades y pueblos crezcan en forma ordenada y sostenible con una visión que no es de un cuatrienio, sino que debe servir para vivir mejor en los próximos 100 o 200 años. Debe facilitarse la coordinación entre municipios vecinos, especialmente en las zonas circundantes a grandes ciudades para generar verdaderas áreas metropolitanas que crezcan de manera organizada. Para ello deben generarse autoridades supra municipales en zonas específicas que puedan encargarse de esa coordinación. Hoy en día ningún alcalde quiere sacrificar su autonomía para el bien común de la zona metropolitana, lo que hace que los centros urbanos crezcan desordenadamente. Ejemplo Soacha y Bogotá.

Crearemos un nuevo ente administrativo de rango Ministerial que se ocupe únicamente de la descentralización y del desarrollo regional devolviéndole al DNP su papel original de Ministerio de Planificación.

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Enrique Peñalosa

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