Como quedó demostrado con el caso del MinTIC, los colombianos están condenados a la corrupción de sus gobernantes. ¿Qué hacer al respecto?
Luis Hernando Barreto*
Corrupción en el Ministerio de las TIC
La lista de los casos de corrupción en Colombia es larga y penosa. Ahora aparece un hecho nuevo: las irregularidades del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la adjudicación del contrato No. 1043 de 2020.
El contrato de más de un billón de pesos, que pretendía llevar la conectividad de internet a 7.277 colegios de las zonas rurales, fue adjudicado a la Unión Temporal Centro Poblados (UT).
Pero tres de las cuatro empresas que conforman la UT no tenían la experiencia específica, capacidad técnica y financiera que exigía la ejecución del contrato. Según la exministra Abudinen “aquí no gana el que tenga mayor experiencia, (…)”.
Además, la UT presentó tres pólizas falsas de garantías bancarias con correos falsos de los supuestos garantes para firmar el contrato. La contratación de la firma SES Colombia por parte del Ministerio para validar la legalidad de estas garantías no sirvió, aunque sí se gastaron 540 millones de pesos.
Y las irregularidades continúan: en febrero de 2021 la interventoría y el supervisor del contrato autorizaron girar el anticipo a la fiducia, la cual lo giró en marzo a la UT, omitiendo las advertencias sobre la mayoría de los socios de la UT.
Posteriormente se confirmó la relación de directivos y exdirectivos de dos de las empresas socias de la UT con casos de corrupción de exgobernadores que fueron investigados, destituidos y encarcelados en Cundinamarca, La Guajira y Magdalena. También se descubrió que reconocidos delincuentes condenados por el “carrusel de la contratación en Bogotá” movían los hilos detrás de la UT.
Finalmente, la Corte Suprema abrió indagación a cuatro senadores de los partidos tradicionales por la presunta intención de evitar que la exministra decretara la caducidad del contrato con la UT y por lo que presuntamente habrían recibido dinero.
¿Y dónde estaban los organismos de control?
Frente a estas irregularidades el Ministerio de las TIC destacó 20 acciones, incluida la denuncia ante la Fiscalía de la UT y el traslado del caso a la Procuraduría y a la Contraloría, el que se surtió solo a partir del 25 de junio de 2021. Y aunque la Oficina de Control Interno del Ministerio tiene la función de prevenir, su auditoria comenzó apenas el 2 de agosto, ante hechos ya consumados.
Hace dos años el contralor Felipe Córdoba tramitó una reforma constitucional, con la que obtuvo un presupuesto adicional por 636 mil millones de pesos. Ello con el fin de que el nuevo control preventivo y concomitante que asumiría la Contraloría, pudiese evitar lo que siempre sucedía: “recoger las cenizas que dejan los bandidos”.
No obstante, la pérdida de independencia de las oficinas de control interno frente al organismo de control externo, producto de esta reforma, evitó que la Oficina de Control Interno del MinTic interviniera de manera oportuna, pero la Contraloría tampoco se le anticipó a los corruptos.
En suma, otro caso más de gatopardismo: “cambiar todo para que nada cambie”. Los inoperantes controles externo e interno ahora tendrán que recoger las cenizas que dejaron los bandidos que se llevaron más de 70 mil millones de pesos.
Por otra parte, durante la etapa precontractual y ante las advertencias de los medios de comunicación y las veedurías ciudadanas, la exministra Abudinen desechó las alarmas al decir que tenía el acompañamiento de la Procuraduría.
Estas son las consecuencias de un régimen presidencialista que concentra el poder: anular los contrapesos y facilitar que los corruptos actúen a sus anchas.
El origen del problema
La corrupción en Colombia crece cada día en número y monto de recursos involucrados, los que pueden ser aún mucho más altos si le sumamos la corrupción oculta: ya sea por la imperceptibilidad y sofisticación de sus métodos o porque nunca salen a la luz pública.
En general, el común denominador de la corrupción es el protagonismo de los políticos. Sin duda alguna, la corrupción proviene de la clase política y con honrosas excepciones allí esta el problema más grave y serio que padece el país.
Otro caso más de gatopardismo: “cambiar todo para que nada cambie”. Los inoperantes controles externo e interno ahora tendrán que recoger las cenizas que dejaron los bandidos que se llevaron más de 70 mil millones de pesos
No es únicamente un puñado de funcionarios, aquí la corrupción hace parte integral del sistema; se arraiga profundamente y se refuerza a sí misma, habida cuenta de que la clase política tiene la potestad de hacer, o no, las reformas para combatir la corrupción e incluso para bloquear los referendos del pueblo.
Desde lo penal es claro que el concierto para delinquir existió en el caso del Ministerio de las TIC. Los delitos se cometieron por un grupo de personas organizadas en distintas instancias y coordinadas entre sí, las que actuaron premeditadamente de acuerdo con unas reglas implícitas, lo que evidencia que la corrupción es sistémica.
Un estudio reciente muestra la estrecha relación entre corrupción y riqueza extrema: mayores niveles de corrupción conducen a más desigualdad y más pobreza. La reproducción de este círculo vicioso limita a largo plazo el crecimiento y desarrollo económico.
Lo anterior socava la legitimidad de los gobiernos y debilita la confianza de los ciudadanos en la democracia, características propias de los Estados débiles y subdesarrollados.
Voluntad política alternativa
Los colombianos desean políticos que no se apoderen de la contratación pública ni usen más la bandera anticorrupción para inflar la burocracia de los organismos de control y apoderarse de esos puestos y contratos para hacer clientelismo político.
Los delitos se cometieron por un grupo de personas organizadas en distintas instancias y coordinadas entre sí, las que actuaron premeditadamente de acuerdo con unas reglas implícitas, lo que evidencia que la corrupción es sistémica.
Ante la ineptitud de los organismos de control, los periodistas y las veedurías ciudadanas han sido los encargados de dar a conocer ese talante perverso y dañino de la clase política corrupta y sus nefastas consecuencias: la vulnerabilidad de amplios sectores de la sociedad.
Sabemos que la voluntad política para erradicar este cáncer de la sociedad nunca va llegar de quienes tradicionalmente nos han gobernado y que por el contrario se benefician del statu quo. Pero también sabemos que ninguna fuerza política alternativa por sí sola logrará las mayorías necesarias para emprender esta titánica tarea.
La voluntad política alternativa se debe construir entre las fuerzas políticas que genuinamente deseen erradicar la corrupción, la desigualdad y la pobreza. Para ello es imprescindible los actos de grandeza que subordinen los egos personales al interés de la República.
No hay otro mecanismo democrático para alcanzar un cambio duradero. ¡Es urgente frenar la corrupción!
