La situación social y ambiental que se vive en Los Pozos es insostenible, porque Colombia ni siquiera hace que la empresa china respete las leyes de su propio país —o, por lo menos, las leyes de Colombia—.
Margarita Flórez*
El conflicto
En la madrugada del 2 de marzo, unos manifestantes, miembros de la guardia campesina, atacaron a un grupo de policías que custodiaban una petrolera. La confrontación, acompañada por bombas incendiarias, dejó dos muertos y varias personas gravemente heridas.
La situación que se presentó en Los Pozos, Caquetá, es un conflicto socioambiental que surge desde el comienzo de las actividades petroleras en ese territorio. Pudo no haber escalado, o por lo menos no hasta el nivel que alcanzó, si previamente hubieran concurrido al menos dos factores:
- La adopción y aplicación de normas sociales y ambientales que enmarcaran las actuaciones de las empresas chinas en el interior del país, y
- La correcta y justa sanción que no se hizo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en la década pasada, a causa del incumplimiento de sus obligaciones.
Las instrucciones de China a sus empresas
China intentó promover una serie de directrices sociales y ambientales, pero en Colombia no fueron tenidas en cuenta. Estos lineamientos fueron una guía para que las empresas previnieran y disminuyeran los riesgos ambientales.
En efecto, los “Lineamientos sobre Protección Ambiental en Inversión y Cooperación en el Extranjero”, publicado en 2013, insta a las compañías a que adopten las medidas chinas en sus prácticas, y así cumplir la responsabilidad social en materia de protección ambiental y desarrollo sostenible.
El informe citado concluye que China no ha logrado cumplir ninguna de las seis recomendaciones que voluntariamente aceptó en el Examen Periódico Universal (EPU) de 2018. Esta conclusión es preocupante en vista del papel preponderante que ha adquirido China en la última década y el alto número de proyectos que adelanta en América Latina, especialmente en países como Colombia.
Las directrices subrayan la importancia de monitorear de manera permanente los impactos de las actividades ambientales. Es decir, investigar sobre la debida diligencia de las operaciones en actividades petroleras, contaminación de aguas subterráneas y pasivos ambientales, así como diseñar planes de manejo de crisis.
Posteriormente, en 2022, se promulgaron las “Directrices para la Protección del Medio Ambiente Ecológico de Proyectos de Construcción de Inversión Extranjera y Cooperación”, las cuales, en concepto de especialistas, no avanzaron mucho aunque entre uno y otro documento pasó una década.
En últimas, las autoridades ambientales tratan de reducir los riesgos en proyectos petroquímicos e impedir la construcción de carreteras por hábitats o territorios de reservas naturales. Por eso, en el que caso de que los lineamientos de China fueran más estrictos que los del segundo país —en este caso Colombia—, deberían prevalecer los chinos.
En esta misma línea, de la Circular para Regular la Inversión Extranjera y la Cooperación de Empresas Chinas de 2018, se puede destacar el numeral 3: Sistema de responsabilidad. El numeral estipula que la supervisión permanente por parte de las empresas y autoridades chinas competentes debe ser adelantado de tal manera que permitan gestionar las disputas, como el caso que nos ocupa.
Además, la responsabilidad aumentaría cuando se trate de empresas de propiedad estatal del gobierno central, pues se consideran “son la columna vertebral de la inversión y la cooperación extranjera”.
Quejas a oídos sordos
Ahora bien, el escaso conocimiento y la deficiente aplicación de estas directrices chinas, así como la vulneración de derechos ambientales y de las comunidades, llevó a que la Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca amazónica (COICA) presentara en el 2018 un informe sobre la vulneración de los derechos humanos en las operaciones de las empresas chinas en países amazónicos, respaldado por un conjunto de organizaciones.
Ejercicio similar se adelantó por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), junto con las organizaciones International Service for Human Rights (ISHR) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), quienes presentaron un ‘Informe de medio plazo’ sobre la implementación por el gobierno chino de recomendaciones con relación a sus obligaciones internacionales en el ámbito de las actividades de empresas chinas en Latinoamérica.
Este colectivo que reúne al sector académico y de ONG, después de una investigación en 26 casos de los sectores minero, hidroeléctrico, petrolero en Argentina, Bolivia, Perú, México, Ecuador, Colombia y Venezuela encontró que los proyectos afectan ecosistemas estratégicos, que existen patrones de abusos de derechos humanos y violación al derecho a vivir en un ambiente sano, y derecho a la participación y consulta. También se denunciaron los desplazamientos forzados.
El informe citado concluye que China no ha logrado cumplir ninguna de las seis recomendaciones que voluntariamente aceptó en el Examen Periódico Universal (EPU) de 2018. Esta conclusión es preocupante en vista del papel preponderante que ha adquirido China en la última década y el alto número de proyectos que adelanta en América Latina, especialmente en países como Colombia.
Al respecto, en un documento preliminar de Ambiente y Sociedad, David Cruz señala la importancia de China en Colombia, pues hoy se ha convertido en el segundo socio comercial y ocupa un lugar preponderante en los sectores de hidrocarburos, infraestructura, energía y agricultura.
Pero estos ejercicios tuvieron poca eficacia porque no se dispone ni siquiera de canales precisos para dirigir las peticiones. Algunos proyectos dicen no poder publicar información y no se encontró ninguna empresa proactiva en cuanto al suministro de datos.
Incumpliendo las leyes colombianas
Por su parte, Karla Díaz, en un artículo publicado en 2019, hace énfasis en los desafíos de asumir nuevos compromisos frente al aumento de la oferta de hidrocarburos en el piedemonte amazónico, particularmente por los incumplimientos de la empresa Emerald Energy de las obligaciones contenidas en la licencia ambiental en los Pozos.
Ante el caso OMBÚ resulta difícil comprender la función de la autoridad ambiental, en un proceso que debería implicar decisiones claras y contundentes para que las comunidades puedan tener certezas, independientemente de si se ajustan o no a sus pretensiones.
Del resumen de actuaciones surtidas hasta 2019, encontramos falta de datos sobre las mitigaciones o compensaciones por uso de agua, posibles errores en las coordenadas que conducirían a actividades por fuera de las áreas sustraídas, y falta de reutilización de aguas industriales.
Esta serie de procedimientos, a veces contradictorios entre sí, envían mensajes poco claros a las comunidades afectadas por la explotación y alimentan caminos tortuosos para reivindicar sus derechos.
De hecho, se produjeron afectaciones importantes a la fauna y flora del lugar, por lo cual se ordenó iniciar otro proceso sancionatorio.
En resumen, hay un incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y los informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), no brindan información suficiente sobre el estado de los recursos implicados en la explotación.
Esta serie de procedimientos, a veces contradictorios entre sí, envían mensajes poco claros a las comunidades afectadas por la explotación y alimentan caminos tortuosos para reivindicar sus derechos.
Debo añadir que, antes del trágico desenlace, hubo interés por parte de miembros de la comunidad, de autoridades, de concejales por conocer a fondo el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por la empresa, pero dichas solicitudes tuvieron una respuesta parcial, incompleta e inconclusa.
Desconcierta por eso que mientras se imponen multas a la empresa, posiblemente recaudadas, falten remedios para las causas de la sanción, y acto seguido, se proceda a ampliar el área para avanzar en la exploración. A esto se suma que el incumplimiento de lo dispuesto en el conjunto de directrices, circulares y lineamientos ambientales, se alejaría del panorama esperanzador sobre las aspiraciones del gobierno chino y la protección ambiental.
Lamento el condenable desenlace ocurrido en San Vicente del Caguán, sector de Los Pozos, que dejó dos muertos: uno de la fuerza pública y otro de parte de los campesinos, en uno de esos trágicos empates del juego de la muerte que no acaba. A sus familias ofrezco todo el respeto.
