Urge cambiar el rumbo de la Fuerza Pública. ¿Pero será que no hay rumor de sables, o será que no se oye?
Hernando Gómez Buendía*
El candidato lo repitió hasta el cansancio en su campaña: tenemos que pasar de la seguridad militar a la seguridad humana.
Seguridad humana significa hacer más prevención que represión, lo cual implica atender más a las causas sociales del delito, implica que los cuerpos de seguridad sean vistos como parte y no como enemigos de las comunidades, e implica por lo tanto que estos cuerpos no abusen ni trasgredan la ley de ningún modo.
El giro hacia la seguridad humana pasa entonces por cuatro mecanismos principales: los programas sociales de Petro, la figura de la “paz total”, las reformas al sistema de justicia, y el manejo de la Fuerza Pública.
Los programas sociales incluyen, por ejemplo, el nuevo trato a los campesinos cocaleros que empezó a conversarse con el gobierno Biden. La “paz total” se está gestando con medidas y anuncios para el ELN, las disidencias de las FARC o el Clan del Golfo. El ministro de Justicia por su parte propone penas distintas de la cárcel y conciliación directa entre la víctima y el victimario. Todos estos son procesos o reformas ambiciosas, bien intencionadas, difíciles de ejecutar, debatibles de por sí y por eso serán muy debatidas.
Pero el desafío más difícil se refiere al manejo de la Fuerza Pública: como indica su nombre, esta fuerza está hecha para la represión, y en todas partes del mundo es difícil transformarla en un cuerpo amigable, civilista, preventivo. Ni qué decir que en Colombia tuvimos además medio siglo de “conflicto armado interno” y que —gracias a los guerrilleros— sufrimos la hipertrofia de las Fuerzas Armadas, la militarización de la seguridad ciudadana y —so pretexto del conflicto—, la criminalización de muchos integrantes de la Fuerza Pública: el horror de 8.208 jóvenes que sabían inocentes y se conocen como “falsos positivos”, es un récord sin precedentes conocidos.
Según Transparencia por Colombia, la Fuerza Pública fue la entidad del Estado que tuvo más denuncias por corrupción entre 2016 y 2020; los desfalcos y los nexos entre uniformados y organizaciones criminales son pan de cada día; los abusos policiales abundaron a raíz de las protestas ciudadanas, y la imagen de esta institución es la peor del siglo. Por eso la reconfiguración de las FF.AA. y la Policía son urgentes y esenciales, si es que Colombia aspira a ser un país vivible o, como dicen, un país civil-izado.
La escogencia de Iván Velásquez como ministro de Defensa apunta exactamente en esa dirección: defensor de derechos humanos y fiscal anticorrupción, comenzó por decir que su tarea no es dirigir operaciones militares sino “ejercer el control civil sobre la Fuerza Pública”. Los ministros civiles anteriores habían tenido una función muy distinta: agrandar y tramitar el presupuesto para la Fuerza Pública. Este giro de 180 grados implica una tensión, también sin precedentes, entre el ministro y los mandos superiores de unas instituciones donde el espíritu de cuerpo y la formación para la guerra se resisten y se resistirán abierta o sordamente a que un “extraño”, cuando no un “enemigo”, venga a controlarlos en lugar de apoyarlos.
Por eso Petro y Velásquez abrieron la partida con una carta dura y decisiva: la renovación total de las cúpulas de las FF.AA. y la Policía, un “remezón” sin par en más de un siglo. Es de entender que las hojas de vida fueron revisadas para evitar sombras de corrupción o violaciones de derechos humanos, pero ante todo creería que el ministro trató de asegurarse la gratitud personal de los nuevos ascendidos.
Pero aun entonces faltan todas las otras cartas por jugarse.
