Santurbán: el agua debe ser una política de Estado

El nuevo gobierno revocó una resolución que protegía una zona estratégica para el agua de Bucaramanga. La historia de Santurbán muestra por qué la protección del agua y los ecosistemas debe trascender los cambios de gobierno.

Una decisión que prende las alarmas

Este 13 de agosto, comenzando el gobierno de Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) emitió la Resolución 1037, mediante la cual revocó directamente la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, expedida durante el gobierno Petro, que delimitó y declaró la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo “La Baja”, en un sector de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el macizo de Santurbán.

El área tiene una importancia crítica y estratégica dentro del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) del río Suratá, uno de los principales abastecedores del agua de Bucaramanga. Estudios científicos con análisis isotópicos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) han demostrado la interconexión directa entre el páramo de Santurbán y esta zona, uno de los ecosistemas circunvecinos complementarios al páramo. Pero allí también están depositados los intereses mineros en Santander de la transnacional Aris Mining.

El actual gobierno cuestiona la 0994 por considerarla una “Resolución exprés”. La decisión de fondo será si protege integralmente el agua que favorece a alrededor de tres millones de consumidores finales beneficiarios de Santurbán o abre espacio a las pretensiones de Aris Mining y otras transnacionales mineras.

Diecisiete años defendiendo Santurbán

Las administraciones anteriores a Petro, con énfasis en las de Uribe, Santos y Duque, subordinaron el ambiente a una visión minera y alinearon buena parte del aparato estatal en esa dirección. Petro llegó al poder con una visión ambientalista diferente, explícita en el primer eje de transformación de su Plan Nacional de Desarrollo, “Colombia potencia mundial de la vida”: el ordenamiento del territorio alrededor del agua.

Con la llegada de Abelardo al poder existe el temor de que parte de lo avanzado durante el gobierno Petro se pierda. Las declaraciones de su ministro de Ambiente, Fabio Arjona, aumentan esa preocupación.

El conflicto ambiental y minero alrededor de Santurbán está próximo a cumplir 17 años. Comenzó el 22 de diciembre de 2009, durante el último año de la administración Uribe, con la solicitud de la canadiense Greystar —posteriormente Eco Oro— para explotar a cielo abierto el proyecto Angostura en el corazón de Santurbán.

El debate nacional y una acertada estrategia comunicacional impulsada por Fenalco Santander lograron unir a distintos sectores de la sociedad santandereana alrededor de la defensa del agua de los bumangueses. La primera gran marcha “Defendamos el Agua de Bucaramanga”, en 2011, contribuyó a que el gobierno Santos negara la licencia ambiental al proyecto Angostura mediante la Resolución 1015 de mayo de ese año.

El mismo gobierno Santos anunció en 2011 que delimitaría los 37 ecosistemas de páramo existentes en el país y, el 19 de diciembre de 2014, mediante la Resolución 2090, oficializó la delimitación del Complejo de Páramos Santurbán-Berlín. Este autor calificó entonces en Razón Pública esa decisión como un gran engaño ambiental y una resolución “exprés político-minera”, por considerar que carecía de estudios científicos suficientes y pertinentes y favorecía los intereses mineros.

En julio de 2015 interpusimos una acción de tutela, con el liderazgo de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), que dio origen a la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional. La sentencia exigió al MADS realizar una nueva delimitación de Santurbán al considerar que la Resolución 2090 había vulnerado nuestro derecho a la participación ambiental.

En 2016, el Banco Mundial retiró, a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC), la inversión que había realizado en el proyecto Eco Oro. El informe final de la CAO, mecanismo independiente del Banco Mundial, consideró que el proyecto había sido clasificado erróneamente como categoría B, pese a sus potenciales impactos adversos sociales y ambientales.

En 2020, el gobierno Duque inició la concertación con las comunidades de su Propuesta Integrada de Delimitación de Santurbán para cumplir la T-361. Para este colaborador, aquella propuesta mantenía el problema de la delimitación del gobierno Santos: la protección no llegaba hasta donde se garantizara plenamente el principal servicio ecosistémico del páramo, el agua.

El giro durante el gobierno Petro

Con la llegada de Petro a la Presidencia cambió la orientación de la política: la protección y conservación de los ecosistemas estratégicos y del agua adquirió prioridad frente a los intereses mineros.

Esa visión se reflejó en el Decreto 044, que estableció criterios para declarar y delimitar reservas temporales de recursos naturales dentro del ordenamiento minero-ambiental. La norma dio especial importancia a los ecosistemas de valor ambiental, las áreas estratégicas para conservar los recursos hídricos que abastecen acueductos y los territorios que requieren procesos de restauración. Estas áreas podrían culminar con la restricción o exclusión definitiva de la minería. Los intereses mineros interpusieron una acción de nulidad contra el decreto, que está pendiente de decisión judicial.

En esa misma dirección, la Resolución 0221 del 3 de marzo de 2025 declaró una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal en el costado occidental del macizo de Santurbán, en jurisdicción de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga, con un área efectiva de 75.446,5 hectáreas.

En cuanto a la nueva delimitación ordenada por la Corte Constitucional, la Resolución 863 de 2026 estableció una metodología nacional de delimitación progresiva y participativa de los páramos. Derivada de ella, la Resolución 0992 del MADS delimitó progresivamente 29.199,44 hectáreas en 19 municipios que ya habían concertado los seis puntos exigidos por la T-361. El 4 de septiembre de 2026, el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga ordenó dejar sin efectos esa resolución mientras el MADS resuelve recusaciones contra algunos de sus funcionarios y garantiza el proceso participativo. El Ministerio de Ambiente explicó aquí la metodología de delimitación progresiva.

El nuevo gobierno y Aris Mining

Las primeras declaraciones del ministro Fabio Arjona respecto de Santurbán encendieron las alarmas. Presentó como ejemplo la operación de Aris Mining en Segovia, Antioquia, y planteó la posibilidad de replicar ese esquema en Santurbán: “Hay que formalizar la minería que allí existe. Si hay una minería industrial alrededor podría ayudar a la formalización”.En esta entrevista, Arjona explicó su propuesta para Santurbán y el papel que podría desempeñar Aris Mining.

El ecosistema donde Aris Mining opera en Antioquia no es comparable con aquel donde pretende hacerlo en Santander. Tampoco se debe plantear la formalización de nuestros pequeños mineros como una puerta de entrada para proyectos de megaminería. Las transnacionales no deben ampararse en la formalización minera para conseguir la aprobación de proyectos que se mueven entre la mediana y la gran minería.

A esto se suma la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, mediante la cual el nuevo gobierno revocó la Resolución 0994. El Ministerio de Ambiente explicó que la revocatoria busca reiniciar el proceso para garantizar su validez, transparencia y participación ciudadana.

Más allá del dictamen del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga que dispuso reiniciar el proceso, y de la recusación pendiente contra la entonces ministra encargada Irene Vélez, la delimitación y declaración de la Reserva de Recursos Naturales Renovables “La Baja” sigue siendo necesaria para garantizar la protección del agua de los bumangueses mediante una visión integral del páramo y sus ecosistemas circunvecinos.

El páramo es un sistema hídrico

La revocada Resolución 0994 se fundamentó en estudios del Servicio Geológico Colombiano, el IDEAM y otras entidades técnicas que muestran que el páramo, el bosque altoandino y las aguas superficiales y subterráneas funcionan como un solo sistema hídrico. Su protección resulta estratégica para garantizar la seguridad hídrica de Santander y Norte de Santander.

La reserva impediría el otorgamiento de nuevos contratos, autorizaciones y licencias para la mediana y gran minería dentro del polígono propuesto, respetando las situaciones jurídicas consolidadas previstas en la legislación vigente. Esto afectaría las pretensiones mineras de Aris Mining en la zona.

El Ministerio señala que la reserva declarada por la 0994 estaba ubicada “fuera del páramo”. Desde 2011 he insistido en que esa expresión desconoce el problema esencial: cualquier proyecto de mediana o megaminería ubicado por encima de las captaciones del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga afectaría el agua de sus consumidores finales. Aquí puede consultarse la explicación oficial del Ministerio sobre la revocatoria y el nuevo proceso.

Una política que debe sobrevivir a los gobiernos

Es lamentable que los avances logrados durante el gobierno Petro, con las ministras de Ambiente Susana Muhamad e Irene Vélez, puedan perderse. Sus avances en la protección del agua, los ecosistemas y su biodiversidad podrían servir como punto de partida para el actual gobierno, atendiendo plenamente las garantías de participación exigidas por la justicia.

La protección de nuestras aguas superficiales y subterráneas y de ecosistemas vitales y estratégicos como los páramos debe ser una política de Estado. La defensa del agua es un propósito suprapartidista que trasciende cualquier color o ideología política.

Abelardo arrasó en las elecciones presidenciales en Santander y Norte de Santander y debe corresponder a los santandereanos. Durante la campaña prometió proteger Santurbán y llegó a elevarlo a la categoría de santuario. Aquí puede verse una de sus declaraciones de campaña sobre la protección y explotación de Santurbán.

Cumplir esa promesa significa proteger el agua de los santandereanos y evitar que la formalización de pequeños mineros se convierta en el vehículo para abrir Santurbán a las transnacionales mineras.

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