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El uribismo y sus jueces

Escrito por Hernando Gómez Buendía

El Senador y ex-presidente, Álvaro Uribe Vélez.

Hernando Gómez Buendía

En la maraña de escándalos, denuncias de delitos – o de persecución contra Uribe y sus colaboradores- no es fácil distinguir entre verdades judiciales, verdades políticas y verdades a secas. Aquí, un intento razonado para desenmarañarlas.  

  Hernando Gómez Buendía*

Paradojas y verdades

Esta es la paradoja: nadie puede estar seguro de si el ex presidente Uribe o alguno de sus colaboradores cercanos cometió algún delito, y sin embargo todos podemos estar seguros de que su estilo de gobierno propició la comisión masiva de delitos. 

Y hay otra paradoja. La verdad sobre cada acusado no la puede decir sino el juez de la cusa respectiva, y por tanto no es asunto a decidir en el debate público. En cambio la verdad sobre el gobierno Uribe está a la vista del público, pero el público tiene dos verdades distintas sobre la criminalidad de ese gobierno. 

Estas dos paradojas no significan que la verdad no exista o que no importe. Significa que hay distintas clases de verdades y que por tanto es útil distinguirlas.

La verdad judicial es la que diga el juez en cada caso.

Claro que existen verdades absolutas, mejor dicho verdades innegables: que el sol existe, que Usted está leyendo, que 2 y 2 son 4. Son las verdades a secas, que permiten y enmarcan la vida cotidiana y que ninguna teoría o hipótesis – ninguna otra “verdad”- puede contradecir. También en el caso del uribismo y los jueces hay verdades que nadie puede negar: que Uribe fue presidente, que está peleando con Santos, que existieron las “chuzadas”,  que circuló un video con el “hacker” y Zuluaga…

Sucede sin embargo que las verdades a secas (los “hechos”) son infinitamente numerosas y que cualquier hipótesis o interpretación – cualquier otra “verdad”- consiste en escoger algunos hechos, en darles más o menos relevancia y en concatenarlos de cierta manera. Más aun: estos hechos pueden ser valorados de modos muy distintos, según las necesidades, conveniencias o ideologías de las personas.

De modo que hay verdades diferentes. Las de la ciencia por ejemplo, se ciñen con más rigor a los hechos, los ordenan con más coherencia y no hacen juicios de valor sobre ellos. Las del mundo privado suyo o mío se basan en experiencias, percepciones y emociones únicas de cada vida…Y en el caso presente importa distinguir las verdades judiciales de las verdades políticas del uribismo.

El Exministro Andrés Felipe Arias durante el juicio por el proceso de Agro Ingreso Seguro.
El Exministro Andrés Felipe Arias durante el juicio por el proceso de Agro Ingreso Seguro.
Foto: Juan José Horta Soto

Verdades judiciales

Dicho con palabras claras: la verdad judicial es la que diga el juez en cada caso. Por eso mismo existen garantías que nos protegen de decisiones arbitrarias, y en especial las de (1) pre-existencia de una ley que penalice la conducta respectiva, (2) presunción de inocencia, (3) imparcialidad del proceso, y (4) proporcionalidad de la sanción.

Esas garantías esenciales al mismo tiempo son la fuente principal de los tecnicismos, triquiñuelas y fallos desconcertantes que abundan en lo penal. Para decirlo de modo más exacto: (a) El procedimiento penal está diseñado para producir -y solo puede producir- un tipo de verdad, la verdad judicial; (b) La intención de las normas procesales es lograr que la verdad judicial corresponda a la verdad de los hechos, (c) Y sin embargo la verdad judicial y la verdad a secas pueden y a menudo parecen no coincidir.

Este podría ser el caso de algunos procesos contra algunos uribistas. Por ejemplo Mario Aranguren (ex director de la UIAF) pagó 10 meses de cárcel sin que existiera delito; a muchos no uribistas les pareció que la condena contra el ex ministro Arias fue excesiva,  y yo mismo escribí que el video de Zuluaga era real pero que se trataba de un delito técnico que aprovechó el Fiscal para ayudarle a Santos.    

Persecución judicial

Y aquí entramos en materia: ante cada providencia de un fiscal o de un juez que afecta a un uribista, su jefe afirma que se trata de una “persecución judicial”. ¿Cómo evaluar semejante afirmación?

Para empezar, la justicia es política, y lo es más en el caso de los altos funcionarios (por  eso, por ejemplo, a un presidente solo lo juzga el Congreso). Son también evidentes el conflicto político entre Santos y Uribe, y la presencia de influyentes enemigos suyos en las cortes.

Las cifras, sobretodo, demuestran que sí existe una “persecución judicial” contra los   uribistas: en un país donde 75 de cada 100 delitos no se denuncian y en 2 apenas se encuentra a los culpables, la existencia de procesos o condenas contra una docena de  funcionarios de confianza de Uribe, de más de cien congresistas de su cuerda, y de 276 denuncias personales ante la Comisión de Acusaciones – además de los cargos contra su familia o su candidato Zuluaga- bastan para inferir que la justicia penal tiene los ojos puestos sobre el uribismo.

Pero esto no implica que los cargos sean falsos o las condenas injustas. Incluso podría decirse que la justicia hace bien, precisamente al concentrarse sobre los más poderosos. O que la misma proliferación de acusaciones prueba que “algo estuvo podrido” en ese gobierno. Y que el tratarse de decenas de fiscales y juzgados en distintas regiones del país debilita en lugar de abonar la hipótesis de una “persecución”, porque Colombia no tiene un Estado monolítico y Santos (aunque quisiera) no alcanzaría para tanto.

En todo caso la parcialización de la justicia solo puede alegarse en relación con procesos específicos: sería un delito (“prevaricato”) del juez X en el proceso Y. Por eso Uribe ha denunciado penalmente a algunos magistrados o fiscales -pero no los suficientes para sustanciar el argumento de una persecución generalizada-. 

E igual que en los demás delitos, sobre aquel “prevaricato” cabe apenas la verdad judicial: el uribista que se crea perseguido puede denunciarlo y apelar a otras instancias judiciales dentro o fuera del país. No puede negarse a comparecer, desacatar la decisión, ni formular acusaciones que no puede demostrar: igual que el resto de los ciudadanos (-más que ellos-), los altos ex funcionarios tienen que someterse a las reglas del juego.

Acatemos entonces las reglas del juego: para efectos penales, todos tenemos que vivir con la verdad judicial, y en este caso Uribe y los uribistas son tan inocentes o tan culpables como hayan dicho o digan sus jueces respectivos. Si ellos merecen ir a la cárcel y por cuánto tiempo, es un asunto que deben decidir los tribunales y sobre el cual solo deben pronunciarse mediante fallos oficiales.        

El Senador Uribe y el ex-candidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga.
El Senador Álvaro Uribe Vélez y el ex-candidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga.
Foto: Politécnico Grancolombiano Departamento de Comunicaciones

 

Un estilo político        

Pero en los casos de Uribe, su gobierno y su partido importa sobre todo la verdad política es decir, la lectura valorada de los hechos en función del bienestar público. A diferencia de la verdad judicial, la verdad política  (a) se ocupa del conjunto de los hechos políticos (que solo excepcionalmente serían delictivos), y (b) interpreta y valora una gestión pública compleja, no el hecho específico de si el señor Y cometió el delito Z.

Los hechos, las verdades a secas– las buenas y las malas– de Uribe y su gobierno, no se pueden entender sino a partir de su rasgo esencial: Uribe fue elegido y reelegido con un abrumador apoyo popular para acabar con las guerrillas, y la tarea principal de su gobierno fue combatir las guerrillas. Es más: fue exitoso en su tarea – y el mundo lo reconoce-.   

De ese rasgo esencial se desprende un modelo o un estilo político que acerca a Uribe al “neopopulismo”. Este concepto es materia de intensa controversia, en la literatura (p.ej., Dockendorff) y en relación con Colombia  (Bueno, Galindo), pero sin duda el gobierno  Uribe tuvo las marcas básicas del neopopulismo:

  • Simplificación. En vez de los objetivos múltiples de un gobierno ordinario, hay una meta obsesiva y a la cual se condiciona todo lo demás (derrotar a las guerrillas).
     
  • Mesianismo. El líder es un “padre” poderoso que satisface el clamor más sentido por el pueblo (acabar con las FARC).
     
  • Satanización. El anti-pueblo (las FARC) es la causa de todos los males.
     
  • Polarización. El que no es amigo es enemigo (los antiuribistas son cómplices  de la guerrilla).
     
  • Asistencialismo. Además de la urgencia nacional, el padre atiende personalmente a los pobres (“Familias en Acción”).   
     
  • Desintermediación. El líder no necesita de los corruptos partidos políticos para escuchar al pueblo (“Estado de Opinión”) ni de la burocracia para resolver sus problemas (“Consejos Comunitarios”).
     
  • Desbordamiento. Si el pueblo por fin está en el poder, ¿por qué limitarlo? Si por fin un presidente está cumpliendo la voluntad popular, ¿por qué no reelegirlo? Si  estamos en plena guerra, ¿por qué dejar que las leyes nos estorben en lugar de ayudarnos?  

Catálogo de delitos

Y así ese neopopulismo (para más: “neopopulismo de guerra”) fue de por sí un modelo o un estilo político proclive a violaciones extendidas de la ley es decir, a la comisión masiva de delitos, en especial de aquellos orientados a conservar el poder o a combatir a la guerrilla y sus cómplices. 

En los casos de Uribe, su gobierno y su partido importa sobre todo la verdad política es decir, la lectura valorada de los hechos en función del bienestar público. 

De aquí que los grandes capítulos de esta historia político-penal hayan sido estos dos:

  • Los delitos que buscaban conservar el poder para Uribe (“yidis-política”) o para sus candidatos-duplicados en 2010 (Agro Ingreso Seguro) y en 2014 (el “hacker”);
  • Los que eran parte de la guerra anti-insurgente (la parapolítica, los falsos positivos, la falsa desmovilización y las chuzadas).

Cabría incluso hablar de “delitos conexos” (los narco-edecanes, los contratos de los Nule, las andanzas de Jerónimo y Tomás). Y con mejor razón habría que incluir los  antecedentes judiciales de Uribe en sus negocios, en sus cargos públicos y en la  campaña de 2002, presuntos delitos para financiar su carrera hacia el poder o para combatir a la guerrilla y a sus cómplices.

Verdades políticas

Lo cual nos trae a tres observaciones finales.

1. Dicen muchos que un líder es quien tiene “vocación” para serlo, pero en realidad el líder es quien encarna los deseos profundos de su pueblo, el que tiene las virtudes -y defectos- necesarios para ello. Uribe es el líder popular más destacado que ha tenido Colombia, y lo es porque el pueblo encontró a quién tenía las virtudes y defectos precisos para hacer la tarea reclamada: acabar “a las malas” con las FARC. 

De este modo el “país” – quiero decir los ricos, los medios y la gente- eligió y reeligió a Uribe a sabiendas de quién era y de qué estaba haciendo. Por eso  “durante casi todo el tiempo y para casi todo el mundo”, Uribe fue un héroe y las acciones en contravía de la ley fueron, si acaso, pecadillos necesarios para cumplir la misión encomendada. 

2. Pero Uribe cumplió su tarea de “mayordomo” (limpiar la finca), regresaron los dueños (Santos) y dejaron aparecer o hicieron aparecer los pecadillos ahora convertidos en lo que son –delitos- de modo que las verdades a secas (los hechos) se convirtieron en la verdad política.

Mejor dicho en la verdad de Santos y la prensa, porque los uribistas siguen creyendo que el fin justificó los medios. De poco serviría decirles que el neopopulismo acaba en delincuencia, como confirma ese otro neo-populismo que ellos detestan y al cual sí ven   como fuente de delitos: el neo-populismo de Chávez y Maduro.  

3. La verdad política tiene por ende un sustrato emocional que existe antes y por encima de los hechos. Y lo que está pasando simplemente es que a punta de jueces y a través de las vedettes del periodismo que se han ido acomodando, más y más colombianos van cambiando su verdad política y descubriendo la verdad  a secas. 

Y es porque después de todo y a la larga, el juez del uribismo tendrá que ser Colombia.

 

*Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

 

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