
El Informe EMLER: Racismo y Violencia Policial en Colombia
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En el caso específico de Colombia, el informe interpela a las instituciones concernidas, al Movimiento Social Afrocolombiano y a otras partes interesadas, a dar prioridad a las medidas de prevención, mitigación y, según proceda, sanción y reparación.
El Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para la Promover la Justicia y la Igualdad Racial en el Mantenimiento del Orden, de las Naciones Unidas, conocido como EMLER, por sus siglas en inglés o también como Mecanismo George Floyd, acaba de hacer público su informe final (A/HRC/63/72/Add.1) tras su visita a Colombia, realizada del 4 al 14 de mayo de 2026, por invitación del gobierno. “La visita tuvo por objeto examinar las buenas prácticas y los retos a los que se enfrenta el país, con el fin de abordar el racismo sistémico que sufren las personas africanas y afrodescendientes y promover la justicia y la igualdad raciales en el contexto del mantenimiento del orden”.
El informe del EMLER aborda una amplia gama de cuestiones: Racismo sistémico; perfilamiento racial; uso innecesario y excesivo de la fuerza, cuotas policiales mínima (que evocan la directiva que derivó en los llamados falsos positivos), entre otras, en un contexto de prácticas sistemáticas de violencia policial:
“El Mecanismo recibió información preocupante sobre esta cuestión en el marco del “estallido social” de 2021. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia documentó que entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021 se cometieron graves violaciones de derechos humanos, incluidas privaciones arbitrarias de la vida, violaciones a la integridad personal, detenciones arbitrarias, violencia sexual y de género, así como actos de discriminación y racismo en el contexto de la protesta. La Oficina verificó 46 muertes ocurridas en el contexto de las protestas, de las cuales 44 correspondían a civiles y 2 a policías, y señaló que en al menos 28 de esas muertes habría existido participación de agentes de la policía, incluidos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional”.
Igualmente, el Mecanismo constató que la represión de la protesta tuvo impactos diferenciados y desproporcionados sobre poblaciones racializadas, en particular afrodescendientes y pone de presente los altos niveles de impunidad.
El informe EMLER llega en un momento muy oportuno para Colombia, entre otras, por las siguientes razones:
- a) Se constata un creciente malestar por el accionar de miembros de la Policía, que derivó en la muerte de Donovan Balanta Paz, estudiante de criminalística, de 34 años, quien falleció el 20 de septiembre de 2026, en medio de un operativo policial, tras haber sido víctima de abusos, que incluyeron descargas de pistolas Taser estando esposado. Estos hechos han despertado indignación nacional, además, por las expresiones racistas que acompañaron la acción desproporcionada de alrededor de 7 agentes de la Policía, que le habrían producido la muerte a Donovan.
Desafortunadamente no se trata de un caso aislado. En efecto, apenas un día después se registró la muerte del joven Ricardo Andrés Rodríguez, denunciado ampliamente como un “falso positivo” en el marco de un operativo de la Fuerza Pública contra bandas criminales en Magdalena y luego, apenas una semana más tarde, se sumó la muerte de Alfredo Echeverry de 28 años muerto en Villa Rica, Cauca, al parecer, en circunstancias muy similares a las de Donován.
- b) El debate que se ha abierto en Colombia, tras los anuncios del Gobierno Nacional y el Congreso de la República con respecto a la introducción de reformas que apuntan a la derogatoria del “Decreto 1231 de 2024 que reglamenta el uso diferenciado y proporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional”, en el marco de la protesta social.
- c) La notoria ausencia de representación política afrodescendiente en las altas esferas del Gobierno Nacional y la pérdida de algunos espacios alcanzados incluido el anuncio de cierre de varias Embajadas de Colombia en el Continente Africano y en el Caribe, decisión que es leída como parte de los discursos hostiles a todo lo que represente diversidad, equidad e inclusión.
Las Conclusiones y Recomendaciones del EMLER. El informe destaca que “El Mecanismo escuchó testimonios profundamente angustiosos de madres y familiares cuyos hijos afrodescendientes fueron matados por agentes de policía en circunstancias sospechosas, confusas o insuficientemente esclarecidas. En varios casos, las familias informaron que, pese al paso de muchos años, las investigaciones no han arrojado avances significativos, no han recibido información actualizada de la Fiscalía y los presuntos responsables continúan en libertad o incluso prestando servicio dentro de la institución policial, sin que se hayan impuesto sanciones penales o disciplinarias efectivas”
(…) El Mecanismo recibió además testimonios de personas que señalaron que, cuando las víctimas son afrodescendientes, la voluntad institucional para exigir responsabilidades de manera efectiva suele ser escasa o inexistente”

Entre las recomendaciones del EMLER se destacan las siguientes: a) “Dar prioridad a la rendición de cuentas por el perfilamiento racial y el uso excesivo de la fuerza contra personas afrodescendientes, especialmente en los casos que hayan ocasionado la muerte. b) Investigar y juzgar estos hechos de manera pronta, efectiva e imparcial mediante una estrategia especializada y dotada de recursos suficientes, garantizando que las investigaciones analicen el papel que la discriminación racial, los estereotipos y los prejuicios puedan haber desempeñado en el incidente. Garantizar el acceso de las víctimas y sus familiares a recursos efectivos, medidas de protección y acompañamiento psicosocial con enfoque étnico-racial y diferenciado”. La práctica del perfilamiento racial ocupó un lugar central.
La respuesta del Gobierno de Colombia al informe del EMLER. El 25 de septiembre la Cancillería hizo público un comunicado en el que señaló: “…reafirma su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, la igualdad racial, la lucha contra todas las formas de discriminación y la garantía de los derechos de las personas afrodescendientes y de las comunidades étnicas del país.
Este compromiso permanece plenamente vigente y no ha experimentado modificación alguna desde la posesión del presidente Aberlardo De La Espriella el pasado 7 de agosto. Todas las políticas y medidas que adopte el Estado en materia de seguridad y lucha contra las economías ilícitas se desarrollarán dentro del marco de la Constitución, la Ley y el Estado de derecho…”.
En contraste con lo anterior, la declaración de Colombia, del pasado 7 de octubre, al cierre del 63º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que toma distancia de algunos conceptos respaldados por anteriores gobiernos, incluidos los referidos a género en sentido amplio, derechos sexuales y reproductivos, discriminación interseccional y racismo estructural e institucional ha causado alarma en la comunidad de los derechos humanos, que la considera regresiva.
Más allá del informe EMLER y del caso Donován. El informe sobre violencia policial y la muerte del joven Donovan, revelan un fenómeno de especial gravedad y de gran relevancia en el abordaje de la cuestión de los afrodescendientes. Sin embargo, tales cuestiones se inscriben en un contexto más amplio. En efecto, se considera que los afrodescendientes constituyen el chivo expiatorio por excelencia de la instrumentalización política del racismo y la xenofobia, así como de los discursos de odio que tantos réditos electorales le están derivando a fuerzas extremistas, que, cada vez más, se sirven de herramientas digitales y de inteligencia artificial para inflamar a electores desprevenidos, aunado a su creciente uso en la gestión migratoria y la seguridad.
En el caso específico de Colombia, el informe EMLER interpela a las instituciones concernidas, al Movimiento Social Afrocolombiano y a otras partes interesadas a priorizar las medidas de prevención, mitigación y, según proceda, sanción y reparación. La incorporación de la dimensión étnico racial en los contenidos de los cursos de formación a los miembros de la Fuerza Pública, sería un paso hacia adelante.
Ojalá que los casos de Donovan, Rodríguez y Echeverry no queden en la impunidad y que sirva de impulso al esclarecimiento de otros casos, incluido el de Anderson Arboleda, de 19 años quien murió el 21 de mayo de 2020, tras un presunto ataque de miembros de la Policía Nacional, en el marco del control de las medidas de restricciones de circulación de personas con ocasión del Covid 19.
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Acerca del autor
Pastor Murillo
*Miembro del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas. exintegrante de la Comisión de la Organización Panamericana de la Salud sobre Determinantes Sociales de la Salud, fue vicepresidente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas.
5 comentarios






Saludos Pastor me parece muy buena la columna parece que ya a esta fecha se registran otros casos de los que no tengo mucha informacion. Abrazos y para adelante
Constructivo, ilustrador y oportuno informe que pone en contexto las dinámicas sociales, la lucha contra la discriminación racial y el impacto de cualquier forma de violencia sistémica sobre la identidad y la progresividad de los derechos humanos de las comunidades afrodescendientes y colectivos étnicos.
En varias ocasiones he consultado el perfil de X de la exvicepresidenta de Colombia. Al leer los comentarios insultantes y abiertamente racistas que algunos internautas dirigían contra ella por ser una mujer negra, se me erizó la piel. No podía comprender cómo se podía odiar de esa manera a un ser humano cuyo único propósito era existir y participar en la vida pública como cualquier otra persona.
También consulté la cuenta del presidente Gustavo Petro y, para mi sorpresa, no encontré en ella comentarios racistas de la misma intensidad. Esta diferencia me llevó a preguntarme hasta qué punto el racismo dirigido contra la exvicepresidenta estaba atravesado también por el sexismo.
Durante una corta estancia en Bogotá, conocí a muchas personas maravillosas. Sin embargo, también experimenté miradas cargadas de sospecha y desprecio. En cierta ocasión entré en un bar y todos comenzaron a observarme como si mi sola presencia constituyera una amenaza. Algunas de esas miradas parecían reducirme a la imagen de un pordiosero o de un intruso.
Después de leer los hechos descritos por Pastor Murillo, me pregunto si yo, como camerunés negro, podría visitar nuevamente Colombia sin sentir el temor de ser detenido, acosado o considerado sospechoso únicamente por el color de mi piel. El país necesita reformas profundas que permitan prevenir la discriminación racial y sancionar con todo el rigor de la ley los abusos y crímenes motivados por el racismo.
No obstante, la respuesta no puede limitarse al castigo. También es necesario desactivar culturalmente la pulsión racista mediante la educación y el encuentro. Podrían impulsarse programas de intercambio e inmersión que permitan a las personas que manifiestan prejuicios raciales convivir con comunidades de distintos países africanos, no como turistas distantes, sino como vecinos dispuestos a reconocer la humanidad del otro. Llamaría a esta pedagogía del encuentro «la estética de la vecindad».
No es por ser Negra! es por corrupción, ineptitud y falta de liderazgo positivo. Por no luchar por quienes votaron por ella. No convirtamos en fanatismo y discriminación racial , una una inoperancia total!
El abuso policial en la raza negra se ha convertido en un flagelo a pasos vertiginosos, es hora de arrancar de raíz esta práctica en contra de los jóvenes en particular. Muchas gracias Dr Murillo por tan grandiosa columna de opinión -información