Ana Patricia Pabón, autor en Razón Pública
Foto: Gobernación de Antioquia

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El panorama sobre las violencias contra mujeres y niñas en Colombia sigue siendo alarmante ¿Cuáles son los retos y cuáles las medidas adecuadas para hacerles frente?

Ana Patricia Pabón*

Un punto de partida­

Proponer un balance sobre las violencias contra mujeres y niñas en Colombia durante el 2022 es una tarea difícil. Para su comprensión se deben revisar muchas dimensiones, pues no pueden quedarse en las cifras o en el diagnóstico de los errores que siempre se reproducen, y que parecen tolerar y normalizar este fenómeno global.

A riesgo de dejar muchos cabos sueltos, sugiero aquí elementos para este balance con la intención de plantear retos para el 2023. El punto de partida es el cierre de este año, pues durante estos doce meses aumentaron los casos de violencias contra mujeres y niñas.

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Los rostros de las víctimas

Los sistemas de creencias, mandatos, estereotipos y expectativas de rol marcan cómo se identifican las personas sobre la base de su sexo como condición biológica, su género y su orientación sexual y afectiva. No comportarse como se espera da lugar a prejuicios y valoraciones negativas que causan discriminación y violencias contra mujeres, niñas, personas con diversidad sexual y masculinidades no hegemónicas.

En el establecimiento de esos sistemas ligados al sexo-género se construyen las relaciones que dominan la sociedad capitalista, la racionalidad colonial que aún hoy persiste y que define condiciones de inequidad para cuerpos racializados, y la influencia de las relaciones de poder de origen patriarcal.

Estas construcciones hacen que las mujeres, sus cuerpos y las identidades femeninas vivan en desventajas basadas en el sistema sexo-género, además en su pertenencia a una etnia, grupo, clase social, origen nacional y familiar, ideología política o religiosa, rasgos identitarios, entre otras condiciones.

Foto: Alcaldía de Medellín - Este año el Ministerio de Educación ordenó a las Instituciones de Educación Superior la creación de protocolos para manejar las violencias basadas en género.

Los sistemas de creencias, mandatos, estereotipos y expectativas de rol marcan cómo se identifican las personas sobre la base de su sexo como condición biológica, su género y su orientación sexual y afectiva. No comportarse como se espera da lugar a prejuicios y valoraciones negativas que causan discriminación y violencias contra mujeres, niñas, personas con diversidad sexual y masculinidades no hegemónicas.

Bajo estos supuestos se puede comprender el estado de cosas ─que es una decisión que la Corte Constitucional adopta cuando hay una violación masiva y recurrente de los derechos fundamentales de cierta población─ de las distintas formas de violencias basadas en el sistema sexo-género.

Mujeres y niñas son las principales víctimas de violencia psicológica y física en todas sus manifestaciones, entre ellas la sexual, reproductiva y ginecobstétrica. Tienen lugar en espacios intrafamiliares e institucionales; a través de manifestaciones de acoso en el lugar de estudio y de trabajo; por medio de violencias económicas y políticas, entre otras, que las conducen a su muerte simbólica y física, como el feminicidio.

Todos estos tipos de violencia están marcados por un aumento en los casos frente al año anterior, además de demostrar la debilidad del sistema estatal y social para contrarrestarlos.

El Derecho Convencional y Nacional estableció medidas para corregir la violencia de género, y se demuestra que las victimas tienen nombres de mujeres y niñas. Así, La Convención de Belém do Pará identifica a las violencias basadas en el género como una violación de derechos humanos, que tiene una gran magnitud y que debe ser abordada como un problema de salud pública, de seguridad y de justicia.

Como se mencionó, las violencias basadas en género se establecen por la valoración social y simbólica hacia lo femenino. Esto se intensifica con las desventajas económicas y jurídicas que dan continuidad a la subordinación en distintas esferas de lo privado y lo público. El rechazo y representación negativa de lo femenino ha colonizado distintos espacios de la vida, esto agrava las situaciones de injusticia.

¿Qué se ha hecho en el 2022 respecto de la violencia?

Es responsabilidad del Estado Colombiano prevenir, castigar y eliminar la violencia en todas sus formas contra las mujeres y niñas. Las medidas adoptadas deben ser evaluadas en función de estas tres acciones; simplemente incluir medidas sancionatorias no es suficiente si no se mejora la prevención o si los índices de impunidad persisten.

Por ejemplo, durante el presente año se aprobó la Ley 2015 de 2022, que establece la creación de Casas de Refugio. Esta medida de protección y atención para mujeres víctimas de violencia y sus familias se propuso desde el 2008, pero hasta ahora no se había puesto en marcha. La finalidad de las Casas de Refugio es proteger a las mujeres víctimas de violencia y a las personas a su cargo.

Por su parte el Ministerio de Educación ha emitido la resolución 014466 del 25 de julio de 2022, que ordena a las Instituciones de Educación Superior a crear protocolos para prevenir, atender y sancionar las violencias basadas en género.

Estas medidas regulativas se añaden a las normas existentes que establecen acciones específicas para las autoridades del Estado. La entrega de subsidios de vivienda (Ley 2172 de 2021) o la creación de alertas tempranas (Ley 2137 de 2021) para atender a las sobrevivientes de violencia, entre otras.

En un país en el que el conflicto armado interno ha intensificado la violencia, y las condiciones socioeconomías la reproducen, sabemos que la regulación es apenas un paso para abordar su profundidad. Los resultados de las medidas con un enfoque de género diferencial acordadas en los acuerdos de paz demuestran un bajo nivel de implementación.

Retos para afrontar el aumento de violencias

Se pueden mencionar algunos desafíos en el panorama de este año frente al aumento en los niveles de violencias durante el confinamiento y la pandemia, pues contrario a lo que se esperaba, no disminuyeron.

Consolidación de cifras: hay subregistros y casos no denunciados. Es esencial contar con sistemas de registro y recopilación de información para entender el fenómeno de las violencias, identificar vacíos en los sistemas de atención, llamar la atención sobre los hechos y dar prioridad a la atención.

Un ejemplo de la importancia de este proceso es el de la violencia contra las mujeres en educación superior. Las denuncias de grupos de defensoras de derechos en las universidades y organizaciones de mujeres han llevado a la exigencia de caracterizar y registrar la violencia.

Así pues, la denuncia de un caso de violencia en la Universidad Nacional de Colombia inspiró a otras estudiantes de distintas instituciones a hacer denuncias. Uno de los principales desafíos es la falta de consolidación de cifras en feminicidios, lo que revela otros problemas.

Es responsabilidad del Estado Colombiano prevenir, castigar y eliminar la violencia en todas sus formas contra las mujeres y niñas. Las medidas adoptadas deben ser evaluadas en función de estas tres acciones; simplemente incluir medidas sancionatorias no es suficiente si no se mejora la prevención o si los índices de impunidad persisten.

Formación de funcionarios: pese a los esfuerzos para regular la prevención, atención y sanción de la violencia, la impunidad sigue siendo una plaga. Es necesario mejorar la formación de funcionarios en todos los niveles de atención.

Coordinación entre las autoridades responsables de la atención: muchas mujeres no llegan a denunciar o son enviadas de un lugar a otro sin recibir atención. El Estado tiene dependencias en diferentes órdenes territoriales, es necesario que las acciones de las instituciones estén coordinadas para no desalentar la denuncia, brindar respuestas efectivas y evitar la revictimización y la violencia institucional.

Voluntad política y económica para el cumplimiento de lo preceptuado por el ordenamiento jurídico: contamos con un sólido sistema de medidas regulativas, muchas de las cuales requieren la decidida acción de las autoridades y una financiación efectiva para llevarlas a cabo. El bajo cumplimiento de las medidas de género del acuerdo de paz lo demuestra.

La inclusión de la voz de las mujeres y las organizaciones sociales: en todos los procesos de diseño de políticas y medidas de atención y prevención de violencias es crucial contar con la experiencia de las mujeres para comprender los daños, mecanismos de reparación y prevención.

Educación y formación para la prevención, detección y transformación: para eliminar las violencias contra las mujeres, que se basan en sistemas de creencias, estereotipos, perjuicios y expectativas de rol, es necesario discutir y deconstruir dichos sistemas de valores. De lo contrario, cualquier otro esfuerzo será apenas paliativo: tratar de contener y atender la violencia en vez de transformarla.

Cumplir con el derecho de las mujeres y niñas a vivir libres de violencia no requiere únicamente medidas correctivas, implica incluir también acciones transformativas. Estas acciones no dependen solo del Estado, sino también de que la sociedad, los grupos e individuos hagan esfuerzos por relacionarnos de manera diferente.

Significa que ninguna niña tenga miedo de ser acosada en la escuela, que ninguna joven tenga temor de ser agredida en el pasillo de su universidad, que ninguna mujer tenga que huir de la oscuridad en la calle, que no querer seguir en una relación no nos cueste la vida o que el personal de salud no agreda a quienes buscan servicios de interrupción voluntaria del embarazo.

La sororidad, solidaridad, empatía y reconocimiento deben ser normas sociales que promuevan espacios de dignidad. Mientras tanto, la resistencia, la denuncia y la exigibilidad de los derechos deben mantenerse.

Le recomendamos: La agenda de mujeres, paz total y seguridad humana

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Ana Patricia Pabón

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Ana Patricia Pabón

*Abogada y filósofa, doctora en Derecho, magister en Hermenéutica Jurídica, especialista en Docencia Universitaria y miembro del grupo de investigación de Teoría del Derecho y Formación Jurídica y de la Red de mujeres constitucionalistas de América Latina.

Foto: Radio Nacional

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En las últimas semanas aumentaron los casos de violencia y abuso sexual contra las mujeres; por eso el Estado debe encontrar el modo de transformar la cruda realidad que viven.

Ana Patricia Pabón*

Siete.

Siete soldados.

Siete soldados uniformados.

Siete soldados uniformados y armados.

Una niña indígena de trece años.

Una niña indígena.

Una niña.

Una.

La violaron.

Siete y más veces.

Ellos.

Siete contra una.

Por ahora

ella

es la única condenada.

Juan Mosquera Restrepo

Los casos más visibles

Jineth Bedoya sufrió tortura y violencia sexual mientras ejercía su labor como periodista. Desafortunamente, ella tuvo que acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ante la ausencia de garantías judiciales en el Estado colombiano para sancionar a los responsables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano después de 20 años de la denuncia.

El caso de Bedoya es una radiografía de lo que pasa con las personas sobrevivientes de violencia sexual en Colombia cuando acuden a buscar justicia, protección y restablecimiento de derechos.

Al revisar la literatura académica se puede observar el resultado de múltiples investigaciones en materia de violencia sexual. Se han estudiado sus causas y efectos dañinos, se ha evaluado la ineficacia del derecho penal en el marco de las instituciones, donde revictimizan y la impunidad está a la orden del día.

Se han evaluado las acciones emprendidas por parte del Estado para prevenir, sancionar y erradicar esta forma de violencia. Se han sugerido propuestas, diseñado estrategias, construido rutas y protocolos. Sin embargo, la pregunta no deja de ser por qué no han disminuido los casos de violencia.

Aunque existan desacuerdos frente a cifras, en especial por el subregistro y criminalidad oculta, las mujeres y niñas son las principales víctimas de violencia sexual en el mundo. Esta situación ha obligado a que los países intensifiquen las acciones a través de los mecanismos de control, pero las prácticas siguen siendo insuficientes.

Foto: Alcaldía de Bogotá - La pregunta es: ¿qué acciones emprenderá el Estado para prevenir y erradicar la violencia sexual?

Lea en Razón Pública: Denuncias públicas de violencia sexual: ¿justicia o linchamiento?

La cosificación de la mujer

Para analizar la violencia sexual es necesario pensarla con la luz del enfoque de género. Si no se reconocen las relaciones asimétricas de poder que se originan en el sistema sexo-género, será muy difícil comprender lo que sucede alrededor de la violencia sexual.

La violencia sexual es un arma de guerra en los territorios donde se vive el conflicto armado, está presente en la esfera de lo doméstico, en las instituciones educativas y prestadoras de servicios de salud, en el lugar de culto religioso, en los escenarios deportivos, en las calles de las ciudades y en los caminos veredales.

Sin embargo, hay que entender que es perpetrada por personas, no por monstruos salidos de relatos de terror.

Muchas veces se construyen representaciones que culpan a las víctimas por el lugar en el que se encontraban, por no defenderse, por usar cierta ropa o actuar de alguna manera. Llegan al punto en el que algunas víctimas creen que son responsables de la violencia que padecieron.

La violencia sexual colonizó todos los espacios hasta el punto de permear también las instituciones encargadas de prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Cuando el Colectivo Las Tesis afirma “el Estado opresor es un macho violador” y “el violador eres tú” denuncia este hecho.

A través de este tipo de iniciativas, al igual que de movimientos como #cuéntalo o #metoo se configuró un gran llamado para sacar del silencio la violencia sexual. Hoy contamos con categorías de análisis precisas para cuestionar cómo tiene que juzgar un tribunal del Estado.

El caso de La manada, en España, es un buen ejemplo. En primera instancia el Estado determinó erróneamente que la violencia sexual de cinco hombres contra una mujer no era una violación sino un abuso sexual. Pero el mandato social obligó al Estado a revisar el caso.

Por el momento necesitamos más acciones para situar la discusión sobre las causas de la violencia y promover acciones para transformar el contexto reproductor de violencias.

En la actualidad vemos que cada vez que sucede un caso de violencia sexual y se hace visible, las páginas de los diarios, las imágenes en televisión y las voces en la radio se colman de rechazos a las violencias sexuales. Sin embargo, es difícil identificar cuáles acciones transformativas surgen cuando la marea informativa baja y se instaura nuevamente el silencio.

La semana pasada la violencia contra una estudiante universitaria nos recordó el caso de Rosa Elvira Cely. Empero, si recorriéramos las noticias podríamos encontrar infinidad de casos indignantes, en donde el abordaje a ellos arriesga que se naturalicen, neutralicen e insensibilicen cada una de estas agresiones.

Nuevas perspectivas

La pregunta es: ¿qué acciones emprenderá el Estado para prevenir y erradicar la violencia sexual? Primero, comenzar a entender que las acciones de prevención deben dejar de estar centradas en recomendaciones para las mujeres. Las mujeres no son las perpetradoras, por lo que no pueden evitar la violencia.

Claro, deben ser acciones que hagan cuestionar a todos los sistemas y personas sobre los imaginarios, expectativas y mandatos de género. Hoy el Estado debe entender que ya existen instrumentos legales que obligan a iniciar acciones transformativas, como es el caso del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que emprende la formación para niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos desde la equidad de género.

La discusión y formación sobre todo tipo de violencia, en especial la sexual, debe colonizar todos los espacios de la vida cotidiana por tratarse de un problema fundamental que viola los derechos humanos.

La violencia sexual es un arma de guerra en los territorios donde se vive el conflicto armado, está presente en la esfera de lo doméstico, en las instituciones educativas y prestadoras de servicios de salud, en el lugar de culto religioso, en los escenarios deportivos, en las calles de las ciudades y en los caminos veredales.

La violencia sexual debe ser abordada como un problema de salud pública y de formación en derechos humanos en todos los niveles sociales e institucionales.

El analfabetismo social en materia de violencia sexual permite su reproducción, del mismo modo que el analfabetismo social en materia de equidad de género es una barrera para erradicar las distintas formas de violencia que viven mujeres y niñas, hombres con masculinidades no hegemónicas, personas con identidades y expresiones de género  no hegemónicas y con orientaciones sexuales diversas.

Las sanciones llegan cuando las violencias ya se han perpetrado, por eso la erradicación requiere invertir más esfuerzos en transformar creencias, en quemar el silencio frente a las violencias y en construir otras formas de relacionarnos en donde la violencia sexual no sea normal ni, peor aún, se minimice.

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Ana Patricia Pabón

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Ana Patricia Pabón

*Abogada y filósofa, doctora en Derecho, magister en Hermenéutica Jurídica, especialista en Docencia Universitaria y miembro del grupo de investigación de Teoría del Derecho y Formación Jurídica y de la Red de mujeres constitucionalistas de América Latina.

Foto: Facebook: Causa Justa - El 16 de septiembre del 2020 se interpuso la demanda, posteriormente se dio lugar a las intervenciones ciudadanas y a la recepción de conceptos de expertos para que con sus argumentos a favor y en contra se ilustrara al auditorio.

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La decisión de la Corte está respaldada por diversas áreas del conocimiento y busca proteger los derechos de la mujer y de la vida en gestación.

Ana Patricia Pabón*

Opiniones divididas

En 1993, el filósofo norteamericano Jhon Rawls formuló el siguiente interrogante: ¿Cómo es posible que pueda existir una sociedad estable y justa de ciudadanos libres e iguales profundamente dividida por doctrinas religiosas, filosóficas, morales y razonables, pero incompatibles entre sí? Esta pregunta sigue siendo pertinente para reflexionar sobre cuestiones divisivas como la legalización del aborto.

El reciente fallo de la Corte Constitucional, que faculta a mujeres y niñas a interrumpir la gestación de forma voluntaria hasta la semana 24 y mantiene la sanción penal después de esta fecha, salvo en los casos amparados por las tres causales que existían previamente, ha generado todo tipo de reacciones. Algunos celebran el fallo, otros señalan que es necesario lograr la despenalización total y otros creen que se trata de una decisión equivocada.

También hay personas que afirman que la Corte Constitucional no es el ente encargado de tomar esta decisión. Lo que olvidan es que el juez constitucional constituye un órgano de contrapeso que busca garantizar que el legislador no se extralimite en su potestad de configuración legislativa.

La labor de la Corte

Excluir una regla del derecho legislado es la función natural de la Corte Constitucional. En cado proceso de revisión de constitucionalidad, la Corte realiza un ejercicio de deliberación y de razón pública, siguiendo al mismo Rawls. Los debates de la Corte son legítimos siempre y cuando eviten argumentos poco sólidos que contengan sesgos religiosos, políticos o de una moral particular que impidan llegar a un consenso razonable.

Quizás más personas reconocen que, si bien la interrupción del embarazo es indeseable, también es indeseable que las mujeres vayan a prisión por abortar.

La demanda que logró el fallo en cuestión se interpuso el 16 de septiembre de 2020. Posteriormente, tuvieron lugar las intervenciones ciudadanas y la recepción de conceptos de expertos que buscaban ilustrar al auditorio. Finalmente, luego de resolver asuntos procesales como recusaciones contra magistrados e impedimentos, la mayoría votó a favor de la exequibilidad condicionada.

Contrariamente a lo que creen algunas personas, numerosos estudios indican que la percepción favorable frente a la posibilidad de interrumpir el embarazo voluntariamente ha aumentado en todo el mundo. Quizás más personas reconocen que, si bien la interrupción del embarazo es indeseable, también es indeseable que las mujeres vayan a prisión por abortar.

Cada vez confiamos menos en el derecho penal como un recurso para proteger bienes jurídicos. Cada vez más personas creemos que es necesario mejorar la educación sexual integral, ampliar el acceso a anticonceptivos, erradicar la violencia sexual y tener mejores controles prenatales para detectar malformaciones fetales que hagan inviable la vida extra uterina de forma temprana.

Puede leer: Los debates sobre imparcialidad en los casos de aborto y qué esperar de nuestras cortes

Una decisión justa y razonable

La decisión de la Corte Constitucional, que constituye una tesis intermedia, busca ofrecer el más elevado grado de protección posible a los valores jurídicos en conflicto al hablar de aborto.

Por una parte, reconoce que la penalización del aborto atenta contra varios derechos de las mujeres. Concretamente, contra la igualdad, la no discriminación y la autonomía. Por otra parte, reconoce que la vida en gestación es un bien jurídico que merece protección, pero no la protección absoluta que algunos sectores con compromisos de conciencia reclaman.

De esta forma, la despenalización hasta la semana 24 de gestación es una tesis que busca proteger los derechos de la mujer y de la vida en gestación basándose en valores jurídicos y no morales respaldados por distintas ramas del conocimiento. En ese orden de ideas, se trata de una tesis moderada que puede ser aceptada por ciudadanos y ciudadanos razonables.

Las investigaciones en neurología y neonatología han encontrado que antes de la semana 24 no es posible que el feto tenga vida autónoma viable de forma extra uterina. La autonomía o viabilidad fetal no se limita a la capacidad de respirar ni a las funciones cardiacas, sino que evalúa la capacidad cognitiva y el sistema nervioso. Antes de este período el feto no tiene probabilidad de sobrevivir fuera del útero de la mujer, por lo cual otorgar una protección absoluta a la vida en gestación constituye una carga desproporcionada para las mujeres y niñas.

¿Qué podemos esperar después del fallo?

La experiencia indica que los fallos no transforman mágicamente la realidad. De hecho, desde que se despenalizó el aborto en  2006 para las tres causales, las mujeres han sido perseguidas con mayor fuerza por el aparato punitivo social y del Estado.

Ahora es necesario evaluar en qué etapa están los procesos penales contras las mujeres acusadas por abortar. Si se encuentran en etapa de indagación, habrá que solicitar el archivo por atipicidad objetiva y si ya existe imputación, habrá que solicitar la preclusión. En estos dos casos la Fiscalía puede proceder de oficio.

Para las mujeres condenadas en la etapa de ejecución, habrá que pedir la extinción de la sanción penal y solicitar la revisión con el fin de eliminar los efectos del fallo y los antecedentes penales. Todo esto amparado en el principio de favorabilidad.

Otra de las acciones consiste en monitorear el cumplimiento del fallo de forma tal que las entidades prestadoras de servicios de salud no impongan barreras de acceso y que el personal de salud que practique la interrupción voluntaria del embarazo no sea objeto de discriminación.

El fallo es de inmediato cumplimiento y ante la negación de los servicios de salud, los jueces de tutela tendrán en sus manos la labor de reiterar el derecho y emitir órdenes inmediatas para que el derecho en cuestión se haga efectivo. La Corte también exhorto al Congreso de la República y al gobierno nacional a formular y poner en marcha una política pública integral que permita eliminar la desprotección de los derechos de las mujeres gestantes. Es tarea del ejecutivo y del legislador hacer su parte.

La despenalización parcial del aborto en Colombia
Foto: Facebook: Causa Justa - La experiencia ha mostrado que los fallos no transforman mágicamente la realidad, es más, desde que se despenalizó el aborto en el 2006 para ciertas causales, las mujeres han sido perseguidas con mayor fuerza por el aparato punitivo social y del Estado.

Con esta decisión, la Corte ha avanzado en la importante tarea de combatir y eliminar la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres y las niñas.

Con esta decisión, la Corte ha avanzado en la importante tarea de combatir y eliminar la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres y las niñas. Indudablemente, esta decisión representa un avance importante en la protección de sus derechos. Sin embargo, no cierra el debate, pues las razones expuestas en la demanda interpuesta con el Movimiento Causa Justa muestran la necesidad de suprimir definitivamente el tipo penal de nuestra legislación.

Le recomendamos: El aborto: un tema para las elecciones presidenciales

Mientras eso ocurre, es necesario ampliar la discusión sobre la protección de las maternidades deseadas, la eliminación de la maternidad forzada y la violencia gineco-obstetrica, el abuso sexual y otros fenómenos que amenazan los derechos de las niñas y mujeres.

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Ana Patricia Pabón

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Ana Patricia Pabón

*Abogada y filósofa, doctora en Derecho, magister en Hermenéutica Jurídica, especialista en Docencia Universitaria y miembro del grupo de investigación de Teoría del Derecho y Formación Jurídica y de la Red de mujeres constitucionalistas de América Latina.

Cortesía Liliana Rodríguez García Las distintas violencias basadas en género que afectan a mujeres y niñas son el producto de distintos factores.

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Ana Pabon razón Pública

Los feminicidios son crímenes de odio, no de amor. La violencia de género está en las raíces de nuestra cultura y es nuestro deber hacer cambios para disminuir las cifras de feminicidios en 2021.

Ana Patricia Pabón*

Violencia contra la mujer en 2021

A finales del año pasado, la colombiana Yesica Gómez fue asesinada en Piedecuesta (Santander) por su expareja, Esneider Lozada. Lozada fue a la casa de Yesica, su familia lo conocía y le permitió entrar hasta el cuarto donde ella descansaba en compañía de su hija de dos años. Lozada la asesinó al frente de su hija y después se suicidó.

Este mes, Maira Alejandra Orobio, una niña de 11 años desapareció en el municipio de Guapi, Cauca. Al día siguiente su cuerpo fue encontrado sin vida, con muestras de tortura y violación. Las autoridades no han encontrado al responsable.

A esta lista se suman Rosmery Castellón, Daniela Patiño, Edilma y, mientras escribía este texto, Lucy Yaneth Landázuri. En lo que va corrido del año, distintas fuentes han mostrado que entre 15 y 25 asesinatos podrían ser tipificados como feminicidios. Es prácticamente un feminicidio diario. Mujeres, mujeres trans y niñas han sido asesinadas principalmente por sus parejas, exparejas o familiares.

Se suma la violencia que viven las mujeres y niñas en la esfera doméstica. Las cifras no caben en los reportes oficiales de las instituciones. En ocasiones los propios funcionarios públicos son quienes ejercen violencia de género por omisión o por acción.

El pasado 14 de enero, Fabián Gonzalo Canal, comisario de familia en Bucaramanga golpeó a una usuaria en la Comisaria de Familia, una institución que tiene entre sus funciones velar por los derechos de mujeres y niñas.

Estereotipos de género

¿Qué hay detrás de la violencia de género? ¿Por qué los códigos penales, los procedimientos, los despachos, las instituciones del Estado son ineficaces? La violencia de género es el resultado de distintos factores, pero especialmente de dos:

  • Una visión estereotipada de lo femenino, de lo que es “ser” mujer, de cuáles deben ser los papeles que desempeñan las mujeres y sus capacidades. Esta visión estereotipada trae una serie de expectativas alrededor de lo que debe “ser una” mujer.
  • Tanto se ha desvalorado y menospreciado lo femenino que dichos estereotipos se traducen en prejuicios y estos en discriminación y violencia.

En lo que va corrido del año, distintas fuentes han mostrado que entre 15 y 25 asesinatos podrían ser tipificados como feminicidios

Los distintos tipos de violencia se han normalizado a tal punto que no los reconocemos en la vida diaria. Las relaciones de poder en materia de género afectan a las mujeres y niñas en la esfera de lo doméstico sin importar la escolaridad, los ingresos, la etnia, la posición política o religiosa.

La violencia se traduce en la falta de reconocimiento simbólico de su identidad, dignidad y derechos humanos. Resaltan los siguientes tipos de violencia:

  • violencia económica, que se ha agravado por el confinamiento, pues las mujeres son quienes han perdido en su mayoría sus ya precarios puestos de trabajo;
  • violencia psicológica;
  • violencia sexual, y
  • violencia física, que puede llegar al feminicidio. En algunos casos, el agresor ataca a las hijas o hijos de las mujeres para lastimarlas.

La discriminación de género esta enraizada en la sociedad y en las instituciones. Los estereotipos se reproducen en la cultura por distintos medios, como a través de la música. Para poner un ejemplo, la canción “Mala mujer” de Sonora matancera incita al feminicidio cuando dice “Mala mujer, no tiene corazón. Mátala, mátala, mátala, mátala.”

Las instituciones que deberían velar por la garantía de los derechos toman decisiones basadas en estereotipos de género.

Para citar otro ejemplo, los jueces y juezas toman decisiones basadas en expectativas de género. Esto ha obligado a que se ordene por vía de decisión judicial que los funcionarios incorporen el enfoque de género en sus decisiones mediante la sentencia T-338-18.

Puede leer: Es necesario nombrar y juzgar ciertos crímenes como feminicidios

Feminicidios: crímenes de odio

El feminicidio es un crimen de odio, no es una demostración de amor. El amor no puede admitir un milímetro de violencia, pese a que muchas de las imágenes y narraciones comerciales con las que se “adiestra” a niñas y niños en las películas hablan de mujeres débiles y héroes que las salvan por amor, y a quienes deben estar eternamente agradecidas.

La sociedad ha alimentado una visión distorsionada de las relaciones de pareja, y sobre todo de las relaciones entre hombres y mujeres. Mientras esas relaciones no se transformen y no se deconstruyan esos imaginarios estereotipados que fundan prejuicios que matan, no importa lo que digan el derecho, los protocolos y las líneas de atención.

Si no llevamos a cabo cambios de raíz, Yesica, Mayra, Rosmerly, Daniela, tu madre, tu hermana, tu hija, tu amiga y yo podemos ser víctimas de feminicidio, por no llevar puesta la falda que “correspondía”, por ir por la calle equivocada, por no amar para siempre a la pareja, por no ser lo que “debíamos ser”.

El feminicidio es un crimen de odio, perpetrado generalmente por hombres del círculo familiar de las víctimas, muchas de las cuales ya han vivido violencia por parte de sus homicidas y que en muchos casos ya han acudido a las autoridades sin encontrar una respuesta oportuna.

Foto: Cortesía Liliana Rodríguez García El feminicidio es un crimen de odio, el amor no puede admitir un milímetro de violencia.

Lea en Razón Pública: El feminicidio está arraigado en la cultura

La sociedad sigue despreciando y discriminando a la mujer y sigue alimentando las expectativas de género. Las relaciones de poder desequilibradas se traducen en injusticias contra las mujeres, que son quienes tienen menos recursos económicos y por lo tanto mayor dependencia para la manutención.

A lo cual viene a agregarse el hecho de que las mujeres tienen menos acceso al poder, pues hay “techos de cristal” que les impiden ascender y por lo tanto tienen más barreras para acceder a esos cargos, aunque las leyes aparentemente aseguren la equidad laboral y aunque ellas cuentan con las capacidades y méritos suficientes.

Además, la sociedad no reconoce el valor de las mujeres como personas diversas, con proyectos de vida propios, con autonomía sexual y reproductiva, con plena ciudadanía. La sociedad no está viendo a la mujer más allá de su capacidad reproductiva.

La sociedad ha alimentado una visión distorsionada de las relaciones de pareja, y sobre todo de las relaciones entre hombres y mujeres.

Los estándares legales son importantes, tener legislación y jurisprudencia que reafirme el compromiso del Estado con la eliminación de la violencia contra la mujer es un avance, pero no es suficiente, pues los cambios deben ser de raíz.

Las medidas de confinamiento para cuidar la salud han llevado a un retroceso de los derechos de las mujeres. Por eso está en aumento la violencia de género durante la pandemia.

La violencia contra las mujeres no es un asunto privado, es un problema de salud pública que también reclama acciones. Mientras el dolor y la indignación de un feminicidio dure lo que dura la nota de prensa, seguiremos en mora de erradicar la discriminación hacía la mujer que da lugar a esas distintas formas de violencia.

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*Abogada y filósofa, doctora en Derecho, magister en Hermenéutica Jurídica, especialista en Docencia Universitaria y miembro del grupo de investigación de Teoría del Derecho y Formación Jurídica y de la Red de mujeres constitucionalistas de América Latina.

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La nueva discusión sobre el aborto en vez de limitar los derechos de las mujeres debería dejar perseguirlas. Por Ana Patricia Pabón
Continue reading «Excluir el aborto del Código penal para garantizar los derechos de las mujeres»

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Ana Patricia Pabón

*Abogada y filósofa, doctora en Derecho, magister en Hermenéutica Jurídica, especialista en Docencia Universitaria y miembro del grupo de investigación de Teoría del Derecho y Formación Jurídica y de la Red de mujeres constitucionalistas de América Latina.

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Ana Pabon

La propuesta de la senadora del Centro Democrático es inconstitucional, ignora la realidad de miles de mujeres, e implica un retroceso en la lucha contra la desigualdad de género.

Ana Patricia Pabón*

El proyecto de ley

La senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra sugirió un proyecto para que el consentimiento del padre sea obligatorio a la hora de decidir sobre un aborto.

La médica, feminista y psicoanalista Martha Rosenberg señala acertadamente que el derecho al aborto es una lucha por la libertad de las mujeres, y no una lucha contra la maternidad. En el contexto colombiano, habría que modificar ligeramente la frase para explicarles a la senadora Guerra y a los defensores de este proyecto que el derecho al aborto no atenta contra la paternidad.

Dado que la palabra aborto tiene una connotación negativa y es usada con frecuencia para culpar a las mujeres por cometer un ‘pecado’, usaré en su lugar las expresiones “interrupción voluntaria del embarazo” y “libre opción de la maternidad”. No hay que olvidar que es importante la forma como nombramos las cosas.

Mujeres de carne y hueso

El proyecto de la senadora Guerra ha vuelto a abrir el debate sobre el derecho de las mujeres a decidir si quieren o no ser madres. En los últimos años, ese debate ha popularizado un prototipo de mujer infame y ficcional que se opone a la maternidad y priva a los hombres de ser padres.

Naturalmente, ese prototipo es rechazado por una sociedad que espera que las mujeres no seamos más que santas, madres y esposas, y que desconoce el sinnúmero de barreras que las mujeres de carne y hueso enfrentan cuando deciden interrumpir un embarazo a pesar de que existen causales legales que respaldan su decisión.

En febrero, la senadora Guerra manifestó que no estaba de acuerdo con las causales de la Corte que avalan el aborto, y recientemente confirmó que trabajará para lograr que la voz de los padres sea tenida en cuenta en los casos de interrupción del embarazo.

Sin duda, la senadora desconoce las historias de dolor y humillación psicológica que han experimentado miles de mujeres colombianas al optar por interrumpir el embarazo. Si las conociera no habría sugerido un proyecto que busca imponer una barrera más en ese dramático proceso.

La senadora parece desconocer también que darle fin a la gestación nunca es un proceso deseable, y que sería preferible prevenir los embarazos no deseados, pero que, lamentablemente, en Colombia miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente y otras miles carecen de educación sexual y de acceso a anticonceptivos.

Idealmente, todos los embarazos deberían ser producto de una decisión autónoma y planeada, pero en el mundo real, muchas mujeres escogen darle fin a la gestión por diferentes razones y, al hacerlo, se ven obligadas a aguantar maltrato médico y social. Por eso, la interrupción del embarazo no debe ser entendida como una lucha contra la maternidad ni contra la paternidad, sino como un fenómeno social que necesita un enfoque sensato y realista.

Foto: Wikimedia Commons La propuesta de María del Rosario Guerra desconoce el sufrimiento que puede haber en una IVE.

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Una larga lista de desigualdades

Para comenzar debe reconocerse que, a lo largo de la historia, los cuerpos de las mujeres han sido mutilados, violados, asesinados, encerrados en conventos, vendidos, despreciados y juzgados por los estándares de belleza dominantes. La lista de las restricciones de la autonomía de las mujeres es prácticamente interminable, y encubre la idea de que sus cuerpos deben cumplir con las expectativas de los hombres y, por ende, no pueden ser administrados por ellas mismas. La propuesta de impedir que las mujeres decidan libremente sobre la gestación no es más que otra restricción de esa lista.

Mientras que la paternidad es vista como un “favor”, la maternidad es concebida como algo “esperado” y “natural”. Paradójicamente, la paternidad es más valorada socialmente que la maternidad a pesar de que, biológicamente, el embarazo representa numerosos riesgos para la salud de las mujeres entre los que se destacan el síndrome del ovario poliquístico, la tiroides, la hipertensión arterial y enfermedades de salud mental como la depresión, la ansiedad y los trastornos posteriores al parto. Además, los cuerpos de las mujeres y sus relaciones sociales, sexuales y afectivas cambian después de tener hijos, algo que no ocurre con los hombres.

Como si fuera poco, en el ámbito laboral, las mujeres con hijos son más propensas que las mujeres sin hijos y los hombres a tener empleos informales y mal remunerados lo cual perpetúa la feminización de la pobreza.

La contradicción sobre la paternidad

Volviendo a la paternidad, muchas mujeres se ven obligadas a interponer recursos legales para lograr que los padres de sus hijos se comporten como tales y respondan por ellos afectiva y económicamente. Esto ocurre porque, en términos legales, la noción de padre aparece únicamente después del nacimiento de los hijos.

Por eso, no existen tipos penales para los hombres que participan de la concepción y, posteriormente, presionan u obligan a las mujeres a que interrumpan el embarazo. Incluso cuando esto sucede, el reproche social es dirigido hacia las mujeres, y no hacia los hombres.
Si bien es cierto que cada día más hombres acompañan la crianza y establecen vínculos afectivos con sus hijos sin necesidad de que la ley intervenga, es innegable que su cuota de sacrificio y esfuerzo no se puede comparar con la de las madres. Por ahora, el costo de la maternidad sigue siendo muchísimo más alto que el de la paternidad.

Justamente por eso, el Congreso debería legislar sobre el aborto, pero no para que la aprobación del padre sea necesaria como propone la senadora Guerra, sino para permitir que las mujeres decidan libremente si quieren ser madres o no.

Foto: Ybierling La defensa de la libre opción por la maternidad no va en contra la paternidad.

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La lucha por la libertad

En definitiva, legalizar la interrupción del embarazo no es una lucha contra la paternidad ni contra los hombres que quieren ser padres, sino contra un sistema social injusto que reproduce la desigualdad de género en pleno siglo XXI.

Además, la Corte Constitucional ha declarado que, en materia de interrupción voluntaria del embarazo, es inconstitucional establecer normas que supongan un retroceso en los logros obtenidos en 2006, lo cual implica que la propuesta de la senadora sería inconstitucional.

Las mujeres no seremos verdaderamente libres hasta que no tengamos autonomía sobre nuestros cuerpos, nuestra economía y nuestras decisiones políticas y sociales. Las mujeres no seremos verdaderamente libres hasta que el Estado deje de estigmatizar nuestras necesidades y deseos. ¡La lucha por nuestra libertad debe continuar!

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Ana Patricia Pabón

Escrito por:

Ana Patricia Pabón

*Abogada y filósofa, doctora en Derecho, magister en Hermenéutica Jurídica, especialista en Docencia Universitaria y miembro del grupo de investigación de Teoría del Derecho y Formación Jurídica y de la Red de mujeres constitucionalistas de América Latina.

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Ana Patricia Pabón

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*Abogada y filósofa, doctora en Derecho, magister en Hermenéutica Jurídica, especialista en Docencia Universitaria y miembro del grupo de investigación de Teoría del Derecho y Formación Jurídica y de la Red de mujeres constitucionalistas de América Latina.

ISSN 2145-0439

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