
La trampa del cemento: mitos y alternativas a la crisis carcelaria
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La construcción de cárceles constituye una medida costosa, superficial y poco eficaz, que ha demostrado ser deficiente en la práctica. Aunque gran parte de la población pueda creer, de manera intuitiva, que es la mejor alternativa para combatir la criminalidad y se le venda a la ciudadanía como la estrategia definitiva para acabar con los problemas del sistema penitenciario, la propuesta del actual gobierno de ampliar el sistema carcelario desconoce deliberadamente un amplio número de alternativas en materia de política criminal que se han planteado desde hace tiempo y que podrían arrojar mejores resultados.
A pesar de que la evidencia empírica demuestra el fracaso de la cárcel como mecanismo de resocialización y de reducción de la reincidencia, se insiste en su uso porque, detrás de los establecimientos de reclusión y de los servicios que estos requieren, operan grandes incentivos lucrativos e intereses políticos. Por un lado, el gobierno que las promueve gana réditos políticos privando de la libertad a una población mayoritariamente pobre y con bajos niveles de escolarización y, por otro lado, quienes se encargan de edificarlas y de brindarles servicios se lucran del castigo; todo esto en medio de arraigados entramados de corrupción que involucran a políticos, contratistas, directores de centros carcelarios, personal administrativo, empresas privadas, población privada de la libertad y guardia.
La solución a la crisis del sistema penitenciario no puede basarse en la salida reduccionista y superficial de construir más cárceles; requiere acciones coordinadas por parte de los distintos actores involucrados en el diseño e implementación de la política criminal. Reducir la toma de decisiones al Ejecutivo implica desconocer la relevancia del Congreso de la República, de la Rama Judicial, de la Fiscalía, de la Policía, del INPEC y de todas las demás instituciones con representación en el Consejo Superior de Política Criminal, así como de la academia y de la sociedad civil.
A continuación, y con el propósito de pasar del diagnóstico a las propuestas, se expone un conjunto de soluciones —distintas de la edificación de nuevos centros de reclusión— que han sido recomendadas de manera recurrente por expertos en materia político-criminal y que, a pesar de su imperfección, resultan mucho más eficientes y eficaces.
Aunque suene contraintuitivo para algunos, el primer paso para superar la crisis carcelaria no pasa por construir más establecimientos, sino por evitar que las personas lleguen a ellos. Para lograrlo, es necesario transformar el paradigma: reemplazar la perspectiva punitiva y carcelaria por un enfoque preventivo, acompañado de políticas sociales. Hay que atacar la raíz del problema y no limitarse a sus consecuencias. En términos de acciones concretas a corto y mediano plazo, se destacan las siguientes alternativas:
La primera es desincentivar y reducir drásticamente el recurso a la detención preventiva. En Colombia, a julio de 2026, según los últimos datos publicados por el Observatorio de Política Criminal, se encuentran privadas de la libertad en calidad de sindicadas —es decir, sin haber recibido condena— un total de 74.228 personas (el 50,77 % de ellas con medida intramural). Por lo tanto, en lugar de celebrar la construcción de nuevas cárceles para sindicados, como lo hizo Hugo Acero en un reciente artículo en este medio, lo apremiante es dejar de abusar de la detención preventiva.
La segunda consiste en promover y utilizar los mecanismos de justicia restaurativa, terapéutica y transformadora, en lugar de apelar sistemáticamente a la privación de la libertad como vía predilecta para resolver los conflictos sociales. La cárcel ha demostrado ser un mecanismo incapaz de reparar a las víctimas o a las comunidades afectadas por conductas delictivas. Asimismo, urge ampliar y garantizar el uso de subrogados penales y penas alternativas a la prisión, en lugar de insistir en restringirlos.
En Colombia ya se ha dado un gran avance con la Ley 2292 de 2023, conocida como la Ley de Utilidad Pública, que es un mecanismo de justicia restaurativa con enfoque de género que permite sustituir las penas privativas de la libertad por la prestación de servicios comunitarios. Está dirigida específicamente a mujeres cabeza de familia condenadas por delitos como el hurto o delitos relacionados con estupefacientes, cuyas penas no excedan de ocho años. Su propósito central es mitigar el impacto negativo del encarcelamiento en los núcleos familiares y ofrecer alternativas al sistema punitivo tradicional que faciliten la inclusión y la resocialización. Este tipo de iniciativas deberían ampliarse, promoverse y, sin duda, utilizarse para otras poblaciones.

Una tercera alternativa consiste en crear un sistema integral que garantice la atención pública a la población que ha estado privada de libertad. De nada sirve que las personas estudien o trabajen en el interior de los penales si, al recobrar su libertad, no consiguen empleo ni encuentran quién les arriende una vivienda. Contar con antecedentes penales en el país significa, en la práctica, quedar con las manos atadas para la reincorporación social: la mayoría de las empresas privadas les cierran las puertas, los bancos restringen la apertura de cuentas y el propio Estado, como mayor empleador, se niega a contratarlas. Resulta absurdo que el Estado invierta cuantiosos recursos en programas de resocialización para luego negarles oportunidades laborales. Si se busca reducir la población carcelaria, es primordial eliminar las barreras asociadas a los antecedentes penales para desincentivar la reincidencia.
Una cuarta ruta consiste en revisar de manera integral las penas mínimas y máximas previstas en el Código Penal. El endurecimiento punitivo, impulsado por discursos políticos oportunistas, ha provocado un incremento desproporcionado de las sanciones, vulnerando el principio de proporcionalidad. Como resultado, se observa una sobrepoblación penitenciaria y una evidente arbitrariedad sistémica, reflejada en penas desmedidas para delitos de bajo impacto social pero de alta visibilidad mediática, en contraste con conductas de mayor gravedad. Incluso, resulta imperioso avanzar hacia la descriminalización y despenalización de aquellas conductas que, por sus características e impacto social, no deben ser tratadas por el derecho penal ni sancionadas con cárcel.
Finalmente, como quinta línea de acción, se deben implementar medidas estructurales con altas probabilidades de éxito: fortalecer la defensoría pública para garantizar una representación adecuada de las poblaciones vulnerables, aplicar enfoques diferenciales rigurosos en la política criminal y diseñar estrategias basadas en evidencia empírica y no en prejuicios.
En los próximos meses, el Consejo Superior de Política Criminal deberá definir los lineamientos rectores para los próximos años. Veremos entonces si sus integrantes se dejan seducir por los intereses políticos del Ejecutivo y las presiones corporativas de quienes lucran con la construcción de cárceles, o si, por el contrario, impulsan una política criminal sensata que responda de manera estructural a la crisis del país.
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Acerca del autor

Nicolás Santamaría
*Politólogo, Magíster en ciencia Política y Doctor en derecho. Director de Crimia: Investigación y acción en política criminal, sistema penal y sistema penitenciario. Integrante del Grupo de Investigación en Prisiones, Política Criminal y Seguridad Ciudadana de la Universidad de los Andes. Profesor universitario de criminología y de métodos de investigación.
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