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Especial Recomendados: El 2010 en Colombia – Los hechos que harán historia

Escrito por Hernando Gómez Buendía
Hernando Gomez Buendia

Hernando Gómez BuendíaDiez preguntas incómodas pero importantes sobre un Proyecto de Ley que todos celebramos.
Víctimas: el debate que nos falta 

Hernando Gómez Buendía *

El gran silencio

Central_3_-_6_de_Diciembre_de_2010Colombia está de fiesta por la Ley de Víctimas que en estos días se está aprobando en el Congreso y que el presidente Santos presentó en medio de una nube de alabanzas y rodeado de sobrevivientes de veinte genocidios perpetrados alrededor del mundo[1].  

La fiesta en realidad se justifica por comparación con el cinismo -o la indolencia al menos- y la tacañería del gobierno Uribe. Con los pretextos de que no había plata y de que reparar a las víctimas de agentes del Estado era admitir que el Estado es criminal, el anterior presidente hundió el proyecto de ley que había aprobado la Cámara en mayo del año pasado.

Pues el nuevo presidente resolvió revivir aquel proyecto, y además mejorarlo al adoptar muchas de las observaciones técnicas que los expertos le habían formulado.

Pero el debate en el Congreso y en los medios se ha reducido precisamente a las cuestiones de técnica jurídica, de técnica contable o de técnica administrativa. A cuál es el alcance del "enfoque diferencial" o de la prelación de ciertos tipos de víctimas, a cómo no salirse del Marco Fiscal de Mediano Plazo, a si la devolución de tierras debe o no ser parte de esta Ley, y a otros muchos asuntos importantes que sin embargo sólo logran entender los iniciados.

Es esconder un drama de proporciones colosales bajo el tapete de una colección de tecnicismos consignados a lo largo de 114 artículos y qué se yo cuántos capítulos. Este hablar de los árboles ha servido para tapar el bosque, o para no ver las preguntas de gran calado moral que una sociedad tendría que plantearse si es que aspira a mirar a los ojos a las víctimas. Enuncio algunas a manera de decálogo.

Las diez preguntas

1. ¿Quién responde por la guerra? "La guerra es el infierno", dijo el General Sherman, y el que declara una guerra injusta es responsable de todos los horrores que se sigan. Los guerrilleros no son jóvenes románticos: fueron aventureros que nos lanzaron a una guerra injusta. Las autodefensas no son campesinos agredidos: son criminales que adelantan una guerra privada y por lo mismo injusta. Una vez que los unos y los otros  paguen las penas que merecen en justicia, sería posible que las víctimas decidan  perdonarlos. Pero moralmente no tienen derecho a seguir siendo parte de la vida pública.

2. ¿Quiénes son las víctimas? Dice el Proyecto de Ley que son víctimas aquellas  personas cuyos derechos hayan sido violados como consecuencia del conflicto armado o de  "violaciones manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario" (Artículo 21). Pero en este conflicto degradado y complejo hay fronteras borrosas y cambiantes (¿acaso las "BACRIM" son actores armados o apenas son delincuentes comunes?; ¿y los sicarios al servicio de los narcotraficantes?…).

Más todavía: ¿cuál es la razón moral para que el Estado compense a las víctimas del conflicto armado y no a las viudas o a los huérfanos de los asesinados en el asalto a un banco? Si, como dicen unos, el Estado debe indemnizar porque falló en su deber de evitar el conflicto, pues ¿no falló también en evitar el asalto?; y si lo hace por solidaridad como dicen los otros, pues ¿no habría de solidarizarse con las víctimas de un crimen ordinario?       

3.¿Quiénes no son las víctimas? Dice también el Proyecto que "Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados como víctimas, en ningún caso" (Parágrafo Segundo del Artículo 21). ¿Se justifica entonces que al guerrillero apresado lo asesinen? ¿Qué hacer con los niños reclutados que en unos años se volvieron victimarios?

Más todavía: ¿con cuál razón moral la Ley excluye de la categoría de víctimas a los  "cónyuges, compañero o compañera permanente o pareja del mismo sexo o los familiares en primer grado de consanguinidad y primero civil de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley" (Parágrafo citado)? ¿Es la Ley del Talión? ¿Es que algún jurista criollo decidió incursionar en la teoría de los sujetos penales colectivos?    

4.  ¿Quiénes son los victimarios? El presidente Uribe se opuso y se opone aún a que la Ley cobije a las víctimas de soldados, policías u otros agentes del Estado. El presidente Santos optó por incluir a estas víctimas -y esta es la gran novedad de su proyecto. Pero el punto era apenas semántico, porque asistir a la víctima de algún soldado asesino no implicaba admitir que el Estado es criminal.

Por eso a primeras de cambio el Proyecto del gobierno Santos declara expresamente que "El hecho de que el Estado reconozca la calidad de víctima en los términos de la presente ley, no podrá ser tenido en cuenta por ninguna autoridad judicial o disciplinaria como  prueba de la responsabilidad del Estado o de sus agentes" (Artículo 5). Así de fácil era desmontar el argumento que con tantos aspavientos moralistas había esgrimido y aún sigue esgrimiendo el ex presidente Álvaro Uribe.      

En cambio digo yo que los crímenes perpetrados por agentes del Estado no son iguales a los de los guerrilleros o los paramilitares. Son peores. Y lo son por el sencillo hecho de que soldados y policías encarnan la autoridad del Estado -cuya esencia es tener el monopolio de la fuerza a cambio del respeto absoluto de la ley- mientras que los guerrilleros o los paras son delincuentes empeñados en una guerra injusta.

5. ¿Hasta dónde la verdad? Lo menos que pueden pedir las víctimas es que se sepa la verdad, pero en Colombia no tenemos sino las "confesiones" amañadas del proceso llamado "de justicia y paz" e informes aislados de memoria histórica (la masacre de Trujillo o el Palacio de Justicia entre otros pocos).

En este punto el Proyecto de Ley no añade nada nuevo. El gobierno Santos, igual en esto al de su antecesor, se niega a pensar en una Comisión de la Verdad como las de Sudáfrica, Chile, Uganda, Salvador, Argentina, Nigeria, Perú u otros países. La razón es sencilla: en Colombia el conflicto no se ha acabado, los horrores se siguen produciendo y muchos de los grandes responsables de este horror siguen brillando en nuestro firmamento.

6. ¿Hasta dónde la in-justicia? La impunidad del victimario es un agravio continuado de la víctima. Podría ser que, en aras de la paz, la sociedad acepte reducir esos castigos. Tal es la base de la justicia "transicional", y esta es su gran diferencia con la justicia "retributiva".

Pero ninguna justicia puede castigar los genocidios con reprimendas o palmaditas en la mano. Y en Colombia, a cambio de la paz que estamos viendo (con BACRIM, con masacres y con minas quiebra-patas) se aceptó que algunos asesinos sean "gestores",  o que el autor de dos o de tres mil asesinatos tenga menos años de cárcel que el atracador del banco.

7. ¿Cuánto valen los agravios? El Proyecto de Ley reconoce hasta cuarenta meses de salario mínimo por todas las vejaciones que haya sufrido la víctima, o sea que una vida en Colombia vale unos 20 millones de pesos.

Esta limitación por supuesto se achaca a la pobreza del fisco, pero detrás del argumento contable hay una opción moral o -peor-  hay una opción por no hacerse la pregunta moral: ¿por qué existe un impuesto especial para la guerra que pagan los más ricos pero no se les habla de un impuesto especial para las víctimas que han pagado los costos de esa guerra?

8. ¿Víctimas de clase A? Ingrid Betancourt pidió 15 mil millones de pesos  -el precio de 750 vidas- como indemnización por su secuestro. Los congresistas compañeros de infortunio están cerca de recibir unos 3 mil millones cada uno. El ex magistrado Yesid Ramírez pide casi dos mil millones por el dolor que le causaron las chuzadas…

¿No será que la moral exige ponerles coto a los abusos de las víctimas que sí pueden pagarse un abogado?

Pues entérese Usted: el gobierno anterior había puesto un límite. Pero no para las víctimas de los secuestros ni las de las chuzadas. Lo puso para aquellas personas que fueron afectadas por delitos cobijados bajo "la Ley de Justicia y Paz" es decir, en la práctica, para quienes fueron atacadas por los paramilitares (en este caso la indemnización judicial no puede ser superior a la administrativa). ¿O sea que las víctimas de un lado tienen de hecho menos derecho que las del otro lado?

9. ¿Para qué sirve otra ley? No dudo yo de que el Proyecto de Ley es bueno, ni de que ordene la legislación hasta hoy dispersa, recoja muchas de las observaciones que se hicieron  a la versión anterior y agregue mecanismos u oficinas para que sus mandatos se vuelvan realidad.

Pero noto que existen otras leyes sobre víctimas (en especial la 418 de 1997 y la 975 de 2005) que poco se han cumplido, y que pese a los cinco años de insistencia de la Corte Constitucional, los 3.226.442 desplazados cuya existencia reconoce el gobierno siguen siendo, casi todos,…desplazados.

Noto también que después de cinco años de justicia "transicional" no hay condenas definitivas, ni tierras restituidas, ni víctimas resarcidas por aquellos victimarios. 

Y es porque no basta con expedir leyes. Mientras no exista un consenso nacional tan fuerte y tan sentido como el que nos llevó a hacerles frente a las FARC, no habrá tampoco una oportunidad real para que las víctimas de esta guerra abominable puedan ser de veras atendidas.

10. ¿Con cuál autoridad moral?  El señor presidente fue ministro de Defensa entre el mes de mayo de 2006 y el mes de junio de 2009. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU había advertido sobre los mal llamados "falsos positivos" en sus informes de 2004 y 2005. El mayor número de "falsos positivos", según la Fiscalía, se produjo en 2007. El escándalo estalló por la denuncia del Personero de Soacha, pero el señor ministro de Defensa desconceptuó esas denuncias.

El doctor Rodrigo Rivera, hoy Ministro de Defensa, declaró por entonces que "La responsabilidad política de los ´falsos positivos´ no se puede quedar en los militares; hay que responsabilizar al Ministro de Defensa de modo que él sepa que su propia permanencia en el cargo está en que esos episodios no sucedan"[2].

Es otro de los debates morales que los colombianos preferimos evitar. Son debates dolorosos por supuesto. Pero si no los damos, lo repito, no podremos mirar a los ojos a las víctimas.  

 *Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí. 

Notas de pie de página


[1] En: eltiempo.com, 27 de septiembre de 2010.

[2] En: elespectador.com, 18 de marzo de 2010.

 

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