EPM y Orbitel: un caso de corrupción e impunidad - Razón Pública
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EPM y Orbitel: un caso de corrupción e impunidad

Escrito por Libardo Espitia
El Exalcalde de Medellín y actual Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo.

El Exalcalde de Medellín y actual Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo.

Libardo EspitiaCrónica de la irregular compra que hicieron las Empresas Públicas de Medellín de un paquete accionario de la empresa Orbitel por un precio mucho mayor del que debía.  Y sin embargo ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría han hecho nada.

Libardo Espitia*

Compra mal hecha

El 5 de junio de 2006 la banca de inversión Inverlink, del señor Bruce Mac Master Rojas, le presentó a la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) las supuestas bondades de adquirir el paquete accionario restante de Orbitel que estaba en manos de inversionistas privados. Esta compra se haría teniendo como horizonte un plan de negocios de internet bajo la plataforma WIMAX (2007-2013).

La Junta Directiva de EPM, presidida por el alcalde Sergio Fajardo, aprobó por unanimidad (Acta 1457) la compra del 50 por ciento de las acciones por un valor total de 85 millones de dólares que se pagarían así: 80 millones a la firma del contrato, y el saldo al día siguiente de activar el enlace inalámbrico WIMAX número 50.000.

El negocio realizado por la EPM tuvo un sobrecosto de 51,9 millones de dólares, lo cual implicaba un serio menoscabo patrimonial.

El 15 de junio de 2006 fue suscrito el contrato de compraventa No. 10010827011, donde se trasladaba a EPM el derecho sobre 26.500.000 acciones de Orbitel, a razón de 3.207 dólares por acción. El contrato mantuvo la condición del enlace 50.000, pero se le agregaron cuatro circunstancias bajo las cuales también procedería el pago del valor restante, circunstancias que no habían sido aprobadas por la Junta Directiva de EPM. Estas fueron:

  • Cuando se diera un proceso de intervención, posesión o liquidación.
  • Ante cualquier traspaso del control de Orbitel a personas ajenas al Grupo Empresarial EPM.
  • Ante la cesión o transferencia de la licencia de Orbitel de WIMAX a terceros no vinculados al Grupo EPM.
  • Si Orbitel o el Grupo EPM, por cualquier razón, retiraba los enlaces WIMAX de su gama de productos ofrecidos.

El mismo 15 de junio, la Contraloría General de Medellín se pronunció sobre el proceso y sobre la incertidumbre del cumplimiento de un plan de negocios basado en una tecnología que no tenía casos exitosos de referencia.

Se contrató a la consultora Signals Telecom Consulting para que valorara a Orbitel, y esta concluyó que tenía un valor definitivo de 66 millones de dólares, es decir, que el 50 por ciento valdría 33,1 millones de dólares. Por lo tanto, el negocio realizado por la EPM tuvo un sobrecosto de 51,9 millones de dólares, lo cual implicaba un serio menoscabo patrimonial.

Sobre la base de esta información y tras ciertos ajustes contables, la Contraloría municipal cuantificó el daño en 46,9 millones de dólares – o en 108.683.000.000 pesos a la  tasa de cambio del momento-. Con esta cifra se dio apertura el 6 de febrero de 2007 al proceso de responsabilidad fiscal 002-2007 contra los miembros de la Junta Directiva de EPM, Inverlink y Colseguros, y se los llamó a rendir versión libre y espontánea.

Regalo del contralor Turbay

Edificio Inteligente de EPM en Medellín.
Edificio Inteligente de EPM en Medellín.
Foto: david peña

Por disposición constitucional, es posible desplazar a cualquier contraloría territorial o distrital la competencia para adelantar auditorías o procesos de responsabilidad fiscal. Esta solicitud no es de obligatorio cumplimiento, ya que deben tenerse en cuenta factores como los recursos económicos y humanos disponibles para llevarla a cabo.   

Haciendo uso de esta figura, el 13 de julio de 2007 el alcalde Fajardo y el gerente general de EPM, Juan Felipe Gaviria, pidieron relevar la competencia de la Contraloría de Medellín y trasladar el proceso  a la Contraloría General de la República, encabezada por Julio Cesar Turbay Quintero, por una supuesta falta de imparcialidad y de garantías procesales.

El 17 de septiembre de 2007 la Contraloría General encontró justificada la solicitud y asumió el conocimiento del proceso 002-2007. La Contraloría delegada, mediante Auto 0736 del 27 de noviembre de 2007, decretó la práctica de apoyo técnico por parte de la delegada del sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones para llevar a cabo una evaluación comparativa de los diferentes modelos de valoración utilizados en el proceso de compraventa accionaria de Orbitel.  

El apoyo técnico se dio en el mes de marzo de 2008 con el Informe de Apoyo Técnico Valoración de Orbitel, que concluyó que el valor del paquete accionario del 50 por ciento de Orbitel, incluyendo la prima de control para la época de la transacción no debió superar los 66 millones de dólares. Sin obstar esta prueba contundente, la contralora delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva Tatiana González Torres dictó el  Auto 124 (5 de marzo de 2009) para cesar la acción y ordenar el archivo del proceso de responsabilidad fiscal.  

En segunda instancia, el contralor General Julio Cesar Turbay Quintero confirmó la decisión tres meses más tarde.

La Red de Veedurías de Colombia le solicitó infructuosamente al contralor la reapertura del proceso 002-2007.

Ni la Fiscalía ni la Procuraduría

El 21 de junio de 2006 la Veeduría Cívica para el Desarrollo de Medellín presentó una denuncia penal por un presunto delito contra la administración pública y detrimento al patrimonio del municipio de Medellín por esta compra. Los delitos que se solicitó investigar a la Fiscalía fueron los de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y peculado por apropiación.

El informe de la investigación de campo fue rendido el 24 de octubre de 2013, y finalmente, el 29 de mayo de 2014, el fiscal Pedro Rodríguez Mora, tomando como valoración probatoria el auto de la Contraloría General, ordenó el archivo de las diligencias.

Según el análisis de la Fiscalía, la compra de las acciones se ciñó a los principios de transparencia, economía y responsabilidad que contemplan la Constitución y el Estatuto Contractual, pues las actuaciones de EPM fueron públicas y estuvieron abiertas al escrutinio público. Asimismo, la Fiscalía dio credibilidad al gerente Gaviria en la escogencia de la banca de inversión y aseguró que no había existido ningún tipo de favorecimiento para los accionistas particulares.

La Veeduría Cívica también elevó denuncia disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigara el proceso de compraventa. La Procuraduría abrió entonces el proceso 162-164175-07 y concluyó que las actuaciones de los miembros de la Junta Directiva se ajustaron a los principios de la Ley 80 de 1993, de modo que no había elementos para iniciar una investigación disciplinaria.

El 22 de abril de 2010 la Red de Veedurías le solicitó al procurador Ordóñez la apertura de investigación disciplinaria al contralor General Turbay Quintero y a la delegada Tatiana González. Pero en el mes de octubre se negó la petición y fue avalada la gestión de los citados funcionarios.

El negocio en cifras

La Contraloría General de Medellín remitió en marzo de 2010 a la Red de Veedurías un informe preliminar denominado Ejecución plan de negocios de Orbitel de proyecto Wimax, donde se ilustraba con detalle lo que se había denunciado desde 2006: que el plan de negocios del Proyecto WIMAX no se está cumpliendo y que la EPM lo había modificado.

En este informe, la Contraloría recalcó que una vez se produjo la compra del paquete accionario, EPM no solo modificó la razón social de Orbitel S.A. ESP (y la pasó a denominar UNE) sino también el plan de negocios.

Orbitel había definido en su plan un valor presente neto (VPN) de 284.269 millones de pesos, y UNE proyectó un VPN de 3.938 millones para el período 2007-2013, con lo cual solo se estaría cumpliendo el 1,4 por ciento de lo estimado inicialmente.

De igual manera, en el plan inicial se estimaron ingresos por  3,7 billones de pesos entre  2007 y 2013, pero en su nuevo plan de negocios para el mismo período la empresa estimó recaudos por 351.539 millones es decir, apenas un 9 por ciento de lo proyectado inicialmente.

Evolución de los enlaces por trimestre

Concepto

Dic-06

Mar-07

Jun-07

Sept-07

dic-07

mar-08

Jun-08

sep-08

dic-08

Mar-09

sep-09

Dic-09

Mercado masivo

6857

13196

20556

24132

29644

40555

44214

41694

39796

36492

24922

20127

Mercado corporativo

1787

2857

3853

4768

5382

5470

5174

5511

5419

5265

4692

4352

Total enlaces

8644

16053

24409

28900

35026

46025

49388

47205

45215

41757

29647

24479

Fuente: Contraloría General de Medellín

En otro informe del ente de control, se concluyó que entre diciembre de 2008 y junio de 2013 la demanda de clientes de la tecnología WIMAX había disminuido un 82 por ciento, como puede apreciarse en el cuadro siguiente:

 Dic-08

dic-09

Dic 10

Dic -11

dic-12

Junio 2013

45.215

24.479

25.099

18.637

10.318

7.899

Fuente: Contraloría General de Medellín

En síntesis

El Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado.
El Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado.
Foto: Procuraduría General de la República

El plan de negocios, que fuera la base para efectuar la valoración y por ende la negociación, fue modificado en tres ocasiones:

  1. En 2005 por los mismos particulares que vendieron,
  2. Cuando EPM había adquirido  el 100 por ciento de las acciones de Orbitel,
  3. Por la misma UNE-EPM en 2007.

La condición fijada por la Junta Directiva de alcanzar el enlace 50.000 para pagar los 5 millones de dólares restantes a los inversionistas privados, estuvo cerca de  cumplirse  en  julio de 2008 con 49.388  clientes, pero después esta cifra  tendió a bajar, de modo que  la condición no se cumplió.

La Junta Directiva hizo oídos sordos a las recomendaciones de la Contraloría General de Medellín

Ninguno de los presupuestos se cumplió. La Junta Directiva hizo oídos sordos a las recomendaciones de la Contraloría General de Medellín, que a la postre tenía razón sobre la incertidumbre que implicaba adquirir un paquete accionario costoso y sobre el daño al patrimonio a la ciudad.

Pero no menos decepciona ver el papel de los organismos encargados de vigilar sin excepción, el uso de los recursos públicos y el ejercicio eficiente de las funciones administrativas  de todos los servidores del Estado- sin contar lo costoso que resulta su funcionamiento para los colombianos-.

 

* Profesional con estudios en electricidad y electrónica. Especialista en Servicios Públicos Domiciliarios; magíster en Gestión y Auditorías Ambientales. Ha prestado sus servicios profesionales en empresas de servicios públicos y en el sector privado en auditorías, consultorías e investigaciones.

 

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