La constituyente de Petro: el mito, la maniobra y el vacío

La Constituyente de Petro es una idea absurda: jurídicamente inviable, históricamente falsa, políticamente suicida y altamente oportunista.

La irrealidad del mito 

La estupidez fundamental del sistema jurídico colombiano es la idea del pueblo como constituyente primario que establece el artículo 3º de la Constitución. 

Nuestra H. Corte Constitucional ha tomado tan a pecho esa estupidez —“La soberanía reside exclusivamente en el pueblo” —que de manera repetida ha declarado que el Congreso no puede “sustituir materialmente” la Constitución ni puede convocar un referendo que la sustituya, porque solo el pueblo soberano tiene el poder de hacerlo (lo dijo en especial en la sentencia C-551 de 2003). 

El pueblo es soberano, pero el pueblo no existe. Existen individuos, como usted o como yo, o como muchos otros individuos. El pueblo no es una realidad: es una construcción conceptual, vale decir, es un mito.  

Y es porque el edificio entero de la civilización se levanta sobre la base de unos mitos que son falsos y sabemos que son falsos, pero son necesarios para la convivencia. El mito del pueblo soberano es uno de estos mitos —pero con esto no deja de ser un mito—.

La legitimidad de una Constitución en realidad depende de que sea aceptada independientemente de su origen (la tesis realista), o de que permita realizar ciertos valores, como la convivencia, que se tienen por válidos (las tesis axiológicas). El mito de la soberanía popular se limita a reiterar que la Constitución vigente es legítima.

Referendo telepático 

Por creer que ese mito es realidad ahora estamos navegando en el mar de las babas: el presidente, sus ministros y sus doctos juristas buscan el modo para que el pueblo de manera espontánea diga la última palabra sobre la Constituyente. 

Yo les tengo la fórmula: no es sino que a millones de personas se le ocurra al mismo tiempo que sería bueno convocar esa Asamblea sin que haya promotores de la idea, propaganda, campaña, ni comunicación distinta de la telepática. Esa sería la voz del pueblo soberano. 

Inclusive se me ocurre una fórmula más práctica: que el pueblo soberano aprenda ventriloquía y exprese su voluntad por medio de doctor Petro. Esta es la filosofía política que el actual presidente aprendió de leer tantos autores sin entender a ninguno.  

Las variantes    

Pero como el pueblo no es ventrílocuo ni habla telepáticamente, hay que inventarle una voz y un mecanismo para hacerla oír.

—Una fórmula estúpida es la de Álvaro Leyva, según la cual el Acuerdo de La Habana como parte del “bloque de constitucionalidad” puede invocarse para cambiar el resto de la Constitución. Pues no: el Acuerdo de La Habana dice y repite que lo acordado no modifica la Constitución.

—Otra fórmula estúpida es la del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, según la cual ocho millones de firmas espontáneas convocarían la Constituyente. Pues no: esas firmas se limitarían a pedir que el Congreso expida la ley que convoque esa Asamblea.

—La fórmula más tropical es del ministro Benedetti, que por supuesto entusiasma al presidente Petro: que el pueblo meta una “octava papeleta” en las próximas elecciones parlamentarias. Como esta estupidez es más divertida, en lo que sigue hablaré de ella exclusivamente.           

Jurídicamente absurda

La Constitución de 1991 establece procedimientos explícitos para reformarla, y también establece los mecanismos de participación popular. Ni uno solo de esos procedimientos permite que alguien introduzca una papeleta en las urnas para consultar lo que se le haya ocurrido: ni el presidente, ni algún partido político, ni un grupo de ciudadanos puede autorizar el uso de un pedazo de papel sin validez ninguna. 

La papeleta que propone Petro no tiene ningún efecto jurídico. No puede ser reconocida por la Registraduría, no puede ser contabilizada por el Consejo Nacional Electoral y no podría producir consecuencias normativas de ningún tipo. 

El presidente lo sabe, y también sabe que después del decretazo sobre la consulta laboral no puede volver a desafiar la ley. Por eso ahora sugiere que la papeleta se introduzca como iniciativa «espontánea» de los ciudadanos. ¿Espontánea?

El efecto, si acaso, sería político. Pero tampoco está claro qué diría la papeleta, quién la imprimiría, dónde se distribuiría, quién contaría los votos, ni cuál sería la mayoría necesaria. Tampoco está claro si la papeleta se referiría a convocar una Constituyente en abstracto o a una Constituyente con reglas específicas. 

En todo caso, esa Constituyente solo podría convocarse mediante una ley aprobada por mayoría absoluta en el Congreso o, estirando las leguleyadas, mediante un decreto legislativo de emergencia declarado exequible por la H. Corte Constitucional. Pero ninguna de esas rutas tiene hoy viabilidad. 

El mal uso de la historia

Para justificar su ocurrencia, el presidente invoca la llamada «séptima papeleta» de 1990. Lo que no dice es que aquella papeleta tampoco tenía valor jurídico y que los votos que supuestamente recibió ni siquiera fueron contabilizados. 

La séptima papeleta fue un gesto simbólico que tuvo repercusión debido a la crisis sin precedentes que vivimos a raíz de: 

• El asesinato de Luis Carlos Galán que tuvo lugar el 1989, a pocos meses de las elecciones que iba ganar con toda seguridad; 
• La guerra declarada por Pablo Escobar contra las más altas figuras del gobierno y la política, con bombas, asesinatos y sobornos a la vista de todos, y
• El descrédito absoluto de los dos partidos tradicionales, hundidos en la corrupción, el clientelismo y la complicidad con las mafias.

La idea de la papeleta fue respaldada por muchos sectores, y el presidente Barco autorizó que fuera contabilizada mediante el decreto de Estado de Sitio 927 de 1990. Utilizando una leguleyada del entonces joven Manuel José Cepeda en su tesis de grado, la H. Corte Suprema decidió brincar por encima del artículo 218 de la Constitución, que decía: “La Constitución sólo podrá ser reformada por un Acto Legislativo, discutido primeramente y aprobado por el Congreso en sus sesiones ordinarias; publicado por el Gobierno, para su examen definitivo en la siguiente legislatura ordinaria; por ésta nuevamente debatido, y, últimamente, aprobado por la mayoría absoluta de los individuos que componen cada Cámara”. 

Esa violación flagrante de la Constitución por parte de la Corte Suprema fue el famoso “golecito” que avaló el supuesto liberal y jurista Horacio Serpa, entonces ministro de Gobierno, y que dio origen a la Constituyente del 91. 

También es falso que el M-19 haya convocado la Constituyente. Dice Petro en Una vida, muchas vidas que «el nuevo documento [firmado por Pizarro y Barco] tenía un solo objetivo: que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente», y que «el final de nuestra insurgencia desembocó en una Constituyente». Pero el Acuerdo Político Final del 9 de marzo de 1990 entre el gobierno Barco y el M19 decía textualmente: “Mediante los mecanismos ordinarios de Reforma Constitucional o mediante convocatoria del Constituyente Primario, Plebiscito, Referéndum o Asamblea Constituyente fortalecer la legitimidad institucional y la aprobación de materias necesarias para la consecución de la paz”. La Asamblea era una entre otras varias fórmulas que por entonces flotaban en el aire, y la Constituyente había sido promovida por López Michelsen, por Turbay Ayala, por Lleras Restrepo, por Álvaro Gómez, por Misael Pastrana, por los estudiantes, por el propio Pablo Escobar para eliminar la figura de la extradición, y por los ministros Fernando Cepeda (comunicaciones) y César Gaviria (gobierno) —y, claro está, por el presidente Barco.

Barco no podía comprometerse a convocarla, y el M-19 obtuvo 19 de los 72 escaños en la Asamblea precisamente porque había renunciado a la violencia: la supuesta victoria del M19 se debió a que había dejado de ser el M19.  

Un gran salto al vacío

Una Asamblea Constituyente se convoca cuando hay una ruptura institucional o cuando el sistema jurídico vigente ha dejado de ser legítimo. No se convoca por capricho, ni por frustración, ni mucho menos para insistir en que se cumpla lo que ya existe.

Petro dice que la Constitución de 1991 no se ha cumplido, y por eso propone convocar una Asamblea para reafirmarla. Es decir: propone una Constituyente para hacer valer la Constitución que está vigente. Cambiar la Constitución para cumplirla es como derribar la casa para obligarse a vivir en ella, es una idea digna del manicomio.

Pero además de ser estrafalario, este razonamiento es peligroso. La Constituyente podría decidir cualquier cosa: suprimir la Corte Constitucional, limitar los derechos fundamentales, cambiar el régimen económico, reelegir al presidente o sustituir al Congreso. Nadie sabe para qué sería, ni qué haría, ni quiénes la integrarían…

… Ahí nada más está el ejemplo de la Constituyente de Chávez en 1999, que puso patas arriba a Venezuela o, para no buscar afuera, está el ejemplo de la Asamblea Nacional Constituyente que se inventó Rojas Pinilla en 1954. 

Y falta lo peor. En Colombia hay suficientes irresponsables, soñadores y megalómanos como para subirse al tren de una nueva Constitución: ya el presidente y los precandidatos han comenzado a hablar de reelección, de regla fiscal, de prolongar el período presidencial, de la elección de magistrados, del régimen territorial, de la autonomía del Banco de la República… en fin, de un nuevo salpicón de ideas que solo Dios (si existe) sería capaz de decir a dónde nos conducen.   

Una jugada suicida

Y sin embargo Dios diría que, si la jugada de Petro llegara a prosperar, lo más probable es que le salga el tiro por la culata: las encuestas de opinión dicen sin duda que la izquierda o el petrismo no tendrían mayoría en la Constituyente. 

El resultado no sería ratificar la Constitución del 91 sino desbaratar el “Estado social de derecho” que, según el uribismo, es “el esperpento que está destruyendo a Colombia” (la frase es del primer ministro de Gobierno de Álvaro Uribe, Fernando Londoño Hoyos).

Ya lo vimos en Chile, donde la Constituyente de Boric —legítima, democrática y participativa— fracasó estrepitosamente porque el pueblo prefirió la Constitución de Pinochet.

La estrategia del legado

Lo que Petro está buscando es una coartada para mantener su vigencia como expresidente. 

Petro sabe que su gobierno ha fracasado en casi todo, que su coalición está rota, que sus reformas están empantanadas, que su popularidad está disminuyendo y que su tiempo se agota. Entonces lanza la idea de una Asamblea para mantener viva la ilusión de un «pacto histórico» y para dejar sembrada una bandera que otros puedan recoger. 

La Constituyente se convierte así en un mecanismo de escape, en una plataforma de campaña, en un discurso de resistencia, en un pretexto para denunciar a quienes se le oponen, para movilizar a su base.

La «octava papeleta» es una fantasía. No tiene sustento jurídico, no tiene respaldo histórico, sería un disparo en el pie del presidente que hundiría la Carta del 91, y no tiene propósito político sino aventurero. El presidente sabe que no puede reelegirse, pero quiere dejar una plataforma para seguir siendo protagonista de nuestra vida política. 

La Constituyente es una herramienta seria, riesgosa, poderosa, que solo debe usarse cuando el pacto social ha sido roto y cuando el pueblo debidamente convocado esté listo para renegociarlo. 

Pero el país no está para delirios fundacionales. Está para cumplir la Constitución que ya tenemos y cuyo cumplimiento fue la promesa principal del gobierno del cambio.

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