La dosis personal, la salud y la justicia
Compartir:
No es por salud, sino por castigar a los usuarios, y el Presidente nos da tres argumentos para ello. Pero los tres están equivocados.
Hernando Gómez Buendía*
Parecería excelente la última propuesta del Presidente Uribe y su Ministro del Interior y la Justicia con respecto al consumo de sustancias psicotrópicas: crear "tribunales mixtos", donde un psiquiatra decide si el sujeto en cuestión está enfermo y un juez penal ordena que lo internen para darle el tratamiento médico del caso.
Estos "tribunales mixtos", según estima el gobierno, protegerían la salud de los adictos y al mismo evitarían que siga siendo impune el consumo que alimenta una industria tan sanguinaria y corruptora como es el narcotráfico.
Pero resulta que la idea es simple y llanamente absurda, porque en el derecho penal del mundo entero, la enfermedad mental es una causa de exclusión de la responsabilidad. O sea que desde hace varios siglos, el mundo civilizado decidió que cuando el reo estaba enfermo, el juez tiene que declararlo inocente. Y al revés, si el acusado está cuerdo, la justicia está obligada a declararlo culpable.
Por eso el Código Penal vigente en Colombia dice: "Artículo 33. Inimputabilidad. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez sicológica, trastorno mental o estados similares".
Así que un tribunal para servirle a la salud y a la justicia no puede funcionar porque la una supone que la persona es dueña de sus actos mientras la otra supone precisamente lo contrario.
Y el gobierno se engaña o – peor – nos engaña cuando revuelve la salud con la justicia.
La adicción a las drogas es una enfermedad que requiere tratamiento, y el Estado debería proveerlo. Pero también lo son la anorexia o el cáncer, y a nadie se le ocurre poner la policía a capturar y a vigilar los enfermos de anorexia o de cáncer. Es más:
– La adicción a las drogas no se puede curar a las malas porque necesita el apoyo decidido y sostenido del paciente.
– Desde el punto de vista de la morbi-mortalidad, que habría de guiar las políticas de salud pública, la drogadicción está lejos de merecer tanta atención como las enfermedades infecciosas o cardiovasculares – y ahora recibiría más atención que ellas.
– El tribunal con juez, con abogados (¿o es que no habría derecho a la defensa?) y los policías para capturar y vigilar a los internos serían gastos que se suman al costo ya de por sí impagable de atender los 360 mil adictos que existen en Colombia….
Así que no hay que darle vueltas: la propuesta del gobierno no busca la salud, como dice el Ministro de Justicia; lo que busca es la justicia, como el señor Presidente ha repetido durante estos seis años y medio.
O para no engañarnos, el proyecto es la justicia disfrazada de salud, la medicina al servicio del castigo, el policía posando de psiquiatra y el hospital utilizado como cárcel.
Mejor hubiera sido no enredarse e insistir en la propuesta que el Presidente Uribe había hecho antes: penalizar el consumo de drogas como un delito (o una contravención) autónoma. El consumo, aclaremos, en privado, porque el consumo en público ya está penalizado.
Entonces la opinión habría podido dedicarse a examinar las tres razones que el Presidente invoca para oponerse a la "dosis personal":
– La primera es una razón ética: "No es ético, no es balanceado, hacer este esfuerzo contra la producción, el tráfico, la criminalidad, y simultáneamente ser permisivos en la fuente que es el consumo".[1]
– La segunda razón concierne a la estrategia de la Seguridad Democrática: la plata de la droga sostiene a los terroristas.
– Y la tercera razón es personal: es lo que cree Uribe como padre de familia; "según Jerónimo Uribe, hijo menor del Presidente, las razones que su padre expone en público las ha repetido en familia"[2].
Los tres son argumentos convincentes, pero los tres están equivocados:
– Primero: La guerra existe porque vender droga es un delito, y es un delito porque le hace daño a otro. Ese "otro" no puede ser sino el adicto, que viene a ser la víctima del crimen, y la víctima merece tratamiento, no castigo. Así que es al revés de lo que piensa Uribe: el fundamento ético de la guerra contra el productor es la inocencia del consumidor.
– Segundo: Por supuesto que la droga financia el terrorismo; pero lo que pagan los adictos colombianos es muy poco, y ese poco no compensa el sobrecosto de los tribunales mixtos. En sólo Estados Unidos hay unos 20 millones de personas que usan drogas por lo menos una vez al mes[3] y el precio allá es por lo menos 4 veces más alto que el de acá (además, sólo una parte de los narco-ingresos se van a financiar el terrorismo) de manera que el mercado de los usuarios colombianos no llegaría al medio por mil de lo que venden los narcoterroristas. El Estado en cambio gastaría varias veces esta suma en psicólogos y en clínicas – se estima que cada tratamiento cuesta hoy alrededor de 5 millones de pesos[4]. Así que lo estratégico sería ahorrase los "tribunales mixtos" y dedicar esos fondos a la Seguridad Democrática.
– Tercero: A todos nos alegra que Álvaro Uribe sea un buen padre de familia, pero la esencia del estado de derecho es la separación entre las convicciones personales del gobernante y las reglas bajo las cuales podemos convivir desde la diferencia. El Presidente es el jefe de su familia pero no de las otras familias y por tanto no tiene el deber ni el derecho de educar a los hijos ajenos. O por lo menos en esta otra idea está basada la Modernidad.
Por la salud mental de los colombianos, necesitamos pues que el Presidente Uribe y su Ministro nos vendan una dosis de verdad o -aún mejor- que se tomen una dosis de razón para evitar que el manicomio siga quedando en manos de los locos. Sería justo.
*Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.
Notas de pie de página
[1] República de Colombia, Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección Nacional de Estupefacientes , Marzo 24 de 2009: http://www.dne.gov.co/index.php?
[2] "Consumo de droga como falta menor, con rehabilitación obligatoria, propone el Gobierno", El Tiempo, Marzo 24 de 2009.
[3] US Department of Health and Human Services, Results from the 2007, National Survey on Drug Use and Health: National Findings:
http://www.oas.samhsa.gov/NSDUH/2k7NSDUH/2k7results.cfmgs.
[4] Ibid.
Acerca del autor
Hernando Gómez Buendía
* Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.
0 comentarios
Escrito por:
Hernando Gómez Buendía
* Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.
